STS 718/2022, 31 de Octubre de 2022

Tramitación en primera instancia

1. El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de León dictó decreto de fecha 9 de enero de 2019 por el que se resolvía el proceso de juicio verbal de desahucio seguido con el n.º 622/2018, promovido por D. Nicanor contra Ipostar S.L.

2. La parte dispositiva del decreto es como sigue:

"Acuerdo:

"1.- Dar por terminado el presente procedimiento de juicio verbal de desahucio instado por Nicanor, frente a IPOSTAR SLU, dejando sin efecto el señalamiento de la vista. Y declarar resuelto el contrato de arrendamiento que unía a las partes del presente procedimiento sobre el local sito en Avda. Ordoño nº 32 1º Interior LEON.

"2.- Dar traslado a la parte demandante a fin de que presente demanda de ejecución respecto a las cantidades reclamadas y debidas por importe de 21.000,00 euros, más la cantidad de 1.800,00 euros (correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019 a razón de 300,00 euros/mes), total 22.800,00 euros y más los intereses generados desde la presentación de la demanda, 31-07-18, sobre la cantidad de 21.000,00 euros, y el interés legal incrementado en dos puntos de la cantidad total de 22.800,00 euros desde esta resolución en el caso de que desee proceder al despacho de la misma, sirviendo la presente resolución de título ejecutivo a tenor de lo establecido en el artículo 517.2.9º de la L.E.C.

"3.- Se imponen las costas del presente procedimiento a la parte demandada.

"4.- Remítase esta resolución al SCACE para llevar a cabo el lanzamiento señalado para el día 18-01-19 a las 10.00 horas".

Interposición y tramitación de la demanda de revisión.

1. La procuradora D.ª María del Mar Martínez Gago, en nombre de Ipostar S.L., interpuso el 1 de septiembre de 2020 demanda de revisión ante la Sala Primera del Tribunal Supremo contra el decreto de fecha 9 de enero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de León en el procedimiento de juicio verbal de desahucio n.º 622/2018, y suplicó a la sala dicte sentencia por la que:

   "se estime la revisión de dicho decreto, con rescisión del mismo en el sentido de declarar no haber lugar a la reclamación de las rentas impagadas desde la transmisión del local arrendado a un tercero y sin imposición de costas del juicio verbal a ninguna de las partes, con expresa imposición de las costas a la parte que se opusiere a las justas pretensiones deducidas en el presente procedimiento".

2. Esta sala dictó auto de fecha 13 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir a trámite la demanda de revisión interpuesta por Ipostar S.L. contra decreto de 9 de enero de 2019 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de León, en los autos juicio verbal de desahucio n.º 622/2018.

   "Ordenar que se remitan a esta Sala Primera todas las actuaciones del pleito cuya sentencia (sic) se impugna y emplazar a cuantos en él hubiesen litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del plazo de veinte días contesten a la demanda y sostengan lo que a su derecho convenga".

3. El procurador D. Enrique Valdeón Valdeón, en nombre y representación de D. Nicanor, contestó a la demanda de revisión formulada de contrario y suplico al Juzgado:

   "se desestime la demanda y el recurso de revisión interpuesto bien por la estimación de las excepciones, bien inadmitir el recurso interpuesto por Ipostar S.L. por extemporáneo y fuera de plazo, por caducidad, o en último término, y alternativamente, sea desestimado por la oposición al fondo del asunto. Subsidiariamente para el improbable supuesto de ser estimada la demanda, la rescisión del decreto será parcial sólo en cuanto a los pronunciamientos de condena al pago de las rentas desde la fecha de transmisión y a las costas de la instancia. Todo ello con expresa imposición de costas a la recurrente".

4. El Ministerio Fiscal presentó escrito de fecha 12 de julio de 2022 en el que interesaba la desestimación de la demanda de revisión.

5. No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 18 de octubre de 2022, fecha en que ha tenido lugar.

Antecedentes

1. La presente solicitud de revisión se interpone el 1 de septiembre de 2020 por Ipostar S.L. contra el decreto de 9 de enero de 2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de León en los autos juicio verbal de desahucio n.º 622/2018.

