STS 202/2020, 20 de Mayo de 2020

El Juzgado de Instrucción nº 7 de A Coruña, instruyó diligencias previas contra D. Bernabe , por delito de abuso sexual a menor y contra D.ª Felisa como cooperadora necesaria del mismo delito, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Segunda, en el procedimiento ordinario 52/2016, que con fecha 22 de junio de 2018 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "En febrero de 2013 la acusada Felisa mayor de edad y sin antecedentes penales, y su marido Cesar, abrieron un negocio de venta de piensos para animales, y semillas, en la localidad de DIRECCION000, en cuya gestión les ayudaba una amigo de ambos, el acusado Bernabe, mayor de edad y sin antecedentes penales. En aquella fecha con el referido matrimonio vivía la hija común adoptada Milagrosa, nacida en Bolivia el NUM000-2001, y vivían en el domicilio del padre de Cesar, hasta que a mediados de junio de dicho año, debido al deterioro de las relaciones con el padre, se fueron a vivir con la hermana de la acusada.

A partir del año 2006 la acusada comenzó a recibir mensajes desde una cuenta de correo electrónico, creada por el acusado DIRECCION001 y en esos mensajes se hacía pasar por un vidente que conocía a un chamán que ya había muerto y que le había traspasado los poderes, en tales mensajes le decía que confiase en Bernabe que podía ayudarle, que le ayudaría a montar el negocio, que le concediese todo lo que le solicitaba, y que le hiciera regalos y le pagase 500 euros. También le decía en otros correos que llevase a la niña a la tienda, aunque la acusada cuando comenzó a llevarla a la tienda, pero en un tiempo posterior lo fue también por consecuencia de los problemas en el domicilio familiar, en concreto con el suegro.

El acusado que había comenzado a sentirse atraído por Milagrosa, se había ganado la confianza de Felisa aficionada a los ternas de astrología, videncia y temas esotéricos, trató de ganarse progresivamente la confianza de Milagrosa a través de acrecentar su interés por temas de la mitología del continente sudamericano, haciéndole creer que ella era la reencarnación de una antigua diosa llamada Oda, y el la del esposo de dicha divinidad. Para ello abrió otra cuenta de correo electrónico DIRECCION002, y desde ella enviaba mensajes a la que la niña poseía, DIRECCION003. En tales mensajes se hacía pasar por la pretendida diosa o por alguna figura relacionada con la misma, le decía que conocía bien a Bernabe que se portase bien con él, y todo ello con la finalidad de lograr mantener relaciones sexuales con la niña. No puede considerarse acreditado que la madre se percatase de las intenciones del acusado, y si bien recibió un mensaje para confeccionar un vestido y taparrabos para la hija, semejante a los que llevaban los indígenas, y que le mandaran fotografías, que se confeccionó con la intervención del propio acusado y dentro del contexto de los correos que venían las fotografías con falda corta y otras con taparrabos, desnuda en la parte superior fueron enviadas a la cuenta DIRECCION001 por Milagrosa, fotografías que se realizaron y enviaron en marzo de 2013, y realizadas en su mayoría por la menor.

Como consecuencia de toda esta trama montada por el acusado en la que además en los correos le daba consejos para para darle besos o acariciarlo , desnudarse ante él y participar en juegos de naturaleza sexual, para mantener relaciones sexuales, en el mes de abril, mayo y hasta mediados de junio, Milagrosa persuadida por esos consejos, y que en otros correos le decía lo que podría pasarle a su familia sino se portaba bien con Bernabe, se sometía la voluntad de aquel que le hacía tocamientos, la besaba, la desnudaba pero como la niña se resistía a la penetración, también le envió un correo para decirle que no se opusiese aunque tuviese dolor porque luego experimentaría placer. Así en varias tardes del mes de junio en la tienda o bien en el coche, el acusado frotó su pene con la vagina de la niña y lo introdujo de forma parcial, pero no llegó a hacerlo totalmente en ninguna de las ocasiones porque la niña sentía dolor, y en una ocasión concreta en la tienda porque llegaban clientes.

