Ejecución provisional de resoluciones judiciales civiles
| Autor | Federic Adan Domènech |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La ejecución provisional en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) es una de las principales novedades con respecto a la regulación anterior. En la exposición de motivos se establece que:
Tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil representa una decidida opción por la confianza en la Administración de Justicia y por la importancia de su impartición en primera instancia y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razonables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional. La ejecución provisional será viable sin necesidad de prestar fianza ni caución
Así las cosas, debemos hacer especial énfasis que tras la promulgación de la nueva Ley de Ritos, se generaliza el régimen de la ejecución provisional de sentencias de condena (con algunas excepciones), sin la necesidad de la previa prestación de fianza o caución (en comparación con el art. 385, LEC 1881 ). Ello se traduce en una general confianza del legislador en la justicia de la primera instancia, ya que permite al actor instar la ejecución provisional de una sentencia de condena que ha visto reconocidas sus pretensiones o parte de ellas, sin necesidad de agravar su situación (prestación de algún tipo de afianzamiento) y poder así obtener la satisfacción de su crédito (aunque la sentencia no sea firme) después de dictada ésta.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil regula también un régimen de oposición y las consecuencias de la posible revocación de la sentencia dictada por el órgano de la primera instancia o por el órgano que ha conocido el recurso de apelación.
Su regulación se encuentra en el Título Segundo del Libro Tercero, LEC estableciendo tres capítulos, uno de ellos con dos secciones ( arts. 524 a 537, LEC ) .
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