ATS, 14 de Diciembre de 2017
| Ponente | JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA |
| ECLI | ES:TS:2017:12702A |
| Número de Recurso | 2344/2017 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
A U T O
Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Fecha Auto: 14/12/2017
Recurso Num.: 2344/2017
Fallo/Acuerdo :
Procedencia: T.S.J.PAIS VASCO SOCIAL
Ponente Excmo. Sr. D.: Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Reproducido por: RLT / V
Recurso Num.: 2344/2017
Ponente Excmo. Sr. D.: Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
A U T O
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO SOCIAL
Excmos. Sres.:
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana, Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun, D. Sebastian Moralo Gallego
En la villa de Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana,
Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Bilbao se dictó sentencia en fecha 26 de enero de 2017 , en el procedimiento nº 851/16 seguido a instancia de Dª Herminia contra Diputación Foral de Bizkaia, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 25 de abril de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 30 de mayo de 2017 se formalizó por la Procuradora Dª Mónica Durango García en nombre y representación de Diputación Foral de Bizkaia recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por proveído de 7 de julio de 2017 y para actuar ante esta Sala se tuvo por personado y parte al Procurador D. Francisco Ortiz de Apodaca García en nombre y representación de la recurrente.
Esta Sala, por providencia de 19 de octubre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 (R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (R. 794/2017 ) confirma la sentencia de instancia que estimó la pretensión de la parte demandante, beneficiaria de prestación no contributiva por invalidez (y dependencia), a la que la Diputación Foral de Bizkaia había declarado la extinción de su derecho.
Constan en la recurrida como hechos probados que sido beneficiaria de prestación no contributiva por invalidez tras declaración de dependencia que data del 10-6- 2008. La suma devengada era de 367,90 euros más otros 183,95 euros como complemento para una tercera persona. Fue sido incapacitada judicialmente el 10-7-2015, recayendo su representación un familiar. Convive con su esposo, que aportó en 2016 unos ingresos anuales de 5112 euros, derivados de un subsidio asistencial por desempleo. El 17-3-2016 se acepta la herencia causada por los padres de la actora. El caudal hereditario estaba conformado por una vivienda (Barakaldo) valorada en 130.000 euros y depósitos bancarios en la suma de 17.919,04 euros. No existía pasivo. La actora heredó una sexta parte del total, lo que suma entre el bien inmueble (21.666,66 euros) y los depósitos (2986,51 euros) la cifra de 24.653,17 euros.
Por resolución de la Diputación Foral de Bizkaia el 21-6-2016 se declaró la extinción del derecho a la Pensión de invalidez con efectos remitidos al 1-4-2016. En la resolución se da cuenta de unos ingresos acumulados de 24.853,17 euros, lo que propiciaría un desbordamiento de las rentas máximas que referencian el acceso al derecho (13.134,03 euros).
La Sala declaró que en materia de prestaciones no contributivas para el cálculo de las rentas del beneficiario, no puede computarse el valor del patrimonio heredado sino las rentas que pudiera producir.
Recurre la Diputación Foral de Bizkaia e invoca como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid el trece de octubre de dos mil once (R. 1370/2011 ) que confirma la sentencia de instancia que estimó la impugnación de la resolución de la Gerencia de Servicios Sociales sobre extinción y reintegro de pensión invalidez no contributiva.
No cabe, por tanto, apreciar la existencia de contradicción pues no hay fallos contradictorios ya que en ambos casos el sentido de los fallos de las sentencias contrastadas es favorable a los beneficiarios. A estos efectos tiene declarado la Sala que no hay contradicción en los pronunciamientos de las dos sentencias como exige en todo caso el art. 219 LRJS , cuando vincula la viabilidad del recurso no solo a la igualdad sustancial en los hechos y en los fundamentos, sino que exige también la existencia de pronunciamientos contradictorios en las sentencias comparadas; procediendo recordar al respecto la reiterada doctrina de esta Sala en relación con la exigencia de que la contradicción se produzca entre los pronunciamientos comparados, siendo inaceptable la que solo concurre en relación con las doctrinas que en cada una de las sentencias se pueda mantener. La contradicción se verifica por el contraste entre la parte dispositiva de las sentencias que contienen pronunciamientos diversos respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales, no por la diferente fundamentación jurídica de las resoluciones sometidas a comparación, de forma que es la existencia de fallos contradictorios [«se hubiere llegado a pronunciamiento distintos», sostiene el art. 219 LRJS ] y no la diversidad de ratio decidendi, el presupuesto del recurso extraordinario de casación para la unidad de la doctrina ( SSTS 3/11/08, R. 3566/07 ; 3/11/08, R. 3883/07 ; 6/11/08, R. 4255/07 ; 12/11/08, R. 2470/07 ; y 12/11/08, R. 4367/07 ).
De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido, dándose, en su caso, a la consignación efectuada el destino que corresponda de acuerdo con la sentencia de suplicación.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Diputación Foral de Bizcaia, representada en esta Instancia por el Procurador D. Francisco Ortiz de Apodaca García contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 25 de abril de 2017, en el recurso de suplicación número 794/17 , interpuesto por Diputación Foral de Bizkaia, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao de fecha 26 de enero de 2017 , en el procedimiento nº 851/16 seguido a instancia de Dª Herminia contra Diputación Foral de Bizkaia, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose, en su caso, a la consignación efectuada el destino que corresponda.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
