STS 411/2002, 8 de Marzo de 2002

La sentencia recurrida, además de otros pronunciamientos de contenido absolutorio, condenó a Alfredo y a Roberto como autores de un delito contra la salud pública por transportar el segundo para el primero una bolsa que contenía 1.007 gramos de heroína de un 73,5% de pureza con un valor total en el mercado ilícito de 236.846.400 pts.

Dichos condenados recurrieron en casación por tres y cinco motivos, respectivamente, que examinamos a continuación.

Recurso de Alfredo .

En el motivo 1º de este recurso, al amparo del art. 852 LECr, se alega infracción de precepto constitucional, concretamente del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE. Negó que él hubiera tenido algo que ver con el otro condenado, Roberto , que conducía un coche que venía tras el suyo y en cuyo interior se encontró la heroína antes referida.

Contestamos a sus alegaciones en los términos siguientes.

1. Basta leer el acta del juicio oral para percatarnos de que la Audiencia Provincial de Burgos dispuso de prueba razonablemente suficiente para condenar a Alfredo . Éste fue detenido a la entrada del pueblo e Buniel, domicilio de dicho Alfredo , cuando conducía su coche Audi 100 y llevaba consigo 181.000 pts. y cuando detrás de él, desde Madrid, venía otro vehículo, Fiat Tipo, que llevaba el citado Roberto con la mencionada droga. Fueron muchos los guardias civiles que declararon en el juicio, unos habían participado en las intervenciones telefónicas, otros en el seguimiento de tales vehículos y otros en la detención de los coches y hallazgo de la heroína. Además, en sus declaraciones en el juicio oral, al contestar a las preguntas que le hicieron sobre el contenido de varias de las conversaciones telefónicas escuchadas por la Guardia Civil y en las que él mismo intervino, el propio Alfredo reconoció la realidad de esas conversaciones así como su contenido, aunque dijo que el precio de 150.000 pts. al que él se refería lo era para pagar la señal y el transporte de la ropa que tenía que traer de Madrid, no para pagar ningún transporte de droga.

   Cierto es, como alega el recurrente que en el juicio oral no se procedió a escuchar las grabaciones efectuadas por la guardia civil respecto de las conversaciones telefónicas correctamente intervenidas (nadie ha impugnado la constitucionalidad de estas intervenciones), así como que tampoco se leyeron las correspondientes transcripciones, pero las pruebas practicadas en el mismo acto del juicio oral, repetimos, fueron suficientes para que la sala de instancia dispusiera de material razonablemente suficiente para estimar acreditado que la droga que venía en el coche segundo era transportada en connivencia con el que conducía el primero.

2. Nos dice el recurrente que el tal "Ave", que aparece en las conversaciones telefónicas del día de la detención y del día anterior, era una persona a quien la Guardia Civil pudo haber localizado con facilidad y, sin embargo, nada hizo al respecto, de tal modo que en ningún momento fue implicado en el presente procedimiento. Es claro que, aunque así fuera, ello sólo habría servido para añadir al caso un posible responsable penal más, no para excluir la responsabilidad de Alfredo .

3. También denuncia aquí el recurrente un error en la sentencia recurrida, en relación con el hecho de afirmar que Alfredo conocía de antes a Roberto por el hecho de haber estado juntos en prisión. Parece cierto que las declaraciones de este en el juicio oral (folio 718) se refieren al conocimiento entre ambos a raíz de la detención de los dos el 5.4.97, no a que hubieran estado los dos en la misma prisión con anterioridad a dicha fecha. Pero tal error carece de relevancia, pues nada tiene que ver con las pruebas practicadas en el juicio oral, antes referidas, suficientes para condenar a Alfredo como acabamos de decir.

4. Afirma aquí también la defensa del recurrente Alfredo que hubiera sido mas prudente que la Guardia Civil, en lugar de detener a éste a la entrada del pueblo, hubiera esperado a que entraran en contacto y detener a los dos juntos, o a que se separaran definitivamente, con lo cual se habría podido acreditar la inocencia de dicho Alfredo .

