Case Law

Se establece que el acceso a información bancaria por parte de las autoridades policiales sin necesidad de autorización judicial previa en determinados casos se puede dar, siempre y cuando las cuentas no revelen información de la esfera privada de las personas investigadas. En esas circunstancias especiales, el acceso sin autorización previa es justificable. STS nº 434/2021 de 20 de mayo de 2021

Un sindicato demanda a la empresa por imponer el teletrabajo después de comer y obligar a los trabajadores a recuperar el tiempo de desplazamiento a sus domicilios, por considerar que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se concluye que no se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que la medida adoptada de forma temporal trae su causa en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. SAN nº 105/2021 de 12 de mayo de 2021

El principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, consagrado por el Derecho de la Unión, puede invocarse directamente, tanto para un mismo trabajo como para un trabajo de igual valor, en litigios entre particulares. Asunto C-624/19 TJUE de 3 de junio de 2021

Se concede una pensión de viudedad a una mujer divorciada, el exmarido de la cual pagaba la hipoteca de la vivienda habitual a modo de compensación. Se concluye que el abono de los créditos hipotecarios por parte del exmarido acredita por sí solo que su finalidad era equilibrar el desajuste patrimonial causado por el divorcio a la demandante. STS nº 405/2021 Social 14/04/2021

Firmar una hipoteca con fines delictivos no deriva en un contrato nulo. Al menos si una de las partes participa en el plan, pero la otra no tiene constancia del mismo. En este caso, el banco no tuvo intención de participar en una acción de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, y por ello, el contrato continúa su vigencia, lo que no quita que su deber era detectar la operación y dar cuenta a las autoridades. Es necesario ánimo criminal por los dos firmantes para que el contrato sea nulo. STS nº 163/2021 Civil 23/03/2021

No se aprecia fraude de ley en el comportamiento de la trabajadora autónoma para lucrar la prestación de maternidad. Se entiende que no ha existido simulación de alta en el RETA que le permitiera acceder a las prestaciones por falta de actividad profesional. La falta de facturación del último año está justificada. STSJ Madrid nº 1158/2020 Social 11/12/2020

La imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular. Por tanto, de cara a la declaración de la Renta, se deberá imputar el valor que corresponda por aplicación de los porcentajes recogidos en el artículo 85 de la LIRPF, independientemente de que, debido a las restricciones de movilidad impuestas durante el Estado de Alarma, no se haya podido hacer uso y disfrute de la vivienda. Cuestión Vinculante nº V0679-21 DGT 23/03/2021

El trabajo en remoto no puede implicar ninguna modificación en las condiciones laborales si no se dan las circunstancias específicamente previstas en la ley para estos supuestos. Por tanto, en esta situación, si los tickets restaurante se vienen abonando desde siempre y además están instaurados mediante pacto o convenio colectivo, el empresario no puede eliminarlos mediante una modificación de la jornada laboral. SAN nº 44/2021 Social 18/03/2021

La trabajadora en situación de suspensión de contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo solicita permiso retribuido por matrimonio para ausentarse de su puesto de trabajo una vez terminado el primer permiso. Se rechaza dicha petición al equipararse a cualquier otra situación de incapacidad temporal por enfermedad. STSJ Aragón nº 27/2021 Social 25/01/2021

Se declara abusiva la cláusula redactada unilateralmente por un abogado en un contrato de prestación de servicios, mediante la cual la clienta renuncia al ejercicio de las acciones de responsabilidad contra él. La declaración unilateral contenida supone una limitación de los derechos del consumidor. STS nº 192/2021 Civil 06/04/2021

El Tribunal Supremo determina que el plazo de caducidad aplicable a la jura de cuentas es de un año, y no de dos años. Aunque los artículos 34 y 35 de la LEC no fijen un límite temporal para la reclamación de honorarios, su propia naturaleza incidental y las características de este cauce privilegiado, que permite el cobro inmediato de los honorarios, chocan frontalmente con la idea de poder plantearlo en cualquier momento posterior al litigio sin sujeción a plazo alguno. ATS Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 de enero de 2021

Se establece el carácter procedente de los despidos realizados por causas económicas a causa del Covid, que estuvieron prohibidos durante el estado de alarma. Pues el juez considera que la regulación que declara nulos dichos despidos en tales circunstancias es contraria a la normativa europea. SJS nº 1 Barcelona nº 283/2020 de 15 de diciembre de 2020

Se establece la nulidad de poner como condición a la instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios que todos los vecinos paguen la cuota de la comunidad, incluidos los morosos, puesto que se crea un agravio comparativo respecto de los vecinos que sí pagan con normalidad y que requieren de esa alternativa de accesibilidad. SAP Madrid nº 390/2020 de 23 de octubre de 2020

Se define de forma explícita, asentando jurisprudencia, el maltrato habitual de pareja en el hogar cómo la creación de un clima de insostenibilidad emocional en la familia mediante una violencia de dominación psicológica ejercida desde una violencia física, verbal e incluso sexual. STS nº 2/2021 Penal 13/01/2021

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el amparo de una trabajadora que fue despedida de su empresa tras constatar, a través de la monitorización de su ordenador, que dedicaba en torno a un 30% de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada restante a solventar asuntos relativas a su esfera personal. STC de 15 de marzo de 2021

El Tribunal Supremo declara improcedente un desahucio y desestima el recurso de una empresa que compró los contratos de arrendamiento de viviendas de promoción pública y protección social al Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. STS nº 95/2021 Sala Civil 23/02/2021