A finales del mes de junio el padre de Milagrosa, Cesar, se percató de la situación a través de los comentarios de una vecina y por ello accedió a la cuenta de correo de su mujer y se enteró de los correos que enviaba DIRECCION001, poco después logró leer los correos de su hija descubriendo los que había estado escribiendo y recibiendo desde las dos cuentas de Bernabe, odad- oda.oda y lugardeaba; por consecuencia formuló denuncia acompañado de su mujer Felisa, sin que conste que esta lo hiciese para aparentar que había sido completamente manejada por Bernabe, ni para aparentar una posible sospecha de los contactos sexuales de su hija."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Condenamos a Bernabe como autor de un delito continuado de abusos sexuales, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de ONCE AÑOS Y UN MES DE PRISION, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, así como la medida de libertad vigilada por tiempo de 7 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y consistente en la prohibición durante 7 años de comunicación por cualquier medio con Milagrosa y de acercamiento a menos de 500 metros de la misma de su domicilio, del centro donde curse sus estudios o de cualquier otro que frecuente en la actualidad o pueda hacerlo en el futuro, así como en la obligación de participar en programas formativos de educación sexual, en la prohibición durante el mismo período reseñado de desempeñar actividades profesionales que impliquen el contacto directo con menores de edad; y al pago del de las costas causadas, incluyendo las de la acusación particular en su totalidad.

Indemnizará a Milagrosa en 25.000 euros por daños morales.

Absolvemos a Felisa y con declaración de oficio del de las costas causadas. [...]"

Noti?cada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de D. Bernabe , que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certi?caciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

Primero.- Al amparo del artículo 852 LECRIM y artículo 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española en su vertiente de inexistencia de prueba de cargo suficiente. Segundo. Por infracción de ley, al amparo del número primero del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entre otros, - por aplicación indebida de los artículos 183, Código Penal párrafos 1,3, inciso primero, y 4, apartado d), 192, párrafos 1 y 2, y 74.2 del en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Tercero. Por infracción de ley, por error en la apreciación de la prueba, al amparo del número segundo del artículo 849 LECRIM, en relación el informe pericial obrante en autos sobre la menor Milagrosa.

Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Por Providencia de esta Sala de fecha 6 de mayo de 2020 se señala el presente recurso para fallo para el día 18 de mayo del presente año, prolongándose la deliberación del mismo hasta el día de la fecha.

El fundamento de derecho segundo ha sido redactado por el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral, quien expresa el parecer de la Sala y respecto al que se formula el Voto particular por el Excmo. Sr D. Andrés Martinez Arrieta y la Excma. Sra. D.ª Susana Polo García.

La sentencia objeto de la presente censura casacional condena al recurrente como autor de un delito continuado de abusos sexuales realizado sobre menor de 13 años de edad y con la agravación del párrafo 3 del art. 183 CP, prevalimiento por superioridad. En síntesis, el relato fáctico refiere que el acusado mantenía una relación de amistad con los padres de la menor Milagrosa y trabajaba en el establecimiento regentado por aquellos. El acusado disponía de cierta ascendencia sobre la madre de la menor en razón a la afición que esta tenía sobre temas esotéricos respecto a los que el acusado era, igualmente, seguidor, hasta el punto de haber convencido a la familia de la condición de diosa indígena de la menor. A consecuencia de estas creencias el acusado había trasmitido correos electrónicos a la menor y a su madre instando al mantenimiento de relaciones sexuales y la realización de actos de contenido sexual, llegando la menor a estar persuadida logrando someterla a su voluntad y amenazarla con padecimientos a la familia. Los hechos suceden hasta que el padre los descubre y lo denuncia. La madre había sido acusada como cooperadora necesaria y fue absuelta por falta de acreditación de su participación en los hechos.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, destacando la insuficiente actividad probatoria, pues las declaraciones de la menor son insuficientes, las corroboraciones no son tales pues cualquier persona pudo haber empleado su teléfono, que alojaba fotografías y conversaciones del acusado con la menor sobre los hechos. Destaca la existencia de unas malas relaciones con el padre que denunció los hechos. Respecto a la edad de la menor, señala su falta de acreditación pues la certificación registral en España de la niña no hace prueba, dado su origen boliviano, y hubiera sido preciso una certificación de nacimiento de Bolivia.

El motivo se desestima. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, por todas STS 6/2016, de 20 de enero, STS 482/2013, de 4 de junio, "En una reiterada jurisprudencia, esta Sala ha considerado que el testimonio de la víctima, prestado con las debidas garantías entre las que destaca la contradicción, puede constituir prueba de cargo suficiente en la que basar la convicción del juez para la determinación de los hechos del caso ( STS 568/2007, de 26 de junio)". La cuestión que se plantea se concreta, por lo tanto, en la credibilidad del testimonio de la víctima. Para esa valoración esta Sala ha proporcionado unos criterios de valoración, a la que nos hemos referido reiteradamente, los cuales ni tienen carácter exhaustivo, ni son reglas de valoración sino razonamientos que pueden ser útiles en la expresión de una valoración. El control casacional, como el que pueda realizar el Tribunal Constitucional, en un amparo ante el mismo, no es una ulterior instancia y no puede referirse a la posible existencia de alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión revisora ha de concretarse en la racionalidad de la convicción que el tribunal de instancia realiza sobre ese testimonio, esto es, comprobar conforme al art. 717 de la Ley procesal, si la valoración es racional.

