STS 750/2021, 6 de Octubre de 2021

Con fecha 10 de diciembre de 2019 se recibió en el Registro General de este Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado 231/2004 remitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), incoado en virtud de atestado instruido por el Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría Local de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra atentes de la autoridad y lesiones, al encontrarse entre los denunciados/acusados D. Victor Manuel, que ostenta la condición de Diputado de las Cortes Generales.

Formado rollo en esta Sala y registrado con el núm. 3/21019/2019 se designó Ponente para conocer de dicha causa y se interesó del Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, certificación acreditativa de la condición de aforado del Sr. Victor Manuel, lo que se verificó fehacientemente.

Segundo.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quién correspondía por el fuero del implicado el conocimiento de los hechos expuestos en el mencionado atestado, dictó auto el 16 de septiembre de 2.020, en el que acordó declararse competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de esta causa; admitiendo a trámite la denuncia y designando instructor de la misma al Magistrado de esta Sala D. Antonio del Moral García.

Tras recibirse la oportuna autorización del Congreso de los Diputados se practicaron las diligencias que se estimaron necesarias y, entre ellas, la declaración del investigado. A continuación, se abrió un trámite de audiencia a las partes.

Por el Ministerio Fiscal se solicita la conclusión de las diligencias y la adopción de la resolución prevista en en el art. 779.1.4º LECrim. La defensa del investigado instó a dictar auto de sobreseimiento libre conforme dispone el art. 779.1.1ª LECrim, aportando en soporte digital un vídeo que recoge alguna de las secuencias del día de los hechos. Habiéndose aportado otras grabaciones tomadas del mismo tipo de fuentes con la finalidad de contextualizar los hechos.

Tercero.- Que por auto de fecha 12 de abril de dos mil veintiuno, se acuerda la prosecución de la causa por los trámites de los arts. 780 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el querellado Victor Manuel, por los presuntos delitos de atentado a la autoridad y delito leve de lesiones tipificado en el art. 147.2 del Código Penal. Acordándose dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias ( art. 780.2 LECrim). Interponiéndose contra dicho auto recurso de reforma por escrito de la representación procesal del acusado de fecha 16/04/2021, el cual fue desestimado por auto de fecha 10/05/2021; sin que el mismo haya sido recurrido en apelación.

Cuarto.- Con fecha 7 de mayo de 2021, el Ministerio Fiscal presento escrito de acusación interesando la apertura de juicio oral contra el aforado investigado D. Victor Manuel, imputándole la comisión de un delito de atentado a los agentes de la autoridad, previsto y penado en el art. 550.1 y 2 del Código Penal en regulación dada a este precepto por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por ser más favorable, así como un delito leve de lesiones recogido en el artículo 147.2 del Código Penal.

Quinto.- Que por auto del Juez Instructor de la presente causa de fecha 25 de mayo de dos mil veintiuno, se acordó la apertura del juicio oral contra el acusado D. Victor Manuel, considerándose competente la Sala de lo Penal de este Tribunal para su enjuiciamiento. Acordándose comunicar al investigado el contenido de esta resolución y darle traslado del escrito de acusación y de las actuaciones para que formule escrito de defensa en 10 días. Al mismo tiempo requiriéndole para que preste fianza por 350 euros por para el aseguramiento de la responsabilidad civil, lo que se verificó seguidamente, acordándose la solvencia del referido por auto de fecha 14/06/2021.

En fecha 18/06/2021, se presentó escrito de defensa por la representación procesal de D. Victor Manuel, el cual consta unido a las presentes actuaciones.

Sexto.- En el acto del Juicio Oral el Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales.

Sétimo.- La defensa del acusado, elevó a definitivas las conclusiones en el acto del Juicio oral, con las modificaciones que constan en el escrito presentado, que se une a los presentes autos.

Octavo.- Habiéndose señalado para el inicio de la celebración de la vista y posterior deliberación el pasado día 21 de Setiembre de 2021, habiendo finalizado la deliberación anteriormente mencionada en el día de hoy.

El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso con todas las garantías, ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 de junio, FJ 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, STC 78/2013, de 8 de abril, FJ 2, y STC 185/2014). Todo ello supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza que pueda considerarse objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, tanto en los aspectos objetivos como en los subjetivos, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables. A través de la prueba deben quedar acreditados todos los elementos fácticos, objetivos y subjetivos, que sean necesarios para la subsunción.