   Este decreto dio por terminado el procedimiento de desahucio instado por Nicanor frente a Ipostar S.L., dejó sin efecto el señalamiento de la vista, y declaró resuelto el contrato de arrendamiento que unía a las partes sobre el local sito en Avda. Ordoño n.º 32, 1º Interior, de León. Además, ordenó dar traslado a Nicanor a fin de que presentara demanda de ejecución respecto a las cantidades reclamadas y debidas por importe de 21.000,00 euros, más la cantidad de 1.800,00 euros (correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019 a razón de 300,00 euros/mes), total 22.800,00 euros, más los intereses generados desde la presentación de la demanda el 31 de julio de 2018, sobre la cantidad de 21.000,00 euros, y el interés legal incrementado en dos puntos de la cantidad total de 22.800,00 euros desde la fecha del decreto, para el caso de que desee proceder al despacho de la misma, sirviendo el mismo decreto de título ejecutivo a tenor de lo establecido en el artículo 517.2.9º LEC.

2. La parte solicitante de revisión invoca la jurisprudencia de la sala que admite la revisión de resoluciones distintas de sentencias cuando ponen fin al procedimiento y abren la vía a la ejecución (para las resoluciones recaídas en juicios de desahucio, sentencias 129/2018, de 7 de marzo, y 1/2015, de 26 de enero).

   La solicitud de revisión se funda en el motivo 4.º del art. 510.1 LEC, conforme al cual, habrá lugar a la revisión de una sentencia firme si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

   Alega la parte solicitante de revisión que el 1 de abril de 2012 se concertó un arrendamiento de local con opción de compra entre Nicanor (como propietario del local y arrendador) e Ipostar S.L. (como arrendataria), y que el 7 de junio de 2013, el arrendador transmitió la propiedad del local a un tercero, la entidad Talcom Arrendamiento y Rendimiento de Inmuebles S.L. Añade que tuvo conocimiento de la transmisión en abril de 2020, cuando se expidió la nota simple solicitada al Registro de la Propiedad n.º 1 de León. Explica que se le ocultó maliciosamente, a pesar de que era titular de una opción de compra frente al propietario y según el contrato debía aceptar la cesión, y que Nicanor interpuso la demanda de reclamación de rentas el 31 de julio de 2018 a pesar de haber dejado de ser propietario del local cinco años antes, por lo que no estaría legitimado activamente. Añade también que algunas de las rentas reclamadas estarían prescritas y concluye afirmando que la ocultación de la transmisión del local le supuso indefensión al no poder desplegar una adecuada defensa de sus intereses. Según dice, "si la transmisión hubiera sido informada a su debido tiempo no habría existido ninguna necesidad de demandar en nombre del transmitente y anterior titular registral, ni de tratar de negociar el pago extrajudicial, esta parte habría enervado la acción o bien de no hacerlo el decreto ya se habría ejecutado hace tiempo, resultando sumamente llamativo que a la presente fecha ya ha pasado más de un año y 8 meses desde que se dictó, sin que se haya ejecutado".

La revisión de sentencias firmes. Marco legal y doctrina de la sala

1. Según ha reiterado esta sala, el proceso de revisión de sentencias firmes es un remedio extraordinario que solo por causas muy especiales y en plazos muy determinados permite dejar sin efecto la regla de la cosa juzgada.

   De acuerdo con la doctrina de la sala, la revisión de sentencias firmes, al constituir una excepción al principio fundamental de seguridad jurídica, exige la rigurosa comprobación de la concurrencia de los presupuestos para su viabilidad y, en orden a su estimación, de alguno de los requisitos o motivos que enumera el art. 510 LEC. En la misma línea, AATS de 19/12/2017, rec. 10/2017; 08/03/2017, rec. 53/2016; 8/2/2017, rec. 56/16; 10/12/2013, rec. 45/2013 y STS de 13/02/2014, rec. 41/2010.

   La demanda de revisión, por su naturaleza extraordinaria, supone una excepción al principio esencial de la irrevocabilidad de las sentencias que hayan ganado firmeza, de forma que la interpretación de los motivos de revisión debe hacerse con criterio restrictivo, pues de lo contrario el principio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 de la Constitución quedaría vulnerado, con quiebra del principio procesal de la autoridad de la cosa juzgada (entre otros muchos, autos de 24 de septiembre de 2019, rec. 11/2019; de 20 de abril de 2016, rec. 75/2015; de 16 de marzo de 2016, rec. 69/2015).

2. Por lo que se refiere al plazo de interposición de la solicitud de revisión, conforme al art. 512 LEC:

   "1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.

   "Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.

   "2. Dentro del plazo señalado en el apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad".