En algún pronunciamiento jurisprudencial nos hemos referido a estos supuestos como "situación límite de crisis del derecho fundamental a la presunción de inocencia" en los que sobre los hechos nucleares de la acusación sólo existen dos versiones, la de quien acusa y la del acusado, y estas son tan diametralmente distintas que es imposible fundar una convicción razonable sobre puntos de encuentro de sus respectivas versiones, lo que imposibilita una valoración asentada en puntos de acuerdo.

La lectura del acta del juicio oral, de la motivación de la sentencia y las propias actuaciones, que realizamos al amparo del art. 899 de la Ley procesal, ponen de manifiesto que nos encontramos ante una situación en la que la prueba, valorada por el tribunal que ha dispuesto de la inmediación precisa, incide sobre el hecho del ataque a la libertad, afirmada por la menor perjudicada y negada por el acusado. El examen de la motivación de la convicción permite constatar la existencia de las corroboraciones al testimonio de la víctima que el tribunal destaca y expresa en la fundamentación.

Así constatamos las declaraciones de la víctima persistente en su contenido incriminatorio a lo largo del procedimiento; la pericial sobre la credibilidad del testimonio de la víctima que proporciona al tribunal criterios de valoración racionales surgidos de un estamento ajeno a la estructura de depuración de hechos sometidos a enjuiciamiento; la intervención en el móvil del acusado de las fotografías de la menor y de los correos sobre los hechos referidos a la realización de actos de evidente contenido sexual. También la denuncia efectuada por los padres. A partir de esa actividad probatoria, prueba de cargo sobre los hechos de la acusación, el tribunal forma su convicción y la explica en la motivación de la sentencia de forma racional y con la lógica que surge de los testimonios y periciales oídas en el juicio.

El recurrente tampoco llega a proporcionar una versión de los hechos, sino que cuestiona la persistencia en la declaración de la víctima, sobre aspectos ciertamente accesorios de su declaración, sobre la intervención de fotografías y conversaciones, afirmando que no tenían una mínima seguridad por lo que cualquier persona pudo realizarlas desde su móvil, lo que resulta ciertamente extraño, y con relación a la víctima, en el tercer motivo cuestiona a los peritos y la realización de su informe, argumentaciones ajenas a la función que el tribunal de casación debe, y puede, realizar. La revisión que podemos realizar es la que se ajusta a la estructura de la valoración de la prueba, a constatar la legalidad y regularidad de la prueba y a la estructura racional de la convicción que resulta de la motivación de la sentencia, pues esta Sala, que carece de la precisa inmediación, no puede valorar los testimonios oídos ante el tribunal de instancia.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

En el segundo de los motivos de la impugnación denuncia un error de derecho por la indebida aplicación, al hecho probado, de los arts. 183 1.3, inciso 1 y 4 y 192, 1 y 2 y 74 del Código Penal.

El motivo, dada la vía impugnatoria elegida, debe partir del respeto al hecho declarado probado y discutir desde ese respeto, la errónea aplicación de la norma penal sustantiva que invoca como indebidamente aplicada.

Respecto a la subsunción del hecho en el delito de abuso sexual, el relato fáctico es preciso en la expresión de actos de contenido sexual, incluso penetraciones, a la menor; respecto a la edad, el relato fáctico refiere su fecha de nacimiento, el NUM000 de 2001, hechos que aparece acreditado por la certificación del registro civil, sin que la alegación sobre una edad distinta tenga una base fáctica que permita amparar la conjetura que expresa el recurso, máxime cuando, se afirma en la sentencia, el acusado era amigo de la familia y conocía a la menor desde su adopción.

Distintas son las cosas en cuanto a la agravación contemplada en el art. 183.4.d) consistente en el prevalimiento de una relación de superioridad.