En el caso, se han practicado como pruebas ante este Tribunal las testificales del Inspector Jefe del C.N. de Policía nº NUM004, y del agente del C.N.P. nº NUM003; la pericial de la Dra. Sagrario y de la Sra. Médico Forense Dña. Vicenta; la documental consistente en los partes de urgencia y de sanidad y la hoja de urgencias relativas a la atención médica del agente policial nº NUM003; y el visionado del vídeo aportado por la defensa y de los vídeos 1 y 2 que obran en la causa. Finalizada la práctica de la prueba, se ha oído al acusado, que ha prestado declaración respondiendo a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su defensa. Tras los informes del Ministerio Fiscal y de la defensa, le fue concedida la palabra al acusado, de conformidad con el artículo 739 de la LECrim.

El Inspector Jefe vino a ratificar el contenido de su comparecencia tal como obra en el atestado. Señaló que, mientras estuvo al frente del operativo policial hasta que éste finalizó, no vio al acusado en el lugar.

El agente policial nº NUM003, tal como consta en el acta, a preguntas del MF, además de reiterar algunos aspectos de sus declaraciones anteriores, precisó que "había mucha gente y había que mantener una línea para que la gente no accediera al interior del vallado"; que "consideró que ponerse a agarrar al acusado hubiera sido peor que mantener la línea" que "consideró que había que mantener la línea"; que "entiende que la patada fue voluntaria". Y que "solo recuerda la lesión de la rodilla, porque hubo mucho alboroto". A preguntas de la defensa, manifestó que "el vallado al final se quitó y no hacía su función, que ellos accedieron para hacer una línea, que recuerda ver al Sr. Victor Manuel cuando entraron"; "que el acusado estaba con la gente que intentaba acceder"; "que estaban haciendo una línea porque había compañeros reduciendo a otros detenidos que la intención de ellos era que se soltara a los otros detenidos, que ellos intentaban hacer una línea y en momento dado recibe el golpe"; "que intentaban llegar hasta donde estaban los compañeros reduciendo a los detenidos"; "que los compañeros le comentaron que el Sr. Victor Manuel tenía antecedentes de violencia en otras manifestaciones. Que lo que él recuerda son actitudes normales del acusado en otras manifestaciones".

Las dos peritos reiteraron sus informes. La Dra. Dña. Sagrario insistió en que recogen lo que refiere el paciente y luego se le examina, que lo que está en el parte es lo que ella vio en ese momento y que, aunque no se vean signos o la maniobra no sea positiva, si refiere dolor, se pone medicación, pero es lo que refiere el paciente. La Dra. Dña Vicenta señaló que la indicación sobre las patadas es porque así lo manifestó el agente; que es habitual los 5 días de curación en contusiones leves y que lo examinó un mes y medio después de los hechos.

Los documentos propuestos como documental coinciden con el resultado de la prueba pericial en cuanto a lo consignado en ellos.

Los vídeos visionados no incorporan una grabación íntegra ni contienen una secuencia temporal ordenada de todo lo sucedido. Por ello, al no ser una grabación completa, el que algunos hechos no aparezcan en las grabaciones no implica que no puedan ser acreditados por otras pruebas. Sin embargo, resultan de alguna utilidad en cuanto a la existencia del dispositivo, a la actitud violenta de los concentrados frente al lugar de la inauguración y a la presencia del acusado en el lugar cuando aún no habían finalizado los incidentes.

1. La realidad del dispositivo policial y de los incidentes violentos queda acreditada por la testifical del Inspector jefe, la del agente policial nº NUM003 y, en parte, por el contenido de los vídeos visionados en el plenario. Estas pruebas permiten considerar acreditado que una vez establecido el dispositivo policial, frente al vallado colocado en las cercanías del lugar donde se iba a producir el acto de inauguración, se concentraron varias personas formando un grupo grande que comenzó a increpar a los asistentes al acto y a los agentes de policía, incrementando progresivamente su agresividad, hasta llegar a desmontar el citado vallado, lo que motivó que interviniera la unidad a la que pertenecía el agente nº NUM003, que se encontraba en las inmediaciones. Esos agentes se colocaron entre las personas antes mencionadas y lo que quedaba del vallado, realizando algunas cargas por parte de algunos agentes contra los concentrados. Posteriormente, se ejecutaron otras acciones policiales similares con la finalidad de proceder a la detención de algunos de los concentrados a los que identificaban como autores de acciones violentas.

