STS 240/2022, 16 de Marzo de 2022

1. - La sentencia núm. 14/2021, 27 de abril, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, condenó al acusado Rodolfo en los siguientes términos:

   1. Como autor de un delito continuado de quebrantamiento de condena, previsto y penado en el art. 468.2 del C.P, concurriendo la agravante de reincidencia del art. 22.8 del CP, a la pena de 1 año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   2. Como autor de un delito de allanamiento de morada, previsto y penado en el art. 202.2 del CP, concurriendo la agravante mixta de parentesco del art. 23 del mismo texto legal, a la pena de 3 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximarse a Clemencia a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma durante 4 años, prohibición de comunicarse con Clemencia, de forma directa o indirecta, y por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 4 años, y multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del CP en caso de impago de la misma.

   3. En calidad de autor de un delito de detenció n ilegal, previsto y penado en el art. 163.1 del CP, concurriendo la agravante mixta de parentesco del art. 23 del mismo texto legal, a la pena de 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximarse a Clemencia a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma durante 7 años, prohibición de comunicarse con Clemencia, de forma directa o indirecta, y por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 7 años.

   4. En concepto de autor de un delito de violencia doméstica, previsto y penado en el art. 153.1, en el que concurre la agravante especifica del apartado 3º "in fine" de dicho precepto legal, y la agravante de reincidencia del art. 22.8 del mismo texto legal, a la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximarse a Clemencia a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma durante 2 años, prohibición de comunicarse con Clemencia, de forma directa o indirecta, y por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 2 años, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 3 años.

   5. Como autor de un delito de agresión sexual, previsto y penado en el art. 179 del CP, concurriendo la agravante mixta de parentesco, del art. 23 del mismo texto legal, a la pena de 9 años y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, prohibición de aproximarse a Clemencia a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma durante 10 años, prohibición de comunicarse con Clemencia, de forma directa o indirecta, y por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 10 años. Así mismo, de conformidad con los arts. 105, 106.1, f), i) y 192 del CP, se impuso al condenado, la medida de libertad vigilada, que deberá cumplirse tras ser cumplidas las anteriores condenas, durante 6 años, con expreso sometimiento a programas de educación sexual, así como, prohibición de aproximarse a Clemencia a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma y, prohibición de comunicarse con Clemencia, de forma directa o indirecta, y por cualquier medio o procedimiento.

   La sentencia dictada en la instancia fue recurrida en apelación por la representación legal del acusado. El recurso fue desestimado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha mediante la sentencia núm. 36/2021, 26 de julio.

   Es contra esta resolución contra la que ahora se interpone recurso de casación. Se formalizan tres motivos.

2. - Los dos primeros motivos, si bien son objeto de un tratamiento sistemático diferenciado por el Letrado de la defensa, van a ser unificados en su análisis, en la medida en que comparten enunciado y, lo que es más importante, participan de un mismo sustrato argumental.

   En efecto, ambas censuras se anuncian "...por infracción de precepto constitucional, al amparo del Art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse vulnerado el Art. 24.2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial y efectiva, y el derecho de la presunción de inocencia en relación directa con la infracción de la ley, al amparo del Art. 849.1.b) de la LECrim, por haberse infringido el Art. 24.2 de la Constitución Española" ( sic).

   La línea argumental del recurrente se centra en su desacuerdo con la valoración probatoria llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Ciudad Real y avalada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En principio, la alusión que se hace al art. 849.1.b) de la LECrim, que habilita el recurso de casación por infracción de ley, error de hecho en la valoración de la prueba, derivado de documentos que obren en la causa y demuestren la equivocación del juzgador, va a ser interpretada por la Sala como un añadido para hacer valer la discrepancia del acusado con la valoración de la prueba. Y es que la defensa omite la designación de verdaderos documentos casacionales que permitan ese contraste, incumpliendo así la exigencia derivada del art. 884.6 de la LECrim, lo que sería suficiente para la inadmisión del motivo, conforme a lo previsto en el art. 884.4 del mismo texto legal. Se limita en el segundo motivo a denunciar que la declaración de la víctima no es prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho constitucional que se dice infringido.

