STS 296/2006, 16 de Marzo de 2006

Este acusado fue condenado como responsable de un delito de omisión de perseguir los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, tipificado en el art. 408 C.P .

En una impugnación combinada por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y de infracción de ley por indebida aplicación del mentado precepto, el acusado recurre en casación el pronunciamiento condenatorio, que debe ser estimado.

En efecto, la sentencia declara probado que "El acusado Juan Ramón, inspector Jefe de la Comisaría Provincial de Málaga, en la Sección de Delincuencia Organizada de Internacional, sin que conste actuara para obtener beneficio económico, llevó a cabo los hechos siguientes: 1º) El día 26 de marzo de 1.994, levantó un acta de entregar a otra persona a la que no se juzga en este momento, como supuesto poseedor de buena fe, del vehículo Porsche 911 Carrera con matrícula MRF .... y número VIN NUM000 y, según se manifestaba en dicha acta, con autorización del Juzgado de Instrucción nº 7 de Marbella, cuando en realidad dicho vehículo nunca estuvo intervenido en ninguna diligencia judicial ni policial, si bien en dicha acta se hacía constar también que el repetido vehículo había sido robado en Bélgica y su propietario había sido debidamente indemnizado por la Compañía de Seguros A.G.F., quedando el mismo en depósito y obligado el depositario a devolverlo si era reclamado por dicha compañía. La numeración V.I.N. está troquelada en la parte central por encima de donde se sitúa la rueda de repuesto, observándose, según dictamen pericial que la parte final de la misma está más hundida que el resto como si se hubiera manipulado. 2º) El 10 de marzo de 1.994 se practica un control preventivo a la salida de Málaga, en el que se levantó el oportuno atestado que se remitió al Juzgado de Instrucción nº 7 de Málaga y en el que consta la detención de dos ciudadanos de nacionalidad italiana que conducían el turismo Mercedes 280 con matrícula JE-.........-ER, en cuyo interior se intervinieron las documentaciones de otros turismos. El día 15 de marzo de 1.994, el acusado Juan Ramón entregó este vehículo en depósito a un representante de AUTOCONFORT, de la propiedad del acusado Paulino, siendo así que el mismo, aún intervenido por aquel Juzgado en el procedimiento abreviado 117/95, se informó por el mismo que en ningún momento se había levantado el embargo ni autorizada la entrega en depósito, si bien en el acta de entrega que obra al folio 2.133 del tomo IX nada se dice de que el Juzgado haya autorizado dicha entrega".

Pues bien, desde la perspectiva de la subsunción de estos hechos en el tipo penal aplicado, resulta palmario que el relato histórico no describe en absoluto una conducta del acusado que integre los elementos que configuran el delito sancionado, pues nada se expresa allí del conocimiento o noticia que, eventualmente pudiera tener el acusado de la comisión de un delito que hubiera podido cometer el poseedor del vehículo ni mucho menos, que la conducta omisiva para su persecución se hubiera adoptado consciente y deliberadamente, limitándose el "factum" a señalar el levantamiento de un acta de entrega al conductor del mismo como poseedor de buena fé, pero no se hace siquiera mención a que el ahora recurrente hubiera dejado de practicar las actividades oportunas para la investigación o persecución de delito alguno.

En lo que atañe al segundo epígrafe transcrito, es manifiesto que en este caso el acusado tampoco incurrió en la acción omisiva y delictiva por la que fue condenado, toda vez que en el curso del control policial practicado, se procedió a la detención de los ocupantes del Mercedes 280 y a la intervención de éste y de la documentación y efectos que se encontraron en el mismo, levantándose el oportuno Atestado, que oportunamente se trasladó a la Autoridad Judicial poniendo a disposición de ésta las personas detenidas y objetos intervenidos, no consignándose tampoco en este caso los elementos materiales y subjetivos que conforman el delito sancionado. Por el contrario, la propia sentencia declara que con respecto al vehículo que se reseña como el nº 2 de los hechos probados, consta en las actuaciones copia testimoniada del atestado seguido y entregado al Juzgado nº 7 de Marbella en el que se despositaba este vehículo (folios 2.1158 y siguientes del tomo IX), cuya entrega en depósito nunca se autorizó, pero respecto al cual se seguía la investigación sobre su última procedencia.

