ATS, 20 de Septiembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 20 Septiembre 2011 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinte de Septiembre de dos mil once.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol HECHOS
Por el Juzgado de lo Social Nº 10 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 10 de junio de 2.010, en el procedimiento nº 963/09 seguido a instancia de DOÑA Carlota contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DOÑA Carlota, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 10 de diciembre de 2.010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 2 febrero de 2.011 se formalizó por la Letrada Doña María Socorro Barcenilla Escudero, en nombre y representación de DOÑA Carlota, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de fecha 19 de mayo de 2.011 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, falta de contradicción, falta de cita y fundamentación de la infracción legal, falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, lo que supone necesariamente una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos [ sentencias de 3 de noviembre de 2008 (R. 2791/07 ), 25 de noviembre de 2008 (R. 5057/06 ), 10 de diciembre de 2008 (R. 1537/07 ), 11 de diciembre de 2008
(R. 2379/07 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/08 ), 19 de diciembre 2008 (R. 881/08 ), 19 de diciembre de 2008 (R. 881/08 ), 30 de diciembre de 2008 (R. 3291/07 ), 3 de marzo de 2009 (R. 4510/07 ), 4 de marzo de 2009 (R. 1535/07 ), y 9 de marzo de 2009 (R. 2123/07 )].
Esta exigencia es presupuesto indispensable para la viabilidad del recurso, pues su incumplimiento constituye causa de inadmisión según el art. 483.2.2 LEC o, en su caso -tras señalamiento, votación y fallo-, de desestimación ( sentencia de 3 de marzo de 2009, R. 4510/2007 ).
Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de diciembre de 2010 (Rec. 4848/2010 ), que la actora, cocinera, solicitó reconocimiento en situación de incapacidad permanente por padecer: "inversión de la lordosis cervical sin alterción en la alineación. Protusión dorsocentral. Hernia de base ancha en el nivel C6-C7. EMG.No radiculopatía. Cervicobragialgia. RM craneal: no alteraciones en el sistema ventricular", dictándose resolución por la que se declaró que las lesiones no eran constitutivas de incapacidad permanente. En suplicación se confirma la sentencia de instancia por la que se desestima la pretensión de la actora de ser reconocida en situación de incapacidad permanente absoluta o subsidiariamente total, por entender que si bien la parte recurrente no cita la infracción de precepto alguno, por lo que sólo por ello el motivo debía decaer, tampoco existe ningún fundamento para llegar a una solución distinta a la propuesta por el INSS, en el que se dice que "las lesiones objetivadas hasta el momento no son constitutivas de incapacidad permanente", que es además, lo que ya decía un anterior informe de evaluación de incapacidad temporal que manifestaba que "no se objetiva causa de incapacidad permanente" .
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la actora, planteando como cuestión "si al actor le corresponde una Incapacidad permanente", para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), de 29 de noviembre de 2006 (Rec. 1482/2003 ), respecto de la que no realiza la necesaria comparación entre hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, por cuanto se limita a transcribir parte de las lesiones que padece el actor en dicha sentencia.
El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R . 430/2004 y 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007 ). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009
, R. 3014/2007 y 1138/2008 ).
Tampoco puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), de 29 de noviembre de 2006 (Rec. 1482/2003 ), por cuanto en la misma, la cuestión debatida y resuelta es diferente, y relativa a cuál debe ser la fecha de efectos económicos de la prestación de incapacidad permanente total que le fue reconocida al actor en instancia, de profesión oficial 2ª albañil, que padecía "enfermedad degenerativa artósica de columna vertebral en grado de moderado a severo. Artrosis subastragalina postraumática de tobillo izquierdo. Enfermedad isquémica miocardíaca: infarto antiguo de miocardio. Fibrinolisis", lo que le provocaba "limitación en grado ligero a moderado de la hiperextension y de los movimientos de lateralidad, limitación severa de movilidad a nivel de la columna lumbar, gran dificultad para ponerse de cuclillas, de rodillas y de puntillas, limitaciones a los trabajos que requieran de esfuerzo físico o mantener posturas estáticas por tiempo prolongado" . La Sala falla en atención a que la fecha de efectos de la prestación debe ser la de calificación de la invalidez permanente, es decir, la de la resolución administrativa, pues el actor procede de una situación de IT prorrogada.