   Pero lo cierto es que los hechos ocurrieron tal y como la Policía Judicial lo había proyectado, sin duda de conformidad con la mayor facilidad de controlar el tráfico en la carretera, mejor que en las calles del pueblo. En todo caso, los hechos ocurrieron como nos dice la sentencia recurrida y existe contra Alfredo la prueba a la que hemos hecho ya referencia.

En el motivo 2º, por la misma vía del art. 852 de la LECr, se aduce otra vez infracción de precepto constitucional ahora con relación al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y también a la presunción de inocencia, del art. 24.1 y 2 de la CE.

Se alega que la prueba pericial para declaración en el juicio oral de quienes habían practicado los análisis de la droga en el sumario, que la sala de instancia admitió, si bien para practicarse en Madrid como prueba anticipada, se practicó ante una sección de la Audiencia Provincial de esta última ciudad sin haber sido citada para su práctica, se dice, la parte que la había propuesto (la defensa de Alfredo ) y sin que su resultado fuera leído en el plenario.

Tiene razón el Ministerio Fiscal cuando impugna este motivo 2º haciendo una breve historia de lo ocurrido en el trámite del juicio oral con esta prueba pericial.

Había sido propuesta por las dos defensas de quienes en definitiva fueron condenados (folios 116 y 124 del rollo de la Audiencia Provincial), respecto de lo cual se acordó su práctica como prueba anticipada librándose el correspondiente exhorto a la Audiencia Provincial de Madrid, sin oposición de ninguna de las partes que la habían propuesto. Correspondió la tramitación de ese exhorto a la Sección Sexta de tal Audiencia que señaló día para dicha práctica, lo comunicó a la Audiencia Provincial de Burgos para que ésta citara a las partes (folios 190 a 192) y se citó a éstas en Burgos, concretamente a la parte que ahora recurre (folio 195). Luego, el día señalado -10.1.2000- se celebró en Madrid la comparecencia de las dos peritos y del Ministerio Fiscal sin que asistiera nadie en representación y defensa de ninguno de los acusados (folio 521). Devuelto el exhorto así cumplimentado, en Burgos se dio vista a las partes (folio 522), concretamente al procurador de Alfredo (folio 530), sin que nadie alegara nunca nada contra el mencionado cumplimiento del referido exhorto.

Por tanto, no es cierto que se practicara la mencionada prueba sin citación de esta parte ahora recurrente, y, por otro lado, la práctica como anticipada de la prueba, realizada en cumplimiento de exhorto a la Audiencia Provincial de Madrid, sin oposición ni protesta alguna por ninguna de las partes, convierte a esta prueba en apta para servir como de cargo contra los acusados. Y esto aunque no fuera leída en el juicio oral, pues quedó incorporada al trámite de dicho juicio, al haberse recibido el exhorto cumplimentado de Madrid y al haberse dado vista del mismo a las partes (folios 522, 528 y 530).

Tampoco puede prosperar este motivo 2º.

En el motivo 3º de este recurso de Alfredo se alega, al amparo del nº 1º del art. 849 LECr, infracción de ley, concretamente de los arts. 123 CP y 240 LECr en materia de costas.

Se dice que en lugar de a 1/12 de las costas Alfredo tenía que haber sido condenado a 1/18, habida cuenta del número de acusados y delitos por los que se acusó a los diferentes procesados y a la existencia de uno declarado en rebeldía (Silvio ), acusado, se dice, de tres delitos. En realidad, el rebelde está acusado, en esas conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal (folios 103 y 104) no por tres delitos, sino por cuatro. Pero esto carece de relevancia.

La Audiencia Provincial entendió que, excluyendo el delito de tenencia ilícita de armas (apartado D del folio 103), único por el que era acusado en exclusiva el mencionado rebelde, quedan seis delitos imputados al resto de los procesados. De estos seis de dos se acusó a Alfredo , por uno se le condenó y por el otro fue absuelto. Es decir, sólo se le condenó, junto con otro -Roberto - por uno de esos seis delitos. De aquí, sin duda, procede ese cálculo de 1/12 partes, cuota de las costas por la que fue condenado Alfredo , aunque la sentencia recurrida nada razona sobre este extremo.

Lo que ahora carecería de sentido es devolver la sentencia a la sala de instancia para que nos dijera de dónde sacó esa cuota de 1/12 partes: produciría una dilación innecesaria, aparte de que nadie ha pedido esta devolución.