   2.1.- Estima la defensa que no han quedado acreditados los hechos que se imputan al acusado, "...al no ser consecuencia de una mínima actividad probatoria suficiente para desvirtuar el derecho fundamental a la presunción de inocencia". A su juicio, el acusado, que "...negó categóricamente todos y cada uno de los hechos objeto de la acusación", llegó a ofrecer "...una versión coherente, consistente, persistente y mantenida a lo largo de todo el proceso, pero además tanto la prueba documental (concretamente los partes médicos de la denunciante), como la prueba de carácter personal, viene a ratificar la versión del procesado, en todos y cada uno de los delitos por los que ha sido condenado".

   Seguidamente, el Letrado de la defensa procede a un análisis secuencial de los hechos bajo el epígrafe "valoración y análisis de la prueba".

   En relación con el delito de allanamiento de morada se subraya que el acusado no hizo sino entrar en su propio domicilio y "...difícilmente se puede allanar el propio domicilio". Es cierto que empleó fuerza para acceder a él, pero no puede ser obligado a una "prueba diabólica" para demostrar que ese no era su propia morada.

   Respecto del delito de detención ilegal, lo que ha quedado acreditado -se aduce- es que Clemencia accedió al inmueble de forma voluntaria, hecho que habría quedado corroborado por la versión ofrecida por Sebastián y Angelina, dos personas que en ese momento se encontraban en la vivienda y que no observaron ninguna fuerza.

   Igual orfandad probatoria afectaría al delito de agresión sexual, pues la única prueba de cargo es la que ofreció Clemencia. Los restos de ADN lo único que prueban es la existencia de relaciones sexuales que el propio acusado reconoció en el plenario. Las contradicciones de la víctima son evidentes. Ninguno de los testigos oyó nada anormal.

   2.2.- Se impone con carácter previo la necesidad de formular algunas precisiones que son sugeridas ya en el informe del Ministerio Fiscal, que recuerda al recurrente, con exhaustiva cita de la jurisprudencia de esta Sala, cuáles son los límites del recurso de casación, sobre todo, a raíz de la reforma introducida por la Ley 41/2015, 5 de octubre.

   En efecto, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba...

   Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los arts. 884 y 885 LECrim. Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del art. 885 LECrim, sensu contrario). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.

   En este sentido se pronuncian también la STS 270/2018, 5 de junio, y los AATS 1090/2017, de 13 de julio, 1155/2017, de 20 de julio, 1190/2017, de 20 de julio, 1228/2017, de 20 de julio, 1243/2017, de 27 de julio y 1109/2017, de 13 de julio, el último de los cuales, en relación con la denuncia de vulneración de la presunción de inocencia constata que "el recurrente se limita a reiterar el contenido de la impugnación desarrollada en la apelación. En consecuencia, la cuestión carece de relevancia casacional, en la medida en que no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad, que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación. Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable y que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular".

   2.3.- El recurso promovido por la representación legal de la defensa no se ajusta a estas premisas metodológicas.

   La Sala no detecta la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. De hecho, considera que la valoración probatoria efectuada en la instancia y, lo que resulta decisivo, el control ulterior por el Tribunal Superior de Justicia de la racionalidad y suficiencia de la prueba, son ejemplares.

   Para verificarlo resulta obligada la transcripción literal de los pasajes en los que esa suficiencia probatoria se hace explícita en la sentencia que resuelve el recurso de apelación.

   2.3.1.- Así, en relación con el delito de allanamiento de morada, en el FJ 3º se razona en los siguientes términos: "...la sentencia cita, y explica por qué corrobora la versión de Clemencia (que rechaza que conviviera, que el acusado tuviera las llaves de la vivienda y que no le autorizó a pasar), la declaración de Felix -que acompañaba a la víctima en su casa en el momento del asalto- y la inspección técnico policial ratificada en el plenario por su autor. Los testigos, que se encontraban desnudos sobre la cama, en el dormitorio de la vivienda de la C/. DIRECCION000 NUM000, oyeron un fuerte golpe proveniente de la puerta del domicilio, que la violentó y la inmediata presencia del acusado en la puerta del dormitorio; y el agente de la P.N. que levantó acta de inspección manifestó que la puerta de acceso presentaba arañazos y muescas compatibles con un reciente forzamiento, halló un papel a la altura del resbalón que impide su cierre, si no se echa la llave, la cadena de seguridad fracturada y ADN del acusado en un cigarrillo en la puerta. Todo ello prueba, como razona la sentencia recurrida, el acceso del acusado, sin autorización de su titular, al domicilio de la víctima".

