STS, 11 de Octubre de 2005
| Ponente | ANTONIO MARTIN VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2005:6104 |
| Número de Recurso | 162/2004 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
ANTONIO MARTIN VALVERDEGONZALO MOLINER TAMBOREROJESUS GULLON RODRIGUEZMANUEL IGLESIAS CABEROJOSE MARIA BOTANA LOPEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil cinco.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuesto por LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON (Departamento de Educación y Ciencia), representada y defendida por la Letrada Dña. Gloria Melendo Segura, contra la sentencia dictada en recurso de suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 24 de noviembre de 2003 (autos nº 1554/2002), sobre RECLAMACION DE CANTIDAD. Es parte recurrida DON Luis Andrés, representado y defendido por el Letrado D. Alvaro de Lasala Lobera y EL COLEGIO ESCUELAS PIAS, representado y defendido por el Letrado D. Pedro Gil Frias.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha dictado la sentencia impugnada en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2003, por el Juzgado de lo Social nº 3 de Zaragoza, entre los litigantes indicados en el encabezamiento, sobre reclamación de cantidad.
El relato de hechos probados de la sentencia de instancia, es el siguiente: "1.- El actor Don Luis Andrés, cuyas circunstancias personales constan en autos, presta servicios profesionales para el Colegio codemandado, colegio concertado, como profesor de educación primaria, desde el 17 de septiembre de 1976 con jornada lectiva de 25 horas semanales y salario mensual del desglose que es de ver en el hecho segundo de la demanda que se da pro reproducido. 2.- El artículo 61 del IV Convenio Colectivo para empresas sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, señala que los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa tendrán derecho a una paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. Con anterioridad, los Convenios Colectivos Nacionales de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos fijaban un premio de jubilación, que desde 1997 (III Convenio Colectivo de los referidos) ascendía a una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido al tiempo de la jubilación habiendo desaparecido tal premio en el IV Convenio Colectivo ya referido. El referido premio por jubilación vino siendo abonado a los profesores afectados por el Ministerio de Educación y Ciencia y por Diputación General de Aragón desde la efectividad de la transferencia de la competencia en materia educativa y hasta el 17-10-2000. Con anterioridad a la efectividad de la transferencia ya referida, se abonaba por el Ministerio de Educación. 3.- Por sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 30-10-2001 en procedimiento 587/01 seguido por demanda en materia de conflicto colectivo promovido por la Federación de Sindicatos Independientes de Aragón (FSIE ARAGON), contra Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Ciencia, Confederación Española de Centros de Enseñanza de Aragón, Unión Sindical Obrera y Educación y Gestión se declaró "que la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el IV Convenio Colectivo de Empresas de enseñanza privada sostenidas con fondos públicos, tiene carácter salarial, y declaramos el derecho a percibirla por los docentes de los niveles concertados de Aragón que trabajan en dichas empresas, y a la obligación de la Administración autonómica a abonarla, mediante pago delegado en forma y cuantía legal, tal y como se explica en el anterior último fundamento". Se da por reproducido el fundamento de derecho sexto de la sentencia. Deducido recurso de casación, por la sala IV del Supremo en sentencia de fecha 17-12-2002 se desestimó el mismo. Se da por reproducida la sentencia dictada así como la de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya citada. 4.- El actor cumplió en el año 2001, 25 años de antigüedad en la empresa codemandada, ascendiendo el monto de la paga por antigüedad que no le ha sido abonada, a 7.966,15 euros sin inclusión de prorrata de pagas extraordinarias. 5.- Por el actor se dedujo reclamación previa. 6.- El Colegio codemandado, sujeto a régimen de concierto, acredita para el ejercicio 2002, un total de 30 unidades concertadas, según consta en certificación obrante en autos. 7.- En el ejercicio de 2002, la cantidad global presupuestada correspondiente a gastos variables de personal con arreglo a módulos económicos por unidad concertada establecidos en los correspondientes Presupuestos Generales del estado, y en atención a las unidades concertadas por el centro escuelas Pías, asciende a la suma de 125.802,72 euros. La cantidad pagada por la Administración codemandada por los gastos variables de personal docente de dicho centro durante la totalidad del ejercicio y por los conceptos trienios por antigüedad consolidada de la plantilla docente y su repercusión en las cuotas de la seguridad social, y obligaciones derivada de lo establecido en el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, obligaciones derivadas de función directiva docente reconocida y sustituciones autorizadas por el departamento, ascendió a 150.914,68 euros. 8.- Por acuerdo adoptado por la Comisión paritaria del Convenio colectivo aplicable, de fecha 20-11-2000 se estableció que en la paga extraordinaria por antigüedad se tuvieran en cuenta a los efectos de su cuantificación, los importes de los salarios que se vinieran percibiendo en el momento del devengo, así como antigüedad y complementos específicos de carácter salarial".
El fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda promovida por D. Luis Andrés contra DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y COLEGIO REVERENDOS ESCOLAPIOS, debo condenar y condeno solidariamente a las codemandadas a que abonen al actor la suma de 7.966,15 euros sin recargo por demora".
El relato de hechos probados de la sentencia de instancia ha sido mantenido íntegramente en la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, hoy recurrida en unificación de doctrina, siendo la parte dispositiva de la misma del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de Suplicación nº 671 de 2003, ya identificado antes, y confirmamos la sentencia recurrida, con imposición de las costas causadas por su recurso, en cuantía legal, a la Administración recurrente".
La parte recurrente considera contradictoria con la impugnada en el caso la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1999. Dicha sentencia contiene los siguientes hechos probados: "1º).- La actora presta sus servicios como Profesora en el Centro Concertado de E.G.B. "Academia Santa Teresa", desempeñando la función de Jefe de Estudios desde septiembre de 1994 y al menos hasta el mes de mayo de 1996; 2º).- A la actora no se le han abonado las cantidades correspondientes al complemento fijado por Convenio Colectivo para el desempeño de la mencionada función y que en la actualidad asciende a 28.146 ptas. y 1482 ptas. por complemento funcional sobre salarios y trienios (por los SIETE MESES comprendidos desde Junio de 1995 a Diciembre de 1995 y DOS PAGAS EXTRAORDINARIAS, correspondientes al año 1995) y para el año 1996 asciende a 27.622 ptas. y 1.455 ptas. por complemento funcional sobre salario y trienio (por los CINCO meses comprendidos desde Enero de 1996 a Mayo de 1996); 3º).- Se agotó la vía previa; 4º).- La demanda se presentó el 06.09.96". En la parte dispositiva de la misma se estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la JUNTA DE ANDALUCIA contra la sentencia dictada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de fecha 17 de abril de 1998.
El escrito de formalización del presente recurso lleva fecha de 29 de enero de 2004. En él se alega como motivo de casación al amparo del art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, contradicción entre la sentencia reseñada en el antecedente de hecho anterior y la ahora impugnada en el caso. Alega también el recurrente infracción de los arts. 49.2.3 y 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio de Ordenación General del Sistema Educativo, (hoy art. 76.3 y 6 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación) y arts. 12 y 13 del Real Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, en relación con el art. 13 de la Ley 23/2001 de 27 de diciembre y Anexo IV de la misma Ley. Finalmente alega quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.
El recurrente ha aportado la preceptiva certificación de la sentencia del Tribunal Supremo, que considera contradictoria a los efectos de este recurso.
Por Providencia de 5 de febrero de 2004, se tuvo por personado e interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Pasados los autos al Magistrado Ponente, se admitió a trámite el recurso. Personadas las partes recurridas, les fue efectuado el correspondiente traslado del recurso.
Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, dictaminó en el sentido de que interesa la desestimación del recurso. El día 4 de octubre de 2005, previamente señalado al efecto, tuvieron lugar la votación y el fallo de la presente resolución.
La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar si la Diputación General de Aragón debe abonar o no al demandante, profesor de educación primaria de un colegio privado de enseñanza en régimen de concierto educativo, la "paga extraordinaria por antigüedad" establecida en el art. 61 del IV convenio colectivo nacional de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (2000). Esta paga ha de abonarse a los empleados que acreditan en la empresa un tiempo de servicios de 25 años. El importe de la misma se calcula multiplicando la cantidad correspondiente a un mes de retribución por el número de quinquenios cumplidos, cifrándose en el caso en 7.966'15 euros. El actor cumplió el tiempo de servicios exigido en 2001, reclamando la cantidad correspondiente en 2002.
El nudo de la cuestión radica, según el planteamiento de la Diputación de Aragón, en que los créditos con destino al centro concertado establecidos en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2002, en concepto de retribución variable del personal, se habían sobrepasado en el citado ejercicio ; y que, de acuerdo con la legislación educativa sobre sostenimiento de centros concertados, tales créditos presupuestados operan en determinadas circunstancias como suma de responsabilidad del pago delegado de las retribuciones de los empleados del centro a cargo de la Administración que haya suscrito el concierto educativo. En concreto, el art. 49.6 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dice lo siguiente: "La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios" fijadas en el "módulo económico por unidad escolar".
