Case Law

El progenitor de persona con discapacidad, cuya tutela corresponde a una Administración autonómica, ostenta legitimación para impugnar decisiones administrativas en defensa de los derechos e intereses del tutelado, especialmente cuando existe un conflicto de intereses que impide a la Administración tutelante reclamar contra sí misma. STS 1630/2025, 11 de Diciembre de 2025

La desproporción entre el valor real de las participaciones sociales entregadas y el valor atribuido en el negocio conlleva la nulidad absoluta de la dación en pago por simulación absoluta, siendo irrelevante la forma pública del contrato. STS 1888/2025, 18 de Diciembre de 2025

La indemnización por daño moral derivada de la vulneración de un derecho fundamental debe ser fijada por el órgano judicial cuando resulte especialmente difícil para la parte determinar las bases de su cuantificación. STS 1280/2025, 17 de Diciembre de 2025

La indemnización por intromisión ilegítima en el derecho al honor derivada de la inclusión en ficheros de morosos debe ser proporcional al daño moral efectivamente causado, atendiendo a la realidad objetiva de la situación de impago y la ausencia de controversia sobre la deuda, por lo que no procede incrementar la cuantía fijada si la inclusión responde a una morosidad cierta y persistente. STS 1835/2025, 12 de Diciembre de 2025

El principio de indemnidad obliga a la Administración a resarcir a los policías nacionales por daños sufridos en acto de servicio, siempre que no medie dolo o negligencia grave, siendo ajeno a la responsabilidad patrimonial. El plazo de prescripción para reclamar es de cuatro años desde el conocimiento fehaciente de la declaración de insolvencia del condenado, conforme al art. 25 de la Ley General Presupuestaria, sin que sean aplicables los plazos de un año previstos para la Guardia Civil o la responsabilidad patrimonial. STS 1658/2025, 16 de Diciembre de 2025

Son válidas las disposiciones del convenio colectivo relativas a la escala de consolidación profesional y salarial aplicable a las personas trabajadoras de nuevo ingreso en la empresa, cuando las diferencias retributivas que establecen se encuentran justificadas por motivos objetivos y razonables que legitiman la diferencia de trato. La desigualdad con relevancia constitucional se produce únicamente cuando se introducen diferencias carentes de justificación objetiva y razonable entre situaciones que pueden considerarse sustancialmente iguales. STS 1151/2025, 27 de Noviembre de 2025

Sólo son deducibles en la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio las deudas existentes y exigibles a la fecha del devengo del impuesto, excluyéndose las nacidas con posterioridad. Las deudas procedentes de liquidaciones existentes a la fecha de devengo del impuesto sobre el patrimonio, por ser anteriores o coetáneas al ejercicio en que se devenga el impuesto, podrán ser deducidas si son exigibles, bien porque no esté suspendida la liquidación o porque la misma sea firme. STS 1584/2025, 5 de Diciembre de 2025

La prestación de servicios en centros sanitarios privados concertados no es computable a efectos de carrera profesional del personal estatutario de los servicios de salud, ya que la normativa vigente impide considerar dichos centros como integrados en el Sistema Nacional de Salud, incluso cuando los servicios se hayan realizado en el marco del concierto. STS 1654/2025, 16 de Diciembre de 2025

La responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.h) LGT no exige la previa declaración de simulación negocial para apreciar la utilización abusiva o fraudulenta de sociedades como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública. STS 1576/2025, 4 de Diciembre de 2025

La ejecución de obras en dominio público hidráulico sin autorización constituye infracción administrativa, siendo imprescindible la concurrencia de culpabilidad, aunque la urgencia o necesidad de la actuación no exime de responsabilidad. La calificación de la infracción y la cuantía de la sanción deben atender a la existencia y valoración del daño efectivo causado, aplicando el principio de favor rei ante la falta de prueba suficiente sobre el daño. STS 1642/2025, 15 de Diciembre de 2025

