ATS, 17 de Septiembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Septiembre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil trece.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
Por el Juzgado de lo Social Nº 13 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 20 de septiembre de 2011 , en el procedimiento nº 550/2011 seguido a instancia de D. Gregorio contra ALISER SERVICIOS AUXILIARES S.L., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 15 de octubre de 2012 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 3 de enero de 2013, se formalizó por el letrado D. José Ángel López Cabezas en nombre y representación de D. Gregorio , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 16 de mayo de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia que se recurre -de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de octubre de 2012 (R. 4169/2012 )- confirma la recaída en la instancia que declara la improcedencia del despido impugnado, así como la extinción de la relación laboral condenando a la empresa demandada a abonar al actor la suma de 2.992,8 en concepto de indemnización y 4.389,44 en concepto de salarios de tramitación. El trabajador ha venido prestando servicios para la empresa Aliser Servicios Auxiliares SL desde el 11 de agosto de 2008, con la categoría de controlador y salario mensual con prorrata de pagas extras de 748,3 . El 28 de marzo de 2011 fue despedido -con la misma fecha de efectos- por causas objetivas. En suplicación pretende el actor la revisión del relato fáctico para modificar el salario y la categoría reconocidos en la instancia, lo que es rechazado por la Sala al amparo de la doctrina jurisprudencial y por entender que el actor no aporta prueba documental alguna que apoye tal solicitud. En cuanto al motivo dirigido a denunciar la infracción de los arts. 97.2 de la LPL en relación con el art. 91.2 del mismo texto legal y 217.2 , 218 , 282 y 394 de la LEC , se advierte que el mismo se plantea por cauce inadecuado, así como que en cualquier caso el mismo no puede ser acogido porque, como el propio actor reconoce, es a él a quien incumbía la prueba de una categoría y salario superior. Y tal omisión probatoria no puede ser suplida mediante la ficta confessio, por ser su aplicación facultad del juez de instancia, cuyo criterio no es susceptible de ser revisado en suplicación.
Recurre en casación unificadora el demandante insistiendo en que debe reconocérsele la categoría y salario indicados en demanda. Se invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de enero de 2006 (rec. 5760/2005 ) cuya contradicción con la impugnada no puede ser apreciada, pues la conclusión que en ese caso alcanza la Sala sobre la existencia de despido verbal, por aplicación de la ficta confessio se deriva del conjunto de las actuaciones procesales, que en nada se asemejan a las del caso de autos y que conducen a la modificación del relato fáctico, incluyendo que el trabajador fue despedido por la empresa verbalmente el día 30-11-2004. Así, en primer lugar, consta que admitida la prueba de confesión judicial, y siendo correcto el domicilio de la parte demandada, se acreditó que estaba desaparecida, obligando a la notificación edictal. Consta el intento de citación personal practicada por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, en el que expresamente se recoge por el agente encargado que la empresa está cerrada desde el mes de noviembre de 2004 aproximadamente, y que desde entonces permanece así. Igual resultado ofrecen las citaciones practicadas por el Juzgado en cuanto a la desaparición de la empresa. Y en segundo lugar, queda acreditado que el demandante percibe prestación por desempleo desde el primero de diciembre de 2004, cuando invoca haber sido objeto de un despido verbal justo el día antes.
Y nada semejante acontece en la sentencia recurrida, aun cuando se solicitó el interrogatorio de la empresa en la demanda y se accedió a ello en el auto de admisión, no compareciendo al acto del juicio. En efecto, en la sentencia impugnada no se debate sobre la falta de acreditación del despido sino sobre la categoría y salario que deben reconocérsele al trabajador. A lo que se suma el que son distintas las razones de decidir de las sentencias comparadas. En el caso de autos la Sala rechaza la revisión fáctica pretendida, al no aportar la actora documento alguno del que se desprenda que venía ostentando una categoría distinta a la reconocida en la instancia. Lo que determina que no pueda acogerse tampoco el motivo de infracción normativa. Sin embargo, en la sentencia de contraste, la Sala admite la modificación del relato fáctico, lo que conduce a tener por acreditada la existencia de despido verbal el día 30-11-2004, y valorando que el actor sólo podía valerse de la confesión de la empresa para probar tal dato.
Además, ambas consideran que la ficta confessio no es una obligación para el Magistrado o Juez de Instancia, según el art. 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , sino una facultad discrecional del juzgador tenerle o no por confeso, según entienda que la restante prueba practicada le ofrece o no elementos de juicio suficientes para formar su convicción.
En definitiva, la cuestión que se suscita en el recurso atañe precisamente a la valoración por el juzgador del material probatorio, pues lo que el recurrente pretende es que esta Sala tenga por confesa a la empresa, por aplicación del art. 91.2 LRJS , con lo que quedaría, a su juicio acreditada la categoría y el salario indicados en demanda. Y la Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 ), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 ), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 ), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 ), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 ), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 25 de septiembre de 2008 (R. 1790/07 ), 23 de febrero de 2009 (R. 3017/07 ), 22 de diciembre de 2010 (R. 1344/10 ) y 12 de abril de 2011 (R. 3169/10 ) pues "es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral , y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta ( sentencia de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), 2 de julio de 2007 (R. 1251/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006 ), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006 ), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 2639/2007 ), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008 ), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008 ), 23 de febrero de 2009 (R 3017/2007 ), 2 de febrero de 2010 (R. 2033/09 ), 27 de septiembre de 2011 (R. 4299/10 ) y 5 de diciembre de 2011 (R. 905/11 ).
La finalidad de este recurso es «evitar una disparidad de criterios susceptibles de producir un quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia; quebranto que no se produce cuando el órgano judicial parte de una distinta apreciación de los hechos, que -acertada o no- no puede corregirse a través de este recurso» ( sentencia 17 de diciembre de 1991 (R. 953/1991 ) 29 de enero de 2009 (R. 476/08), 1 de junio de 2010 (R. 1550/09) y 18 de julio de 2011 (R. 2049/10).
No habiendo presentado el recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Ángel López Cabezas, en nombre y representación de D. Gregorio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de octubre de 2012, en el recurso de suplicación número 4169/2012 , interpuesto por D. Gregorio , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de los de Madrid de fecha 20 de septiembre de 2011 , en el procedimiento nº 550/2011 seguido a instancia de D. Gregorio contra ALISER SERVICIOS AUXILIARES S.L., sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