2. En cuanto a la presencia del acusado en el lugar, es cierto que el Inspector jefe manifestó que, en el tiempo en que permaneció al frente del dispositivo, tal como aparece en algunas imágenes, no vio al acusado. Este afirma que asistió a la manifestación convocada, pero que no llegó al lugar hasta que los hechos hubieron finalizado.

   Sin embargo, además de que no se ha precisado si la posición del Inspector Jefe le facilitó en todo momento la visión de las primeras filas de los concentrados, existen otras pruebas que acreditan la presencia del acusado antes de ese momento.

   En primer lugar, su propia declaración en la medida en que reconoció que, junto con la manifestación, llegó al lugar de los hechos, pues, aun cuando asegure que solo fue al final, acredita que estuvo allí. En segundo lugar, por la declaración del agente policial NUM003, que afirma haberlo visto entre los que asediaban a los agentes. Y, en tercer lugar, porque aparece en uno de los vídeos en un grupo de personas que se colocan enfrente de varios agentes policiales que están equipados, al menos en parte, con equipo antidisturbios de protección, de donde resulta que, aunque, como sostiene, fuera ya hacia el final, cuando ya está en el lugar, los incidentes aún no habían finalizado; y que aún había posiciones enfrentadas entre agentes equipados con material de protección y distintas personas entre las que se encontraba el acusado.

3. Como se acaba de decir, el acusado negó encontrarse en el lugar de los hechos en el momento en que se producen enfrentamientos físicos entre los agentes y los concentrados en las inmediaciones del lugar de la inauguración. Negó, igualmente, haber propinado una patada a ningún agente policial. Se limita pues, a negar los hechos que se le imputan.

   Atribuye las declaraciones del agente NUM003 a lo que considera una práctica habitual de la policía consistente en afirmar falsamente que una persona, que se ha caracterizado por su actividad en otras manifestaciones, está presente en aquella sobre la que informan y ha desarrollado en ella actitudes violentas, lo que se hace con la finalidad, dice, de criminalizar el ejercicio del derecho de manifestación. Sin embargo, el agente policial nº NUM003 declaró que conocía al acusado de otras manifestaciones anteriores en las que había mantenido un comportamiento normal. De manera que, en la fecha de los hechos, en opinión del testigo, el acusado no era una persona significada por su actitud especialmente activa o violenta en las manifestaciones; y, además, entonces carecía de relevancia política. Así pues, desde cualquier perspectiva, estas afirmaciones del acusado no constituyen otra cosa que una creencia personal que no viene avalada por ninguna prueba, ni tampoco por indicios de su realidad mínimamente consistentes. Deben, pues, ser rechazadas.

   También viene a sostener el acusado que lo que se pretende con la acusación formalizada en esta causa es cuestionar el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Esta Sala no puede compartir esa consideración. Numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión y solo se practicó la detención de aquellos a quienes se imputaban actos violentos. La violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La acusación sostenida en esta causa nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos fundamentales, sino con el empleo de violencia, en el curso de su ejercicio, contra los agentes de la autoridad que se encuentran en el cumplimiento de sus funciones. Por otro lado, la defensa del acusado se orientó a negar su presencia en el lugar de los incidentes, y no planteó la concurrencia de posibles excesos policiales ni la existencia de ninguna eventual colisión entre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación y la imputación de hechos violentos al acusado.

   En el uso del derecho a la última palabra, el acusado insistió en su inocencia, y, entre otras cosas, señaló que de producirse la condena acudiría al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se trata de una alegación que resulta inapropiada en una sede judicial. Es de toda evidencia que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas a través de los mecanismos previstos en las leyes. De modo que la advertencia de que se acudirá a los mismos no puede perturbar en modo alguno el ejercicio de las responsabilidades que competen a esta Sala o a cualquier otro órgano jurisdiccional. Por el contrario, la existencia de esos mecanismos constituye una garantía de los derechos que, en el ámbito del proceso penal, corresponde asegurar a los órganos jurisdiccionales de este orden y, muy principalmente, a esta Sala del Tribunal Supremo, de conformidad con las funciones, propias de un Estado de Derecho, que le atribuyen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

1. La realidad de la contusión sufrida por el agente NUM003 se acredita por su declaración y por la prueba pericial y documental sobre la lesión. La defensa discrepa y sostiene que la lesión no está acreditada, ya que los peritos médicos se limitaron a consignar lo que el compareciente les relataba. Tal relato es coincidente con lo sostenido por el agente ante los órganos judiciales ante los que ha prestado declaración.