   En un caso en el que se desestimó el recurso de revisión interpuesto por concurrir el motivo de caducidad de la acción, al haberse rebasado el plazo de tres meses para la interposición del recurso desde que la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones en que se decía cometida la maquinación fraudulenta, la sentencia del Tribunal Constitucional 158/1987, de 20 de octubre, declaró que:

   "la tensión entre seguridad y justicia, latente en el problema de la revisión de las Sentencias firmes, permite considerar que el establecimiento de un plazo para el ejercicio de la acción revisoria es en sí mismo constitucionalmente legítimo, en cuanto preserva o tiende a preservar un valor o un principio constitucional como es el de la seguridad jurídica, plasmado aquí en la santidad de la cosa juzgada".

   La misma sentencia del Tribunal Constitucional, con cita de otras, afirma que "si bien deben repudiarse los formalismos enervantes, no puede dejarse al arbitrio de las partes el cumplimiento de los requisitos procesales ni la disposición del tiempo en que éstos han de cumplirse, apreciación ésta extensible al mismo ejercicio de las acciones".

   El ATS de 5 de abril de 2017, rec. 52/16, resume la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación del art. 512.2 LEC:

   "El art. 512 LEC establece un doble requisito temporal para solicitar la revisión de las sentencias firmes. En primer lugar, la revisión ha de pedirse dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende revisar. En segundo lugar, dispone su apartado 2 que, dentro del plazo señalado en el apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido, tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiese reconocido o declarado la falsedad. Según tiene reiterado esta Sala, el plazo del art. 512.2 LEC es un plazo de naturaleza civil y de caducidad. El carácter autónomo de las demandas de revisión de sentencias firmes lleva consigo que el plazo para su interposición no tenga la naturaleza de plazo procesal, sino de plazo sustantivo de caducidad del derecho que se rige por las normas establecidas en el art. 5 del CC ( sentencia n.° 233/2011, de 29 de marzo, recurso de revisión 57/2008)".

   En la Sentencia n.° 171/2010, de 15 de marzo, declaramos:

   "[...] Como dicen las SSTS de 3 de marzo de 1998, 1 de diciembre de 1999, 16 de junio de 2000 y 26 de septiembre de 2005, 12 de mayo 2006, entre otras muchas, es reiterada doctrina de la Sala en el sentido de que uno de los requisitos que condicionan inexcusablemente la viabilidad de todo recurso de revisión es el de que el mismo ha de promoverse dentro del plazo de tres meses, contados desde que se descubrieron los documentos nuevos o el fraude o desde el día reconocimiento de la falsedad, y el referido plazo es de caducidad y, por tanto, no admite causas de interrupción ( SSTS de 25 de mayo de 1992, 15 de septiembre de 1992, 14 de septiembre y 18 de octubre de 1993, 8 de noviembre de 1995, 29 de enero de 1997, entre otras muchas). Siendo así, el mes de agosto se tiene en cuenta como hábil a los efectos del cómputo de aquel plazo de caducidad ( ATS de 26 de septiembre de 2003 y STS de 4 de octubre de 2002), por ser un plazo de caducidad y no de prescripción.[...]".

   En el mismo sentido, la sentencia de la Sala del art. 61 LOPJ, de 22 de septiembre de 2008, afirma:

   "La jurisprudencia de este Tribunal, y especialmente la jurisprudencia de la Sala Primera, viene, entendiendo que el plazo de tres meses establecido para la interposición de la demanda de revisión constituye, así, un plazo no procesal, que se computa de fecha a fecha de acuerdo con el art. 5.1 del CC, y del que no pueden descontarse los días inhábiles, ni tampoco el mes de agosto, pues la falta de carácter hábil de los días que lo componen sé limita a la práctica de actuaciones judiciales ( art. 183 LOPJ) y no alcanza a los plazos de carácter, sustantivo establecidos para el ejercicio de las acciones ( STS 20 oct. 1990 [Sala 1.ª 22 dic. 1989 [Sala 1.ª entre muchas otras)[...]".

   Es igualmente doctrina jurisprudencial reiterada de esta sala que Incumbe a la parte recurrente en revisión acreditar el cumplimiento del plazo de tres meses, que pruebe con precisión el día concreto ( dies a quo del expresado plazo de caducidad) en que tuvo conocimiento de los documentos nuevos o el fraude (autos de 15 de julio de 2021, rec. 29/2020; de 18 de marzo de 2021, rec. 35/2020).

   El auto de 30 de mayo de 2008, rec. 6/2008, señala: "La determinación de la fecha a partir de la cual se ha de empezar a contar el plazo de los tres meses de caducidad ha de fijarla y demostrarla el recurrente, cosa que aquí, a lo largo la demanda, no hace, y este requisito es exigido con reiteración por la jurisprudencia de la Sala (SSTS 20 de junio de 2001; 2 y 6 de marzo de 2006)". En la misma línea la STS de 15 de marzo de 2010, rec. 66/2007.

