Demanda en el juicio ordinario
| Autor | Federic Adan Domènech |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili |
La demanda en el juicio ordinario es el acto de parte que da inicio al proceso. Por medio de ella se solicita la puesta en marcha del mecanismo judicial y la acogida de la pretensión que la propia demanda ha de contener.
De igual forma, el juicio verbal , tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil , también se inicia por demanda ordinaria, con el contenido y forma propios del juicio ordinario. Solamente, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignará con claridad y precisión la pretensión e identificarse los datos del actor y demandado.
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Contenido
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Viene determinando por el art. 399 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) , siendo sus elementos:
Determinación del Juzgado para presentar la demanda en el juicio ordinarioLa demanda se presenta ante el Juzgado al que la parte demandante estima que corresponde el conocimiento del procedimiento mediante la aplicación de las distintas normas de jurisdicción y competencia existentes. Ello exige dar en la parte destinada a la fundamentación jurídica una explicación de ello, si bien en el encabezamiento se emplea la fórmula genérica “Al Juzgado”, por tener que presentarse ante el Juzgado Decano (o al Tribunal de que se trate en el caso de aforados).
Designación de las partes en la demanda en el juicio ordinarioEs esencial una correcta identificación de las mismas y en el caso del actor de su defensa y representación lo que comporta:
Actor: indicación de sus datos y circunstancias de identificación. En caso de que resulte preceptiva su intervención, el nombre y apellidos del procurador y del abogado que asuman su defensa y representación.
Demandado: indicación de sus datos y circunstancias así como el domicilio o residencia real en que puede ser emplazado (se exige un deber de diligencia especial en la identificación del domicilio), debiéndose indicar cuantos datos conozca del demandado y puedan ser de utilidad para su localización, como números de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares. El demandante puede designar varios lugares como domicilios, indicando el orden en que efectuar su práctica ( art. 155 LEC ). Cuando la identificación exacta no es posible se deben emplear los elementos más precisos posibles de modo que se garantice el conocimiento de la pendencia del proceso por los afectados dando el mayor número de datos identificativos de los mismos que se conozcan (como la de ignorados herederos de una persona que no otorgó testamento abierto).
En todo caso de ser posible se deben haber empleado las diligencias preparatorias como la del art. 256.1.1º, LEC .
Indicación de la acción que se ejercite, tipo de proceso y cuantía del mismoEn cuanto a la acción que se ejercita, su indicación no es una exigencia del art. 399, LEC , si bien el hacer referencia a ella suele ser idóneo el indicarlo sobre todo en los casos en los que ésta es la que determina el tipo de proceso a seguir según las normas antes mencionadas o si se acumulan varias y es necesario justificar la idoneidad de la acumulación .
En todo caso es de interés el determinar el motivo por el que se acude a un determinado tipo de proceso con indicación de su cuantía (SAP Barcelona, Sección 13ª, de 13 de noviembre de 2014 [j 1]) ya que ello determina, en muchas ocasiones, cuál es el trámite a seguir, la susceptibilidad o no de casación de la sentencia que se dicte y el importe de las costas. Ya por regla general se sigue como criterio de cálculo el de las normas orientadoras que fijan los Colegios de Abogados, normas que, en gran parte de los casos, toman como valor básico de referencia unas tablas de cálculo a partir de la cuantía del procedimiento.
Exposición de los hechos en la demanda en el juicio ordinarioSon el supuesto fáctico fundamento de la petición concreta que se dirige al Tribunal (pretensión) y se deben detallar de forma ordenada y clara - separada y numerada- dice la LEC -, a fin de hacer que sean perfectamente cognoscibles por las demás partes y el Tribunal de forma que se puedan fijar con precisión aquellos que son controvertidos de modo que sea solamente sobre ellos donde se centre la prueba ( art. 428, LEC ). Suele hacerse mención en esta exposición a los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamentan las pretensiones.
La exposición fáctica ha de ser completa ya que la litispendencia y la cosa juzgada operan respecto de aquellos datos fácticos que aun cuando no se hubiesen alegado sí que hubiere sido posible el hacerlo ( art. 400, LEC ), lo que imposibilita el alegarlos en un proceso ulterior e incluso en el mismo proceso en el que solamente cabe alegar hechos ocurridos o conocidos después de tal acto de demanda a través de la mecánica del art. 286, LEC que fija como límite para ello el momento en el que se inicia el plazo para dictar sentencia (SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 6 de octubre de 2016 [j 2]).
Exposición de los fundamentos de derecho en la demanda en el juicio ordinarioConstituyen el segundo gran elemento del silogismo jurídico siendo esenciales para que la pretensión se pueda ver acogida si bien rige el principio del iura novit curia que permite que el Tribunal introduzca nuevas argumentaciones jurídicas si bien siempre que ello no comporte un cambio radical respecto de las circunstancias tomadas en consideración por las partes en cuyo puesto se les debe hacer saber.
Tales fundamentos de derecho se deben exponer con la suficiente claridad en párrafos numerados y separados.
Afectan a todos los elementos objeto de la causa que son los de:
• Jurisdicción y competencia del Tribunal.
• Representación de las partes y del Procurador .
• Clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda.
• Elementos propios que se refieran al asunto planteado.
• Hechos que determinen la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo (SAP Guipúzcoa, Sección 2ª, de 9 de junio de 2016 [j 3]).
• Costas .
Fijación de la petición en la demanda en el juicio ordinarioEs la concreta tutela judicial que se solicita del tribunal siendo la que fija los límites decisorios dada la vigencia del principio dispositivo en el proceso civil.
Ha de estar dotada de una gran precisión, pues aún cuando son admisibles las sentencias con reserva de liquidación, art. 219, LEC , ello ha de ser hecho de forma excepcional pues solamente cabe en los casos en los que lo reclamado sean frutos, rentas, utilidades o productos y se puedan fijar las bases de liquidación que luego se haga mediante una simple operación aritmética, si bien cabe que esta operación comporte una valoración mayor pues en ejecución de sentencia, art. 712 , LEC , se puede determinar la cuantía de unos daños y perjuicios, frutos, rentas, productos o utilidades y rendir cuentas de una administración aun cuando ello solamente se debe llevar a cabo cuando sea imposible hacerlo en sentencia, lo que comporta que la parte debe concretar al máximo la pretensión en su demanda acudiendo a peticiones de valoración ulterior cuando sea de todo imposible hacerlo al tiempo de la demanda.
Si son varias las pretensiones se deben indicar de forma separada las peticiones derivadas de cada una de ellas y, en su caso, su carácter o no subsidiario.
Una vez formulado el petitum, y salvo la posibilidad de ampliar la demanda que solamente existe hasta el momento de la contestación según indica el art. 401.2, LEC , no cabe hacer nuevos pedimentos ni alterar las alegaciones que se han hecho en la demanda pues en la audiencia previa lo que se hace son alegaciones complementarias pero sin alterar sustancialmente las pretensiones ni la fundamentación de las mismas.
De acuerdo con Sentencia nº 168/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Marzo de 2011 [j 4] si del escrito de la demanda se deduce cuál es la pretensión no se produce indefensión, ya que para que ésta tenga relevancia casacional, ha de ser una indefensión material, real y efectiva, y no meramente formal, que, de un lado obliga a la parte que la alega a la debida diligencia, desterrando la pasividad, el desinterés, la desidia o la impericia, y de otro impone la presencia de un resultado verdaderamente lesivo para la plenitud de sus derechos de defensa, con auténtica limitación o menoscabo de ellos, siendo doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, que no toda irregularidad u omisión procesal causa por sí misma...
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