   No se limita la acreditación probatoria a dar por buena la versión del acusado, sino que analiza y valora la tesis de descargo que hace valer Rodolfo: "...no puede sostenerse lo que constituye el alegato del recurso: que el domicilio de la víctima era también el del acusado (independientemente de que esporádicamente tuviera acceso a la misma para mantener relaciones sexuales o para lavandería), pues, además de lo ya dicho, el propio recurrente identificó ante la Policía actuante otro, en el acta de autorización voluntaria de entrada y registro, situado en la BARRIADA000, Bloque NUM001 de Valdepeñas; en la declaración en el plenario identifica como su domicilio el de la casa de su abuela; no aporta las llaves de la vivienda; y, el día de autos, tras pasar por el cercado y comprobar que Clemencia estaba en compañía de otros no acude al mismo sino que se refugia -según afirma- en casa de su abuela".

   Al margen de lo anterior, que por sí solo evidencia la corrección del juicio de autoría respecto del delito de allanamiento de morada, carece de sentido sostener que por el hecho de disponer de una llave de acceso -que, por cierto, no fue utilizada- o incluso por haber sido titular de algún derecho sobre ese inmueble, el acusado podía acceder cuando quisiera y como quisiera a su interior.

   2.3.2.- Igual rechazo merece el alegato que cuestiona que el delito de detención ilegal cuente con suficiente respaldo probatorio. En efecto, en el mismo FJ 3º, la sentencia dictada en grado de apelación se hace eco del razonamiento hecho valer en la instancia, que "... justifica la condena con base en el testimonio de la víctima (que tras abandonar la escena Felix fue agredida por el acusado, y tras obligarle a vestirse -con unas mallas grises y camiseta- llevándola cogida del hombro la obligó a introducirse en el coche, conduciéndola -contra su voluntad- a la casa de su abuela dónde la retuvo por espacio de seis horas), corroborado, periféricamente, por la declaración de Felix, que afirmó que Clemencia manifestó su deseo de abandonar el lugar y le fue impedido por el acusado; de la madre y hermana de la víctima, que llamaron telefónicamente, y de forma insistente, a Clemencia, sin que las atendiera (según afirma, porque el acusado no le dejó y por miedo a que, una vez desbloqueado el terminal, tuviera acceso al contenido del mismo), y al acusado, que dijo no saber nada Clemencia y que se podía encontrar en Manzanares; y los policías intervinientes, de dónde deducen la intención de Rodolfo de ocultar el paradero de Clemencia y con ello la situación e ésta de encontrase retenida.

   El razonamiento es lógico. No cabe apuntar como corroborador de la versión del acusado el testimonio de los otros dos coacusados de participar, precisamente, en este delito, que declararon en su condición de tal, informados de sus derechos, y sin prestar juramento, aportando una versión exculpatoria, que fue atendida por el tribunal, pero por otra causa legal diferente; y, frente a las manifestaciones del recurrente, en los informes médicos consta la existencia de una lesión eritematosa y erosión superficial en la cara lateral del cuello, 'que podría corresponder a una acción de agarre o sujeción con la mano'".

   Poco podemos añadir, en el limitado espacio valorativo que proporciona el recurso extraordinario de casación a este discurso. Su coherencia y su acomodo al canon constitucional de valoración probatoria descartan el éxito de la impugnación que reivindica la defensa.

   2.3.3.- El mismo desenlace exigen las críticas del recurrente a la insuficiencia probatoria que afectaría -se alega- a la condena impuesta por el delito de agresión sexual.

