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Y que cumpla muchos más?

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Vincent
AutorJulio Picatoste
Cargo del AutorMagistrado (jubilado) - Académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
Páginas299-300
Y QUE CUMPLA MUCHOS MÁS… 91
En diciembre de 1978, el pueblo español, en un gesto ciclópeo, sereno y
esperanzado, decidió expresar en texto de ley suprema las que iban a ser, en
lo sucesivo, sus señas de identidad jurídica y política como Nación y como
Estado. En aquella fecha los españoles nos adherimos a un proyecto de con-
vivencia para organizarnos como Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal como proclama el art.
1º de la Constitución. Innovadora en el constitucionalismo español, nuestra
Carta Magna no es solo una norma reguladora de instituciones y derechos,
sino que se congura también como un verdadero sistema de valores –los
que se acaban de enunciar–; y suma a esa condición una característica de ex-
traordinario alcance, como es su valor normativo que hace de los mandatos
constitucionales materia jurídicamente exigible de los poderes públicos, a
diferencia de otras Constituciones de valor puramente nominal.
En aquel diciembre de 1978 se acometía una reforma, o mejor, una sus-
titución radical del ordenamiento fundamental, y, con ello se sentaba a la
vez el germen de sucesivas modicaciones que habrían de emprenderse para
ir adecuando el ordenamiento jurídico al espíritu de la Carta Magna recién
estrenada. No creo incurrir en hipérbole alguna si digo que lo que entonces
aconteció, y lo que desde entonces ha venido sucediendo, reviste los carac-
teres de una verdadera revolución jurídica. Con razón se ha dicho que la
Constitución signicó simultáneamente una ruptura en cuanto al fondo y
una reforma en cuanto al proceso a través del cual se llevó a cabo. Quienes
ejercemos a diario como aplicadores de leyes, somos cualicados testigos
de la anterior armación. Baste con echar una mirada a institución tan fun-
damental y signicativa para un país como es el proceso penal (auténtico
banco de pruebas del talante de un régimen político) para comprender que
la instauración por la Constitución de un repertorio de libertades públicas
y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a
la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, por citar solo algunos, ha
supuesto un estallido de extraordinaria repercusión en la concepción misma
91 Faro de Vigo, 6 de diciembre de 2003.

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