Conviene añadir aquí que a esta Sala le parece más que justificada esa condena en costas contra Alfredo relativa al pago de 1/12 de las mismas, sobre todo si tenemos en cuenta que la forma de reparto de las costas conforme al número de delitos por los que se acusó y de acusados respecto de cada uno de tales delitos no constituye una imposición legal, sino un uso judicial comúnmente observado y avalado por esta sala del Tribunal Supremo.

Pero este uso generalizado puede tener excepciones cuando la intervención de alguno de los acusados tiene singular relevancia con relación a otros, por su mayor intervención en los hechos y un consiguiente mayor número de actuaciones judiciales derivadas de su conducta criminal y determinantes de un mayor gasto procesal. Y esto precisamente es lo que ocurrió aquí con Alfredo , eje alrededor del cual giran las más importantes actuaciones judiciales en la presente causa, persona cuyo teléfono intervenido y cuya intervención propició otra intervención posterior, así como el conocimiento de las actuaciones de otros, siendo en definitiva Alfredo el condenado como principal responsable del único delito por el que, hasta ahora, se ha condenado en la presente causa, tal y como veremos a continuación al examinar el otro recurso objeto de esta alzada.

Véanse las sentencias de esta sala de 14.10.88, 13.2.92 y 1.2.2001, entre otras, que se refieren a estos casos en que está justificado condenar a la persona que con su conducta ocasionó mayores gastos judiciales, en relación a otros también acusados en el mismo proceso, al pago de una cuota superior del total de las costas devengadas.

También rechazamos este motivo 1º del recurso de Alfredo .

Recurso de Roberto .

En este recurso, en sus cinco motivos, se plantean dos cuestiones:

1. La relativa a la afirmación de Roberto en el juicio oral de que él creía que lo que traía en el coche era hachís, no heroína.

2. Si concurre una circunstancia atenuante analógica por el 68% de cociente intelectual del recurrente, así como la duración de la pena de prisión.

1. A la primera cuestión aluden los tres motivos primeros. Ahora vamos a referirnos al 1º y 3º conjuntamente.

En el motivo 1º, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ (podía haberse utilizado ahora el más específico del art. 852 LECr, como se hace en el recurso de Alfredo ), se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE en relación a un extremo muy concreto: se dice que no hubo prueba sobre el conocimiento por parte de Roberto de la clase de droga que transportaba. Este procesado dijo en el juicio oral que creía que lo que traía en el coche que él conducía era hachís cuando luego resultó ser heroína.

El motivo 3º se plantea como una consecuencia del 1º. Si Roberto creía que lo que transportaba era hachís, eliminada de los hechos probados la afirmación de que conocía la naturaleza de la droga que traía (heroína), habría de aplicarse al caso el art. 14.2 CP, cuya inaplicación se denuncia aquí por la vía del nº 1º del art. 849 LECr, y, por tanto, habría de reducirse su condena a la correspondiente al tipo básico del art. 368 (droga que no causa grave daño a la salud).

2. Ciertamente, de aplicarse al caso el mencionado art. 14.2, la consecuencia habría de ser ésta. Dice esta norma penal que el error sobre un hecho que cualifique la infracción o constituye una circunstancia agravante impide la aplicación del tipo cualificado o de la agravante correspondiente.

   El dolo, como elemento subjetivo del tipo en los delitos dolosos, requiere conocimiento y voluntad respecto de todos y cada uno de los elementos objetivos de la infracción y, en su caso, de la agravante correspondiente. En el art. 368, con relación al tipo cualificado (sustancia que causa grave daño a la salud) tal conciencia y voluntad han de abarcar a ese hecho del cual se deriva la aplicación de esa infracción penal cualificada: ha de conocer el sujeto lo que es objeto de su tráfico ilícito, de tal manera que si, como se alega en el caso presente, una persona trae en su coche heroína en la creencia de que se trataba de hachís, faltaría el dolo respecto de la figura cualificada del art. 368 que sólo abarcaría la del tipo básico.

