Case Law

El tratamiento fiscal que debe darse a una pérdida patrimonial derivada de la obligación de proceder al cumplimiento o ejecución “por equivalente” de una obligación o contrato en virtud de una resolución judicial, debe ser la de integrar dicha pérdida patrimonial en la parte especial (art. 40 TRLIRPF) de la renta del período impositivo. STS nº845/2022 de 29 de Junio de 2022

No contraviene la igualdad el establecimiento de unas ayudas urgentes para paliar los efectos de la pandemia, destinada a aquellos que se encuentren en el régimen especial de trabajadores autónomos, sin que tales ayudas deban extenderse a todos aquellos otros colectivos que se refieran a autónomos en regímenes alternativos o semejantes. Inexistencia de comunicación directa entre ambos sistemas de previsión social en virtud de la cual, cualquier medida beneficiosa aplicable a todos los afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos, deba extenderse a aquellos que optaron por el sistema de mutualidad. STS nº801/2022 de 21 de Junio de 2022

En las situaciones conflictivas entre los progenitores hay una fuerte evidencia de que los altos niveles de conflicto post divorcio son perjudiciales para los hijos. En el presente caso, nos encontramos con que el conflicto no está contenido y ello no constituye la situación adecuada para acordar un régimen de guarda y custodia compartida. Todo lo cual conduce a la conclusión de que la fórmula que se recomienda es la custodia exclusiva. STS nº545/2022 de 7 de Julio de 2022

Se confirma la sentencia recurrida que declara la nulidad de la cláusula contractual que impone a los trabajadores la obligatoriedad de la realización del servicio de guardia, declarando vulnerado el derecho de libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva. La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y por tanto, las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual. STS nº554/2022 de 15 de Junio de 2022

La jubilación ordinaria constituye una de las causas que imposibilitan legalmente la readmisión (art. 286.2 LRJS), pero no neutraliza el derecho indemnizatorio sustitutorio en favor de la persona despedida y compensable con la cantidad percibida al tiempo del despido. Al ser imposible el cumplimiento del deber de readmitir, ha de imponerse al empresario la obligación de indemnizar, puesto que de no fijarse indemnización alguna por el despido, quedaría sin reparar el daño producido por la injusta extinción de la relación laboral. STS nº586/2022 de 28 de Junio de 2022

En las situaciones conflictivas entre los progenitores hay una fuerte evidencia de que los altos niveles de conflicto post divorcio son perjudiciales para los hijos. En el presente caso nos encontramos con que el conflicto no está contenido y ello no constituye la situación adecuada para acordar un régimen de colaboración entre los litigantes, como es el propio de la guarda y custodia compartida. Todo lo cual conduce a la conclusión de que la fórmula que se recomienda es la custodia exclusiva. STS nº545/2022 de 7 de Julio de 2022

El Alto Tribunal considera que no se cuenta más que con simples intuiciones valorativas en cuanto a un ejercicio de influencia psicológica del acusado con respecto al fallecido, pero sin una mayor constatación ni una prueba concluyente. Por ello, sólo cabe una sentencia absolutoria al hombre acusado de colaborar en el suicidio de un amigo que le designó beneficiario de una póliza de vida al no haber quedado probado que ninguna persona interviniera directa o indirectamente en la decisión de quitarse la vida. Se desestima el recurso de casación. STS nº 613/2022 de 22 de Junio de 2022

A efectos del subsidio por desempleo para mayores de 55 años, los periodos de cotización asimilados por parto (art. 235 LGSS) han de tomarse en cuenta para comprobar si se cumplen los requisitos de carencia tanto de la pensión de jubilación, quince años en total (art. 205.1.b LGSS), como del propio subsidio, seis años por desempleo (art. 274.4 LGSS). Interpretación teleológica, sistemática, en clave constitucional y con perspectiva de género de la norma. STS nº576/2022 de 23 de Junio de 2022

En el caso de efectuarse ventas parciales de criptomonedas de un mismo tipo adquiridas en diferentes momentos, y no siendo identificables los criptoactivos concretos que han sido objeto de compraventa, debe considerarse que las criptomonedas que se transmiten son las adquiridas en primer lugar. La ganancia o pérdida patrimonial se integrará y compensará en la base imponible del ahorro. Cuestión Vinculante nº V0975-22 de la Dirección General de Tributos

Lo que se enjuicia en este litigio es el préstamo hipotecario cuyo capital se destinó a la cancelación de los contratos mercantiles, de manera tal que los beneficiarios del préstamo no fueron solo los prestatarios (en cuanto que les sirvió para liberarse de las fianzas previamente prestadas) sino, fundamentalmente, las dos sociedades mercantiles deudoras”. Así pues, aunque fuera de manera indirecta, el contrato de préstamo mercantil suscrito con la entidad financiera tuvo una finalidad empresarial. Por consiguiente, los prestatarios y ahora recurrentes no pueden tener la cualidad legal de consumidores. STS nº479/2022 de 14 de Junio de 2022

