STS, 28 de Junio de 2004
| Ponente | D. JOSE MARIA BOTANA LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:4545 |
| Número de Recurso | 2431/2003 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Gloria de Oro Pulido Sanz, en nombre y representación de TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 18 de febrero de 2003, dictada en el recurso de suplicación número 4011/02, formulado por DON Leonardo y T.V.E. S.A., contra el auto del Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona de fecha 1 de febrero de 2002, dictado en autos número 514/01, en virtud de demanda formulada por DON Leonardo, frente a TELEVISIÓN ESPAÑOLA. S.A., en reclamación de cantidad.
El día 1 de febrero de 2002, el Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona, dictó Auto en virtud de demanda formulada por DON Leonardo, frente a TELEVISIÓN ESPAÑOLA. S.A., en reclamación de cantidad, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "Que, estimando, parcialmente, los Recursos de Reposición interpuestos por ambas partes, contra el Auto de declaración de incompetencia territorial debo confirmar y confirmo dicha decisión y revoco la de archivo, acordando la remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Social Decano de los de Terrassa".
Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicho Auto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 18 de abril de 2003, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "Que desestimando los recurso de suplicación interpuestos por D. Leonardo y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. contra el Auto de 1 de febrero de 2002 dictado por el Juzgado de lo Social número 28 de los de Barcelona en los Autos 514/01, sobre reconocimiento de derechos y cantidad, debemos confirmar y confirmamos el mismo en su integridad a excepción de la remisión de las actuaciones al Juzgado Decano de los de Terrasa, que se tiene por no puesta, procediendo al archivo de las actuaciones. Se condena a la recurrente Televisión Española, S.A. a la pérdida del depósito constituido, a cuya cantidad se dará el destino legal una vez conste la firmeza de esta resolución".
Contra dicha sentencia preparo y formalizo en tiempo y forma recurso de casación para unificación de doctrina, T.V.E. S.A.. En el mismo se denuncia la contradicción producida con la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 15 de septiembre de 1992 (recurso 711/95).
No se impugnó el recurso por el recurrido, e informó sobre el mismo el Ministerio Fiscal en el sentido de estimar procedente el recurso.
Señalado día para la deliberación, votación y fallo de la sentencia, se celebró el acto de acuerdo con el señalamiento acordado.
El actor presta servicios para Televisión Española S.A. (TVE S.A.) desde el 2 de noviembre de 1977, con la categoría profesional de Ayudante Técnico Mezclador, teniendo en virtud de traslado su centro de trabajo en las dependencias que esta entidad tiene en la localidad de San Cugat del Vallés (Barcelona). El 10 de julio del 2001 dicho demandante presentó ante los Juzgados de lo Social de Barcelona la demanda origen de estas actuaciones, en la que interesa se condene a la empresa demandada a que reconozca el derecho al percibo de las cantidades abonadas en concepto de "complemento por mayor tiempo invertido" a resultas de su traslado de Barcelona a Sant Cugat del Valles y a que se le abonen las diferencias del "complemento por mayor tiempo invertido", del periodo comprendido entre julio de 2000 y 30 de junio de 2001.
La citada demanda correspondió en turno de reparto al Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona. Este Juzgado dictó Auto de fecha 8 de noviembre del 2001, en el que se dispuso "Declarar de oficio la incompetencia territorial de este órgano judicial para conocer de la demanda origen de los presentes autos ... haciendo saber al demandante que podrá ejercitar idéntica pretensión ante el Juzgado de lo Social de Tarrassa. Y ordenar el archivo sin más trámite de las presentes actuaciones". Contra dicho Auto formularon sendos recursos de reposición las partes actora y demandada, que fue estimado parcialmente por Auto de 1 de febrero de 2002, que revocó el acuerdo de archivo y acordando la remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Social Decano de los de Tarrassa.
Tanto el trabajador demandante como TVE S.A. formularon sendos recursos de suplicación contra el auto mencionado. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante sentencia de 18 de febrero del 2003, desestimó ambos recursos y confirmó el citado Auto.
