STS 555/2016, 23 de Junio de 2016

PRIMERO.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, condenó a Estanislao como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico, y a este acusado y a Marcial como autores de un delito de atentado en concurso medial con un delito de lesiones y dos faltas de esa misma entidad, a las penas que constan en nuestros antecedentes, y llevó a efecto otros pronunciamientos absolutorios, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación la representación procesal del acusado Estanislao , recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- Los dos primeros motivos de su recurso pueden ser estudiados y resueltos conjuntamente, pues amparados en la vía autorizada por el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncian la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías con respecto al principio "in dubio pro reo" y derecho a la presunción de inocencia en relación a la declaración de los coimputados.

Aduce, con invocación de jurisprudencia constitucional, que el principio "in dubio pro reo" se ha de aplicar cuando exista una duda razonable sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.

En el caso, la Sala ha utilizado como prueba de cargo para condenar, la declaración de los coacusados, testifical y documental, así como los informes médico-forenses que acreditaban las lesiones padecidas por aquellos que sufrieron un menoscabo en su integridad personal, como consecuencia de la acción agresiva de los atacantes, uno de los cuales es el ahora recurrente.

Existió, pues, prueba de cargo, y de lo que se queja el recurrente es precisamente lo que no ocurrió, pues en la sentencia recurrida no expresan los juzgadores de instancia duda alguna que haya sido despejada en contra de reo, sino todo lo contrario, un pronunciamiento de certeza respecto a los acontecimientos que fueron juzgados en la instancia.

Hemos declarado a tal efecto, que carece de trascendencia casacional, desde la perspectiva constitucional que el motivo invoca, la alegación del recurrente sobre la inaplicación del principio «in dubio pro reo». En efecto, a pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y el principio «in dubio pro reo», puestas de relieve de forma reiterada por el Tribunal Constitucional desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio , y 13/1982, de 1 de abril , y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico «favor rei», existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio «in dubio pro reo» sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales; mientras que el principio de presunción de inocencia está protegido a través del cauce casacional elegido por el recurrente, el principio «in dubio pro reo», como perteneciente al convencimiento del órgano judicial, además de no estar dotado de la misma protección, no puede en ningún momento ser objeto de valoración por nuestra parte cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas, ni tampoco hubo de tenerla, conforme a su discurso argumental.

Hemos dicho también en Sentencia 1060/2003, de 21 de julio , que el principio "in dubio pro reo" nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, y no hay razón para operar de forma diversa, el referido principio carece de aplicación.

Por consiguiente, la doctrina de esta Sala de Casación es constante al señalar que, siendo el ámbito propio del principio «in dubio pro reo» el de la valoración de la prueba, carece de expreso reconocimiento constitucional y de acceso a la casación (véanse, entre otras, SSTS de 18 de noviembre de 1985 , 3 de noviembre de 1986 , 25 de junio de 1990 y 31 de octubre de 1995 ), subrayándose que, en cualquier caso, no cabe apreciar la infracción del principio cuando la Sala sentenciadora no expresa duda alguna en la valoración de la prueba practicada, declarando probada de manera clara y terminante la participación del acusado en el hecho enjuiciado, toda vez que para que la duda pueda y deba resolverse en beneficio del reo, es imprescindible que exista, lo que no sucede en el caso sujeto a nuestra revisión casacional.

Por ello, desdeñando las argumentaciones del recurso, debe atenderse a las pruebas que apoyan el "factum" y que son analizadas en los Fundamentos Jurídicos, Segundo y Tercero. Parece incuestionable que la versión dada por los Guardias Civiles y el Policía Local se ven corroboradas con el dato objetivo de las lesiones que estos sufrieron, lesiones, que como anota la resolución, no tienen sentido si fuese cierto que, como se alega en el recurso, los acusados no ejercieron fuerza contra los agentes.

Igualmente ha quedado acreditado que Estanislao conducía afectado por el alcohol ingerido, que él mismo reconoce haber tomado, y que resulta constatado por la prueba de alcoholemia que se le practicó y que con los datos facilitados por los testigos -conducía haciendo zig-zag, habla pastosa, respuestas incoherentes, deambulación titubeante- son compatibles con la conducción descrita, suficientes para afirmar la existencia del delito.

Una vez detenido, a Moises se le practicó prueba de alcoholemia, con etilómetro marca Dráger, modelo 7110, revisado por el Centro Español de metrología el día quince de diciembre de dos mil seis, con validez de la revisión hasta el catorce de diciembre de dos mil siete. A las veinte treinta y cinco horas el resultado fue de 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y a las veinte cincuenta el resultado fue de 0,67 miligramos.