   Dicha declaración (que, pese a manifestarle al acusado que no quería sexo con él, la tocó en sus partes íntimas para comprobar si estaba mojada y, finalmente, la penetró vaginalmente 4 ó 5 veces) ha sido creída por la Sala de instancia, por los motivos que se han dicho; pero además porque se corrobora por la presencia de ADN del acusado y de la denunciante en las mallas que portaba la víctima la noche de autos (que precisamente le entregó el acusado en su casa, para que se vistiera) y en las sábanas recogidas. (...) También se corrobora en el informe psicosocial, emitido por el IML de Toledo -ratificado en el plenario- que concluye que no se detectan en la denunciante "indicativos psicopatológicos tendentes a la fabulación, no valorándose la existencia de una patología o personalidad desviada" y que Clemencia "ha sufrido una situación traumática, realizando una descripción de los hechos consistente y lógica, no apreciándose tendencia a magnificar el abuso vivido" determinantes de "una importante afectación" (problemas en el patrón del sueño; de alimentación y adaptativos)".

   Tras el análisis de los elementos incriminatorios tomados en consideración en la instancia, el Tribunal Superior de Justicia aborda los argumentos de descargo invocados por la defensa: "...que no exista parte de lesiones características (sí de erosiones y hematoma local leve en cara lateral del cuello) de este delito no significa que no se perpetrara. El acusado está condenado por un delito de lesiones en el marco de violencia de género, que no se recurre. Por otra parte, el tipo exige, además de la ausencia de consentimiento sexual de la víctima, la concurrencia de violencia o intimidación. Y sólo puede declararse la existencia de un marco intimidatorio grave, inminente y bastante para doblegar la voluntad (anulando su capacidad de reacción) de quién ha sido controlada mientras se divierte en una reunión de amigos en el cercado, asaltada violentamente en su domicilio cuando disfrutaba de su intimidad en compañía de un tercero, retenida en su vivienda contra su voluntad en la vivienda en DIRECCION000 y conducida posteriormente a la casa de la abuela del agresor en CALLE000, y encerrada en una habitación para tener acceso carnal con ella por vía vaginal (independientemente de que afirme que no hubo eyaculación). La sentencia apelada describe la existencia de un "clima de terror y miedo en el que, sin duda, atendiendo a la agresividad del acusado, en evitación de males mayores, mantuvo relaciones sexuales, sin capacidad alguna para oponerse a ellas, y por ello, con una voluntad totalmente anulada". Como se dice en la doctrina jurisprudencial, resulta suficiente una resistencia seria y razonable, sin necesidad de que sea heroica, bastando el no de la víctima; de modo que lo verdaderamente definidor de la infracción es la actitud violenta, agresiva, amenazadora e indiscutiblemente criminal del violador".

   Una vez más, esta Sala no puede sino identificarse con el discurso argumental mediante el que el Tribunal Superior de Justicia hace valer su respuesta en el recurso de apelación promovido por la representación legal de Rodolfo. La legalidad, suficiencia incriminatoria y racionalidad en el proceso de valoración probatoria que ha llevado a sentar el relato fáctico sobre el que se apoya la condena por el delito de agresión sexual resulta irreprochable.

   2.3.4.- Como ya hemos apuntado supra, el segundo de los motivos se limita a cuestionar la suficiencia probatoria de la declaración de la víctima. Clemencia -se arguye- incurrió en contradicciones, su declaración no fue persistente y, además, actuó por un móvil espurio, como lo demuestra el hecho de que se constituyó en acusación particular.

   La declaración de Clemencia tiene, en relación con los hechos proclamados como probados, el valor que esta Sala y la jurisprudencia constitucional atribuyen al testimonio de la víctima (cfr. SSTS 850/2007, 18 de octubre; 1137/2004, 15 de octubre y SSTC 201/1989, de 30 de noviembre, FJ 4; 173/1990, de 12 de noviembre, FJ 3; 229/1991, de 28 de noviembre, FJ 4; 64/1994, de 28 de febrero, FJ 5, entre otras muchas).

   También hemos puntualizado que esa idoneidad potencial de la declaración de la víctima ha de pasar el filtro, en cada caso concreto, de la valoración del Tribunal sentenciador. Su alto valor incriminatorio "... no significa, desde luego, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no es inhábil a los efectos de su valoración como una prueba más, por el tribunal sentenciador, el cual debe aplicar obviamente, en esta valoración, criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba" (cfr. SSTS 4672020, 21 de septiembre; 648/2020, 20 de diciembre; 589/2019, 28 de noviembre; 305/2017, 27 de abril; 789/2016, 20 de octubre y 636/2015, 27 de octubre, por citar algunos de los numerosos precedentes en este sentido).