El Tribunal a quo quiere fundar esa relación de superioridad en el conocimiento y amistad que el acusado tenía con la madre de la menor y en las relaciones de confianza existentes con la familia. Pero de ahí solo cabe deducir una especial relación de confianza -que no superioridad-. Abuso de superioridad y abuso de confianza son circunstancias diferentes y no intercambiables. Lo demuestra que constituyan dos agravantes genéricas distintas ubicadas respectivamente en los ordinales 2ª y 6ª del art. 22 CP, aunque ambas situaciones proporcionan al autor una mayor facilidad para cometer los hechos. Pero no se pueden confundir ni solapar. Y el art. 183 4.d) contempla el abuso de superioridad; no el de confianza, por donde parece discurrir el razonamiento de la Audiencia (párrafo final del fundamental de derecho segundo), aunque finalmente se vea obligada, en un giro puramente lingüístico pero no conceptual, a introducir la locución aprovecharse de superioridad que enlaza con esa confianza ganada pero no con una objetiva relación de superioridad que pueda superponerse a la constituida por la diferencia de edad. Esa confianza con la familia, y especialmente con la madre, no proporcionaba al procesado una autoridad singular reforzada, más allá de la que puede corresponder a cualquier adulto frente a un menor. El prevalimiento de una situación de superioridad exige algo añadido a la pura diferencia de edad; y es, por otra parte, algo distinto de la relación de confianza, por más que quebrar ésta también incremente el desvalor.

Las graves penas que maneja el precepto (comparables a las del homicidio) invitan a una interpretación restrictiva del art. 183.4.d) que ahuyente el peligro de bis in ídem.

Descartada esa cercanía por amistad a la familia, y descartada también, dada la absolución de la acusada, una superioridad apoyada en la autoridad materna y obtenida por la actuación en connivencia con ella (lo que presentaría algún inconveniente dogmático), ¿podríamos basar el prevalimiento de una situación de superioridad, aunque no sea ese el enfoque de la sentencia, en la historia fabulada por el acusado para vencer la resistencia y recelos de la menor? Describe el hecho probado -y sin duda eso trasluce una singular malicia: la astucia puesta al servicio del instinto depravado- cómo el acusado hacía creer a la menor ser la reencarnación de una diosa -la diosa Oda- y simulaba mensajes emitidos por tal diosa que le alentaban a satisfacer los deseos sexuales del acusado presentado como la reencarnación de su esposo, según esa, al parecer, mitología precolombina. Al mismo tiempo la diosa le dirigía algunas advertencias.

La relación de superioridad ha de basarse en circunstancias reales (autoridad del padrastro o del padrino, o del maestro o profesor...) y no imaginarias o ficticias. No podemos construir la agravante por la superioridad predicable de la "diosa Oda" respecto de su reencarnación en el siglo XXI. Eso no es una situación de superioridad. Esta debe ser preexistente y real, no una ficción o un engaño o añagaza urdida por el autor. En último término, ese ardid que movió a la menor a someterse al acusado, no es más que otra manifestación de su inmadurez, de la diferencia de edad que ya contempla el art. 183 CP y que no añade nada distinto: que el adulto engañe a la menor, manipulándola, es una muestra de la diferencia de madurez ya contemplada por el tipo penal, es manifestación de la desigualdad y asimetría inherente al tipo básico y caracterizada por la diferencia de edad, que solo cuando alcanza ciertas cotas (menor de cuatro años: vid. art. 183.4.a) que ayuda a fijar los perfiles del subtipo de la letra d) determina una agravación específica. Asimilar esa burda manipulación a una situación de superioridad preexistente, sería equivalente a basar la agravación en la superioridad simplemente física: no es posible en tanto es connatural a la relación de un adulto con un menor (más aún en la fecha de los hechos en que el dintel cronológico se situaba en los trece años). Por lo mismo la superioridad intelectual o la asimetría derivada de la credulidad e inmadurez de la víctima constituyen algo que no añade un plus a la diferencia de edad connatural al precepto.

Otra cosa es que podamos valorar esa maquinación así como el desprecio de la confianza con la familia por la vía del art. 66 CP.

Consecuentemente, el motivo se estima.

En el tercer motivo denuncia el error de hecho en la valoración de la prueba designando, para la acreditación del error, la prueba pericial psicológica respecto a la que refiere que ha empleado criterios que a juicio de otro perito no son válidos para la realización de la pericia.

De acuerdo a reiterados precedentes de esta Sala, por todas STS 717/2018, de 17 de enero de 2019, hay que situar estas pericias en un ámbito adecuado, por cuanto cualquier psicólogo no está capacitado para este tipo de prueba que, por otra parte, -se adelanta- nunca puede suplantar el papel del juzgador la pericial facilitará pautas para la valoración. Pero decidir si los hechos han sucedido o no, valorar ese testimonio junto con el resto de pruebas, otorgarle o no crédito es función que está residenciada en el juzgador. Este no puede abdicar de esa tarea delegándola en el psicólogo que, por otra parte, si actúa con profesionalidad, no podrá asegurar la verdad o falsedad del testimonio. Tan solo indicará si con arreglo a los sistemas, protocolos y test valorativos convalidados concurren o no indicadores de fiabilidad o falta de fiabilidad.