En cuanto al tiempo de curación, se ha establecido en un día, en atención a que el testigo así lo manifestó, mientras que la perito médico aclaró que si en su informe consignó como tiempo de curación cinco días fue porque es lo habitual cuando se trata de contusiones leves.

2. En lo que se refiere a la existencia de la agresión al agente y a la autoría de la misma, la prueba que se ha tenido en cuenta para considerar probados los hechos imputados, consiste, fundamentalmente, en la declaración del agente policial nº NUM003. En sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda, en el curso de los incidentes que tuvieron lugar.

Tal declaración aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos. La credibilidad del testigo viene avalada además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado. Efectivamente, solo le imputó la patada en la rodilla, excluyendo otras lesiones que presentaba en la mano, y manifestó con claridad que los recuerdos que tiene del acusado en otras manifestaciones son de un comportamiento normal, como contrapuesto a violento. Por otro lado, la apariencia física del acusado, como sostuvo con acierto su defensa, hace fácil su reconocimiento y el testigo manifestó, como ya se ha dicho, que lo conocía por haber asistido a otras manifestaciones con anterioridad.

Nada dice en contra de su versión el que no se procediera a la detención del acusado en el momento inmediatamente posterior a la agresión. El agente manifestó en este sentido que consideró más prudente mantener la línea, que era la finalidad de su intervención, que proceder a la detención, lo cual no puede considerarse irrazonable, teniendo en cuenta que el acusado era una persona fácilmente identificable, conocido ya de otras manifestaciones.

Los hechos que se han declarado probados constituyen un delito de atentado a agente de la autoridad, previsto y penado en el artículo 550.1 y 2 del Código Penal, en la redacción dada al precepto por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que resulta más favorable, así como un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal.

1. Dispone el artículo 550 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, que "son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

   Decíamos en la STS nº 352/2020, de 25 de junio, que "La figura del atentado contemplada en el art. 550 CP, abarca tanto el acometimiento o la fuerza como la resistencia activa, también grave, contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Los elementos de este delito son la condición de autoridad, agentes de la misma o funcionario público del sujeto pasivo; que este se halle en el ejercicio de sus funciones o que el hecho haya sido motivado por la actuación anterior en el ejercicio de tales funciones; y la realización de un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave.

   Se ha reiterado por este tribunal que "acometer" equivale a agredir y basta con que tal conducta se dé con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad (a sus agentes o a los funcionarios) advirtiendo la jurisprudencia ( STS 544/2018, de 12-11) que el atentado se perfecciona, incluso cuando el acto de acometimiento no llega a consumarse. Lo esencial es la embestida o ataque violento. Por ello se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del sujeto pasivo, que si concurre se penará independientemente, calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con el ataque o acometimiento, con independencia de que tal acometimiento se parifica con la grave intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo.

   Y en cuanto al dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad "va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido" ( STS 837/2017 antes citada), entendiéndose que quien agrede, resiste o desobedece conociendo la condición del sujeto pasivo "acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado" (o de consecuencias necesarias), matizándose que "la presencia de un animus o dolo específico ... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder".".

2. En el caso, concurren todos los elementos exigidos por el tipo. Ninguna duda existe respecto a que el agente lesionado se encontraba uniformado y en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Tampoco se ha cuestionado que el acusado conociera adecuadamente esa circunstancia, por otro lado, evidente. Ni se han alegado otras razones para la agresión que las relacionadas con el cumplimiento de las funciones públicas que al agente policial le correspondían en aquel momento. En cuanto a la conducta típica, el acto de propinarle una patada en la rodilla constituye no solo un acto de acometimiento, sino una clara agresión, lo que cumple las exigencias del tipo objetivo.

   En el tipo subjetivo, tampoco surgen dudas de que el acusado no solo sabía que el agente se encontraba en el ejercicio de sus funciones, sino también que patearlo en la rodilla constituye un acto de agresión.