Pero es que, además, tampoco en la fundamentación jurídica de la sentencia el Tribunal realiza la necesaria motivación de este carácter, razonando la calificación jurídica de los Hechos Probados y exponiendo argumentadamente la concurrencia de los componentes que integran el tipo penal aplicado.

Junto a ello, y desde el punto de vista de la invocada infracción del derecho del acusado a la presunción de inocencia, la sentencia se limita a señalar un informe de Interpol Bruselas señalando que el vehículo Porsche había sido robado en febrero de 1.993, pero no consigna prueba alguna de que el acusado hubiera hecho dejación de sus obligaciones, dejación que, como declara la STS de 17 de junio de 1.998 , debe aparecer probada como patente, manifiesta y total, ya sea porque el autor del ilícito no procede a la detención del responsable, ya sea porque no instruye el obligado atestado, o porque pone en libertad, ilícitamente, al responsable del delito. Conducta ésta que, como hemos dicho, debe ser llevada a cabo con plena consciencia y decisión de obrar ilícitamente y de obrar maliciosa y deliberadamente, siendo preciso que estos extremos -esenciales- sean declarados concurrentes en la sentencia al menos a través de un juicio de inferencia exteriorizada en la resolución judicial que, en el supuesto examinado, también brilla por su ausencia.

Por lo expuesto, el doble motivo debe ser estimado y, en consecuencia, casada la sentencia objeto del recurso y dictándose la absolución del acusado por este concreto delito.

Por el contrario, debe ser rechazada la censura casacional que protesta -via art. 849.1º L.E.Cr .- por la aplicación del art. 391 C.P. en relación con el 390.4 .

En este caso acierta la Sala de instancia al efectuar la subsunción, motivando jurídicamente dicha calificación en base al Hecho Probado según el cual el acusado introdujo en el Acta de entrega del vehículo Porsche un dato que no se correspondía con la realidad, cual era que la entrega se hacía con autorización del Juzgado de Instrucción, siendo así que ello no era cierto, según la prueba practicada, por lo que el hecho constituye un supuesto claro de falsedad ideológica previsto en el art. 390.4 C.P . y que, a diferencia del autor particular que resulta impune a tenor del art. 392, no lo es cuando el autor de la falsedad es funcionario público, al que no le alcanza el mencionado art. 392 C.P.

Por otro lado, la calificación del hecho delictivo como culposo -imprudente- es también objeto de razonamiento jurídicamente correcto, según las consideraciones señaladas en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia.

En cuanto al motivo por el que se denuncia la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas recogido en el art. 24 C.E ., el recurrente se limita a alegar que no resulta justificado que los hechos acaecieron en 1.994 y que la sentencia se dictara en 2.004.

Hemos dicho y debe repetirse que la denuncia de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento, como base para la eventual aplicación de la circunstancia analógica del art. 21.6 C.P ., precisa la especificación por el recurrente de los períodos de inactividad que hubieran podido producirse, con el fin de que esta Sala de casación pueda verificar tales interrupciones y pronunciarse sobre la gravedad de las mismas así como determinar si éstas se encuentran o no justificadas. Tal exigencia no se cumple aquí por el recurrente, siendo así, por lo demás, que basta ver lo abultadísimo de la causa para comprobar la complejidad y dificultad de la instrucción, que concluyó en marzo de 2.001 (se inició en 1.995) en que fue elevada a la Audiencia, y, si bien es cierto que la sentencia se dictó en 2 de abril de 2.004 , no lo es menos que, como señala la propia resolución impugnada, continuaron dichos trámites con normalidad llegándose a señalar juicio para el 24 de enero de 2.002, momento en que hubo de suspenderse la sesión al tenerse conocimiento de que uno de los acusados, en rebeldía, se encontraba detenido en Francia y el Juzgado de Instrucción tramitaba su extradición que al final no se consiguió, cuestión que fue la causa de mayor retraso en la celebración, sin que ello se paralizara en ningún momento el trámite.

Por otra aprte, la hipotética apreciación de la atenuante analógica por dilaciones indebidas, carecería de practicidad penológica, teniendo en cuenta que la pena con la que se sanciona el delito de falsedad en documento oficial, según el art. 391, es de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a un año, y que la impuesta en la sentencia por dicho delito se encuentra en el límite inferior de dichas penas: multa de siete meses con cuota diaria de 2.000 ptas., y suspensión de empleo o cargo público por siete meses, muy cerca, pues, del límite mínimo legalmente posible.

