ATS, 16 de Febrero de 2017
| Ponente | SEBASTIAN MORALO GALLEGO |
| ECLI | ES:TS:2017:2152A |
| Número de Recurso | 1118/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 16 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Febrero de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego
Por el Juzgado de lo Social Nº 11 de los de Málaga se dictó sentencia en fecha 31 de marzo de 2015 , en el procedimiento nº 1032/14 seguido a instancia de Dª Martina contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en fecha 3 de diciembre de 2015 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 23 de febrero de 2016 se formalizó por el Letrado D. Manuel Nicolás Martos García de Veas en nombre y representación de Dª Martina , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 19 de septiembe de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción, falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 ( R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
La sentencia del Tribunal superior de Justicia de Andalucía de tres de diciembre de dos mil quince (R. 1602/2015 ) confirma la sentencia de instancia que declara la falta de competencia de la jurisdicción social y la competencia del orden contencioso administrativo para el conocimiento de la demanda presentada. La trabajadora prestaba servicios para el Servicio Andaluz de Salud(SAS) desde el 1-08-01, con la categoría profesional de auxiliar administrativo, en virtud de 2 distintos nombramientos temporales eventuales y de sustitución al amparo del régimen jurídico establecido en el Estatuto Jurídico de Personal No Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario y, tras su entrada en vigor, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre que aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. La trabajadora interpuso reclamación administrativa previa frente al Servicio Andaluz de Salud mediante escrito con fecha de entrada 29-10-14, en el que se alega la existencia de un despido ocurrido el 30-09-14 cuando no se le da empleo, reclamando la existencia de relación laboral, no estatutaria, y, por tanto, un despido improcedente, con las consecuencias legales previstas para tal declaración, y solicitando también una cantidad de dinero por diferencias salariales. Recurre la parte actora en suplicación, solicitando la nulidad de la sentencia y el dictado de una nueva que entre a conocer el fondo del asunto. La trabajadora afirma que no eran estatutarios sus nombramientos, sino que existía contratación temporal eventual que reputa fraudulenta. La Sala de suplicación declara que esta cuestión ya ha sido resuelta a partir del Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2005 y por las sucesivas y reiteradas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictadas a partir de la inicial sentencia de 16 de diciembre de 2005 .
Acude la demandante en casación para la unificación de doctrina, articulando lo que parecen dos motivos, el primero relativo a la indefensión producida al no posibilitar que sea la jurisdicción social la que mediante prueba valore la existencia de relación laboral y el segundo en cuanto al fondo del asunto relativo a la incompetencia social en materia de contratación de personal sanitario.
El presente recurso adolece de defectos formales que impiden la admisión a trámite del recurso. En primer lugar es palmaria la falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción al no existir comparación alguna entre hechos, fundamentos y pretensiones, de las sentencias comparadas haciendo una referencia genérica a las mismas pero sin especificación alguna, explayándose en copiar las fundamentaciones de algunas de las sentencias invocadas, entre las que no se incluye la primera de las seleccionadas. De acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas. Así lo ha venido exigiendo esta Sala en multitud de sentencias, entre las más recientes, de 18/02/2013 (R. 1078/2012 ), 13/03/2013 (R. 4346/2011 ), 15/04/2013 (R. 772/2012 ), 16/04/2013 (R. 1331/2012 ), 16/04/2013 (R. 2203/2011 ), 23/04/2013 (R. 622/2012 ), 13/05/2013 (R. 4432/2010 ), 25/06/2013 (R. 2408/2012 ), 16/10/2013 (R. 2736/2012 ), 25/11/2013 (R. 2797/2012 ), 21/01/2014 (R. 1045/2013 ), 24/06/2014 (R. 1200/13 ) y 18/12/2014 (R.2810/2012 ).
La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta Sala, entre otras, por citar las más recientes, en SSTS de 24/09/2012 (R. 3643/2011 ), 25/11/2013 (R. 2797/2012 ), 24/02/2014 (R. 732/2013 ).
De otra parte, según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable [ SSTS, entre otras, de 28/06/06 (R. 793/2005 ), 21/07/2009 (R. 1926/2008 ), 16/09/2013 (R. 1636/2012 )].
Tampoco existe cita ni fundamentación de la infracción legal. No existe en todo el cuerpo del escrito de formalización del recurso mención alguna que de forma clara e indubitada haga referencia al precepto o preceptos que el recurrente considere vulnerados por la sentencia que se impugna, ni menos aún existe el imprescindible razonamiento en orden al fundamento o por qué de la infracción atribuida.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ha señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» [ SSTS, entre otras, 22/04/2013 (R. 1048/2012 ), 02/12/2013 (R. 3278/2012 ) y 14/01/2014 (R. 823/2013 ) y 04/02/2015 (R. 3207/2013 )].