La sentencia recurrida ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social, la cual había reconocido el derecho al concepto retributivo reclamado. El razonamiento de la Sala de lo Social de Aragón invoca en primer lugar varios preceptos de la legislación educativa concerniente al alcance de la responsabilidad de las Administraciones públicas en el sostenimiento de los centros concertados (art. 49 de la LODE, art. 76 de la LO 10/2002 que sustituye al anterior, art. 51 de la LODE, art. 11 RD 2377/1985). Tras esta presentación de preceptos argumenta la sentencia recurrida que la decisión adoptada encuentra apoyo en nuestra sentencia de conflicto colectivo de 17 de diciembre de 2002, relativa también a la paga extraordinaria de antigüedad en la enseñanza concertada en la comunidad autónoma de Aragón. Viene a decir la resolución impugnada que la partida retributiva objeto de controversia tiene carácter salarial ; que tal cualidad no se daba en un concepto remuneratorio existente en el sector antes del IV convenio colectivo (2000) inspirado en el mismo propósito de premiar una larga permanencia en la empresa; y que, en cualquier caso, no se ha acreditado que la nueva paga de antigüedad haya supuesto incremento de la masa global de las remuneraciones.
En el escrito de interposición del recurso se invoca como sentencia contraria la dictada por esta Sala en fecha 20 de julio de 1999 (rec. 3482/98). En dicha resolución se estima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia de suplicación que había reconocido a una profesora de Educación General Básica de un centro de enseñanza en régimen de concierto un complemento de jefatura de estudios establecido en convenio colectivo. El fundamento de la decisión es que tal complemento se ha de incardinar en la letra c) (conceptos salariales de carácter variable) y no en la letra a) (salarios del personal docente) del art. 13.1. del RD 2377/1985. Desde esta base de partida, concluye la sentencia de contraste, "es obvio que la Administración andaluza no responde de su abono en el año 1995, pues en ese año se sobrepasó el límite del módulo propio de ese apartado".
Como apunta el Ministerio Fiscal en su informe, esta Sala ha resuelto ya en sentencias precedentes (STS 18-11-2004, rec. 105/04; 20-12-2004, rec. 6445/03; 2-2-2005, rec. 6616/03, entre otras) que no existe contradicción entre nuestra sentencia de 20 de julio de 1999 y aquellas sentencias, como la ahora recurrida, dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se ha reconocido a profesores de centros concertados el derecho a la paga de antigüedad establecido en el art. 61 del IV convenio colectivo nacional de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (2000). Las diferencias sustanciales que impiden el juicio positivo de contradicción se pueden resumir como sigue: 1) la sentencia recurrida y la sentencia de contraste se refieren a conceptos retributivos distintos, pues mientras la sentencia recurrida tiene por objeto una paga ocasional por larga permanencia la sentencia de contraste enjuicia un concepto de devengo mensual; 2) la circunstancia que ha acompañado el establecimiento por convenio colectivo de la "paga extraordinaria por antigüedad" - sustitución de un concepto remuneratorio ya existente que no tenía carácter salarial- no concurre en el concepto retributivo enjuiciado en la sentencia de contraste; y 3) el impedimento legal de que la Administración asuma alteraciones de salarios derivadas de convenios colectivos que superen un determinado nivel no es de aplicación a la paga en litigio "porque no se trata de una alteración salarial sino de un cambio en la calificación de un concepto que hasta entonces venía siendo abonado como mejora social de jubilación" (STS 2-2-2005).
La conclusión del razonamiento es que el recurso, que pudo ser inadmitido en el trámite correspondiente, debe ser desestimado en este momento de dictar sentencia.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON (Departamento de Educación y Ciencia), contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 24 de noviembre de 2003, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2003 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Zaragoza, en autos seguidos a instancia de DON Luis Andrés, contra dicho recurrente y EL COLEGIO ESCUELAS PIAS, sobre RECLAMACION DE CANTIDAD. Condenamos a la Diputación General de Aragón al abono de las costas de este recurso que consistirán en los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cuantía que, de ser necesario, fijará la Sala dentro del límite legal que establece el artículo 233.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio Martín Valverde hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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