La Sala afirma que resulta irrelevante el relativo carácter de personaje público que pudiera atribuirse al fallecido, ni tampoco dónde fue captada la imagen. Por tanto, no aprecia que concurra un interés público en la difusión de la imagen del fallecido en el cartel que anunciaba el festival de música organizado por la demandada, ni, mucho menos, que ese interés público pudiera considerarse constitucionalmente prevalente al interés de los herederos del fallecido en evitar la difusión de su imagen. En este caso, el empleo de la imagen no responde al ejercicio de un derecho de información, sino a la finalidad publicitaria y comercial. STS nº486/2022 de 16 de Junio de 2022

El error advertido recae sobre el conocimiento equivocado del hecho que está realizando (ignoraba la necesidad de disponer de licencia para pilotar el patinete eléctrico, en tanto desconoce que éste pueda equipararse a los ciclomotores) y no, sobre la existencia de una norma penal que sanciona la conducción de vehículos de motor y ciclomotores sin haber obtenido licencia. Por tanto, el error debió ser calificado como de tipo y no de prohibición; y en consecuencia, aun vencible, en aplicación del segundo inciso del art. 14.1 del CP, y habida cuenta de que el delito considerado carece de modalidad imprudente, el acusado debe ser absuelto. STS nº635/2022 de 23 de Junio de 2022

La reducción unilateralmente decidida por la empresa del complemento retributivo no constituye en puridad una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 ET), sino un claro incumplimiento empresarial de su obligación en materia salarial, con la consiguiente vulneración del derecho del trabajador a percibir la remuneración pactada ( art. 4.2 f) ET). En las obligaciones de tracto sucesivo, la acción para reclamar el cumplimiento de la obligación se mantiene viva mientras la obligación subsista, aunque la acción para reclamar diferencias salariales concretas siga el régimen prescriptivo general del año. STS nº538/2022 de 13 de Junio de 2022

Inexistencia de lesión del art. 14 CE, en su vertiente de la interdicción de discriminación de las personas por razón de su identidad de género, así como del derecho a la propia imagen del art. 18.1 CE, en su vertiente del derecho a la expresión de género en condiciones de igualdad. El cese de la persona recurrente durante el periodo de prueba no puede calificarse de nulo por discriminatorio dado que, habiendo aportado indicios racionales de discriminación por motivo de identidad de género, la empresa demandada los ha rebatido adecuadamente. STC nº 67/2022 de 2 de Junio de 2022

El Tribunal Constitucional no aprecia la vulneración de los derechos a la libertad y a la intimidad personal y familiar, en conexión con la tutela judicial efectiva, que denuncia la parte recurrente, toda vez que se ha limitado proporcionadamente el ejercicio de aquellos derechos al incluir una motivación que explica la razón del ingreso obligatorio de la recurrente, apoyado en la identificación del bien constitucionalmente legítimo susceptible de protección (la vida y salud del nasciturus), así como del grave riesgo que aquel corría de no ser adoptada la medida cautelar. Por otro lado, entiende que la omisión del preceptivo trámite de audiencia a la gestante queda justificada por la extremada urgencia en que el juzgado de guardia hubo de actuar para preservar la vida del nasciturus. STC nº 66/2022 de 2 de Junio de 2022

La posible existencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia debería haberse invocado mediante el correspondiente recurso frente a la sentencia condenatoria, lo que conlleva que, ante la falta de razones de justicia material que justifiquen dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme, prevalezca el principio de seguridad jurídica, puesto que la extraordinariedad del recurso de revisión no incluye discutir lo que en el proceso penal correspondiente no se hubiera impugnado. STC nº 68/2022 de 2 de Junio de 2022

El órgano jurisdiccional nacional que conoce de una petición de emisión de un requerimiento de pago, está obligado a dejar inaplicada de oficio una cláusula abusiva del contrato de crédito al consumo en la que se basa una parte del crédito invocado, cuando el deudor-consumidor no participa en el procedimiento hasta la expedición del requerimiento de pago. La comprobación del carácter abusivo de la cláusula no obliga al juez nacional a realizar una compensación de oficio entre el pago efectuado sobre la base de dicha cláusula y el saldo adeudado, con la salvedad de que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, estando obligado, en este caso, a no aplicar la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional superior que prohíbe tal compensación de oficio. STJUE C-170/21 de 30 de Junio de 2022

Se establece que el Estado no tiene la obligación de indemnizar a un hombre por haber sufrido prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria. No se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Justicia que desestimó la reclamación de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, quedando firme y consentida. Interpretación del artículo 294 LOPJ. STS nº323/2022 de 14 de Marzo de 2022

Se establece que es viable la aplicación del art. 110.1.b) LRJS solicitándose la extinción de la relación laboral en sentencia en un supuesto de despido declarado improcedente, por imposibilidad de la readmisión, cuando se ha acreditado el cierre o cese del centro de trabajo donde prestaba servicios la trabajadora, pero continúa la actividad empresarial en otros centros de trabajo en distintas ciudades. No es admisible que la trabajadora deba ser readmitida en el correspondiente régimen laboral, cuya ilicitud ha quedado plenamente probada, cuando se vería forzada a ser objeto de un traslado forzoso a otra localidad que le exigiría necesariamente el cambio de domicilio. STS nº504/2022 de 1 de Junio de 2022