3. En cuanto al delito leve de lesiones las ocasionadas al agente policial nº NUM003 precisaron de una sola asistencia. El art. 617 del Código Penal, que se encontraba vigente a la fecha de los hechos, preveía para los autores de lesiones que no fueran constitutivas de delito, la pena de localización permanente de 6 a 12 días o multa de 1 a 2 meses.

   La entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, modificó el Código Penal, y como consecuencia de la Disposición Derogatoria Única, quedó derogado el Libro III de dicho texto legal.

   La Disposición Transitoria 4ª, en su apartado 2, dispone: 2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

   Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

   Como señala la STS 13/2016, de 25 de Enero "Conforme el entendimiento habitual de Juzgados y Audiencias, también expuesto en la Circular 1/2015 FGE, esta norma transitoria, que reproduce los términos de la Disposición Transitoria segunda de la LO 3/1989, de 21 de junio, equipara en este régimen transitorio las faltas antes públicas y ahora delitos leves precisados de denuncia del agraviado, por lo que suprime toda posibilidad de conllevar en los procesos en tramitación condena penal, dejando reducido el objeto del proceso al resarcimiento civil del perjudicado si éste no ha renunciado expresamente al mismo, pues de producirse la renuncia el procedimiento se debe archivar". En este sentido la STS nº 534/2016, de 17 de junio; la STS nº 773/2016, de 19 de octubre; la STS nº 695/2017, de 24 de octubre, y la STS nº 656/2020, de 3 de diciembre, entre otras.

   Procederá, por lo tanto, acordar la absolución del acusado por el delito leve de lesiones, dejando subsistente la responsabilidad civil que proceda, según lo que luego se dirá.

De los hechos declarados probados es autor el acusado, de conformidad con el artículo 28, inciso primero, del Código Penal.

No concurren circunstancias agravantes.

1. En cuanto a las atenuantes, el Ministerio Fiscal, única acusación, aprecia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. Aunque la posición de la acusación nos exime de mayores consideraciones, dadas las implicaciones del principio acusatorio, puede señalarse que la causa carece de cualquier complejidad y que, sin embargo, los hechos han ocurrido en enero del año 2014, celebrándose el juicio oral más de 7 años después, sin que se haya alegado justificación alguna a tan evidente retraso. La acusación pública ha solicitado la reducción de la pena en un grado. La defensa, para el caso de que se dicte sentencia condenatoria, poniendo de relieve la existencia de paralizaciones extensas en el tiempo y en ningún caso imputables al acusado, interesa que la reducción se produzca en dos grados, que se imponga la pena de un mes y medio y que se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad.

2. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable.

   El carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y en función de los criterios consagrados por su jurisprudencia, en particular, la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades competentes, así como lo que está en juego en el litigio para los interesados, ( STEDH de 21 de noviembre de 2019, Caso Papargyriou c. Grecia).

   Su apreciación como muy cualificada requerirá de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple. En este sentido, en la STS 692/2012 se hace referencia a una dilación manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. Y añade que también, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales.".

   En algunos precedentes, esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia ( STS 1224/2009; STS 1356/2009; STS 66/2010; STS 238/2010; y STS 275/2010) reduciendo la pena en uno o dos grados según las circunstancias de cada caso. Así se recogía en la STS nº 72/2017, de 8 de febrero.

3. En el caso, la duración total de la causa ha sido de especial extensión, en relación con la escasa complejidad del asunto, sin que aparezca justificación alguna. Además, los tiempos de paralización que la defensa ha puesto de manifiesto presentan también especial significación. Todo ello lleva al Tribunal a considerar que la atenuante no solo debe ser apreciada como muy cualificada, tal como aprecian la acusación y la defensa, sino que la pena debe ser reducida en dos grados.

4. La defensa alega también la atenuante de reparación, pues entiende que así debe valorarse la prestación de fianza por parte del acusado.

