ATS, 23 de Mayo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Mayo 2023 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala cuarta, (Social) |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 23/05/2023
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 2433/2022
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
Procedencia: T.S.J.GALICIA SOCIAL
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito
Transcrito por: AGH / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2433/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Ángel Blasco Pellicer
D. Sebastián Moralo Gallego
D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
En Madrid, a 23 de mayo de 2023.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín.
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Orense se dictó sentencia en fecha 17 de junio de 2021, en el procedimiento nº 640/20 seguido a instancia de D.ª Gema contra Previsión Española SA de Seguros y Reaseguros, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, GES Seguros y Reaseguros SA, Castrelos Elaboración SLS. COM, Canteras Fernández SL Extracción SCOM, Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, (CASER), FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros A Prima Fija, sobre mejora voluntaria de la seguridad social, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 1 de abril de 2022, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 10 de mayo de 2022 se formalizó por el letrado D. Jorge Ballines García en nombre y representación de D.ª Gema, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 12 de enero de 2023, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012), 22/07/2013 (R. 2987/2012), 25/07/2013 (R. 3301/2012), 16/09/2013 (R. 302/2012), 15/10/2013 (R. 3012/2012), 23/12/2013 (R. 993/2013), 29/04/2014 (R. 609/2013), 17/06/2014 (R. 2098/2013), 18/12/2014 (R. 2810/2012) y 21/01/2015 (R. 160/2014).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013 (R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012), 04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).
La sentencia recurrida confirma la de instancia que desestimó la demanda de la trabajadora en la que solicitaba el abono de la indemnización prevista en el Convenio Colectivo extraestatutario del sector de la pizarra para Ourense y Lugo como consecuencia de la declaración de la actora en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La cuestión controvertida se ciñe a determinar cuándo se entiende producido el riesgo asegurado y si es en el momento en que se declara a la actora afecta de una IP por enfermedad profesional, o si lo es con anterioridad.
Consta que la demandante en las actuaciones fue declarada afecta de incapacidad permanente total por resolución del INSS de fecha 12/02/2016, previo Dictamen del EVI de 27/01/2016, derivada de enfermedad profesional, por padecer silicosis complicada con fibrosis masiva progresiva categoría A. Consta que en el reconocimiento médico realizado a la actora por el servicio de prevención el 25-5-2010 fue declarada apta con limitación para trabajos expuestos a ambientes pulvígenos. En los reconocimientos médicos practicados en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 fue declarada apta para desarrollar las tareas propias de su profesión y puesto de trabajo.
La sentencia de instancia desestimó la demanda partiendo de que el Convenio de aplicación, publicado por Resolución de 21-3-2011, establecía una indemnización para asegurar el riesgo de incapacidad permanente en los grados de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta y de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, si bien a partir del 21-12-2011 no se aseguran los riesgos derivados de enfermedad profesional sino únicamente los derivados de accidente de trabajo. La sentencia parte de que el momento al que ha de estarse es la declaración de la IPT por el INSS, lo que concreta en fecha 27 de enero de 2016, que es el momento en el que se emite el dictamen del EVI, rechazando por lo tanto el abono de la indemnización pretendida porque a esa fecha no existe obligación convencional de asegurar este concreto riesgo.
