STS, 10 de Diciembre de 2002
| Ponente | Leonardo Bris Montes |
| ECLI | ES:TS:2002:8275 |
| Número de Recurso | 43/2002 |
| Procedimiento | SOCIAL - 10 |
| Fecha de Resolución | 10 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. ANTONIO MARTIN VALVERDED. MARIANO SAMPEDRO CORRALD. GONZALO MOLINER TAMBOREROD. JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZD. LEONARDO BRIS MONTES
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil dos.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Antonio Benayas Benayas en nombre y representación de RETEVISION S.A. contra la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2001 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de suplicación nº 2946/01, formulado contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2001, dictada por el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, en autos núm. 76/01, seguidos a instancias de D. Juan Luis contra RETEVISION S.A. sobre cantidad.
Ha comparecido en concepto de recurrido el actor, representado por la Letrada Dª Soledad López Puertas.
Con fecha 26 de febrero de 2001 el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid dictó sentencia en la que se declararon probados los siguientes hechos: "1º) El actor D. Juan Luis con DNI núm. NUM000 ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa RETEVISION S.A. desde el 1 de octubre de 1961 en su centro de trabajo de Higuera de la Serena, como vigilante jurado, siéndole aplicable el II Convenio del Ente Público Retevisión. 2º) Con fecha 30 de junio de 1999 fue aprobado el Plan de Recaudación de Plantilla de Retevisión S.A. suscrita por la representación empresarial y el Comité Intercentros S.A. Por resolución de 21 de julio de 1999 dictada por la Subdirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el E.R.E. núm 20/99 se autoriza a la Empresa Retevisión S.A. (...) "la extinción de los contratos de trabajo de un máximo de 269 de sus trabajadores que voluntariamente deseen acogerse al expediente, así como la extinción de los contratos de trabajo de aquellos que opten también voluntariamente, por su baja incentivada en los términos acordados" (...). 3º) El anexo 1º en su apartado 1.5.2 "percepciones garantizadas" recoge: "Se establece la garantía de percepción de la cantidad bruta necesaria para alcanzar el 90% del salario regulador neto desde la fecha de prejubilación hasta alcanzar la fecha establecida en el convenio del E.P. Retevisión para la Jubilación Forzosa". 4º) El actor causó baja en la empresa el 31 de diciembre de 1999, siéndole ofertado conforme al citado E.R.E. la suma de 971.635 ptas. La cuantía indemnizatoria correspondiente calculada al art. 51.8 del ET asciende a 4.604.812 ptas.
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando como estimo la demanda formulada por DON Juan Luis contra RETEVISION S.A. debo condenar y condeno a esta última al abono de 3.632.177 ptas."
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por RETEVISION S.A. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 13 de noviembre de 2001, en la que consta el siguiente fallo: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de RETEVISION S.A., contra la sentencia dictada con fecha 26 de febrero de 2001, por el Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, en sus autos núm. 76/01, seguidos a instancia de D. Juan Luis frente a la mencionada recurrente, en reclamación de CANTIDAD y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia."
Por la representación RETEVISION S.A. se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 11 de enero de 2002, en el que se alega contradicción entre la sentencia recurrida y la dictada el 17 de octubre de 2001 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Rec.- 454/01).
Por providencia de esta Sala de fecha 5 de septiembre de 2002 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte demandada para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.
Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 4 de diciembre de 2002.
El problema planteado en el presente recurso, es si la cuantía mínima de la indemnización concedida al trabajador en el nº 8 del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y art. 14 del Real Decreto 43/96 de 19 de enero, de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 meses, para el supuesto de la extinción de la relación laboral por parte de la empresa autorizada en un expediente de regulación de empleo, rige también cuando se trata de una jubilación anticipada, solicitada voluntariamente por el trabajador, y que fué prevista en un expediente de regulación de empleo, con arreglo a lo pactado en el periodo de consultas entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, según lo prevenido en los nº 4 y 5 del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores. En efecto, las dos sentencias sometidas a comparación en el recurso, la recurrida y la citada como contradictoria por el recurso, la de 17 de octubre de 2001, versan ambas sobre reclamaciones de trabajadores, que lo fueron de RETEVISION S.A. que se jubilaron anticipadamente y de modo voluntario, con arreglo a las condiciones que autorizó el Expediente de Regulación de Empleo aprobado por Resolución de 21 de julio de 1999 de la Dirección General de Trabajo en las condiciones del acuerdo de 30 de junio de 1999 entre la empresa y los representantes de los trabajadores, y que entre otras condiciones prevenía que la empresa garantizara, a los que se prejubilaran voluntariamente el 90% del salario regulado neto, desde la fecha de prejubilación hasta alcanzar la fecha establecida en el Convenio para la jubilación forzosa. En los dos casos contemplados por las sentencias el total garantizado por la empresa no alcanzaba el mínimo del nº 8 del art. 51, por lo que tras solicitar la prejubilación y obtenerla en las condiciones pactadas, ambos trabajadores presentaron demanda solicitando la diferencia entre la cantidad garantizada y el mínimo del nº 8 del art. 58. Ante esta identidad de hechos, pretensiones y fundamentos, las sentencias comparadas mantienen fallos incompatibles entre sí, pues mientras la recurrida confirma la sentencia condenatoria de la instancia, la de referencia, desestima la demanda y absuelve a la empresa demandada. Es pues, claro, que las sentencias son contradictorias en los términos del art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurso, denuncia infracción del art. 51.8 del Estatuto de los Trabajadores. Para una compresión de la cuestión litigiosa, bueno es comenzar por especificar las condiciones económicas pactadas entre empresa y los representantes de los trabajadores en 30 de junio de 1999, y a las que da validez la Resolución de 21 de julio del mismo año que aprueba el expediente de regulación de empleo, y al que se remiten, como es obvio, los hechos probados de ambas sentencias y obran en los fº 20 a 26 de los autos. Estas condiciones son: la determinación del salario regulador, la percepción garantizada del 90% del mismo hasta la fecha de la edad de jubilación forzosa, con el incremento del 2% anual a modo de revalorización, la suscripción con carácter individual de un Convenio Especial con la Seguridad Social y el abono del importe derivado del mismo por la Empresa, la garantía de que en el supuesto de fallecimiento del trabajador prejubilado, revertirán las cantidades pactadas a su viuda e hijos en un 100% y, por último, Retevisión se compromete a realizar las modificaciones necesarias en el Reglamento de su plan de pensiones para acoger la posibilidad de que los trabajadores que causen baja en la Empresa por el Expediente de Regulación de Empleo puedan continuar realizando sus aportaciones como si estuvieran en activo y caso de que no fuera legalmente posible esta modificación se incrementara la cantidad garantizada en el expediente de regulación de empleo en la misma cuantía que venía aportando el promotor en el ejercicio de 1999.