La percepción de ayudas directas para el alquiler de vivienda constituyen para sus beneficiarios una ganancia patrimonial, al dar lugar a una variación en el valor del patrimonio de la contribuyente. Dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de los supuestos de exención o no sujeción regulados en el Impuesto, por lo que la imputación de la misma deberá realizarse en el período impositivo en que se produzca su cobro. Cuestión Vinculante nº V3468-20 DGT 30/11/2020

Se supedita el derecho de un trabajador a una pensión de jubilación anticipada al requisito de que el importe de esta pensión sea, al menos, igual a la cuantía de la pensión mínima que correspondería a ese trabajador a la edad de 65 años, aunque esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, siempre que esta consecuencia quede justificada por objetivos legítimos de política social ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. STJUE nº C-843/19 21/01/2021

La Dirección General de Tributos resuelve que no pueden tener la consideración de establecimientos las superficies de los domicilios de los empleados desde donde trabajan en modo de teletrabajo, sino los municipios donde la empresa disponga de local o establecimiento para el ejercicio de su actividad de prestación de servicios. Cuestión Vinculante nº V3293-20 de 6 de noviembre

Se reconoce a los Letrados su derecho a aplicar la renta irregular en la reducción del IRPF por sus servicios cobrados años después de haber estado trabajando en ellos. Actualmente se pueden deducir hasta un 30%, lo cual supone un beneficio fiscal para estos profesionales, y esta solución no está vetada, sino que todos pueden tener acceso a la misma de forma igual. STS nº 28/2021 Contencioso-Administrativo 20/01/2021

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que en el caso de ERTE en un despacho de abogados, una paralización de los plazos procesales no lo es directamente de la actividad, pues entre las funciones de los letrados no solo se encuentra la actuación procesal, sino también el asesoramiento a los cliente fuera de los juzgados. Apunta entonces, que una mera desaceleración de la actividad del despacho no basta para tramitar un ERTE. STSJ Comunidad de Madrid nº 820/2020 de 12 de noviembre de 2020

Según la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la difusión de datos de carácter personal de un sujeto condenado por violencia de género no supone una violación de sus derechos fundamentales, ya que al publicar datos como los identificativos de nombre y apellido, prevalece el derecho a libertad de información. Por ende, no se comete infracción del art. 18.1 CE. STS nº 25/2021 de 25 de enero de 2021

La Audiencia Provincial de Lugo establece que si el despido se produce durante la vigencia del matrimonio, la indemnización por éste se integra directamente en el patrimonio conyugal. De tal forma que, si el pago se hace efectivo tras el divorcio de la pareja, tal indemnización deberá repartirse entre los excónyuges. SAP Lugo nº 454/2020 Civil de 7 de octubre de 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera válida la sanción a un trabajador por haberse negado a realizar un curso de formación obligatoria fuera de su jornada laboral diaria. Por ende, el Tribunal establece que el derecho a la desconexión digital del trabajador no da pie a que la empresa no le pueda sancionar por negarse a realizar un curso de estas características, siempre que sea absolutamente imprescindible para el desempeño de sus funciones. STSJ Comunidad de Madrid nº 962/2020 de 4 de noviembre de 2020

Se absuelve a un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta, a la que cuidaba cuando su madre no podía hacerlo por motivos laborales, debido a que la menor no declaró ni en fase de instrucción ni en el juicio. La Sala considera que sólo cuenta con testimonios de referencia de la madre y de una tía de la menor, que nunca presenciaron los hechos denunciados, por lo que carecen de fuerza suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria pese a las "sospechas". SAP Valladolid nº 193/2020 de 29 de diciembre de 2020

El juez confirma el expediente de regulación temporal de empleo después de que fuera tumbado por la autoridad laboral, ya que ha sido respaldado con base en las declaraciones de los trabajadores, que constataron con total espontaneidad, sinceridad y congruencia que no se estaba registrando ninguna actividad. SJS nº 2 Burgos nº 94/2020 de 19 de mayo de 2020

El suministro de calor por una comunidad de propietarios de viviendas a sus miembros está sujeto al IVA. La exención prevista por la Directiva sobre el IVA para el arrendamiento y el alquiler de bienes inmuebles no resulta de aplicación a esta actividad económica. STJUE Asunto C-449/19 17/12/2020

No serán deducibles los gastos por suministros de un autónomo que normalmente realiza su actividad económica en un despacho fuera de su vivienda habitual, pero de forma excepcional por la pandemia de la COVID-19, trabaje desde su propia casa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.2.5ª.b) de la LIRPF, para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente puedan tener la consideración de gastos deducibles de una actividad económica desarrollada por él, es necesario que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta a la actividad. Cuestión Vinculante nº V3461-20 DGT 30/11/2020

La Agencia Española de Protección de Datos concluye que es el responsable del tratamiento quien debe proceder al examen pormenorizado de todos y cada uno de los tratamientos para determinar el plazo concreto de conservación de los datos de cada uno de ellos. Resolución de la AEPD de 9 de diciembre de 2020

Las extinciones por no superar el periodo de prueba durante los meses de la pandemia computan como despidos a efectos de un ERE. En este caso se califican como improcedentes los 25 despidos por no superar el periodo de prueba porque la extinción se produce en coincidencia cronológica con otros despidos declarados improcedentes. Este hecho, unido al elevado número de extinciones, hace que la decisión empresarial exija la correspondiente acreditación. STSJ País Vasco nº 1493/2020 Social 12/11/2020