ATS, 20 de Septiembre de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 20 Septiembre 2022 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 20/09/2022
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4321/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Procedencia: T.S.J. CASTILLA- LEÓN SALA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano
Transcrito por: AGH / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4321/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Antonio V. Sempere Navarro
D.ª María Luz García Paredes
D. Juan Molins García-Atance
En Madrid, a 20 de septiembre de 2022.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance.
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Soria se dictó sentencia en fecha 18 de junio de 2021, en el procedimiento nº 280/20 seguido a instancia de Dª Berta contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre gran invalidez, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 10 de noviembre de 2021, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 10 de diciembre de 2021 se formalizó por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 20 de junio de 2022, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012), 22/07/2013 (R. 2987/2012), 25/07/2013 (R. 3301/2012), 16/09/2013 (R. 302/2012), 15/10/2013 (R. 3012/2012), 23/12/2013 (R. 993/2013), 29/04/2014 (R. 609/2013), 17/06/2014 (R. 2098/2013), 18/12/2014 (R. 2810/2012) y 21/01/2015 (R. 160/2014).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013 (R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012), 04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).
La sentencia recurrida confirma la de instancia que reconoció a la demandante, con profesión habitual de ayudante de cocina, el grado de incapacidad permanente absoluta con efectos del 10/03/20. Consta que la actora el 07/02/19 causó baja médica por enfermedad común (mialgia y miositis no especificada CIE-9 MC 729.1) y pasó a situación de incapacidad temporal y el 02/12/19 el Sacyl emitió alta médica con informe propuesta de incapacidad permanente pero por resolución de 10/03/20 se le denegó. Padece el siguiente cuadro clínico residual: 1) Lumbalgia crónica secundaria a hernia discal L5-S1 sin afectación radicular; 2) Cambios degenerativos con signos de desecación en los tres últimos espacios discales, sin afectación radicular; 3) Fibromialgia 18/18 y fatiga crónica; 4) Trastorno de adaptación. Y presenta las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: rango de movilidad articular conservado, sintomatología dolorosa en tratamiento con analgésicos de 1º escalón OMS, cansancio, ánimo bajo. Se le ha reconocido un grado de discapacidad del 40% desde el 17/12/19 y 3 puntos de movilidad reducida.
La Sala señala que partiendo del cuadro que presenta, dichas dolencias le limitan para cualquier trabajo, dada la fibromialgia objetivada 18/18 y la fatiga crónica asociada a la misma, las cuales le impiden realizar todo trabajo con las mínimas garantías exigibles.
Disconforme con esta resolución recurre el INSS en casación unificadora centrando el núcleo de la contradicción en si para determinar el grado de IP debe estarse al diagnóstico de las patologías o a la repercusión funcional de las mismas, considerando que la sentencia recurrida ha declarado a la actora en situación de IPA por el solo hecho de estar diagnosticada de SFC e invoca de contraste la sentencia del TSJ de Cataluña de 15/10/2012 (R. 4670/11) que desestimó la demanda de la trabajadora en materia de incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total, con profesión habitual de ayudante de guardería y que padecía artrosis generalizada degenerativa cronofisiológica de predominio en raquis, fibromialgia, fatiga crónica, trastorno de ansiedad sin control psiquiátrico, quiste hepático simple, y posible cardiopatía isquémica en estudio. Del examen de tales patologías, no se desprende que su estado de salud sea incompatible con cualquier actividad laboral, dado que no resulta del inalterado relato fáctico que aquéllas repercutan funcionalmente en la actora. Así, la artrosis no causa limitación alguna, en cuanto a la fibromialgia y la fatiga crónica, solo consta el diagnóstico pero no su repercusión ni que hayan sido valoradas como graves por médico especialista; el trastorno de ansiedad no se encuentra controlado psiquiátricamente, sin que conste, como exige la Jurisprudencia, que el grado sea grave, persistente, y progresivo; por último, respecto al quiste hepático simple y la posible cardiopatía isquémica en estudio, no resultan patologías respecto a las que se pueda inferir el carácter invalidante.
No existe contradicción entre las sentencias comparadas porque hay un dato fundamental que se da en el caso de autos y que no concurre en la de contraste: la actora padece fibromialgia que se ha valorado como 18/18 y fatiga crónica, presentando sintomatología dolorosa en tratamiento con analgésicos de 1º escalón OMS, cansancio y ánimo bajo y consta que se le ha reconocido un grado de discapacidad del 40% desde el 17/12/19 y 3 puntos de movilidad reducida. Sin embargo, en el caso de contraste, si bien se había diagnosticado a la actora de fibromialgia y fatiga crónica, no constaba la repercusión funcional que las dolencias le provocaban porque concretamente en relación con estas dos patologías solo consta el diagnóstico pero no su repercusión ni que hayan sido valoradas como graves por médico especialista, sin que tampoco conste sintomatología dolorosa ni reconocimiento de grado de discapacidad alguno, lo que conlleva la desestimación de la demanda porque no puede estimarse que su cuadro clínico tenga carácter invalidante.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004) y 2/11/2005 (R. 3117/2004) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social" [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007), 22/01/2008 (R. 3890/2006), 17/02/2010 (R. 52/2009)].
Tales razonamientos no resultan contradichos por lo alegado por la recurrente en el trámite de inadmisión que en su escrito insiste en las circunstancias idénticas que concurren en ambos supuestos pero omite toda referencia a las diferencias esenciales existentes entre los mismos, que han sido puestas de relieve en el razonamiento jurídico anterior. De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 10 de noviembre de 2021, en el recurso de suplicación número 535/21, interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Soria de fecha 18 de junio de 2021, en el procedimiento nº 280/20 seguido a instancia de Dª Berta contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre gran invalidez.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
