Conclusiones
| Autor | Fernando Garcia Rubio |
| Cargo del Autor | Universidad Rey Juan Carlos |
| Páginas | 299-301 |
Page 299
Hemos podido comprobar la enorme complejidad y variedad de las regulaciones urbanísticas, tan sólo en unas pocas figuras que hemos seleccionado por su carácter de "problema", esto es que dado su fracaso total o parcial en la solución de conflictos deben ser retocadas o reformadas, para abordar nuevamente la regulación jurídica de la ordenación urbana. Estas determinaciones jurídicas comprenden con carácter clásico tres grandes ámbitos; el planeamiento, la gestión y la intervención administrativa sobre el suelo y la edificación.
Como es lógico todas las determinaciones jurídicas en un Estado de Derecho deben venir predeterminadas por el marco que establece la máxima norma del ordenamiento jurídico, esto es la Constitución, que debemos recordar en su artículo 47.2 recoge unas claras directrices para el proceso de transformación urbanística (participación de la Comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos, lucha contra la especulación y todo ello encaminado a conseguir el acceso a una vivienda digna y adecuada), por lo que algunas instituciones jurídicas que pudieran ser problemáticas o generadoras de conflictos no pueden eliminarse y su reforma goza de un muy estrecho margen.
Así, en primer lugar y junto a las determinaciones del referido artículo 47 de la Constitución Española, debemos recordar los presupuestos de los artículos 33 y 128.2 de la Carta Magna sobre limitación por la función social de la propiedad y en relación con la supeditación de toda la riqueza nacional, cualesquiera que fuera su titularidad al interés nacional.
Es, por tanto, imprescindible partir...
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