Epílogo. La imposible continuidad e inevitable transformación de la función pública en la tercera década del siglo XXI
| Autor | Rafael Jiménez Asensio |
| Páginas | 485-506 |
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EPÍLOGO
LA IMPOSIBLE CONTINUIDAD E INEVITABLE
TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
EN LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Rafael Jiménez Asensio
Consultor institucional. Catedrático acreditado de Universidad
1. ¿MODERNIZACIÓN O TRANSFORMACIÓN?
Cuando ya hemos iniciado la tercera década del siglo XXI, sorprende aún
que el lenguaje político y legislativo, cuando se refiere a la Administración
y función pública, siga haciendo uso del concepto de modernización. Las
políticas de «modernización» arrancan en la década de los ochenta del siglo
pasado, se desarrollan a lo largo de los noventa y tienen su continuidad
aumentada en los primeros años del siglo XXI, donde se usa y abusa de tal
noción. La «modernización» se visualiza normalmente con un cambio legis-
lativo que abre un antes y un después, dando un nuevo empaque a estructu-
ras, procesos y sistemas de gestión de personas que se habían quedado
antiguos y, por tanto, tenían ya escasa funcionalidad.
Dicho rápidamente, los procesos de modernización de las Administracio-
nes públicas españolas y de sus subsistemas de función pública han repre-
sentado hasta ahora un rotundo fracaso. Ha primado el discurso político
triunfalista y la mera cosmética. Si utilizamos la imagen metafórica de un
edificio, todo lo más se ha reparado la fachada y algunas cosas menores; las
vigas, los elementos nucleares del sistema, así como incluso las dependencias
o apartamentos, sin embargo, han permanecido incólumes. El último intento
serio de «modernización», revestido con más rigor como reforma, aunque
citaba en su preámbulo en dos ocasiones la expresión «modernización», fue
el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado inicialmente por la Ley
7/2007, de 12 de abril (hoy texto refundido, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). Sin embargo, su elevado carácter
dispositivo y su necesidad de ser objeto de una concreción legislativa tanto
en su aplicación a la Administración General del Estado, como a las Comu-
nidades Autónomas y, por extensión, a las Entidades locales, lo ha convertido
CONTINUIDAD VERSUS TRANSFORMACIÓN: ¿QUÉ FUNCIÓN PÚBLICA NECESITA ESPAÑA?
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en una reforma truncada, ya sea por su tenue y desfigurado desarrollo legis-
lativo allí donde se ha hecho, o simplemente por la inactividad del legislador
llamado a completarlo en otros muchos casos. Aquel intento –como se seña-
laba en el preámbulo de la Ley 7/2007– de iniciar un proceso «previsiblemente
largo y complejo» en «la articulación y la gestión del empleo público en
España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que
se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Euro-
pea», se ha saldado, catorce años después, con un sonado fracaso.
En verdad, la continuidad ha sido la pauta dominante en la Administración
y la función pública. La capacidad de resistencia al cambio de la inamovible
masa granítica política/burocrático-administrativa/sindical/judicial es, senci-
llamente, espectacular: absorbe cualquier ensayo de mejora y lo anula mate-
rialmente. Salvo casos muy puntuales, la pretendida reforma y modernización
del entonces EBEP no ha llegado a cuajar. Las inercias administrativas, los
espurios intereses corporativos y funcionariales, los inagotables apetitos sin-
dicales o el abandono y dejadez política que este ámbito de actuación genera,
han hecho el resto. Las cosas están como estaban, solo que el paso del tiempo
las ha deteriorado más. La fuerte y prolongada crisis fiscal que se abrió a
partir de la crisis económica de 2007-2008 ha dejado a la institución de
función pública (realmente, al empleo público) en un estado paupérrimo, con
una debilidad máxima y altamente desfigurada en sus valores y esencia. La
capacidad estatal, entendida como el conjunto de recursos que poseen los
poderes públicos para conducir la política (y entre los cuales está obviamente
el capital humano), ha ido bajando enteros hasta descender a niveles extraor-
dinariamente bajos. El sistema político ha descuidado por completo la cons-
trucción de un modelo de gestión de personas mínimamente sólido. Lo que
queda de lo que antaño fue la institución de función pública es un remedo
de patologías, tics heredados, capturas, inercias y, en fin, una institución
enferma de burocratismo y con un marcado formalismo ayuna de eficiencia.
La crisis de la covid-19 ha mostrado buena parte de las vergüenzas de un
sistema administrativo obsoleto y de un modelo de recursos humanos ina-
daptado a las necesidades del momento actual. Pero, además, se ha abierto
una incalculable brecha entre la zona de aparente confort en la que vive lo
público, frente a unos acelerados procesos que toman cuerpo en la sociedad
y a cuyos desafíos deberá hacer frente, más temprano que tarde, un sistema
político-administrativo y un sector público que muestra serias huellas de
desfondamiento y de entropía. El dualismo entre el entorno público y el
privado es cada vez más intenso.
Y es en ese momento crítico cuando aparece en escena la necesidad de
transformar la función pública, como medio de alterar esa situación de pará-
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