Books and Journals

Modelo de demanda de juicio ordinario para impugnar una desheredación por inexistencia o falta de prueba de la causa legal invocada y reclamar de forma acumulada la legítima, solicitando la ineficacia de la cláusula testamentaria y el reconocimiento del derecho legitimario, conforme a los artículos 806 y siguientes, 848 a 853 del Código Civil, los artículos 249, 399, 71 y 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ver formulario

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha introducido ajustes relevantes en el Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, al estimar parcialmente la impugnación formulada por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes contra diversos preceptos, aunque mantiene la validez de la estructura central del nuevo marco regulatorio. Accede al artículo

El sistema de fuentes de la Unión articula la relación y la prevalencia entre los Tratados, los actos derivados y los principios generales fijados por el TJUE. Para conocer la estructura normativa que define la validez y aplicación de las reglas comunitarias en el tráfico jurídico, consulta la ficha del Práctico Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 426/2026 de 24 de junio de 2026, la cual todavía no se encuentra publicada, se ha pronunciado sobre si la cancelación del contrato de suministro eléctrico de una vivienda puede constituir delito de coacciones cuando se utiliza como mecanismo de presión para forzar a otra persona a abandonar el inmueble. Accede al artículo

Entre las importantes novedades introducidas por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, encontramos la regulación de materias cuyo conocimiento antes venía atribuido a la jurisdicción contencioso-administrativa y que en la actualidad pasan a sustanciarse ante la jurisdicción social. Éste es el caso de aquéllas cuestiones litigiosas que se promuevan en relación con las sanciones que pudieran derivarse de un acta de infracción laboral de la Inspección de Trabajo. Ver formulario

Escrito por el que se interpone recurso de reforma contra la providencia que acuerda la destrucción de un ciclomotor intervenido, alegándose la falta de cobertura legal suficiente para la medida, la ausencia de proporcionalidad y la vulneración del derecho de propiedad y de la tutela judicial efectiva (artículo 2 regla 4ª A), del Real Decreto 2783/1976). Ver formulario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 9 de julio de 2026, asunto C-788/24, dictada por la Sala Segunda, establece que una obra pasada al dominio público en unos Estados miembros, pero todavía protegida por derecho de autor en otro no se comunica al público en ese segundo Estado cuando el sitio cuenta con un bloqueo geográfico eficaz. Que ese bloqueo pueda eludirse mediante un VPN no altera esta conclusión. La sentencia añade que, cuando el bloqueo no reúne esa eficacia y la publicación sí constituye comunicación al público, haciendo que la responsabilidad recaiga sobre quien publicó la obra y no sobre el proveedor del VPN. Accede al artículo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 762/2026, de 18 de junio, se pronuncia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial en un supuesto en el que una condena penal firme fue anulada años después mediante un recurso de revisión, tras casi dieciocho años de privación de libertad del recurrente. La sentencia precisa que la estimación de un recurso de revisión no genera, por sí sola y de forma automática, el derecho a indemnización por error judicial, pero que la propia sentencia de revisión puede constituir título suficiente para apreciarlo cuando de su fundamentación resulte, de forma directa, clara e inequívoca, la existencia de una equivocación cualificada en la resolución anulada. Accede al artículo

En este trabajo, cuyo autora es Profesora permanente laboral (ac. Titular de Universidad) en la Universidad de Almería, se abordan distintas vicisitudes del contrato electrónico de consumo que afectan directamente a sus efectos. En concreto, se analizan los distintos elementos normativos de Derecho derivado europeo y la normativa de transposición en el Derecho español en relación con los Deberes de información y con el Derecho de desistimiento que están presentes en la mayoría de contratos electrónicos de consumo. Accede al artículo

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada (artículo 311 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Ver formulario

En este estudio, cuyo autora es Profesora TU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se comenta la STS de 16 de enero de 2026, que analiza si es ajustado a derecho excluir del cómputo de un complemento de asistencia al trabajo aquellas jornadas en las que no se prestaron servicios por encontrarse la persona trabajadora en situación de incapacidad temporal o por haber utilizado los permisos retribuidos reconocidos en la normativa legal aplicable. El análisis se centra en determinar si dicha exclusión supone una vulneración de la igualdad de trato y la no discriminación. Accede al artículo

Modelo de convenio regulador para divorcio de mutuo acuerdo con hijo mayor de edad con discapacidad, que regula las medidas personales, asistenciales y económicas, el uso de la vivienda familiar, la contribución a alimentos y gastos, la coordinación de apoyos y su revisión, conforme a los artículos 90 y siguientes del Código Civil, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ver formulario

El Tribunal Supremo, en la sentencia nº989/2026 de 23 de junio de 2026, analiza una cuestión relevante en materia de juntas universales: el requisito de que concurra la totalidad del capital social, presente o debidamente representado, para su válida constitución. En concreto, resuelve quién debe asumir la carga de probar la asistencia o representación de todos los socios cuando la sociedad sostiene que la junta tuvo carácter universal y uno o varios socios lo niegan. Accede al artículo

Con las olas de calor y la emergencia ambiental evidenciando la vulnerabilidad de nuestros recursos naturales, la compatibilidad del desarrollo humano se convierte en un imperativo urgente. Bajo el mandato del artículo 11 del TFUE, ninguna política de la Unión puede eludir la coherencia con el entorno, situando los objetivos del artículo 191 como el verdadero límite legal para el desarrollo económico. Para explorar los fundamentos de esta política, consulta la ficha del Práctico Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo, en la sentencia nº764/2026, 18 de Junio de 2026, se ha pronunciado sobre la derivación de responsabilidad tributaria al administrador de una sociedad en los supuestos en que, disuelta y liquidada la sociedad deudora principal, existen socios y la Administración tributaria pretende acudir directamente contra el administrador por la vía de la responsabilidad subsidiaria. Accede al artículo

Formulario de solicitud de levantamiento de embargo de cuenta bancaria destinada al cobro de nómina, cuando las cantidades embargadas tienen naturaleza salarial y ya están sujetas a los límites de embargabilidad previstos en el artículo 607 LEC. Se fundamenta en el artículo 171.3 de la Ley General Tributaria y en la doctrina del TEAC fijada en la Resolución de 30 de abril de 2026 (Rec. 4803/2024), que reconoce la persistencia del carácter inembargable de la parte protegida del salario ingresada en cuenta bancaria. Ver formulario

Escrito por el que la persona jurídica imputada en un procedimiento penal, designa la dirección letrada encargada de su defensa, así como su representación procesal. El art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene que toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyos efectos se le instruirá de este derecho. Ver formulario

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en sus resoluciones de 8 de mayo de 2026 (Resolución nº 02211/2024, nº 9936/2022, nº 10041/2022 y nº5163/2025), se ha pronunciado sobre el alcance de la cláusula antiabuso del régimen FEAC en aportaciones no dinerarias de participaciones a sociedades holding familiares, y sobre la forma de determinar la regularización cuando los beneficios acumulados en las sociedades operativas son percibidos por la holding, reinvertidos en actividades económicas, o posteriormente repartidos a la persona física aportante. Accede al artículo