Concurren por consiguiente todos los elementos que requiere el delito de atentado entre los que se encuentran que el sujeto pasivo tenga la condición de agente de la autoridad, aspecto este que ha de ser conocido por el agresor, lo que aquí ocurría al encontrarse los guardias civiles dentro de su acuartelamiento y vistiendo su uniforme reglamentario, siendo acometidos cuando se encontraban en el ejercicio de sus funciones, con el expresado conocimiento por parte de los acusados de la cualidad y actividad de los agentes de la autoridad y dolo de desconocer el principio de autoridad. Hubo acometimiento que consuma el delito de atentado y resultado lesivo que precisando la primera asistencia médica, es constitutivo de dos faltas de lesiones y de un delito de lesiones del art. 147, con respecto a Anselmo (agente de la policía local) que resultó con esguince en el hombro y en el tobillo que precisó antinflamatorios e inmovilización de brazo y tobillo con el fin de que los ligamentos recuperaran su estado originario y normal.

Por último, el acusado al conducir el vehículo era consciente de haber consumido alcohol y toma, a pesar de ello, el mando del automóvil, lo que define el delito calificado contra la seguridad vial, estando influenciada por tal ingesta la conducción del automóvil.

En consecuencia, esta censura casacional no puede prosperar.

TERCERO.- En el tercer motivo, y al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se impetra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en relación a las dilaciones indebidas sufridas en el procedimiento.

Este motivo ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal, y deberá ser estimado.

Son cuatro los requisitos exigibles para apreciar la dilación indebida como circunstancia atenuante, tras su incorporación al Código Penal mediante la LO 5/2010, de 22 de junio:

1) Que la dilación sea indebida, es decir, injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) Que no sea atribuible al propio inculpado; 4) que no guarde relación con la complejidad de la causa.

En la misma línea ya se pronunciaba la STS de 21 de Febrero de 2014 .

La reforma introducida por L.O. 5/2010, de 22 de junio ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".

El preámbulo de dicha Ley Orgánica dice que "se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, recogiendo "los elementos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha construido esta circunstancia como atenuante por analogía".

La jurisprudencia de esta Sala -que deberá ser tenida en cuenta para la interpretación del nuevo texto legal de la circunstancia 6 del art. 21- es muy abundante en el sentido de sostener que desde que la pérdida de derechos -en el caso el derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, es decir, procesalmente inexplicables- sufrida como consecuencia del proceso es equivalente a los males sufridos como consecuencia del delito que, es considerada una pena natural, que debe computarse en la pena estatal impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (es decir: la pérdida de bienes o derechos) y el mal causado por el autor. Por lo tanto, esa pérdida de derechos debe reducir correspondientemente la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto de una parte de la gravedad de la culpabilidad ( STS 10.12.2008 ), en el mismo sentido, entre otras ( SSTS 27.12.2004 , 12.5.2005 , 25.1 , 30.3 y 25.5.2010 ).

La jurisprudencia ha declarado que lo que debe entenderse es que la gravedad de la pena debe adecuarse a la gravedad del hecho y a su culpabilidad, y que si la dilación ha comportado la existencia de un mal o privación de derecho, ello debe ser tenido en cuenta para atenuar la pena.

Siendo así en relación a la atenuante de dilaciones indebidas, la doctrina de esta Sala, por todas SSTS. 875/2007 de 7.11 , 892/2008 de 26.12 , 443/2010 de 19.5 , 457/2010 de 25.5 , siguiendo el criterio interpretativo del TEDH en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertadas Fundamentales que reconoce a toda persona "el derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable", ha señalado los datos que han de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguiente: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España , y las que en ellas se citan).

En el desarrollo del motivo, el recurrente concreta espacios temporales en los que la causa ha estado paralizada de manera que unos hechos que se tramitan desde el 11 de Junio de 2007, no obtienen sentencia hasta el 6 de Febrero de 2015.

A la vista de la demora que se ha producido en la celebración del juicio, cerca de ocho años, debe estimarse la pretensión del recurrente de que se le aprecie la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas del Art. 21.6 del C. P .

Como acertadamente razona el Ministerio Fiscal en esta instancia casacional, al concurrir dicha atenuante de dilaciones indebidas, la pena a imponer debe ser la correspondiente a su mitad inferior en el delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que se concretará en la segunda sentencia que hemos de dictar al efecto.

Y al concurrir con la circunstancia atenuante de actuar bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en las demás infracciones cometidas por el recurrente, corresponde imponer la pena inferior en un grado por el delito de atentado y el delito lesiones, manteniendo la penalidad por las dos faltas, en la forma que se razonará en la segunda sentencia que ha de dictarse al efecto, estableciendo también la penalidad, como decimos, por el delito de conducción de vehículos de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas ( art. 379.2 del Código Penal ).

Y por el efecto expansivo que se dispone en el art. 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la estimación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas también favorecerá al no recurrente, Marcial , en los términos igualmente razonados en la segunda sentencia que ha de dictarse a continuación de ésta.

CUARTO.- Al proceder la estimación del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).

FALLO

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación legal del acusado Estanislao , contra Sentencia de fecha 6 de febrero de 2015 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo . Declaramos de oficio las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.

En consecuencia casamos y anulamos, en la parte que le afecta, la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, que será sustituida por otra más conforme a Derecho.