Es por ello que estas periciales psicológicas no pueden integrarse en el concepto restringido de documento acreditativo de un error, al situarse en el ámbito de herramienta para fundar la convicción del tribunal, sin sustituir a éste en la función de valorar las pruebas.

En este sentido la STS 179/2014 de 6.3, incide en que no se discuten los conocimientos especializados de los psicólogos, pero no se puede sustentar la credibilidad de un testimonio en informes, que tanto sean en un sentido o en otro, ni refuerzan ni descalifican el testimonio específico y concreto de una persona. El análisis crítico del testimonio es una tarea consustancial a la responsabilidad de valorar y resolver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su comportamiento en el caso concreto. Para bien o para mal los jueces, según el imperio de la ley, son los que, en último punto, deben valorar, con su personal criterio, la verosimilitud de las versiones que escuchan de los testigos o acusado, sin delegar esta misión en manos de terceros.

La resolución matiza que no es infrecuente la realización de estas pericias psicológicas en relación con testigos de corta edad, y aunque tampoco pueden nunca vincular al Juez o Tribunal ni sustituirlo en su exclusiva función valorativa, sí pueden aportarle criterios de conocimiento psicológico especializado y, por tanto, científico, sobre menores de edad y las pautas de su posible comportamiento fabulador, que le auxilien en su labor jurisdiccional.

Señala la STS. 238/2011 de 21 de marzo, que "por lo que se refiere a la pericial psicológica sobre la "veracidad" de las declaraciones prestadas hemos de recordar que no corresponde a los psicólogos establecer tal cosa, que es competencia del Tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar las pruebas practicadas. Cuestión distinta es la relevancia que en la valoración de la credibilidad del testigo, -sea víctima o sea un tercero- pueden tener sus condiciones psico-físicas, desde su edad, madurez y desarrollo, hasta sus posibles anomalías mentales, pasando por ciertos caracteres psicológicos de su personalidad, tales como la posible tendencia a la fabulación, o a contar historias falsas por afán de notoriedad etc. Y es esto y no la veracidad misma del testimonio, lo que puede ser objeto de una pericia". "Incluso tratándose de supuestos en los que esa pericia psicológica ha llegado o practicarse, conviene no perder de vista que el fin de la prueba pericial no es otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunas aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artísticos ( art. 456 LECrim). Apreciar significa precisamente ponderar el valor de los cosas. Se tendería o subvertir la naturaleza procesal de la prueba pericial, atribuyendo a ésta un alcance prácticamente definitivo. El perito es un auxiliar del ejercicio de la función jurisdiccional, pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria (...) Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de pseudoponente con capacidad decisorio para determinar de forma implacable el criterio judicial. Lo que los peritos denominan conclusión psicológica de certeza, en modo alguno puede aspirar o desplazar la capacidad jurisdiccional pura decidir la concurrencia de los elementos del tipo y paro proclamar o negar la autoría del imputado (Cfr. STS 485/2007, 28 de mayo).

La pericial sobre credibilidad de un testigo no es el documento acreditativo de un error por lo que el motivo se desestima.

Al haberse estimado parcialmente el recurso las costas han de declararse de oficio ( art. 901 LECrim).

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1) ESTIMAR PARCIALMENTE el motivo segundo de la impugnación formalizada por la representación procesal de D. Bernabe, contra sentencia en los términos expresados en la motivación.

2). Declarar de oficio el pago de las costas ocasionadas en su recurso.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Andrés Martínez Arrieta Antonio del Moral García

Pablo Llarena Conde Susana Polo García

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

RECURSO CASACION núm.: 3238/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta

Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Antonio del Moral García

D. Pablo Llarena Conde

Dª. Susana Polo García

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

En Madrid, a 20 de mayo de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación infracción de ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, interpuesto por D. Bernabe , representado por el procurador D. Joaquín González Carrera y defendido por el letrado D. Rubén Veiga Vázquez; contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Segunda, de fecha 22 de junio de 2018, que condenó a D. Bernabe en el procedimiento ordinario 52/2016 procedente de la causa incoada por auto de 23 de julio de 2013 dictado por el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña por delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años siendo parte el Ministerio Fiscal y siendo acusación particular D. Cesar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta.

Se dan por reproducidos los de la sentencia de instancia