   El art. 14.2 C.P., al que nos venimos refiriendo, contempla ese elemento particular del dolo desde la perspectiva de su falta: el error sobre un hecho que cualifica la infracción equivale a la inexistencia de dolo respecto de este elemento fáctico cualificador del delito. La existencia de esta clase de error, sea vencible o invencible, determina la exclusión del tipo cualificado y la consiguiente aplicación del básico (STS 7.7.95, 25.2.97, 16.4.97, 25.3.98 y 27.6.2000, entre otras).

   La presunción de inocencia del art. 24.2 CE, única regla en nuestro derecho procesal penal sobre la carga de la prueba, impone a la acusación la carga de acreditar también los datos de hecho configuradores del dolo como elemento subjetivo del delito. Cuando, como aquí ocurrió, se cuestiona por la defensa la concurrencia de algún extremo fáctico configurador del dolo, ha de quedar probada tal concurrencia para la aplicación de la correspondiente infracción penal.

   En esto tiene razón el recurrente, pero no en cuanto a la aplicación de esta doctrina al caso presente. Veámoslo.

3. Ocurrió aquí que Roberto , que nunca había dicho antes nada al respecto (folios 426, 782 y 2.009 del sumario), al contestar a las preguntas de su defensa -se había negado a contestar a las del Ministerio Fiscal- dijo que no llevaba heroína sino hachís, añadiendo que él no lo había guardado.

   Ante esto, su defensa, que en calificación provisional se había limitado a pedir la absolución y, subsidiariamente, la aplicación de una eximente incompleta por su bajo cociente intelectual, sin decir nada sobre el mencionado art. 14.2 CE, modificó tal calificación y pidió en sus conclusiones definitivas la aplicación de esta norma penal (art. 14.2).

   Es decir, nada se había dicho antes sobre el hecho de que Roberto creyera que llevaba hachís en lugar de la heroína que efectivamente fue encontrada dentro del coche que él conducía (sobre la realidad de este hallazgo no se ha planteado cuestión).

   Así las cosas, entendemos que es correcto que el Tribunal de instancia no creyera lo que en dicho acto del juicio oral dijo el acusado.

   Ciertamente que el procesado no tiene la carga de probar el error que alega. Ya hemos dicho antes cómo el error es simplemente el reverso del dolo como elemento del delito, y cómo la acusación tiene la carga de probar la concurrencia de todos los elementos constitutivos de la infracción punible, también de los elementos subjetivos.

   Pero si alguien manifiesta haber padecido tal error (creencia de que llevaba hachís en lugar de la heroína que efectivamente transportaba), es claro que, al menos, tiene que decir a la sala el porqué de tal creencia equivocada, para que, al valorar la prueba, pudiera sopesar las razones esgrimidas al respecto para dar o no crédito a esa manifestación. Decir simplemente que se tiene ese error, sin expresar por qué se produjo, no puede tener relevancia alguna: pudo el Tribunal de instancia entender que se trataba de una alegación más de las muchas que hacen los acusados en relación con cualquier hecho que creen que les puede beneficiar.

   Tenía razones la Audiencia Provincial para dar como probado el hecho de que Roberto actuó con conocimiento de la naturaleza de la droga (heroína) que llevaba en su coche.

   Muy importante, sin duda, es el dato de que Roberto nada dijera sobre su pretendido error hasta el mismo momento del juicio. Es inexplicable que, si realmente tenía esa creencia equivocada, dada la gran diferencia que hay entre llevar hachís y llevar heroína, de todos conocida (aunque sólo sea por ser de muy diferente valor en el mercado ilícito), él nada dijera sobre esto hasta el momento del juicio oral, particularmente en su indagatoria (folio 2.009, antes citado), donde a presencia de su letrado, tras serle notificado el auto de procesamiento donde aparecía, como elemento para él más relevante, que en el coche que conducía se encontraron 1.007 gramos de heroína de un valor superior a los 236 millones de pesetas, nada dijera sobre su creencia de que era hachís lo que llevaba, limitándose entonces a expresar que no deseaba hacer ninguna manifestación por acogerse a su derecho constitucional a no declarar y sin que su letrado, allí presente, efectuara ninguna pregunta, tal y como consta expresamente en dicha declaración.