Comuníquese la presente resolución y la que seguidamente se dicta a la Audiencia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Julian Sanchez Melgar Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro Pablo Llarena Conde Perfecto Andres Ibañez

SEGUNDA SENTENCIA

En nombre del Rey

La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercecio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado lo siguiente

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil dieciséis.

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Torrijos incoó P.A. núm. 43/10 por delitos de abuso de autoridad, lesiones y atentado contra la integridad moral contra Estanislao , con DNI núm. NUM003 , hijo de Juan Alberto y de Sacramento , nacido en Noblejas (Toledo), el NUM000 de 1956, con domicilio en la calle CAMINO000 NUM004 de la localidad de Noblejas (Toledo) con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, Marcial , con DNI núm. NUM005 , hijo de Eleuterio y de Elvira , nacido en Toledo, el NUM006 de 1983, con domicilio en la CALLE000 núm. NUM007 de la localidad de Quintanar de la Orden (Toledo), con antecedentes penales no computables a los efectos de reincidencia, Santos , con TIP núm. NUM008 con destino en el Destacamento de Tráfico de Valdepeñas (Ciudad Real), Luis Andrés , con TIP núm. NUM009 con destino en el puesto de la Guardia Civil de Guadahortuna (Granada) y Anselmo , con TIP núm. NUM010 con destino en la Policía Local de Escalona , y una vez concluso lo remitió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo que con fecha 6 de febrero de 2015 dictó Sentencia núm. 4/15 , la cual ha sido recurrida en casación por la representación legal del acusado Estanislao , y ha sido casada y anulada, en la parte que le afecta, por la Sentencia dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo; por lo que los mismos Magistrados que formaron Sala y bajo idéntica Presidencia y Ponencia, proceden a dictar esta Segunda Sentencia, con arreglo a los siguientes:

ÚNICO.- De conformidad con nuestra anterior Sentencia Casacional, y respecto a Estanislao , como quiera que la LO 1/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor el día 1 de julio de 2015, ha afectado el delito de atentado (art. 550.2 ), imponiendo una penalidad básica de seis meses a tres años de prisión (antes, de uno a tres años de prisión), ha de ser aplicado por ser ley sin duda más beneficiosa ( art. 2.2 C.P .), y al proceder la rebaja en un grado, impondremos cinco meses de prisión por el delito de atentado, descendiendo de un año de prisión impuesto en la sentencia recurrida a los expresados cinco meses de prisión. Por el delito de lesiones (art. 147.1), igualmente procede la rebaja de un grado, que lo será en pena de multa de cinco meses (más favorable que la pena de prisión), a razón de una cuota diaria de cinco euros, manteniendo la penalidad respecto a las dos faltas (hoy agravadas como delitos leves por la LO 1/2015, de 30 de marzo), razón por la cual se mantiene su penalidad en beneficio del reo, al haberse impuesto su pena mínima.

Procede imponer a Estanislao por el delito contra la seguridad vial la pena de seis meses de multa a satisfacer en la forma acordada en la resolución judicial recurrida y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo de un año.

Y por el efecto expansivo que se dispone en el art. 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas también favorecerá al acusado no recurrente, Marcial , razón por la cual, será condenado como autor de un delito de atentado a la pena (hoy mínima) de seis meses de prisión, y multa de seis meses por el de lesiones (pena igualmente mínima, pues en su caso no concurre la atenuante de alcoholemia), con la fijación de una cuota diaria de cinco euros, manteniendo la penalidad respecto a las dos faltas (hoy agravadas como delitos leves por la LO 1/2015, de 30 de marzo), razón por la cual se mantiene su penalidad en beneficio del reo (pena mínima).

Que debemos condenar y condenamos a Estanislao , como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial, a la pena de seis meses de multa a satisfacer en la forma acordada en la resolución judicial recurrida y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo de un año. Y debemos condenarle igualmente como autor de un delito de atentado y otro de lesiones, ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de estar afectado por el consumo de bebidas alcohólicas y dilaciones indebidas, y dos falta de lesiones, a la siguientes penas: por el delito de atentado, la pena de cinco meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y por el delito de lesiones, a la pena de multa de cinco meses, a razón de una cuota diaria de cinco euros, con las consecuencias legales en caso de incumplimiento dispuestas en el art. 53.1 del Código Penal , manteniendo la penalidad respecto a las dos faltas.

Y debemos condenar y condenamos a Marcial , como autor criminalmente responsable de un delito de atentado, otro de lesiones, y dos faltas de lesiones, ya definidas, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por el delito de atentado a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de seis meses por el delito de lesiones, con la fijación de una cuota diaria de cinco euros, con las consecuencias legales en caso de incumplimiento dispuestas en el art. 53.1 del Código Penal , manteniendo la penalidad respecto a las dos faltas.

Notifíquese esta resolución judicial a ambos penados.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Julian Sanchez Melgar Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro Pablo Llarena Conde Perfecto Andres Ibañez

PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.