3. Por lo que se refiere a la maquinación fraudulenta, consiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión ( SSTS n.º 130/2019, de 5 de marzo; 687/2016, de 21 de noviembre; 430/2013, de 10 de junio y 795/2005, de 15 de octubre).

   El fraude, en el sentido de ardid que obstaculiza la defensa de la otra parte y asegura el éxito de la demanda, puede tener múltiples manifestaciones y afectar a muy diversos actos procesales [...]. Lo determinante es, en todo caso, que la maquinación fraudulenta se pruebe, que constituya una novedad respecto del proceso, aunque sea solo de conocimiento, que venga de fuera de él y que haya determinado el contenido de la sentencia cuya revisión se pretende ( STS n.º 761/2010, de 15 de noviembre).

   La sala ha reiterado que la estimación de este motivo exige "una irrefutable verificación de que se ha llegado al fallo por medio de argucias, artificios o ardides encaminados a impedir la defensa del adversario, de suerte que exista nexo causal suficiente entre el proceso malicioso y la resolución judicial y ha de resultar de hechos ajenos al pleito, pero no de los alegados y discutidos en él" ( STS n.º 32/2011, de 10 de febrero, con cita de múltiples precedentes). No solo ha de quedar perfectamente definida y acreditada en cuanto a su propia existencia, sino que ha de ser determinante para el sentido de la resolución firme dictada, de modo que habrá que considerar que -si la misma no hubiera existido- no se habría "ganado" la sentencia, y que precisamente se ha vencido en juicio "injustamente" en virtud de dicha maquinación que ha llevado al tribunal a dictar una resolución que posiblemente no habría dictado de haber conocido la maquinación. De ahí que haya de examinarse la "ratio decidendi" de la sentencia firme objeto de revisión para determinar si, en su caso, la actuación fraudulenta de la parte contraria ha podido tener dicha influencia en la decisión ( SSTS n.º 505/2018, de 19 de septiembre; 215/2017, de 4 abril).

Decisión de la sala. Desestimación de la solicitud de revisión

La aplicación al caso de la doctrina de la sala conduce a la desestimación de la solicitud de revisión porque no concurren los presupuestos exigidos para revisar una resolución judicial firme.

En la solicitud de revisión se argumenta que la ahora demandante tuvo conocimiento de la maquinación y descubrió "con gran estupor" el supuesto fraude el 2 de abril de 2020, con la expedición de la nota simple del Registro de la Propiedad que solicitó el administrador de Ipostar S.L. durante el estado de alarma, "preocupado por la tardanza de la ejecución y aprovechando el tiempo libre propiciado por las medidas de confinamiento". Añade que, en atención a la suspensión de plazos procesales que resultaba del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la demanda se interpuso en el plazo de tres meses previsto en el art. 512 LEC.

Frente a estas alegaciones de la ahora solicitante de revisión debemos manifestar que resulta cuando menos curiosa la explicación ofrecida para fijar, unilateralmente y a su conveniencia, la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de tres meses, a pesar de que incumbe a la demandante acreditar el cumplimiento del plazo desde el descubrimiento de los documentos o del fraude, que pruebe con precisión el día concreto, sin que tal requisito pueda quedar a su libre arbitrio. La aportación del local a la sociedad unipersonal que creó el propietario accedió al Registro de la Propiedad el 2 de septiembre de 2014, de modo que cuando se interpuso la demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad en 2018 contra la ahora solicitante de revisión tal dato constaba en un registro público, disponible y accesible, y bien pudo ser obtenido por la entonces demandada en el momento de contestar a la demanda, cosa que por lo demás tampoco hizo, limitándose a depositar las llaves del local en el juzgado.

En su escrito de solicitud de revisión, Ipostar S.L. admite que le fue notificada la demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas, y que el letrado de la entonces actora contactó con su letrado para intentar recuperar la finca y poner fin al procedimiento de manera extrajudicial. También refiere que no fue posible alcanzar un acuerdo a tiempo, que no llegó a presentar ningún escrito en el juicio verbal y que finalmente, después de que el 3 de enero de 2019 compareciera para entregar las llaves del local, el 9 de enero de 2019 se dictó el decreto cuya revisión pretende.