   Si a este dato tan relevante añadimos el relativo al hecho de no haber dicho nunca nada acerca de las razones por las que había tenido esa importante equivocación en cuanto a la clase de droga que transportaba, entendemos que la Audiencia Provincial dispuso de prueba de indicios para dar como hecho probado que tenía pleno conocimiento de la naturaleza de la droga que fue hallada en el vehículo que él se encontraba conduciendo cuando la guardia civil le detuvo después de intentar huir y tras haber tenido un accidente con dicho coche en tal huida.

   En el escrito de recurso nos dice el letrado recurrente que la Audiencia Provincial tenía que haber creído las manifestaciones de Roberto relativas a su error sobre la droga transportada por el hecho de que él no era propietario de la misma y porque ésta se encontraba oculta y bien tapada de modo que no pudo percatarse de sus características. Entendemos que estos dos datos nos conducen a lo sumo a la prueba, no de que creyera que era hachís lo que llevaba, sino al hecho de que Roberto no supiera qué clase de droga había dentro del coche, es decir, nos conducirían a que, en base a tal doble circunstancia, el tribunal pudiera haber estimado que Roberto pudo no saber que llevaba heroína, esto es, pudo tener duda, por no haberse cerciorado suficientemente, sobre la clase de droga que transportaba.

   Pero la duda no es error. La duda eliminaría el dolo directo sobre este extremo, pero no el dolo eventual (aplicable en estos casos, véanse las sentencias de esta sala de 25.2.97 y 27.6.2000). Quien transporta droga sin saber qué clase de droga, acepta que pueda tratarse de una droga gravemente dañosa para la salud.

   En definitiva, saber que se trae droga, sin conocer su naturaleza, lleva consigo la aceptación del resultado que realmente pueda producirse. En este caso hay que entender que Roberto aceptó llevar la heroína, que es lo que efectivamente transportaba, en el supuesto de que, en la hipótesis patrocinada en el desarrollo de este motivo 1º, por no ser el dueño de la mercancía ilícita y por no haber podido observar lo que contenían las bolsas que transportaba, hubiera de llegarse a la conclusión, no de que creyera que llevaba hachís, sino de que pudiera haber dudado acerca de la naturaleza de la droga que transportaba. Todo ello por aplicación a este caso de la mencionada doctrina sobre el dolo eventual.

   Rechazamos estos motivos 1º y 3º del recurso de Roberto .

También con relación a este primera cuestión, la relativa al pretendido error sobre la clase de droga transportada, se plantea el motivo 2º del recurso de Roberto al amparo del nº 2º del art. 849 LECr. Se pretende que hubo error en la apreciación de la prueba cuando la sentencia recurrida afirma que Alfredo y Roberto se conocían antes de los hechos que han sido objeto del presente procedimiento y la sentencia recurrida utiliza este dato como un elemento más para tener como acreditado el conocimiento por parte de Roberto de la existencia de la droga y de su naturaleza (página 14, apartado a).

Prescindiendo que no cabe aplicar este art. 849.2º al caso presente, porque los documentos que se señalan, como bien dice el Ministerio Fiscal, no tienen aptitud para probar por sí mismos el error de la mencionada afirmación de la sentencia recurrida, esta sala no tiene inconveniente en admitir como cierto, como ya hemos dicho, que la Audiencia Provincial se equivocó al dar como probado que Roberto y Alfredo se habían conocido en prisión antes de ser ambos detenidos por los hechos de autos.

Pero este dato es totalmente irrelevante. No alcanzamos a entender cómo ese supuesto conocimiento previo entre los dos puede tener relación con la existencia o no de ese error de Roberto sobre la clase de droga que transportaba. Ya hemos dicho en el fundamento de derecho anterior por qué consideramos adecuado que la Audiencia Provincial no hiciera caso de la afirmación de Roberto relativa a que creía que lo que transportaba era hachís, y no es necesario extendernos más sobre este extremo.

Hay que desestimar también este motivo 2º.

Pasamos ahora al examen de la segunda cuestión de las que plantea Roberto en su recurso, que se propone en el motivo 4º, en el que, con base en el nº 1º del art. 849 LECr, se alega infracción de ley por no haberse aplicado al caso la circunstancia atenuante analógica, 6ª del art. 20, en consideración a la oligofrenia en grado de debilidad mental que padece este procesado.

Ha de estimarse.