El derecho a no autoincriminarse en el ámbito tributario sólo opera en el procedimiento sancionador, permitiendo la utilización de documentación aportada en procedimientos de aplicación si tiene existencia independiente de la voluntad del obligado. La Administración debe analizar caso por caso si la prueba vulnera dicho derecho, excluyendo sólo la obtenida con infracción del mismo. STS 1578/2025, 4 de Diciembre de 2025

La resolución administrativa que acuerda la continuación en vía judicial del procedimiento de extradición pasiva no prejuzga la legalidad de la entrega ni la concurrencia de causas de denegación, como la nacionalidad española del reclamado, cuestiones que deben ser examinadas en la fase jurisdiccional penal conforme a la Ley de Extradición Pasiva y jurisprudencia consolidada. STS 1666/2025, 17 de Diciembre de 2025

La validez del cómputo del plazo para interponer recurso de alzada por la Administración exige constancia fehaciente de la notificación de la resolución al órgano legitimado. La ausencia de notificación formal no permite aplicar el principio pro actione en favor de la Administración, pues ello perjudicaría la seguridad jurídica y el derecho del interesado a la firmeza de su situación, especialmente en tributos cedidos. STS 1634/2025, 12 de Diciembre de 2025

El importe de los salarios de tramitación que el empresario debe abonar al trabajador, así como las cuotas correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, constituyen cuantías líquidas siempre que su determinación pueda efectuarse mediante una simple operación aritmética. Para ello, se tomarán en consideración los parámetros establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, aplicables en aquellos supuestos en los que la cuantificación derive de la ejecución de una sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional social. Dicha sentencia habrá declarado el despido como improcedente, ordenando al empresario el abono de los salarios de tramitación en caso de optar por la readmisión del trabajador, y fijando el periodo que debe abonarse, esto es, el comprendido entre la fecha del despido y la fecha de notificación de la sentencia. STS 1203/2025, 29 de Septiembre de 2025

No resulta aplicable la doctrina del paréntesis para neutralizar el período no cotizado correspondiente a una excedencia voluntaria, incluso cuando dicha excedencia se produce en el marco de un expediente de regulación de empleo, si la persona interesada no se encuentra sujeta a limitación o condicionamiento alguno para trabajar o para intentar hacerlo, pudiendo generar cotizaciones con incidencia en el posterior reconocimiento de la prestación por desempleo. STS 1078/2025, 13 de Noviembre de 2025

En el delito del artículo 178 CP no existe presunción de consentimiento, bastando para su comisión cualquier tocamiento de carácter sexual, por leve que sea. En este concepto se incluyen los tocamientos sorpresivos, fugaces o meramente momentáneos, sin que sea exigible la concurrencia de un ánimo libidinoso, siendo suficiente la existencia de un elemento objetivo consistente en un contacto corporal, un tocamiento impúdico o cualquier otra exteriorización o materialización con inequívoca significación sexual. STS 788/2025, 1 de Octubre de 2025

El reingreso al servicio activo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad voluntaria se rige por el régimen general de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, sin perjuicio de la especialidad que regula el supuesto de insuficiencia de aptitudes psicofísicas. STS 1161/2025, 22 de Septiembre de 2025

A efectos de determinar el umbral de rentas que condiciona el acceso al subsidio por desempleo, debe computarse como renta la parte de la indemnización percibida por el beneficiario con ocasión de la extinción de su contrato de trabajo que exceda del importe legalmente establecido. STS 1203/2025, 4 de Diciembre de 2025

Las entidades aseguradoras residentes en la UE que obtienen rendimientos de capital mobiliario en España sin establecimiento permanente pueden deducir, a efectos del art. 24.6 TRLIRNR, las provisiones técnicas (comparables a las del art. 38 ROSSP), siempre que acrediten su relación directa e indisociable con los rendimientos obtenidos. STS 1628/2025, 11 de Diciembre de 2025