El despido colectivo regulado en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, por una parte implica la autorización a la empresa para rescindir un determinado número de contratos de trabajo, pero por otro obliga a determinados trabajadores a sufrir la rescisión de su relación laboral, estos dos aspectos son generalmente complementarios y la facultad de despedir se corresponde con la necesidad de sufrir un despido, por parte de los trabajadores. Pero en el caso de autos esta correspondencia y complentariedad no se produce más que desde el punto de vista colectivo, ya que en efecto, la autorización concedida a la empresa de extinguir un máximo de 269 contratos de trabajo, obliga al colectivo de trabajadores a padecer esta reducción de plantilla, en el máximo fijado, pero desde un punto de vista individual ningún trabajador queda obligado o constreñido al despido, puesto que su cese en la empresa es siempre voluntario y, por ello, con respecto a cada uno de los trabajadores que cesan no puede propiamente hablarse de despidos, pues este siempre implica la rescisión de la relación laboral por voluntad exclusiva del empresario. La especial situación de los trabajadores que por una parte están sujetos a un despido colectivo y por otro cesan en la empresa por propia voluntad, se advierte en la resolución administrativa, cuando tienen que razonar en su fundamento sexto, sobre la procedencia de otorgar el derecho al desempleo, frente al preceptivo dictamen del INEM, que en su primera versión negaba que procediera concederlo, puesto que no existía una pérdida involuntaria del empleo.
Por otra parte, si en cierto sentido puede afirmarse que de modo remoto la causa del cese del actor en la empresa es consecuencia de un expediente de regulación de empleo y en este sentido es de aplicación en nº 8 del art. 51 y 14 del Real Decreto 43/96 de 19 de enero, no puede ignorarse que la causa próxima de su cese es la voluntaria prejubilación, y así es perfectamente razonable y equitativo que las indemnizaciones establecidas en la resolución que son las del acuerdo de empresa y representantes de los trabajadores de 30 de junio de 1999, especificadas en el fundamento segundo de esta sentencia y que garantizan el paso de la prejubilación a la jubilación forzosa prevalezcan frente al nº 8 del art. 51.
Por último, es de señalar que la solución de esta sentencia, no contradice la doctrina constante de esta Sala de que la indemnización del art. 51.8 es de derecho necesario, sino que se atiene a la excepcionalidad del caso enjuiciado y sigue la orientación y doctrina de la sentencia de 17 de julio de 1989 (Rec.- 3537/87), que en caso prácticamente igual al enjuiciado, en el que mediante un expediente de regulación de empleo se había autorizado la jubilación anticipada de trabajadores con arreglo a lo convenido en el periodo de consultas previas entre empresa y trabajadores, y que fijaba como indemnización el 100% del salario hasta la jubilación ordinaria sin establecer mínimo alguno y la sentencia después de razonar sobre la legitimidad de los acuerdos llevados a cabo en el periodo de consultas concluye afirmando "no puede dudarse por todo lo anterior, de la validez del acuerdo celebrado en 13 de febrero de 1981 entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores para la resolución de la crisis que afectaba en aquel momento a la susodicha empresa".
Lo razonado en los fundamentos precedentes evidencia que la doctrina recta es la seguida por la sentencia de referencia, lo que conduce de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal a estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida, y resolver, según previene el art. 226 de la Ley de Procedimiento Laboral, el recurso de suplicación de que conoce en el sentido de estimarlo, conforme a la doctrina unificada.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina formalizado a nombre de RETEVISION S.A. contra la sentencia de 13 de noviembre de 2001, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que conoció del recurso de suplicación interpuesto por la hoy recurrente contra la sentencia de 26 de febrero de 2001, dictada por el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, en autos instados por D. Juan Luis en reclamación de cantidad. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el recurso de suplicación de que conoce, lo estimamos y con revocación de la sentencia de instancia desestimamos la demanda con absolución de la demandada. Sin costas. Devuélvanse los depósitos constituidos para recurrir tanto en suplicación como en casación.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Leonardo Bris Montes hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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