Participación de la víctima en el proceso penal de menores
| Autor | Mª Dolores Fernández Fustes |
| Cargo del Autor | Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal Universidad de Vigo |
| Páginas | 65-94 |
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CAPÍTULO III
PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA
EN EL PROCESO PENAL DE MENORES
Mª D F F
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal
Universidad de Vigo
Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN: 2.1. Contenido
de la información. 2.2. Forma y momento de realizar la información. 3. DERECHO
A DENUNCIAR: ESPECIAL REFERENCIA A LA DENUNCIA EN LOS DELITOS
SEMIPÚBLICOS. 4. DERECHO A LA PERSONACIÓN DE LA VÍCTIMA. 5. LA
VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL DE MENORES: 5.1. Fase de instrucción.
5.2. Fase intermedia o de alegaciones: 5.2.1. Escrito de alegaciones del acusador
particular. 5.2.2. Escrito de alegaciones del actor civil. 5.2.3. Revisión del sobreseimiento a
instancia de la víctima. 5.3. Fase de audiencia o de juicio oral.
1. INTRODUCCIÓN
En el sistema de justicia penal, desde que el Estado asumió la titularidad de la
persecución y castigo del hecho delictivo, la víctima fue la gran olvidada. En efecto,
el legislador se preocupó, casi de forma exclusiva, del sujeto activo del delito, esta-
bleciendo en nuestro ordenamiento un amplio sistema de garantías de sus derechos
y relegando un segundo plano a la víctima 1. Como consecuencia de ello, la víctima
no sólo sufría el hecho delictivo, sino que volvía a padecer daños sociales, psíquicos
y económicos derivados, precisamente, de su relación con la Administración de jus-
ticia, que es lo que comúnmente se denomina victimización secundaria.
No obstante, el surgimiento en el plano de la ciencia penal de la victimología,
supuso un incremento en la preocupación y el interés por la víctima, procedién-
dose a la elaboración de programas de asistencia, auxilio e indemnización a la
1 Coincidimos con Díez Riaza, S. y Gisbert Pomata, M. (2017). La protección jurídico procesal
frente a la violencia contra la infancia, en Protección jurídica de las personas menores de edad frente a la violencia
(coord. Martínez García), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, p. 244, en que «la única referencia legal
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misma. Además, numerosos organismos internacionales se han hecho eco de esta
necesidad de dotar a la víctima de una adecuada protección 2. Precisamente, la
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y
la protección de las víctimas de delitos, se ha transpuesto a nuestro ordenamiento
jurídico a través de la Ley 4/2015, de 17 de abril, del Estatuto de la Víctima del
Delito, en adelante LEVD, que incorpora a nuestro ordenamiento interno nor-
mas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas y pretende
dotar a la víctima de un estatuto de protección de sus derechos e intereses en el
proceso penal.
En el proceso penal de menores, la situación de la víctima ha variado desde
la aprobación de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores 3. Así, inicialmente el art. 25 de la LORPM 5/2000, bajo la
rúbrica participación del perjudicado e inexistencia de acción particular y popu-
lar, condicionaba la personación de la víctima en el proceso penal de menores al
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que los hechos estuvieran tipificados
como delitos; b) que se atribuyan a personas que hayan cumplido los dieciséis
años en el momento de la comisión de los hechos; c) que se hubieran cometido
con violencia o intimidación, o con grave riesgo para la vida o integridad física
de las personas. Además, dicha personación permitía una intervención muy limi-
tada en las actuaciones procesales 4, por lo que se podía concluir que la interven-
ción de la víctima en el proceso de menores no era en calidad de parte, como en
2 Así, en el ámbito de la Unión Europea, se han promulgado un conjunto de normas entre las que
podemos destacar: el Convenio Europeo núm. 116, de 24 de noviembre de 1983, sobre la indemnización
a las víctimas de delitos violentos; la Recomendación Nº R (85) 11, del Comité de Ministros del Consejo de
Europa sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y procesal; Recomendación Nº R (87)
21, de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre asistencia a las víc-
timas y prevención de la victimización; la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo de la Unión Europea,
de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal; la Directiva 2011/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata
de seres humanos y a la protección de las víctimas; Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual
de los menores y la pornografía infantil y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protec-
ción de las víctimas de delitos.
3 Sobre la evolución de la situación de la víctima en el proceso penal de menores véanse, entre
otros, De la Rosa Cortina, J. M. (2004). La acusación particular y proceso penal de menores, Revista de dere-
cho y proceso penal, núm. 12, pp. 93 y ss.; Martín Ríos, M. P. (2006). La víctima en el proceso penal de menores
español (Especial referencia a la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre), Anuario de justicia de menores,
núm. 6, pp. 57 y ss.; Revilla González, J. A. (2008). La víctima y el menor infractor, en Proceso Penal de Menores
(coord. González Pillado), Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 75 y ss.
4 En concreto, según el art. 25 LORPM en su redacción inicial:
el perjudicado podrá personarse en el procedimiento, tanto en la fase instructora como en
la fase de audiencia, con las siguientes facultades: Tener vista de lo actuado, siendo notificado de
las diligencias que se soliciten y acuerden; Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo
y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, fa-
miliar y social del menor; Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción, ya
sea en fase de audiencia; a estos efectos el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba
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