La omisión de pronunciamiento expreso y motivado sobre la solicitud de prueba de descargo, pretendida tempestivamente por el interesado, en un procedimiento sancionador tributario, constituye causa de nulidad de la resolución sancionadora. STS 1511/2025, 24 de Noviembre de 2025

Cuando un pensionista de jubilación realiza trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superan el salario mínimo interprofesional, no procede su alta en el RETA ni la obligación de cotizar, debiendo computarse dichos ingresos conforme a la legislación fiscal y en términos netos, es decir, excluyendo los gastos deducibles. STS 941/2025, 10 de Julio de 2025

Para desvirtuar la calificación de una ganancia patrimonial como no justificada en el IRPF, el contribuyente debe probar no solo el origen y la persona de quien proceden los fondos, sino también acreditar el negocio jurídico por el que se transfiere la titularidad de los bienes y derechos que alteran la composición del patrimonio. STS 1539/2025, 27 de Noviembre de 2025

La colocación de una bandera no oficial representativa del colectivo LGTBI por parte de una Administración Pública en la sede oficial, con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI, debe entenderse como una acción positiva a favor de dicho colectivo, conforme a la normativa aplicable. Tal actuación no vulnera el principio de objetividad ni el de neutralidad institucional. STS 1444/2025, 12 de Noviembre de 2025

La insuficiente motivación en el acuerdo de extensión de competencia que acuerda la alteración del criterio de competencia territorial del órgano de Inspección, no conlleva la nulidad de pleno derecho del mismo, sino la anulabilidad, salvo que la incompetencia sea manifiesta. STS 1459/2025, 17 de Noviembre de 2025

La prescripción del derecho de la Administración para liquidar (arts. 66 y 150 LGT) no puede operar en perjuicio del contribuyente eliminando, por sí sola, situaciones favorables declaradas. STS 1352/2025, 27 de Octubre de 2025

La declaración de responsabilidad subsidiaria ex art. 43.1.a) LGT exige que, si el presunto responsable aporta datos que constituyen indicios claros de la existencia de un posible responsable solidario, la Administración debe indagar y comprobar tales indicios antes de derivar la responsabilidad subsidiaria, debiendo motivar su decisión si descarta la existencia de responsables solidarios. STS 1416/2025, 5 de Noviembre de 2025

La publicación de sanciones administrativas en el BOE debe incorporar expresamente, cuando la sanción esté recurrida judicialmente, la indicación expresa de que no es firme. El daño reputacional derivado de la publicación no se presume irreparable per se, debiendo ponderarse los intereses en conflicto y las garantías legales existentes. STS 1392/2025, 31 de Octubre de 2025/a>

A efectos de una adecuada motivación en la determinación de los servicios mínimos durante el ejercicio del derecho de huelga en el sector aéreo, se reconoce que las empresas conservan la facultad de concretar determinados aspectos de dichos servicios, siempre dentro de los límites establecidos en la correspondiente resolución administrativa. Esta facultad deriva de sus potestades de dirección y organización del personal. STS 1368/2025, 29 de Octubre de 2025/a>

El recargo de apremio integra la deuda tributaria y, existiendo pluralidad de responsables solidarios ex art. 43.1.a LGT, sólo procede un único recargo por la deuda. En consecuencia, su pago por cualquiera extingue la obligación para todos conforme al art. 35.7 LGT y 1145 CC. STS 1396/2025, 31 de Octubre de 2025

Los interesados pueden solicitar directamente a la Administración catastral la subsanación de discrepancias en la descripción de un inmueble, aunque el TRLCI prevea la iniciación de oficio, sin necesidad de canalizar la petición a través del Ayuntamiento donde radique la finca para que este efectúe la comunicación prevista en el mismo texto legal. Si la Administración catastral considera que no procede iniciar el procedimiento, debe motivarlo y comunicarlo al interesado, constituyendo dicha decisión un acto administrativo recurrible en vía administrativa y judicial. STS 1263/2025, 8 de Octubre de 2025