ATS, 14 de Abril de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Abril 2011 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Abril de dos mil once.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol HECHOS
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Santiago de Compostela se dictó sentencia en fecha 12 de noviembre de 2007, en el procedimiento nº 246/07 seguido a instancia de D. Demetrio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y TRANSPESCA, S.A., sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 27 de septiembre de 2010, que estimaba el recurso interpuesto por Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo y desestimaba el interpuesto por
D. Demetrio y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 3 de diciembre de 2010 se formalizó por la Letrada Dª Natividad García Laborda en nombre y representación de D. Demetrio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 18 de febrero de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción, defecto en preparación por falta de núcleo de la contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007 ). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de septiembre de 2010 (rec. 2249/2008 ), revoca la de instancia que estimando en parte la demanda rectora del proceso había declarado al actor afecto de incapacidad permanente parcial. Consta probado en la sentencia que las secuelas que restan al actor, camarero de buque, como consecuencia del accidente laboral sufrido, son: «Traumatismo hombro izquierdo, (accidente laboral de fecha 17-6-2004). Descompresión subacromial artroscópica el 14-10-2004. Reconocidas secuelas: lesiones permanentes no invalidantes. Baremo 71. En 6/06 omalgia mecánica izquierda con limitación funcional activa superior al 50 % en estudio; en el hombro izquierdo tiene una limitación global de la movilidad superior al 50 %. El brazo izquierdo no es capaz de elevarlo mas allá de los 90º, (siendo normal hasta 180º)». Dolencias con las que es declarado en instancia afecto de incapacidad permanente parcial, revocada en suplicación al entender la Sala que las mismas no suponen una reducción de la actividad laboral en un porcentaje superior al 33% del rendimiento normal, estando en condiciones de continuar realizando las funciones propias de su profesión con un rendimiento aceptable y sin una disminución o merma sensible, pues el hombro afectado -izquierdo-- conserva parte de sus movimientos y actúa como auxiliar de la articulación y del brazo derechos. Todo ello manteniendo las conclusiones del Informe Médico de Síntesis, del que se desprende que la limitación de la movilidad del hombro izquierdo afectado es superior al 50%, lo que, a entender de la sentencia, encaja perfectamente en el baremo 72 de la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril, en relación con alart. 150 de la LGSS, que se refiere a la "limitación de la movilidad conjunta de la articulación del hombro izquierdo en más del 50 por 100", indemnizable con 2.020 #.
Contra esta sentencia interpone recurso de casación para unificación de doctrina el trabajador, atacando la variación que de la valoración de la prueba entiende ha hecho la sentencia recurrida, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de octubre de 2007 (rec. 287/2007 ), respecto de la que no resulta posible apreciar contradicción porque también en este caso se rechaza la pretensión de la parte actora, en este caso de ser declarada afecta de incapacidad permanente total, razonando la Sala que las dolencias que presenta, --"Fractura de pelvis traumática consolidada. Dolor residual en sacro ilíaca derecha"-- no le impiden realizar las tareas propias de su profesión habitual de auxiliar en empresa conservera. Así las cosas los fallos no resultan contrarios, sino coincidentes, en el bien entendido que en ambos casos se desestima la pretensión de reconocimiento de incapacidad permanente.
Es cierto que en esta sentencia se advierte que la valoración de las secuelas y limitaciones que padece el actor corresponde realizarla al Magistrado de instancia, salvo que se demuestre que los razonamientos expuestos en la fundamentación jurídica resultan irracionales, ilógicos y arbitrarios; cosa que, a entender de la sentencia no ocurría en ese caso, pero que sí ha entendido la sentencia recurrida que acontece en el caso de autos. Por lo demás, conviene recordar que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008 ). Y en este caso los fallos, como se ha dicho, no son contrarios.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 )-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004 ) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo - sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990 ), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996 ), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001 ), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002 ), 11 de febrero de 2004 (4390/2002 ) y 9 de julio de 20004 (R. 3145/2003 )". Doctrina que ha sido seguida por las sentencias de 20 de julio de 2006 (R. 1320/2005 ), 29 de noviembre de 2006 (R. 1557/2005 ), 19 de febrero de 2007 (R. 2870/2005 ), 18 de abril de 2007 (R. 4757/2005 ), 27 de septiembre de 2007 (R. 5573/2005 ), 15 de noviembre de 2007
(R. 4687/2006 ) y 22 de enero de 2008 (R. 3890/2006 ).