Como bien dice el escrito de recurso, hemos de acudir al fundamento de derecho 11º de la sentencia recurrida para encontrar la base fáctica en que este motivo de casación se funda, conforme a reiterada doctrina de esta sala que permite acudir a tales fundamentos cuando en éstos se dan como probados elementos fácticos relevantes para el fallo, como aquí ocurrió.

En tal fundamento de derecho 11º, al razonar sobre la inexistencia de una eximente incompleta y de una atenuante analógica en relación con la imputabilidad de Roberto , se hacen unas afirmaciones, recogidas del informe psicológico que prestaron, a propuesta de la parte aquí recurrente, dos psicólogas del equipo correspondiente del Juzgado de Menores de Burgos, como prueba anticipada y luego ratificada en el acto del juicio oral por sus autoras. Estas afirmaciones, por lo que aquí interesa, las sintetizamos diciendo que la propia sala de instancia admite que nos encontramos ante un procesado que tiene un cociente intelectual del 68% cuando la normalidad se sitúa entre el 70 y el 100%.

La doctrina de esta sala, afianzada en los últimos años (sentencia de 20.5.88, 5.10.89, 4.12.89, 14.10.94, 30.11.96, 31.7.98, 31.1.2000, 21.9.2000 y 6.4.2001, entre otras muchas) viene reconociendo una eficacia distinta a las oligofrenias según su grado o profundidad: exención de responsabilidad en casos de cocientes intelectuales muy bajos (inferior al 25%), eximente incompleta en casos menos severos (del 25 al 50%) y sólo atenuante analógica (ente el 50 y el 70%), de modo que por encima de este límite (70%) nos encontramos ya en casos que se vienen considerando como de normalidad intelectual y, por consiguiente, de responsabilidad penal plena. Con la salvedad de que la concurrencia de la oligofrenia con alguna otra anomalía psíquica puede potenciar la eficacia atenuante de esta enfermedad mental.

Así las cosas, entendemos que la sentencia recurrida fue acertada en cuanto que rechazó la eximente incompleta, pero no en cuanto que desestimó la atenuante analógica que se pidió en la instancia, petición que ahora se reproduce en casación en este motivo 4º. Admitido por la propia Audiencia Provincial ese cociente intelectual del 68% no cabe otra opción, conforme a la jurisprudencia mencionada, que reconocer la concurrencia de la atenuante analógica, 6ª del art. 21, en relación con el nº 1º del mismo art. 21 y nº 1º del art. 20, todos del CP, en atención a la voluntad debilitada del sujeto, consecuencia de su debilidad mental, que le hacía más vulnerable a la manipulación por parte de otras personas.

Tal apreciación lleva consigo la rebaja de la pena en la cuantía solicitada por el recurrente, desde los diez años de prisión a los nueve, que son el mínimo legal permitido en estos casos de aplicación del art. 369 en relación con el 368 cuando se trata de estupefacientes que causan grave daño a la salud, con lo cual se alcanza una pena inferior a la impuesta a Alfredo , que parece más adecuada a fin de no sancionar igual al destinatario de la droga (Alfredo ) y al mero transportista que se prestó a ello por dinero (Roberto ).

Con lo antes expuesto, estimamos el motivo 4º, con lo cual el 5º, relativo a la cuantía de la pena, queda sin contenido.

III.

Los de la mencionada sentencia de instancia, salvo que, por lo expuesto en el último de los fundamentos de derecho de la anterior sentencia de casación, ha de apreciarse en el procesado Roberto la circunstancia atenuante analógica del nº 6º del art. 21 en relación con el nº 1º del mismo art. 21 y el nº 1º del art. 20, todos del CP.

Los demás de las referidas sentencias de instancia y de casación.

CONDENAMOS a Roberto , como autor de un delito contra la salud pública relativo a tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia con una circunstancia atenuante, a la pena de nueve años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y multa de doscientos cincuenta millones de pesetas (250.000.000 pts.- 1.502.530,3 ¤-).

Con los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida y anulada.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Joaquín Delgado García Cándido Conde-Pumpido Tourón Juan Saavedra Ruiz José Ramón Soriano Soriano José Aparicio Calvo-Rubio

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado García, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.