Ejecutividad del acto administrativo
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La ejecutividad del acto administrativo es la posibilidad que permite a los actos administrativos ser llevados a la práctica mediante actos materiales de ejecución.
Contenido
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Las Administraciones públicas gozan, en el ejercicio de su actividad, del privilegio de autotutela, lo que supone, como regla general, que sus actos son inmediatamente ejecutivos ( Arts. 38 y 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPA/2015 ).
Ello supone que a las Administraciones les está permitido en el ejercicio de sus competencias articular los medios de ejecución que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, pero, tal y como señala la Exposición de Motivos de la LPA/2015 :
En este sentido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , supuso un hito clave de la evolución del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional. Para ello, incorporó avances significativos en las relaciones de las Administraciones con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de aquellas y, sobre todo, a través de una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la potestad de autotutela de la Administración, cuyo elemento de cierre se encuentra en la revisión judicial de su actuación por ministerio del artículo 106 del texto fundamental.
Este privilegio, el de que los actos administrativos sean inmediatamente ejecutivos, lejos de ser inconstitucional es consecuencia del reconocimiento que la propia Constitución ( art. 103.1 CE ) hace de las Administraciones públicas en cuanto que están al servicio de los intereses generales y tienen el deber de actuar de acuerdo con el principio de eficacia (STC 78/1996 de 20 de mayo[j 1]) y que “el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión" (STC 148/1993[j 2]) y “lo decisivo para que tal ejecutividad pueda ser considerada procedente, es su posibilidad de control jurisdiccional” (STS de 2 de enero de 2001[j...
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