   La mejor muestra de la falta de animadversión de la víctima respecto de su agresor es que la propia Clemencia no cooperó inicialmente con la investigación "...no facilitando su exploración médico forense (...). Su actitud se explica por la propia parte en el acto del juicio y en el Juzgado de instrucción (miedo) y consta en el informe pericial psicosocial (lo he querido mucho; no quería que entrara en prisión, me da pena; hasta el punto de no identificar la agresión sexual padecida con una violación porque no fue completa)".

   Sobre la persistencia incriminatoria de su testimonio, baste transcribir un fragmento del FJ. 5.2 de la sentencia dictada en apelación: "... desde el inicio, ante la Policía Nacional el día 7 de abril de 2019, en el Juzgado de Instrucción el día 10 siguiente y en el plenario, mantiene cómo encontrándose en su morada, el acusado la asaltó, sin que mediara consentimiento; la retuvo contra su voluntad durante varias horas, trasladándola a la otra vivienda dónde la agredió sexualmente. Consta en el escrito de impugnación presentado por el Ministerio fiscal la trascripción de sus manifestaciones a lo largo del proceso. No se trata de apreciar la repetición de una lección aprendida sino de la constancia sustancial de las diversas declaraciones; de forma concreta y coherente, manteniendo la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.

   La Sala tampoco puede identificarse con la tesis de que la víctima que se constituye en acusación particular pierde su credibilidad a la hora de evocar los sucesos que le llevaron a la denuncia. En efecto, hemos dicho que "...la indiferencia respecto del desenlace del proceso no es un presupuesto 'sine qua non' para proclamar la credibilidad de un testigo. Se puede ser exquisitamente imparcial en la narración de los hechos y, al mismo tiempo, interesar la condena del imputado. De hecho, nuestro sistema procesal autoriza a la víctima a convertirse, más allá de una distante portadora de la 'notitia criminis', en verdadera parte acusadora, ejerciendo la acusación particular con el fin de obtener la condena del acusado, sin que ello elimine la validez de su testimonio. Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala, que una y otra vez, recuerda que la lógica animadversión de la víctima derivada del hecho criminal es irrelevante para poner en duda su versión en cuanto no resulta de causas de resentimiento ajenas al delito" (cfr., por todas, SSTS 786/2015, 4 de diciembre; 511/2012, 13 de junio y 238/2011, 21 de marzo).

   Por consiguiente, los motivos primero y segundo decaen por su falta de fundamento ( art. 885.1 LECrim).

3. - El tercer motivo alega, con cierto desajuste técnico en su formulación y enunciado y con la cita combinada de los arts. 5.4 de la LOPJ, 852 y 849.1.b) de la LECrim, la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e infracción de ley "...por haberse infringido el art. 179 del CP, por no concurrir los requisitos del ilícito penal".

   El motivo no puede prosperar.

   Como recuerda el Ministerio Fiscal, las quejas casacionales por la indebida aplicación de un precepto -en este caso el art. 179 del CP- han de centrar su desacuerdo en el juicio de tipicidad proclamado en la instancia, no en la suficiencia probatoria de las bases fácticas que han permitido la condena por uno u otro precepto penal.

   La defensa se aparta de esta exigencia, en la medida en que vuelve a cuestionar la suficiencia probatoria del juicio histórico. Se incurre así en el motivo de inadmisión -ahora desestimación- previsto en los apartados 3 y 4 del art. 884 de la LECrim.

   Basta una lectura del hecho probado para concluir la corrección de la condena del acusado como autor de un delito de agresión sexual.

4. - La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación legal de D. Rodolfo contra la sentencia núm. 36/2021, 26 de julio, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en grado de apelación al resolver el recurso entablado contra la sentencia núm. 14/2021, 27 de abril, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

4. Manuel Marchena Gómez, presidente D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Andrés Palomo Del Arco

4. Vicente Magro Servet D.ª Susana Polo García