La interpretación del artículo 80. Cuatro regla 4ª de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido debe interpretarse en el sentido de que el requisito legal de que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante requerimiento notarial al deudor se satisface con cualquier clase de comunicación a éste por conducto notarial, cualquier que sea la modalidad del acta extendida al efecto. La exigencia del cumplimiento de unos requisitos formales extremos sería contrario al principio de neutralidad del IVA. STS nº667/2022 de 2 de Junio de 2022

En el presente caso, la procuradora modifica el encabezamiento del escrito remitido por el abogado y presenta el mismo ante el TS cuando debía hacerlo ante el TSJ. La Audiencia señala que la responsabilidad contractual por negligencia requiere la existencia de un daño indemnizable, la relación de causalidad entre el daño y la actividad del agente a quien se imputa el daño y la prueba de la culpa. Sin embargo, en este caso, el error de la procuradora no es indemnizable ya que, se evidencia que los argumentos de la actora no presentaban visos de prosperabilidad. SAP Barcelona nº143/2022 de 14 de Marzo de 2022

El TJUE determina que se tuvo conocimiento de la información indispensable que permitía ejercitar una acción por daños con la publicación del resumen de la Decisión C(2016) 4673 en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de abril de 2017, y no el 19 de julio de 2016, cuando se publicó el comunicado de prensa relativo a dicha decisión. Como el plazo de prescripción aplicable a la acción por daños en virtud de la regulación anterior no se había agotado antes de que expirara el plazo de transposición de la Directiva 2014/104, dicha acción por daños está comprendida en el ámbito de aplicación temporal. STJUE C-267/20 de 22 de Junio de 2022

En un supuesto en que se reclama una indemnización derivada de accidente de tráfico por lesiones temporales, los informes de urgencias y la historia clínica de asistencia a los lesionados, junto con los partes de baja laboral, colman las exigencias legales de adecuación al baremo señaladas en la Ley 35/2015. No es preciso un informe pericial añadido pues los documentos aportados son informes médicos suficientes. SAP Las Palmas nº 361/2022 de 11 de Mayo de 2022

Cuando la Administración ha seguido procedimientos de inspección separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones vinculadas, no resulta exigible que la liquidación practicada haya adquirido firmeza para que la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario. STS nº676/2022 de 6 de Junio de 2022

Una comunidad de propietarios responde solidariamente, como empresa principal, de las deudas de la empresa contratada por aquélla para atender los servicios de conserjería de dicha comunidad. La comunidad de propietarios participa de la condición de agente económico a través del desarrollo de una actividad prestada con los correspondientes medios materiales y humanos, de forma directa o por medio de terceros, mediante la cual intervienen en la producción de servicios, lo que permite entender que la actividad externalizada por la comunidad de propietarios se identifica como propia actividad a los efectos del art. 42 del ET. STS nº486/2022 de 27 de Mayo de 2022

Se establece que la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario no es responsable patrimonialmente de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, previamente autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La responsabilidad debe recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. STS nº272/2022 de 3 de Marzo de 2022

La DA 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, establece que los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, advirtiendo que, cuando los hijos menores de 30 años convivan con sus padres, quedarán excluidos de la cobertura de desempleo. Consiguientemente, no concurrirá dicha exclusión a los hijos menores de 30 años que no convivan con sus padres, puesto que la tesis contraria provocaría un trato discriminatorio entre los hijos menores y mayores de 30 años del trabajador autónomo, toda vez que, los mayores disfrutarían de la cobertura de desempleo y los menores no. STS nº417/2022 de 11 de Mayo de 2022

La piscina en cuanto elemento común no tiene como destino natural servir de disfrute a los titulares de los aparcamientos, los cuales los adquieren para estacionar un vehículo y no por las particularidades recreacionales de la edificación. El uso de la piscina es extraño a la propia naturaleza y finalidad de la adquisición de un garaje. En consecuencia, el acuerdo priva legítimamente a los titulares de los garajes del uso de la piscina dado que además, no constaba autorización para ello en los estatutos ni en el título constitutivo. STS nº411/2022 de 23 de Mayo de 2022

El delito de apropiación indebida previsto y penado en el art. 249 CP parte de una pena de 6 meses a 3 años que, como consecuencia de la continuidad delictiva del art. 74.1 CP, puede alcanzar la mitad inferior de la pena superior en grado, llegando, así, a los 3 años y 9 meses, y el plazo de prescripción que le corresponde a tenor de lo dispuesto en el art. 131.1 CP, es el de 5 años y no el de 3 años. STS nº505/2022 de 25 de Mayo de 2022

No es una actuación minutable la intervención de letrado que no se limita a personarse sino que también se opone a la admisión de los recursos, puesto que para la personación, la intervención de abogado y procurador no es preceptiva. ATS de 24 de Mayo de 2022