Revisión de actos válidos
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La revisión de actos válidos es la revocación, por la propia Administración, de los actos conformes a derecho en los que no concurre causa de nulidad o anulabilidad e independientemente de los efectos favorables o desfavorables para los interesados .
Contenido
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula, en el art. 109.1 , la posibilidad de que la Administración pueda revocar sus actos de gravamen o desfavorables sin que, por el contrario, haga referencia expresa alguna a la posibilidad de proceder a la revocación de los actos favorables válidos .
Actos favorablesLa LPA 39/2015 no contiene previsión alguna sobre la revisión de actos válidos favorables .
La Administración no puede revocar sus propios actos con efectos favorables para determinadas personas por motivos de mera oportunidad. No es esta una situación prevista por nuestro ordenamiento, que no permite la rectificación de actos administrativos en simples razones de oportunidad salvo en supuestos excepcionales y con la correspondiente indemnización.
La Administración no puede anular o revocar de oficio sus propios actos declarativos de derechos, posibilidad excede de las previsiones efectuadas en desde de revisión de actos y se ubica en el ámbito de la expropiación forzosa que, conforme a lo establecido en el art. 1 de la Ley...
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