Revisión de actos anulables desfavorables
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La revisión de actos anulables desfavorables es la facultad que la Ley atribuye a la Administración de poder revocar sus actos administrativos de gravamen o desfavorables para los interesados en cualquier momento.
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Contenido
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Aunque no exista previsión expresa alguna en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nada parece impedir que la Administración proceda a la revocación de los actos anulables desfavorables, y más si tenemos presente que si se establecen previsiones para que la propia Administración pueda revocar los actos administrativos desfavorables o de gravamen siempre que ello no suponga una actuación prohibida.
En este sentido, parece aplicable esa regulación siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el art. 109.1 LPA 39/2015 :
- Que no constituya una dispensa o exención no permitida por las leyes
- Que no sea contraria al principio de igualdad
- Que no sea contraria al interés público
- Que no sea contraria...
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