Vía de hecho en sede de expropiación forzosa

Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.

La vía de hecho en sede de expropiación forzosa es la actuación expropiatoria de la administración realizada al margen de la potestad expropiatoria o del procedimiento establecido , esto es, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Siempre que, sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social , necesidad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda, en los términos establecidos en la Ley, la Administración ocupare o intentase ocupar la cosa objeto de la expropiación ( art. 125 de la Ley de Expropiación Forzosa ).

La vía de hecho , como concepto de carácter general en el ámbito de la actuación administrativa, tiene un especial significado y regulación en el terreno de la expropiación forzosa ya que, de hecho, se introduce en nuestro ordenamiento por medio de la normativa reguladora de la expropiación forzosa.

El concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar el procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese poder o potestad (manque de procédure), categoría conceptual que pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento jurídico , especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia, para comprender en ella tanto la actuación material de las Administraciones Públicas que se produce sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como aquella otra actividad material de ejecución que excede evidentemente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo (STS de 22 de septiembre de 2003^{[j 1]} y STS de 29 de octubre de 2010^{[j 2]}).

La regulación de la vía de hecho considera que la Administración incurre en vías de hecho tanto cuando usa potestades que no le han sido conferidas por el legislador como cuando, disponiendo de las mismas, las ejercita al margen del procedimiento establecido, y comprende, por tanto, la actuación material sin ningún tipo de cobertura, pero también la que, pese a contar con ella, se excede de su ámbito, perdiendo su amparo legitimador, estructura dual de la noción de “vía de hecho” que se encuentra presente (en negativo), en el art. 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , cuando dispone que no se admiten interdictos (los actuales procedimientos especiales de protección posesoria de la vigente Ley de Enjuiciamiento civil ) frente a los órganos administrativos que desenvuelvan materias propias de su competencia con arreglo al procedimiento legalmente establecido, idea que subyace ya (en positivo) en el art. 125 LEF , al permitir que los administrados acudan a esa clase de remedios excepcionales frente a la Administración que ocupa , o lo intenta, un bien de su propiedad obviando las garantías básicas del procedimiento expropiatorio , lo que supone, como consecuencia, que las vías de hecho despojan a la Administración de sus privilegios y prerrogativas, colocándola en pie de igualdad con los particulares (STS de 19 de abril de 2007^{[j 3]} y STS de 20 de abril de 2009^{[j 4]}).

Esa construcción general de vía de hecho en el procedimiento administrativo , esto es, la actuación material sin ningún tipo de cobertura, pero también la que, pese a contar con ella, se excede de su ámbito, perdiendo su amparo legitimador, que en el ámbito contencioso – administrativo se convierte en el medio para combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase ( Exposición de Motivos, apartado V, párrafo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por tanto, en los medios de impugnación procesal frente a la pura actividad material de la Administración no amparada por cobertura jurídica (STC 160/1991, de 18 de julio^{[j 5]}), tiene su origen en la previa regulación en el marco de la regulación expropiatoria.

La regulación previa y originaria en nuestro ordenamiento jurídico de la vía de hecho se encuentra en la normativa expropiatoria.

La vía de hecho es la ocupación o el intento de ocupación de bienes o derechos o intereses patrimoniales legítimos por la Administración al margen del procedimiento expropiatorio .

La vía de hecho es la privación o el intento de privación de la propiedad privada ( art. 33.3 de la Constitución Española y art. 1 LEF ) sin que la Administración haya cumplido con lo dispuesto en la Ley.

El art. 33.3 CE hace referencia a la necesidad esencial de la causa justificada (utilidad pública o interés social), la...