Contra la citada sentencia de la Sala de lo Social de Cataluña interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina Televisión Española S.A.. En este recurso se alega como contrapuesta a la recurrida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 15 de septiembre de 1995, la cual sin duda entra en contradicción con aquélla, por cuanto resolvió un asunto sustancialmente igual al de autos manteniendo un criterio claramente distinto de la sentencia recurrida, pues declaró que no era admisible en una sentencia plantear de oficio "un tema de competencia territorial no suscitado por las partes ... ignorando la sumisión de los litigantes", toda vez que "a diferencia de la competencia objetiva y de la funcional -que es una manifestación específica de ella- cuyas condiciones están obligados los Tribunales a examinar de oficio (art. 9-6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 de la Ley de Procedimiento Laboral), cualquiera que sea el grado de jurisdicción en que el proceso se encuentre por tratarse de cuestiones de orden público, ... la competencia territorial en cambio no atribuye jurisdicción, sino que dota a las partes de un poder dispositivo sobre las normas que la erogan, para reclamar su aplicación, si les conviene, o someterse en otro caso de modo expreso o tácito a la Jurisdicción del Juez en principio incompetente por razón del territorio, lo cual quiere decir que el tema ni es de orden público ni afecta a los derechos fundamentales ni está confiado a la tutela y control de oficio".
No es óbice a la existencia de la contradicción mencionada el hecho de que cuando se presentó la demanda origen de estas actuaciones estuviese ya vigente la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero del 2000, y que en cambio en el caso analizado por la sentencia de contraste fuese de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, dado que las normas de una y otra reguladoras de la competencia territorial son, en lo esencial, iguales, no afectando al presente juicio de contradicción diferencias de detalle que entre ellas pudieran existir. Es claro, por consiguiente, que se cumple el requisito de recurribilidad que prescribe el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Denuncia el recurso que la sentencia combatida infringe el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril y la Base Segunda número 1 de la Ley 7/1989, de 12 de abril, así como por aplicación indebida, el artículo 10.1 de la referida Ley de Procedimiento Laboral y la citada Base Segunda en su número 2, los artículos 54.1 y 58 de la Ley de 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
La reciente sentencia dictada en Sala General de fecha 16 de febrero de 2004 (recurso 3201/02), abordó igual cuestión a la aquí debatida con la misma sentencia de contraste, estableciendo la correspondiente doctrina de unificación, que se puede resumir en los siguientes puntos: 1) En el orden jurisdiccional social, no existe una clase de proceso destinada a la tramitación de los asuntos de mayor simplicidad o menor cuantía económica como sucede en el proceso civil con el juicio verbal, por lo que es obvio que en dicha jurisdicción social no aparece ni concurre la razón que justifica en el orden civil, el mandato que expresa la parte final del artículo 54.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que dicho mandato no puede ser aplicado al proceso social. 2) Tampoco entra en juego por ello, la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, consiguientemente en el proceso laboral los jueces y tribunales no pueden controlar de oficio su propia competencia territorial. 3) En el proceso laboral no es posible admitir, de ningún modo, la sumisión expresa, pues la misma no se ajusta ni compagina, con la estructura, naturaleza y fines del contrato de trabajo; pero eso no es obice para que tenga en el mismo plena operatividad y vigencia la sumisión tácita, pues no solo no aumenta ni potencia la situación de prevalencia del empresario sobre el trabajador, sino que puede ser un buen medio para reducirla o paliarla. 4) En el derecho laboral se encuentra perfectamente justificada la posibilidad de tratar de forma diferenciada la sumisión expresa y la sumisión tácita.
Todo cuanto se deja expuesto determina que se ha de acoger favorablemente el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Televisión Española SA, por lo que dicha sentencia recurrida ha de ser casada y anulada. Y resolviendo el debate planteado en suplicación, procede revocar los Autos de fechas 8 de noviembre de 2001 y 1 de febrero del 2002 dictados por el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona, quedando los mismos totalmente sin efecto; así mismo se ha de declarar que el citado Juzgado de lo Social es competente, por razón del territorio, para conocer y resolver el presente litigio, debiéndose devolver las actuaciones a dicho Juzgado a fin de que dé curso legal a la demanda origen de este proceso, prosiguiendo los trámites del mismo conforme a Ley.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria de Oro Pulido Sanz en nombre y representación de Televisión Española S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 18 de febrero de 2003, recaída en el recurso de suplicación número 4011/02, de dicha Sala, y en consecuencia casamos y anulamos la citada sentencia dictada por la Sala de lo Social de Cataluña. Y resolviendo el debate planteado en suplicación, debemos revocar y revocamos los Autos de fechas 8 de noviembre de 2001 y 1 de febrero del 2002 del Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona, quedando tales Autos totalmente sin efecto; así mismo debemos declarar y declaramos que el referido Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona es competente por razón del territorio para conocer y resolver el presente litigio, por lo que se han de devolver a tal Juzgado estas actuaciones a fin de que dé curso legal a la demanda origen de este proceso, prosiguiendo los trámites del mismo conforme a Ley. Sin costas.-
Devuélvanse las actuaciones al organismo de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José María Botana López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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