   La jurisprudencia de esta Sala no ha sido proclive a admitir que la consignación de la fianza requerida al imputado para responder de eventuales responsabilidades económicas pueda dar lugar a la atenuante aquí postulada. En este sentido, entre otras la STS nº 601/2021, de 7 de julio. Decíamos en la STS nº 541/2021, de 21 de junio, que examina la cuestión en detalle, que "La oferta para reparar de los bienes que el penado tenía embargados en la pieza de responsabilidad civil, fue considerada como insuficiente en cualquier medida para atenuar la pena en las SSTS 529/ 2006 o 229/2017, ambas de 3 abril. La STS 126/2020, de 6 de abril, rechazó expresamente la posibilidad de que se aplicara la atenuante sobre la fianza constituida para garantizar responsabilidades civiles. Señaló esta última sentencia, con reproducción de lo en su día afirmado por las SSTS 754/2018 y 757/2018 de 12 de marzo y 2 de abril de 2019, respectivamente, "...cuando la actuación económica consiste en consignar una cantidad dineraria antes del juicio, no con la pretensión de reparar incondicional e irrevocablemente los perjuicios causados, sino dando seguimiento a un previo auto de prestación de fianza, garantizándose así que pueda hacerse pago al perjudicado en la eventualidad procesal de que, terminado el juicio, se declare una responsabilidad civil de la que el consignante discrepa y que no admite, no nos encontramos con la actuación configuradora de la circunstancia atenuante de reparación del daño prevista en el artículo 21.5 del Código Penal, sino con una consignación en garantía de las eventuales responsabilidades civiles que puedan llegar a dictarse. En tal coyuntura, la actuación procesal se limita a dar cumplimiento a la previsión de los artículos 589 y 591 de la LECRIM, que establecen que cualquier fianza monetaria podrá constituirse en dinero en efectivo, eludiéndose el embargo subsidiario contemplado en el artículo 597 de la LECRIM , así como la propia previsión subsidiaria del artículo 738.2 en relación con el artículo 585 de la LEC, que permite eludir y suspender el embargo consignando la cantidad por la que este se hubiera despachado". En el mismo sentido, rechazó tal efecto atenuatorio la STS 187/2020, de 20 de mayo".

   Otras sentencias han matizado que la consignación de la fianza, unida a la manifestación de su voluntad de entrega inmediata a la víctima, puede dar lugar al efecto de atenuación. Pero es imprescindible que tal voluntad conste expresamente.

   En el caso, no se ha acreditado que el acusado haya hecho otra cosa que limitarse a cumplir el requerimiento de prestación de fianza y consignar el importe que se fijaba, lo cual, como se acaba de decir no justifica la apreciación de la atenuante.

En cuanto a las penas, el delito de atentado a agentes de la autoridad tiene señalada una pena de seis meses a tres años de prisión, con las accesorias previstas en el artículo 56 del Código Penal. La acusación, apreciando la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada interesa reducción de la pena en un grado, en la extensión de 3 meses y 10 días.

Como hemos dicho más arriba, hemos considerado pertinente la reducción en dos grados, por lo que la pena privativa de libertad a imponer se sitúa entre un mes y 15 días y 3 meses menos un día. No existen razones que avalen una pena superior al mínimo legal, por lo que se impondrá la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La defensa del acusado, en trámite de conclusiones definitivas, interesó la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad. El Ministerio Fiscal no realizó alegación alguna en su informe. El acusado, conocida la pretensión de la defensa, en el uso de la última palabra tampoco hizo referencia expresa a esta cuestión. No es necesaria, por lo tanto, una nueva audiencia al acusado.

Por imperativo del artículo 71.2 del Código Penal, la pena de prisión inferior a tres meses debe ser sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. La Sala considera pertinente la sustitución de la pena de prisión por una pena de multa, que será de 90 días, de conformidad con el artículo citado, con cuota diaria de 6 euros, que era la interesada expresamente por el Ministerio Fiscal respecto del delito leve de lesiones.

La sustitución no afecta a la pena accesoria de la pena de prisión. El artículo 71.1 del Código Penal prevé la reducción de todas las penas, sin excluir las accesorias, de manera que los jueces o tribunales, en la determinación de la pena inferior en grado, no quedan limitados por las cuantías mínimas establecidas en la ley a cada clase de pena. Por otro lado, el artículo 71.2 solo ordena la sustitución de la pena de prisión. Y las penas accesorias son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad, y no de su ejecución.

Al acordarse la absolución del acusado, no procede la imposición de pena por el delito leve de lesiones, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

En relación con la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal consideró que el lesionado requirió para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días para su curación, sin que haya estado impedido, y solicitó una indemnización de 250 euros. Excluidos los días de recuperación, como hemos establecido, la indemnización se reduce a la cuantía de 50 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, se condena al acusado en las costas de esta causa, declarando de oficio la mitad de las mismas al acordar la absolución por uno de los delitos que fueron objeto de acusación.