De lo relacionado anteriormente se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación, por cuanto: 1) No existe identidad ni en las profesiones de los actores de ambas sentencias (cocinera en la recurrida y oficial 2ª albañil en la de contraste), ni en las lesiones padecidas por los actores de ambas sentencias ( "inversión de la lordosis cervical sin alterción en la alineación. Protusión dorsocentral. Hernia de base ancha en el nivel C6-C7. EMG.No radiculopatía. Cervicobragialgia. RM craneal: no alteraciones en el sistema ventricular", en la recurrida, y "enfermedad degenerativa artósica de columna vertebral en grado de moderado a severo. Artrosis subastragalina postraumática de tobillo izquierdo. Enfermedad isquémica miocardíaca: infarto antiguo de miocardio. Fibrinolisis", lo que le provocaba "limitación en grado ligero a moderado de la hiperextension y de los movimientos de lateralidad, limitación severa de movilidad a nivel de la columna lumbar, gran dificultad para ponerse de cuclillas, de rodillas y de puntillas, limitaciones a los trabajos que requieran de esfuerzo físico o mantener posturas estáticas por tiempo prolongado", en la de contraste); 2) Las pretensiones son diferentes, por cuanto en la sentencia recurrida la pretensión es el reconocimiento en situación de incapacidad permanente, mientras que en la de contraste es que se reconozca una determinada fecha de efectos de la incapacidad permanente reconocida en instancia; 3) Los fallos no pueden considerarse contradictorios, por cuanto no se plantea ni se discute en la sentencia recurrida cuál es la fecha de efectos de una incapacidad permanente, como así ocurre en la de contraste, ni se plantea ni se discute en la de contraste, como así ocurre en la recurrida, si el actor tiene que ser reconocido en situación de incapacidad permanente, precisamente porque dicho reconocimiento no se cuestiona.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 )-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004 ) han establécido que "este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo - sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990 ), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996 ), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001 ), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002 ), 11 de febrero de 2004 (4390/2002 ) y 9 de julio de 20004 (R. 3145/2003 )". Doctrina que ha sido seguida por las sentencias de 20 de julio de 2006 (R. 1320/2005 ), 29 de noviembre de 2006 (R. 1557/2005 ), 19 de febrero de 2007 (R. 2870/2005 ), 18 de abril de 2007 (R. 4757/2005 ), 27 de septiembre de 2007 (R. 5573/2005 ), 15 de noviembre de 2007
(R. 4687/2006 ) y 22 de enero de 2008 (R. 3890/2006 ).
La parte recurrente no cita en cuanto infringido precepto alguno, por lo que tampoco expone las razones por las que entendería que existe infracción legal, y el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» ( sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006, 14 de mayo de 2008,
R. 734/2007 y 1671/2007 ; 17 de junio de 2008, R. 67/2007 ; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007 ; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964/2007 y 538/2007 ; y 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007 ).
Así se deduce, no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004 ; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004 ; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004
; 7 de junio de 2007, R. 767/2006 ; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006 ; 16 y 18 de julio de 2008, R. 2202/2007 y 1192/2007 ; 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007 ; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006 ; 16 de enero de 2009, R. 88/2008 ; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007 ).
La Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 ), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 ), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 ), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 ), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 ), 17 de abril de 2002 (R. 2890/2001 ), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), y 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), pues "es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta ( sentencia de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), 2 de julio de 2007 (R. 1251/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 1909/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006 ), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006 ), 5-12-2007
(R. 1928/2004 ), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007 ), 30 de junio de 2008
(R. 2639/2007 ), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008 ), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008 ), y 23 de febrero de 2009 (R 3017/2007 ).
La finalidad de este recurso es «evitar una disparidad de criterios susceptibles de producir un quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia; quebranto que no se produce cuando el órgano judicial parte de una distinta apreciación de los hechos, que -acertada o no- no puede corregirse a través de este recurso» [ STS 17 de diciembre de 1991 (R. 953/1991 ) y 29 de enero de 2009 (R. 476/08 )].
En el escrito de interposición, la parte recurrente, al analizar la sentencia recurrida, transcribe una serie de dolencias que no constan en la relación de hechos probados de la sentencia que se recurre, señalando que "el EVI no ha observado que en todos los informes médicos aportados han diagnosticado otras enfermedades además de las que el EVI refiere", y que la Sala falla no en atención a "las enfermedades que realmente padece y que han quedado acreditadas documentalmente mediante informe médicos del INSALUD", pretendiendo de este modo que en este excepcional recurso se revisen los hechos probados que constan en la sentencia recurrida, lo que no es posible.
No habiendo presentado la parte recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña María Socorro Barcemilla en nombre y representación de DOÑA Carlota contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de diciembre de 2.010, en el recurso de suplicación número 4848/10, interpuesto por DOÑA Carlota, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de los de Madrid de fecha 10 de junio de 2.010, en el procedimiento nº 963/09 seguido a instancia de DOÑA Carlota contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
