Proceso de ejecución en el ámbito civil
| Autor | Federic Adan Domènech |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Este documento está siendo objeto de revisión para evaluar la necesidad de actualización conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Todas las referencias a Juzgados contenidas en este documento se entenderán sustituidas por Tribunales de Instancia.
El proceso de ejecución es aquél por el que se insta que se ejecute en sus propios términos una resolución judicial dictada, de manera que es una manifestación del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva.
De acuerdo con el art. 117.3 de la Constitución Española (CE) el ejercicio de la potestad jurisdiccional no se agota con el dictado de la sentencia por parte de los órganos judiciales, sino que se debe completar, con la actividad de hacer ejecutar lo juzgado.
Contenido
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La completa satisfacción de la tutela judicial efectiva, en defensa de los intereses de los ciudadanos recogida en el art. 24, CE , cobra plenitud y entidad con la ejecución de la sentencia dictada por los tribunales. Si bien, debe destacarse que hay sentencias que no precisan de su ejecución por su propio contenido intrínseco, o porque las mismas no recogen pronunciamiento condenatorio, al ser desestimatorias o absolutorias.
Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en numerosas ocasiones, reconociendo que la ejecución de las sentencias integran el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, Sentencia nº 47/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 13 de Febrero de 2006[j 1], Sentencia nº 92/2013 de Tribunal Constitucional, sala 2ª, 22 de abril de 2013[j 2] y Sentencia nº 231/2015 de Tribunal Constitucional, pleno 5 de noviembre de 2015[j 3]
Marco normativo de la ejecuciónEn cuanto a su marco normativo, el legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ha agrupado en un solo texto la ejecución. En la redacción anterior, la ejecución aparecía dispersa en estadios diferentes dentro de la Ley de 1881, y también en disposiciones no integradas en la misma. Así pues, ahora, con la nueva regulación, se le dota de un carácter uniforme y único.
El Título 2ª del Libro Tercero de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la ejecución provisional que, con la nueva redacción, ha dado un vuelco importante a la misma, si la comparamos con su concordante redacción de la ya antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 .
Los restantes Títulos que se ocupan de la ejecución, se agrupan en cuatro:
- El Título I que se le denomina Títulos ejecutivos;
- El Título III, De la ejecución: disposiciones generales,
- El Título IV, De la ejecución dineraria
- Y, el Título V, De la ejecución no dineraria. Como indica la rúbrica del Libro tercero, el último título se ocupa de las medidas cautelares. Vemos que ha quedado fuera de la...
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