ATS, 14 de Diciembre de 2017
| Ponente | ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO |
| ECLI | ES:TS:2017:12509A |
| Número de Recurso | 1976/2017 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
A U T O
Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Fecha Auto: 14/12/2017
Recurso Num.: 1976/2017
Fallo/Acuerdo :
Procedencia: T.S.J.CATALUÑA SOCIAL
Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio V. Sempere Navarro
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Reproducido por: RLT / V
Recurso Num.: 1976/2017
Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio V. Sempere Navarro
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
A U T O
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO SOCIAL
Excmos. Sres.:
D. Luis Fernando de Castro Fernandez, Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, D. Antonio V. Sempere Navarro
En la villa de Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro,
Por el Juzgado de lo Social Nº 15 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 12 de abril de 2016 , en el procedimiento nº 402/15 seguido a instancia de D. Vicente contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente en grado de absoluta derivada de enfermedad común, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 17 de marzo de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 17 de mayo de 2017 se formalizó por el letrado D. Javier Moreno Cardona en nombre y representación de D. Vicente , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 23 de octubre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 (R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de marzo de 2017 (R. 416/2017 ) confirma la sentencia de instancia que desestima la demanda del actor en solicitud de declaración de incapacidad permanente.
Consta en la sentencia recurrida que el actor, nacido en 1959, de profesión habitual la de mozo de almacén, carretillero, solicitó la concesión de la prestación por incapacidad permanente en fecha 22 de octubre de 2014 que fue denegada por Resolución del INSS de 23 de diciembre de 2014 en base al dictamen por el ICAM 17 de noviembre de 2014 con el siguiente resultado: secuelas anatómicas y funcionales de antigua fractura abierta de tibia y peroné izquierdo; limitación de movilidad y de la capacidad de carga de la extremidad inferior izquierda. El actor sufría el siguiente cuadro clínico: secuelas anatómicas y funcionales de antigua fractura abierta de tibia y peroné izquierdo; limitación de movilidad y de la capacidad de carga de la extremidad inferior izquierda; claudicación a la marcha distancias cortas.
Recurre el actor en casación unificadora y presenta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de enero de 2012 (R. 2418/2011 ). El actor, nacido en 1952, de profesión habitual oficial pintor, solicitó la prestación; por resolución de 15 de julio de 2010 fue declarado en situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, derivada de enfermedad común, contra la que formuló reclamación previa en solicitud de un grado de absoluta para todo trabajo, desestimada mediante resolución del 12 de agosto. Presenta el siguiente cuadro de lesiones: diabetes mellitus insulinodependiente; arteriopatía periférica con claudicación intermitente a corta distancia; cardiopatía isquémica con ángor de esfuerzo. La Sala de suplicación estimó el recurso declarando al actor en situación de Incapacidad Permanente en grado de absoluta.
El recurrente señala que en ambos supuestos los actores sufren como secuela funcional claudicación a la marcha distancias cortas. Siendo esto cierto, no es suficiente para apreciar la existencia de contradicción, de conformidad con la doctrina anteriormente expuesta, ya que las resoluciones comparadas no se fundamentan de modo exclusivo en tal limitación, sino que tienen en cuenta, de forma global, los cuadros clínicos que presentan los actores, que difieren de forma ostensible (en la recurrida la patología deriva de un traumatismo, y en la referencial de trastornos endocrinos y coronarios) y justifican sobradamente las distintas soluciones alcanzadas.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013 ). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2/11/2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007 ), 22/01/2008 (R. 3890/2006 ), 17/02/2010 (R. 52/2009 )].
De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS , y sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Javier Moreno Cardona, en nombre y representación de D. Vicente contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de marzo de 2017, en el recurso de suplicación número 416/17 , interpuesto por D. Vicente , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de los de Barcelona de fecha 12 de abril de 2016 , en el procedimiento nº 402/15 seguido a instancia de D. Vicente contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente en grado de absoluta derivada de enfermedad común.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