Con la excusa de que con posterioridad al dictado del decreto impugnado tomó conocimiento de que el arrendador había transmitido la propiedad del local arrendado realiza en este procedimiento extraordinario de revisión de sentencias firmes una serie de alegaciones dirigidas a que se declare que no había lugar a la reclamación de rentas impagadas. Para ello argumenta tanto con apoyo en la falta de legitimación activa del demandante en el procedimiento de origen como con apoyo en la prescripción de algunas de las rentas impagadas. Igualmente señala que, según el contrato de arrendamiento, Ipostar S.L., como arrendataria, debía consentir la transmisión del inmueble.

Frente a la heterogeneidad de argumentos esgrimidos por Ipostar S.L. debemos hacer las siguientes consideraciones.

Ipostar S.L. no contestó a la demanda, que le había sido debidamente notificada, por lo que fue ella misma quien renunció a la posibilidad de invocar lo que a su derecho conviniera acerca de la prescripción de las rentas en el procedimiento de origen, que era el lugar adecuado para hacerlo, y no la revisión extraordinaria contra una resolución firme que se dictó en un procedimiento en el que no contestó a la demanda por decidirlo así voluntariamente.

Por otra parte, la petición que Ipostar dirige a esta sala en su escrito de revisión en ningún caso encajaría en lo que es objeto propio del procedimiento extraordinario de revisión de sentencias firmes. Conforme al art. 516 LEC: "Si el tribunal estimare procedente la revisión solicitada, lo declarará así, y rescindirá la sentencia impugnada. A continuación, mandará expedir certificación del fallo, y devolverá los autos al tribunal del que procedan para que las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente". Pese al claro tenor del precepto, la solicitante de revisión no pretende que se lleve a cabo la devolución de los autos al juzgado que dictó el decreto que impugna, sino a que la Sala Primera del Tribunal Supremo desestime de manera parcial (nada dice de la resolución del contrato de arrendamiento) la demanda que se interpuso en su día contra ella, lo que en su caso, de apreciar la denunciada maquinación, correspondería en el nuevo procedimiento que se siguiera al juzgado de primera instancia, y no a este Tribunal Supremo.

Pero es que, además, esta sala no aprecia la denunciada maquinación fraudulenta. Consta que en el contrato de arrendamiento celebrado por las partes se preveía expresamente que la parte arrendadora-concedente podía ceder la propiedad del local a favor de terceros, que se subrogarían en los derechos y obligaciones derivados del contrato. No resulta en cambio, contra lo que se afirma en la solicitud de revisión, que fuera para ello preciso el consentimiento de la arrendataria.

En la solicitud de revisión se cita el art. 13 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que, para el arrendamiento de viviendas, lo que no es el caso, se dirige a regular la continuación o la extinción del arrendamiento, según los supuestos que tiene en cuenta la norma, cuando se resuelve el derecho del arrendador sobre la finca. Nada de ello tiene que ver con lo que se discutía en el procedimiento de origen, de desahucio y reclamación de rentas impagadas, ni en ningún caso la cita de tal precepto justificaría la rescisión de la resolución impugnada.

Se argumenta también en la solicitud de revisión de manera confusa que la actual propietaria no es arrendadora, por lo que no se puede ejercer la opción de compra que contenía el contrato; también se dice que la reclamación de rentas solo corresponde al propietario, y que el demandante en el procedimiento de origen dejó de serlo, lo que habría dado lugar a un enriquecimiento injusto.

Sin que proceda entrar ahora a dar respuesta a las imprecisiones del escrito sobre la opción de compra, por lo que aquí interesa, debemos limitarnos a observar que, en el caso, en el procedimiento de origen no se ventilaba ninguna cuestión referida al ejercicio de la opción de compra, ni resulta que Ipostar se haya visto perjudicada por ninguna pretensión dirigida al ejercicio de tal facultad.

Por lo demás, es evidente que dejar de ser propietario excluye la legitimación para reclamar el pago de las rentas devengadas después de la transmisión de la propiedad, pero en este caso no se hurtó a la solicitante de revisión el dato de la aportación del inmueble a la sociedad unipersonal para impedirle el ejercicio de ningún derecho. La aportación del inmueble a una sociedad unipersonal creada por el arrendador accedió a un registro público, por lo que tal dato le resultaba accesible a la solicitante de revisión en el momento en que fue demandada en el procedimiento de origen, sin que se haya constatado voluntad alguna por su parte de satisfacer la deuda y hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones respecto del propietario del local, por lo que no puede prosperar la revisión de una resolución judicial firme que pretende con el argumento de que "con gran estupor", según dice, descubrió una información que le era ya accesible cuando fue demandada.

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada.

Costas

La desestimación de la revisión solicitada determina que deba condenarse en costas al demandante, que perderá el depósito constituido ( art. 516.2 LEC).