RECURSO DE Diego

Este coacusado fue condenado como autor de un delito de receptación del art. 298 C.P . y fundamenta su impugnación en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

En el orden penal, una sentencia condenatoria exige de manera inexcusable que los hechos que se atribuyen al acusado hayan quedado probados por prueba de cargo legítimamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, debiendo consignar el Tribunal sentenciador las pruebas practicadas en virtud de las cuales ha formado su convicción de que los hechos sucedieron tal y como se describen en el relato histórico. Es lo que se llama motivación fáctica de la sentencia. Además, y a continuación, el Tribunal debe proceder a la fundamentación o motivación jurídica, expresando las razones por las que los hechos integran el tipo delictivo aplicado por la concurrencia de los distintos componentes materiales, normativos y subjetivos que dan cita al delito

En el caso, la sentencia declara probado que este acusado pertenecía a una organización dedicada a introducir en España vehículos de alta gama robados en el extranjero, detallando hasta seis vehículos específicos que el acusado trajo a nuestro país, dos de los cuales quedaron depositados para su posterior venta en la empresa AUTOCONFORT. Como datos fácticos complementarios, en el F.J. Tercero se afirma que estos vehículos los adquiría para sí con el propósito de traficar con ellos, con perfecto conocimiento de que habían sido robados en el extranjero.

Sin embargo, al motivar fácticamente estos hechos, la sentencia (F.J. Quinto, pág. 9) se limita a señalar la prueba documental acreditativa de que los automóviles que se reseñan en el "factum" habían sido robados en otros países. Eso es todo. Ninguna prueba se indica, directa o indirecta, testifical, documental o de cualquier clase que, eventualmente, pudiera acreditar alguno de los datos que se declaran probados, como la pertenencia del acusado a la banda que sustraía los vehículos, o la participación de éste en alguna de estas acciones. Tampoco se menciona prueba alguna respecto de la afirmación de que el acusado introducía en España los vehículos robados, o que los hubiera adquirido para sí, como tampoco se indica ningún elemento probatorio demostrativo de que hubiera enajenado directa o indirectamente dichos vehículos con los consiguientes beneficios. El vacío probatorio respecto de los hechos que se imputan al recurrente es absoluto, definitivo e insuperable, debiendo subrayarse en este punto que la función que el Ordenamiento encomienda a este Tribunal de Casación no consiste en la búsqueda de pruebas que puedan fundamentar la sentencia condenatoria de instancia, sino en verificar que las utilizadas por los jueces a quibus que se expresen en la sentencia son pruebas de cargo válidas, y con suficiencia acreditativa de los hechos probados, lo que únicamente es posible llevar a cabo respecto de los elementos probatorios que figuren individualizados en la sentencia objeto de recurso ante esta Sala Casacional. Y ello es así, porque, como ya expresó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 17 de enero de 2.000, reiterada en la de 14 de octubre de 2.002 , el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que las sentencias condenatorias expresen los fundamentos probatorios que sustentan el relato fáctico, los hechos declarados probados, de modo que, como recuerda la STC 302/2000, de 11 de diciembre (FJ 4), en el marco del control de la vulneración del considerado derecho fundamental corresponde a este TC comprobar, cuando así se nos solicita, que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada. Ello determina también que este Tribunal sólo podrá tener en cuenta, para adoptar su decisión en torno a la supuesta lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, aquellos elementos probatorios que las resoluciones judiciales impugnadas hayan considerado relevantes para fundar la condena del recurrente, por entender que de los mismos se desprende la existencia de los hechos punibles y la participación en éstos de aquel recurrente.

