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La Ley 36/2011 regula el recurso de reposición en la jurisdicción social, ampliando los supuestos en los que no procede (incluyendo materia electoral y conciliación de la vida familiar y laboral). Se reducen los plazos para interponer e impugnar el recurso (tres días ante órganos unipersonales y cinco ante colegiados) y se permite formular alegaciones en el acto de la vista tras su resolución. Además, se agilizan los plazos para dictar resolución sobre el recurso. Ver formulario

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 1312/2025, de 20 de Octubre de 2025, se ha pronunciado sobre el deber de motivación reforzada, en los casos en que el Tribunal, en vía contencioso-administrativa, se aparta de la suspensión acordada en vía económico-administrativa cuando la deuda tributaria está íntegramente garantizada. Accede al artículo

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 1376/2025, de 3 de Octubre de 2025, se ha pronunciado sobre la posibilidad de extender a las sociedades limitadas, la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 380.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que permite que la separación del liquidador pueda ser decidida por el letrado de la administración de justicia o por el registrador mercantil, a petición de accionistas que representen la vigésima parte del capital social, la cual se encuentra reservada para las sociedades anónimas. Accede al artículo

El autor del siguiente artículo, Fiscal del Tribunal Supremo, analiza la reciente doctrina del Tribunal Supremo que declara atípica penalmente la conducta de conducir tras haber cumplido íntegramente una pena de privación del derecho a conducir superior a dos años, cuando el conductor aún no ha recuperado la vigencia del permiso por no superar el curso de sensibilización y reeducación vial. Accede al artículo

Escrito para solicitar la subsanación o complemento de sentencia ante el Tribunal de Instancia, cuando existan errores materiales o se omita pronunciamiento sobre alguna pretensión. Se fundamenta en el artículo 215 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que regula estos supuestos para garantizar la congruencia de la resolución. Ver formulario

La reclamación administrativa previa será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social. Con el fin de dar cobertura a situaciones derivadas de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente, y de Prestaciones por muerte y supervivencia, el interesado podrá solicitar la determinación de la contingencia causante. En materia de prestaciones de la Seguridad Social se diferencian las contingencias comunes, de las contingencias profesionales. Ver formulario

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 1244/2025, de 7 de Octubre de 2025, se ha pronunciado sobre el alcance del principio de regularización íntegra en supuestos de gastos devengados en ejercicios pasados pero contabilizados en un ejercicio posterior no prescrito. Accede al artículo

Boletín donde se recogen las actualizaciones más relevantes del mes de octubre de 2025 con normativa y jurisprudencia de actualidad en el ámbito de Derecho Civil, Derecho de Familia, Sociedades Mercantiles, Derecho Registral, etc., que introduce modificaciones tanto en Prácticos como en formularios. Accede a su contenido

El TJUE se pronuncia sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2008/48/CE sobre los contratos de créditos al consumo, centrándose en el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor en los contratos de crédito vinculados a una compraventa de vehículos. Concretamente, interpreta lo establecido en los artículos 10.2.l), 14, apartados 1 y 3.b), 15 y 22. Accede al artículo

La presente normativa tiene como objetivo elaborar una política y marco jurídico reforzado que permita establecer normas comunes en materia de seguridad vial, mejorando la protección de los usuarios de la vía pública y acercarse a la meta establecida para el año 2050 de cero muertes por accidentes de tráfico. Accede al dosier

El autor del presente artículo, Abogado del Iltre. Colegio de Bizkaia, Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía, analiza la STS 1221/2025, de 1 de octubre, que establece doctrina sobre el contenido que debe reunir la documentación acreditativa de un intento de notificación en los procedimientos iniciados de oficio —entre ellos, los sancionadores de expulsión en materia de extranjería—. Accede al artículo

Este artículo, cuyo autor es Juez sustituto, sistematiza la respuesta penal a la filtración de preguntas y pruebas de oposiciones, analizando los arts. 417 y 418 CP, el estándar de “información no divulgable” y el umbral de lesividad. Incluye doctrina reciente del Tribunal Supremo y resoluciones provinciales, con criterios sobre aprovechamiento, tentativa y prueba indiciaria, útil para calificar y acusar/defender en estos supuestos. Accede al artículo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante su sentencia de 30 de octubre de 2025, asunto 134/24, se pronuncia sobre la eficacia de los despidos colectivos efectuados sin la notificación previa a la autoridad pública competente exigida por la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio de 1998, sobre los despidos colectivos. En su fallo, el Tribunal aclara que la eficacia del despido queda supeditada a la previa notificación del proyecto y al transcurso de un periodo mínimo de 30 días desde esa notificación. Accede al artículo

El autor de este artículo, Fiscal del Tribunal Supremo, presenta un análisis doctrinal sobre la STS que anula una sentencia de apelación por no oír a la hija menor y no valorar hechos nuevos de violencia de género al fijar visitas paternas. Examina la exigencia de motivación reforzada, el interés superior del menor y la flexibilidad probatoria en procesos de familia, con referencia a normas civiles y procesales aplicables. Accede al artículo

Cuando en sentencia la empresa está condenada al pago de un salario o cantidad, y esta resolución deviene firme, procede la ejecución de la sentencia, conforme a los artículos 237 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ante el Tribunal de Instancia que dictó sentencia para que ejecute o derive al Tribunal de Instancia Sección de lo Social especial de ejecuciones designado a tal efecto en esa sede judicial. Ver formulario

Presentamos una recopilación de las sentencias más relevantes del mes de octubre en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Accede al artículo

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) fija, en el calendario del contribuyente, las obligaciones fiscales a cumplimentar durante el mes de noviembre de 2025. Accede al calendario