Además, media en el recurso defecto insubsanable en preparación, al no exponer el recurrente en modo alguno en el escrito correspondiente los hechos concurrentes en las sentencias seleccionadas de contraste, limitándose a citar las que considera contrarias a la recurrida y la doctrina que se supone contienen y a sus propósitos interesa. Y es doctrina unificada de esta Sala -entre otras, sentencias de 22 de junio de 2001 (R. 3006/2000 ), 26 de marzo de 2002 (R. 2504/2001 ), 18 de diciembre de 2002
(R. 203/2002 ), 20 de septiembre de 2003 (R. 3140/2001 ), 1 de junio de 2004 (R. 3321/2003 ), 17 de junio de 2004 (R. 4453/2003 ), 18 de junio de 2004 (R. 4038/2003 ), 25 de junio de 2004 (R. 4495/2003 ) y 11 de noviembre de 2004 (R. 4039/03 )- que, conforme a lo previsto en el art. 219.2 de la LPL, el escrito de preparación del recurso, ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce. De modo que, si bien no será necesario efectuar en dicho escrito "el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición", sí "deberá identificar tanto el núcleo básico de la contradicción, que la Sala ha definido como la determinación del objeto y el sentido de la divergencia entre las resoluciones comparadas, como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias".
Por otra parte, hay que señalar que el incumplimiento de tales requisitos constituye defecto procesal insubsanable, porque no está prevista su subsanación en el art. 207.3 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el art. 193.3 de la misma Ley y se trata además de "una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento, al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable.
Cabe significar, además, que sobre tal interpretación se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, habiendo declarado en auto 260/1993, de 20 de julio, que este criterio no es contrario al art. 24 de la Constitución, "sino más bien impecable desde el punto de vista constitucional y legal". Doctrina que ha reiterado en la STC 111/2000, de 5 de mayo .
Por último, en realidad lo que pretende la parte no es otra cosa que atacar la valoración de la prueba llegada a cabo en suplicación. Y tal objetivo carece de contenido casacional. La Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 ), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 ), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 ), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 ), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 ), 17 de abril de 2002 (R. 2890/2001 ), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), y 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), pues "es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta ( sentencia de 9 de febrero de 1.993
(R. 1496/1992 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), 2 de julio de 2007
(R. 1251/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 1909/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006 ), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006 ), 5-12-2007 (R. 1928/2004 ), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 2639/2007 ), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008 ), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008 ), y 23 de febrero de 2009 (R 3017/2007 ).
La finalidad de este recurso es «evitar una disparidad de criterios susceptibles de producir un quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia; quebranto que no se produce cuando el órgano judicial parte de una distinta apreciación de los hechos, que -acertada o no- no puede corregirse a través de este recurso» [ STS 17 de diciembre de 1991 (R. 953/1991 ) y 29 de enero de 2009 (R. 476/08 )].
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en la identidad sustancial de los supuestos comparados, pero sin aportar datos relevantes que desarticulen las divergencias apreciadas por la Sala, limitándose a señalar que las sentencias son contrarias porque en el caso de referencia se desestima el recurso de suplicación, remitiendo la valoración de la prueba al magistrado de instancia, circunstancia que no oscurece el hecho de que en ambos casos se desestima la pretensión rectora del proceso. Por lo demás, sostiene la parte que se cumplen todos los requisitos del recurso y que éste tiene contenido casacional, afirmaciones que no se sustentan en argumento de peso alguno. QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Dª Natividad García Laborda, en nombre y representación de D. Demetrio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 27 de septiembre de 2010, en el recurso de suplicación número 2249/08, interpuesto por D. Demetrio y por MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Santiago de Compostela de fecha 12 de noviembre de 2007, en el procedimiento nº 246/07 seguido a instancia de D. Demetrio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y TRANSPESCA, S.A., sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