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
Para la primera cuestión, invoca de contraste la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo de 1987 , STC 33/87 , R. Amparo 67/87 --seleccionada en escrito presentado el pasado 24 de mayo--, que estima el recurso de amparo del trabajador y declara la nulidad de la sentencia dictada por el TCentral de Trabajo, reconociendo el derecho del solicitante de amparo a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24 CE y en concreto a que no se le produzca indefensión y a obtener un pronunciamiento que verse exclusivamente sobre el carácter regular o irregular de la readmisión realizada por el empresario. Consta que tras dictarse sentencia declarando el despido improcedente, y habiendo optado el empresario por la readmisión y habiéndose ésta producido, el trabajador, solicitó la ejecución de la sentencia al entender que el empresario había incurrido en readmisión irregular. La magistratura dictó auto sustituyendo la no ejecutada condena a la readmisión impuesta en la Sentencia por la imposición del abono al trabajador de la indemnización legalmente tasada. El recurrente sostiene que la sentencia impugnada no habría entrado a conocer del único objeto de estos incidentes de ejecución de Sentencia del despido, consistente en determinar si el empresario ha cumplido o no debidamente lo ordenado en la ejecutoria, en concreto, la obligación de readmisión por la que optó. El TC sostiene que la readmisión se había realizado efectivamente y sólo se discutía su regularidad, por lo que el Tribunal Central de Trabajo ha entrado a conocer de cuestiones distintas a la de la propia ejecución de la Sentencia, como es la de la exigencia de permanencia en el puesto de trabajo del trabajador que se considere «irregularmente» despedido. Al afirmar esto, el Tribunal no sólo está excediendo del objeto propio del proceso de ejecución sino que, además, está lesionando los derechos de defensa del solicitante de amparo, dado la limitación de medios probatorios y de alegaciones que corresponde al procedimiento de ejecución. Concluye que "al entrar así a conocer de un asunto ajeno al propio proceso de ejecución, ha producido objetivamente una indefensión al solicitante de amparo, el cual, por las propias características del procedimiento de ejecución de Sentencia de despido, no ha podido contar con los medios probatorios ni la amplitud de alegaciones y de examen de los hechos que corresponderían a un juicio ordinario".
La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos de hecho y el alcance de las denuncias presentadas. Es sabido que no es suficiente con que el derecho fundamental - y, por ende, el precepto constitucional - invocado sea el mismo, sino que se hace precisa una más minuciosa coincidencia en el sustrato fáctico del que parte para lograr su protección, de acuerdo con la STS 14/11/2014 (R. 1839/2013 ). En la sentencia recurrida la trabajadora reclama el reconocimiento de relación laboral por una empleada del SAS, vinculada a través de nombramientos estatutarios, y que alega que en realidad lo que existía era una contratación temporal eventual que reputa fraudulenta y la Sala declara la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Nada semejante acontece en la de contraste, en la que el trabajador solicitó la ejecución de la sentencia de despido improcedente alegando que la readmisión no se había producido de forma regular. La sentencia impugnada sustituyó la no ejecutada condena a la readmisión impuesta en la Sentencia por la imposición del abono al trabajador de la indemnización legalmente tasada. El TC concluye que se ha excedido del objeto propio del proceso de ejecución, provocando indefensión, dada la peculiar naturaleza del mismo, debiendo limitarse a si resulta o no acreditada la no admisión o la admisión irregular o, en su caso, si la no admisión no es imputable al empresario.
Por lo que se refiere al segundo motivo relativo al fraude en la contratación y por tanto la existencia de relación laboral, invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2013 (Rec 1768/12 ), que declara la nulidad de actuaciones que se reponen al momento de dictar sentencia por el Juzgado de lo Social a fin de que dicho órgano se pronuncie, con libertad de criterio acerca de la existencia o inexistencia de fraude en la contratación existente entre las partes. La demandante prestó servicios por cuenta de la Comunidad de Madrid en virtud de contrato temporal como titulado medio fisioterapeuta sanitario a tiempo completo durante 35 horas desde el 5/11/2008, objeto de prórrogas sucesivas. El 5/5/2010 presentó reclamación previa, solicitando que la relación laboral se considere concertada por tiempo indefinido. Con efectos del 31/12/2008 se le comunica la extinción del contrato suscrito el 5/12/2008. El 28 de diciembre de 2010, las partes suscribieron nombramiento estatutario como diplomado sanitario para realizar servicios de naturaleza temporal. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda por despido en la pretensión principal de nulidad y la subsidiaria de improcedencia, negando que hubiera existido despido, porque se ha iniciado otra relación, la estatutaria, de donde se desprende la existencia de una novación, confirmada en suplicación. Sin embargo, la Sala IV sostiene en relación con el alegado fraude en la contratación que las resoluciones previas han prescindido de la valoración que pueda recaer sobre el tracto negocial habido entre las partes, y esta función de apreciación compete al Juzgado y no a la Sala dada la naturaleza fáctica del fraude.
Es evidente que no existe la contradicción entre las sentencias comparadas al ser diferentes los supuestos de hecho, y el alcance de los debates, sin que por otra parte ninguna de las resoluciones entre a debatir sobre el fondo de la cuestión controvertida. En efecto, en la recurrida se confirma la declaración de oficio de la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la demanda, en la que se pretende, por una trabajadora vinculada al SAS mediante nombramientos eventuales estatutarios, la declaración de improcedencia del despido, con remisión a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, en la de contraste se trata de una demanda de despido y se declara la nulidad de actuaciones con devolución al juzgado de lo social para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de fraude en la contratación laboral temporal, dada la naturaleza fáctica del fraude.
No habiendo presentado la parte escrito de alegaciones, por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS , y sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Manuel Nicolás Martos García de Veas, en nombre y representación de Dª Martina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de fecha 3 de diciembre de 2015, en el recurso de suplicación número 1602/15 , interpuesto por Dª Martina , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de los de Málaga de fecha 31 de marzo de 2015 , en el procedimiento nº 1032/14 seguido a instancia de Dª Martina contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
