Motivación del acto administrativo
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
La motivación del acto administrativo consiste en dejar constancia de las auténticas razones por las que la Administración adopta la decisión y tiene como fin permitir al destinatario poder enfrentarse y, en su caso, combatir, ese acto administrativo . Se trata de expresar los motivos que justifican el acto administrativo .
El requisito de la motivación se traduce en que la Administración Pública exprese las razones de hecho y de derecho en las que el acto administrativo descansa: con este requisito se controla la causa del acto. (STS de 12 de diciembre de 1997 [j 1]).
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Contenido
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) no contiene una definición que nos indique lo que ha de entenderse por motivación. El art. 35 LPACAP , bajo la rúbrica «motivación», establece los supuestos en los que es preciso cumplir con este requisito, señalando los actos administrativos que tienen que estar motivados.
La motivación exige expresar, y hacerlo razonadamente, los motivos o razones que justifican la decisión adoptada. La LPACAP no ofrece demasiadas explicaciones al respecto y se limita a indicar:
De manera general:
- Que es preciso (y por lo tanto suficiente) con una “sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho” ( art. 35.1 LPACAP )
- Que “la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma” ( art. 88.6 LPACAP )
De manera específica:
- Que “los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte” ( art. 35.2 LPACAP ).
El problema radica en determinar si un concreto acto está o no motivado y si lo que se dice es suficiente para entender cumplido con ese requisito de necesidad de motivación.
En este sentido el Tribunal Supremo ha señalado sobre la motivación de los actos administrativos que:
- Tiene un carácter finalístico que consiste en impedir “que el interesado se vea privado de los medios de defensa necesarios para impugnar la actuación de la Administración” (STS de 7 de octubre de 19998 [j 2]).
Cumple, pues, la exigencia legal de explicar o exteriorizar el núcleo de la decisión administrativa y facilita, de este modo, el ulterior control jurisdiccional sobre el contenido del acto (STS de 20 de marzo de 2003 [j 3]).
- Basta con que sea breve y sucinta pero, en todo caso tiene que ser suficiente (STS de 15 de diciembre de 1999 [j 4]) estando admitido que esa motivación “sea escueta o se haga por remisión a la motivación de otra resolución anterior”.
Se sostiene así que cabe subsanar ese defecto de motivación formal en el acto impugnado si la razón de lo decidido es deducible atendiendo, por ejemplo, a los antecedentes que obran en el expediente, en especial informes, propuestas o dictámenes o - caso de autos - a lo informado en otro procedimiento íntimamente relacionado con aquel en el que se dicta el acto impugnado, si es que tales antecedentes se traen al procedimiento litigioso; es más, y aunque no deje de ser criticable, ese criterio antiformalista admite la validez de las razones explicitadas en sede jurisdiccional, de forma que por economía procesal no se anula el acto para que se dicte otro que acabe recogiendo las razones que el interesado ya ha conocido durante el proceso (STS 1806/2017, 23 de Noviembre de 2017 [j 5]).
- Tiene que ser concreta, lo que no se produce cuando “no existe en absoluto una justificación de la aplicación concreta de esos criterios al caso particular” (STS de 23 de septiembre de 2008 [j 6]) y no se cumple con el requisito de motivación cuando se hacen “referencias imprecisas y genéricas sobre las consideraciones que han determinado” la resolución adoptada (STS de 9 de julio de 2010 [j 7]). En aplicación de esta doctrina, la STSJ Andalucía 63/2025, 22 de Enero de 2025 [j 8] recuerda que es necesario contar con:
Una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada.
- Tiene que ser congruente con el contenido decisorio (STC 5/1986 [j 9])
- Ha de ser mayor (más intensa) cuanto mayor es el margen de apreciación (discrecionalidad) del órgano administrativo. En el supuesto de ejercicio de potestades discrecionales, sólo a través de una congrua motivación puede la jurisdicción ejercitar con garantía su función fiscalizadora (STS de 19 de julio de 1996 [j 10]) y es “indispensable que la Administración, exprese clara y suficientemente el proceso lógico que le lleve a su decisión” (STS de 15 de diciembre de 1998 [j 11]).
Señala el art. 35.1 LPACAP que tienen que ser motivados (“serán motivados”) los siguientes actos administrativos :
- Los actos desfavorables
- Los que resuelvan ciertos tipos...
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