Esta doctrina es perfectamente aplicable al Tribunal Supremo cuando sea éste el que, a instancia de las partes procesales, deba pronunciarse sobre la vulneración del derecho constitucional que aquéllas denuncien, teniéndose muy presente -insistimos- que la misión que a este respecto tiene encomendada esta Sala consiste en verificar si la prueba que fundamenta la convicción del Tribunal a quo de la culpabilidad del acusado alcanza la categoría de prueba de cargo por su contenido incriminatorio, la legitimidad de su obtención, la irreprochabilidad de su práctica y la racionalidad de su valoración, pero queda extramuros de tal función revisora la búsqueda de otros elementos de prueba distintos de los utilizados por los jueces a quibus, lo que, en último caso, supondría suplantar a éstos en su responsabilidad de fundamentar su pronunciamiento en las pruebas concretas practicadas en el juicio oral en el que no intervino este Tribunal Supremo.

Las consideraciones precedentes avalan, por tanto, la estimación de la censura casacional y la procedencia de casar y anular la sentencia por vulneración del derecho fundamental invocado y la subsiguiente absolución del recurrente.

RECURSO DE Paulino

Este acusado fue condenado por un delito de receptación y otro de falsedad en documento oficial de los artículos 298 y 392 en relación con el 390.1.2º C.P .

El presupuesto fáctico de la condena consiste en que, según los Hechos Probados, Paulino era el titular de la empresa "AUTOCONFORT MALAGA, S.A.", cuyo objeto comercial era la compraventa de vehículos, nuevos y usados, y que vendió algunos que le fueron "facilitados por Diego, y otras personas que formaban parte del grupo organizado al que se ha hecho anterior referencia", relacionando a continuación los automóviles vendidos o dispuestos para su venta y reseñando en algunos casos que la matriculación en los organismos oficiales españoles se efectuaba mediante la presentación de documentos falsificados.

También aquí, el recurrente protesta contra el fallo de la sentencia, aduciendo, entre otros, los mismos motivos que formularon los otros coacusados, como la infracción de ley por indebida aplicación de los tipos penales y del derecho a la presunción de inocencia, de suerte que los razonamientos que hemos expuesto son también predicables de este recurrente.

En efecto, al examinar los elementos probatorios que sustentaran estas aseveraciones, nos encontramos -una vez más- que la sentencia se limita a reseñar una serie de folios de las actuaciones donde constan informes de Interpol en relación a las sustracciones de los vehículos en el extranjero, pero ninguna prueba se consigna que pudiera avalar datos tan esenciales como que los vehículos que se relacionan fueron sustraidos o entregados por Diego o por algún otro miembro del "grupo organizado".

Por otra parte, y en lo que se refiere a la motivación jurídica, la sentencia no fundamenta la concurrencia del elemento subjetivo del delito de receptación. Es de advertir que el dolo de este tipo delictivo viene expresamente definido en la descripción legal requiriéndose en el autor que éste realice la acción ilícita "con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio ...." adquiriendo u ocultando los efectos del delito para traficar con ellos".

Pues bien, tanto en lo que atañe a este recurrente, como al anterior, la sentencia se limita a aseverar que, en el caso de Diego, ".... adquirió para sí con el propósito de traficar con ellos, los vehículos reseñados ... con perfecto conocimiento de la comisión de delitos de robo en el extranjero (F.J. Tercero). Y, en relación con Paulino, afirma "el conocimiento de la ilegalidad de su condcuta .... [porque] en el establecimiento tuvo depositados y vendió numerosos vehículos de procedencia ilícita ....".

Esta es toda la argumentación jurídica en la que el Tribunal de instancia fundamenta la presencia en ambos casos del elemento subjetivo, que, como puede comprobarse no es más que una aseveración que no encuentra apoyo en datos precisos y probados. En efecto, hemos declarado en innumerables precedentes jurisprudenciales que la impugnación de la concurrencia del elemento subjetivo del delito debe efectuarse a través del art. 849.1º L.E.Cr ., por infracción de ley, por aplicación de un precepto penal cuando no concurre uno de los elementos del tipo, en este caso, el dolo exigido por la norma. Y también hemos repetido que la presencia del elemento anímico en la actuación del acusado es un juicio de inferencia obtenida por el juzgador del análisis racional de los datos fácticos que figuran en el relato de Hechos Probados. Y es en este punto donde interviene el principio de presunción de inocencia, toda vez que, el juicio de valor acerca de la participación dolosa del agente debe estar sustentado en unos elementos de hecho, plurales, interrelacionados entre sí y -sobre todo- cumplidamente probados por prueba válida y suficiente. Y, en un segundo estadio, se exige por la jurisprudencia, que sobre esos hechos-base, el Tribunal explicite el proceso intelectual a través del cual se produce el enlace entre aquellos datos fácticos y el hecho- consecuencia o juicio de inferencia, que debe fluir de manera lógica, sin forzamiento ni saltos en el vacío.