La demandante alegaba en suplicación que la fecha del hecho causante la su enfermedad profesional debía fijarse en el año 2011 porque al tratarse de una enfermedad profesional va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias, así como que la gravedad de la enfermedad diagnosticada en 2016 no existiría si en el año 2010 se la hubiera apartado del ambiente pulvígeno. La Sala, sin embargo, comparte la argumentación de la sentencia de instancia y partiendo de otra sentencia de la misma Sala sobre el mismo asunto, razona que, como las pólizas suscritas por las compañías aseguradoras demandadas para cubrir este riesgo hasta 2011 no precisaban expresamente la fecha del hecho causante de la contingencia de IP enfermedad profesional, la doctrina general es la de estar a la fecha del dictamen propuesta del EVI, al ser la fecha en que quedan fijadas las lesiones, salvo que exista algún dato que acredite que las mismas se hubieran fijado con anterioridad a dicha fecha. En el caso de autos no existe ningún dato que permita retrotraer la fijación de la fecha del hecho causante al año 2011 ya que la lectura del relato de hechos probados no evidencia la existencia de una silicosis con carácter "invalidante" en ese momento; y en todo caso, y solo a meros efectos hipotéticos, añade la Sala que, si se atendiera al argumento de la trabajadora relativo a que en el año 2011 ya tendría una silicosis, resulta que ello no estaría asegurado por la póliza de convenio, porque esta no asegura la aparición de la enfermedad, sino que la misma sea hasta tal punto invalidante que conlleve una declaración de incapacidad permanente.
Acude la trabajadora en casación unificadora centrando el núcleo de la contradicción en la fecha del hecho causante de la enfermedad profesional a efectos de percibir la indemnización prevista en el Convenio. Invoca de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 07/06/18 (R. 324/17) en la que se debate la posibilidad de reparto proporcional de la responsabilidad en el pago de una prestación de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional cuando esta es susceptible de desarrollo en un periodo de tiempo anterior y posterior al 1 de enero de 2008. La Sala Cuarta estima en parte el recurso de la mutua y declara su responsabilidad compartida con el INSS en proporción al tiempo de aseguramiento por cada entidad antes y después del 1 de enero de 2008. Se reitera la doctrina de que al tratarse de enfermedad profesional el hecho causante no se produce en un momento determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias, por lo que se tiene en cuenta que hasta el 1 de enero de 2008 el trabajador estuvo sometido a los elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional, asegurado por el INSS, y después de esa fecha siguió sometido al riesgo pero siendo la mutua la aseguradora de la contingencia.
No puede apreciarse contradicción entre las sentencias comparadas porque las cuestiones planteadas son distintas al igual que las pretensiones y sus fundamentos. La sentencia recurrida se ha dictado en un procedimiento sobre reclamación de mejora voluntaria prevista en el convenio colectivo por una declaración de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional, sometiéndose a debate cuál es la fecha del hecho causante de la prestación, si la fecha del dictamen del EVI o una anterior. En la sentencia consta que las lesiones por silicosis de carácter invalidante fueron constatadas por primera vez Dictamen del EVI del año 2016 y el convenio colectivo estuvo vigente hasta 2011. La sentencia de contraste se dictó en un proceso sobre reconocimiento de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional en el que resultó condenada exclusivamente la mutua aseguradora del riesgo cuando se reconoció la incapacidad, siendo objeto de debate si en el caso de trabajadores expuestos al riesgo antes y después del 31 de diciembre de 2007 debe prorratearse esa responsabilidad entre el INSS y la mutua que había cubierto la contingencia a partir de aquella fecha. La normativa y jurisprudencia examinada en cada caso tampoco es la misma: doctrina de la Sala IV en materia de interpretación de las pólizas de seguros y sobre la fecha del hecho causante del riesgo asegurado en las pólizas en el caso de autos y arts. 68.3 a) LGSS en relación con los arts. 126.1, 87.3 y 201.1 LGSS en la redacción dada por la Ley 51/2007 en la sentencia de contraste.
No habiendo presentado el recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Jorge Ballines García, en nombre y representación de D.ª Gema contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 1 de abril de 2022, en el recurso de suplicación número 5933/21, interpuesto por D.ª Gema, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Orense de fecha 17 de junio de 2021, en el procedimiento nº 640/20 seguido a instancia de D.ª Gema contra Previsión Española SA de Seguros y Reaseguros, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, GES Seguros y Reaseguros SA, Castrelos Elaboración SLS. COM, Canteras Fernández SL Extracción SCOM, Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, (CASER), FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros A Prima Fija, sobre mejora voluntaria de la seguridad social.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
