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Prólogo

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Vincent
AutorA. Daniel Oliver-Lalana
Páginas9-19
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Prólogo
Una porción del sueldo que pagamos a diputados y senadores remu-
nera el trabajo de considerar y discutir públicamente propuestas de ley. La
publicidad de ese debate es un rasgo característico de la producción parla-
mentaria de derecho frente a la mayoría de contextos de decisión jurídica:
cuando en una asamblea representativa se legisla, el procedimiento incluye
algún estadio que posibilita la confrontación pública entre decisores, i.e. entre
quienes, mediante sus votos, han de aprobar, enmendar o rechazar una ini-
ciativa. No ocurre así en los tribunales y órganos administrativos colegiados,
cuyos miembros deliberan en secreto –también cuando legislan–. En la tra-
mitación de una ley, por supuesto, hay previstas de igual forma discusiones
a puerta cerrada (en fase de ponencia, señaladamente); lo singular es que
además las haya públicas, y que su contenido quede registrado en actas o
diarios de sesiones y hasta en grabaciones audiovisuales que cualquiera pue-
de consultar. Esto obedece a una elemental exigencia democrática: los legis-
ladores electos se consideran representantes de la ciudadanía y, como tales,
tienen el deber de exponer –y aun de motivar– ante ella sus posturas sobre
la legislación. El ideal de autonomía que legitima las leyes en una democra-
cia constitucional se desvanecería si no lo hicieran, y otro tanto vale decir
del derecho fundamental de participación política: ambos implican debates
legislativos públicos. Pues bien, al margen de que puedan cumplir otras -
nalidades, ¿podríamos armar que esos debates justican la aprobación (o
el rechazo) de la legislación? O sea, ¿contienen los debates legislativos en el
parlamento una justicación suciente para nuestras leyes?
La pregunta misma acaso suene extraña, porque ni solemos esperar gran
cosa de los debates parlamentarios ni, menos aún, considerarlos un escena-
rio propicio para justicar las leyes. Antes al contrario, tendemos a verlos

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