Pues bien, en el caso presente, la sentencia no especifica los elementos fácticos de los que infiere el juicio de valor que se combate. Pero lo más grave, es que tampoco da cuenta de los elementos probatorios en virtud de los cuales se hayan acreditado esos supuestos datos fácticos indiciarios, pues en ningúm momento ni pasaje de la sentencia se especifica cuáles hayan sido los elementos de prueba emanados de aquellos medios probatorios que acrediten los hechos indiciarios, ni mucho menos se hace un mínimo análisis de esos ignorados elementos probatorios, por lo que resulta incuestionable la absoluta ausencia de la exigible motivación fáctica que debe existir en toda sentencia y que se evidencia ante el completo vacío del examen de las pruebas practicadas.

De esta suerte, queda de manifiesto junto a la falta de prueba, la falta de motivación, en tanto que se desconocen los concretos elementos probatorios que acrediten los datos fácticos indiciarios en los que sustenta la Sala a quo el juicio de inferencia en relación al doloso actuar del acusado, por lo que resulta imposible verificar la concurrencia de los repetidos hechos-base o indicios y, por ende el hecho-consecuencia. Y en este punto no resulta ocioso recordar la diferencia que ha de apreciarse entre medios de prueba y elementos de prueba, figurando entre los primeros los que, como tales, se recogen en la Ley Procesal, confesión testifical, pericial ...., y entre los segundos los concretos elementos probatorios surgidos de cada medio de prueba que hayan sido valorados por el juzgador para fundamentar su convicción sobre el dato fáctico a probar, de suerte que en la sentencia habrán de figurar no tanto los medios de prueba practicados, sino, sobre todo, los elementos probatorios de convicción que para el Tribunal acreditan el hecho en cuestión, pues solamente con la exteriorización de esos elementos de prueba y su examen podrá en casación revisarse su validez, su suficiencia y la racionalidad del resultado valorativo obtenido por los jueces de instancia para integrar el hecho probado o como base de una posterior inferencia respecto a la concurrencia del elemento subjetivo del ilícito u otro componente del tipo.

Pero también el juzgador de instancia ha omitido total y absolutamente la exteriorización del proceso intelectual mediante el cual debe analizar aquellos datos fácticos indiciarios para llegar a la consecuencia de la concurrencia del dolo en la actuación del sujeto, por lo que desconocemos nosotros y el recurrente ese proceso valorativo, y también nos resulta imposible verificar si el juicio de valor alcanzado por el Tribunal sentenciador se ajusta a los principios de la razón y de la lógica y excluye otra posible alternativa que pudiera ser tan razonable como aquélla que asume el juzgador de instancia.

En definitiva, podemos concluir afirmando que la sentencia recurrida ha incumplido palmariamente el deber de motivación fáctica, por lo que no resulta posible formar juicio en esta sede casacional sobre la existencia o no de auténtica y válida prueba de cargo que sustente la condena.

En el caso del ahora recurrente, la sentencia alude a un dato de singular importancia a efectos de inferir del mismo el conocimiento por el acusado de la ilícita procedencia de los vehículos, cual es el hecho de que para conseguir la matriculación en España de dos de los automóviles presentó ante la Jefatura de Tráfico de Málaga los siguientes documentos falsificados: Tarjeta Técnica. Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Declaración verbal de venta ante un notario italiano inexistente. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Declaración firmada del acusado como propietario del vehículo.

Pero, ocurre que tan relevante dato es también una mera afirmación huérfana de toda prueba que se consigue en la sentencia, porque no sólo no se señalan los folios de las actuaciones donde obren tales documentos falsarios, sino -lo que es aún más grave- ningún elemento probatorio se indica que pudiera acreditar la mentada falsificación, como pudiera ser el dictamen pericial correspondiente.

En definitiva, cabe considerar que la sentencia recurrida vulnera los derechos constitucionales invocados y, en consecuencia, el recurso debe ser estimado, declarándose la absolución del acusado.

III.