STS 218/2003, 3 de Marzo de 2003
| Ponente | José Almagro Nosete |
| ECLI | ES:TS:2003:1441 |
| Número de Recurso | 2308/1997 |
| Procedimiento | CIVIL - 01 |
| Número de Resolución | 218/2003 |
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
D. JOSE ALMAGRO NOSETED. ANTONIO GULLON BALLESTEROSD. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Marzo de dos mil tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de Alicante, sobre nulidad de acuerdos comunitarios, cuyo recurso fue interpuesto por Don Pedro Antonio representado por la Procuradora de los tribunales Doña Rosa Mª Pardo Moreno, en el que es recurrida la Comunidad de Propietarios del Edificio Don Juan de Alicante, no habiendo comparecido ante este Tribunal Supremo.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de Alicante, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Pedro Antonio contra la Comunidad de Propietarios del Edificio Don Juan de Alicante, sobre nulidad de acuerdos comunitarios.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se declarase la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de propietarios de la comunidad demandada que se celebró el día 27 de noviembre de 1993, en cuanto al segundo punto del Orden del día, por el que se aprobó el cerramiento de la entrada al edificio, con imposición de costas a la demandada.
Admitida a trámite la demanda la comunidad demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia desestimando la demanda, con absolución a la demandada de los pedimentos de la demanda, con expresa condena de costas a la parte actora.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 1 de julio de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Don Enrique de la Cruz Lledo, en nombre y representación de Don Pedro Antonio , frente a la Comunidad de Propietarios del Edificio "Don Juan" debo declarar y declaro la nulidad del acuerdo adoptado en el punto 2º del Orden del día en la Junta General Extraordinaria de 27 de noviembre de 1993, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y al pago de las costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, dictó sentencia con fecha 26 de mayo de 1997, cuyo fallo es como sigue: "Con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Alicante de fecha 1 de julio de 1994 en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y en su lugar con desestimación de la demanda promovida por Don Pedro Antonio contra la Comunidad de Propietarios del edificio Don Juan, debemos absolver y absolvemos a dicha demandada de las pretensiones deducidas de contrario, con imposición de las costas procesales de la primera instancia a la parte actora y sin efectuar declaración alguna en cuanto a las de esta alzada".
La Procuradora Doña Ros Mª Pardo Moreno, en representación de Don Pedro Antonio , formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Al amparo del número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 359 de la propia Ley rituaria.
Al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 1.214 del Código civil.
Al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del número dos del artículo 7 del Código civil.
Al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de la norma primera del artículo 16 en relación con el artículo 11 y con el último párrafo del artículo 5, todos ellos de la Ley de Propiedad Horizontal.
Al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 394 del Código civil.
Admitido el recurso y no habiéndose solicitado la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 24 de febrero de 2003, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
Menester resulta, de acuerdo con la sentencia recurrida, establecer que los términos del asunto quedan planteados en el sentido de si el acuerdo referente al cerramiento de entrada al edificio de autos, adoptado mayoritariamente en la Junta de la Comunidad de Propietarios de 27 de noviembre de 1993, es válido, o por el contrario, era necesaria la unanimidad de todos los que integran la Comunidad. A la referida Junta asistió el hijo del actor, quien manifestó durante el debate, referente a aquél extremo del cerramiento, que condicionaba su consentimiento a que previamente se liquidaran las deudas con su padre y al llegar al momento de la votación volvió a indicar: "no, hasta que no se liquide totalmente". Ninguna otra discrepancia mostró en aquél momento. Las obras de cerramiento consisten en la colocación de una verja que tiene por finalidad el evitar que personas ajenas al mismo se introduzcan en él teniendo en cuenta, además, la zona de expansión y recreo donde está ubicado. Consta probado, además, que los locales números 3 y 4, situados respectivamente a la izquierda y derecha entrando al inmueble, propiedad del demandante, no experimentan en modo alguno, por el cerramiento, ningún perjuicio, pues actualmente se ignora el destino que tienen, y caso de que en un futuro puedan tener carácter comercial, cabría la posibilidad de arbitrar un horario de entrada y salida, de tal modo, que no se menoscabe el derecho al uso de los mismos.
El examen del motivo cuarto que se acomete, en primer lugar, para mayor claridad de los razonamientos, se centra en la infracción de la norma primera del artículo 16, en relación con el artículo 11 y con el último párrafo del artículo 5, todos ellos de la Ley de Propiedad Horizontal (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua). En efecto, la cuestión relativa a la aplicación o no de la regla de la unanimidad para la validez en la adopción del acuerdo depende de las características de la obra de cerramiento, pues si estas son, como explica la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1995 "extraordinarias, necesarias y no modificativas" de los elementos comunes, el acuerdo exigible se rige por la regla de la mayoría, lo que no sucedería si son obras que alteran los elementos comunes tal como razona, en otro caso, de cerramiento la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1996. No cabe duda que la certidumbre de los datos fácticos, corresponde acreditarlos en la instancia y valorarlos, también, en dicha sede en razón de la calificación a la que se vinculan, de modo que sólo cuando su apreciación, de manera clara, incida en error en la calificación, estaríamos en presencia de un "error iuris". La sentencia del órgano "a quo" al inclinarse por la doctrina que sienta la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1995, efectúa una valoración del elemento de hecho, o sea de la verja cuestionada, en relación con el supuesto contemplado por la sentencia citada y llega a la conclusión de que encaja perfectamente dentro de la misma a cuyo criterio resolutorio se acoge. Las obras, en el caso de esta sentencia, consisten en la colocación de puertas correderas mecánicas y manuales y en la instalación de una valla de mampostería y alumbrado. No se trata, en definitiva, como sucede en el caso a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo que se aduce como doctrina opuesta, de un muro de cerramiento. Por tanto, es aplicable al presente asunto, el razonamiento que contiene esta última sentencia que expresamente declara, "no es asimilable el presente supuesto fáctico al que dio lugar a la sentencia de 5 de diciembre de 1989 invocada por la recurrente, y ello porque existe muy apreciable diferencia entre la instalación de verjas o cancelas que permitan el cierre de un pasaje privado y la construcción de un muro que cierra una urbanización originariamente abierta, lo que altera muy considerablemente la situación general prevista en el título constitutivo, excediendo los límites de un simple acto de administración para proteger la seguridad de las personas y bienes que pudiera excluir la regla de unanimidad establecida en el artículo 16-1 de la Ley de Propiedad Horizontal en relación con el artículo 11" (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1996). En suma, ha de respetarse el criterio seguido por la sentencia recurrida que al valorar los datos de hecho, realiza una calificación razonable y, por ello, aceptable. En consecuencia, se rechaza el motivo.
El motivo quinto -que se examina en segundo lugar- denuncia (artículo 1.692- 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada) la infracción del artículo 394 del Código civil, y pretende la nulidad del acuerdo, suponiendo que se viola el derecho de todo copropietario a servirse de las cosas comunes, al pretextar que el cerramiento impide el acceso a los locales comerciales, de los terceros que acedieran a los mismos, pero tal hipótesis está razonablemente contemplada y resuelta en la sentencia impugnada, según se expresó en el fundamento jurídico primero. Por ello, se desestima el motivo.
El motivo tercero (que seguidamente estudiamos) (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada), considera que se ha infringido el artículo 7-2º del Código civil al entender que la conducta del demandante "ha de ser encuadrable dentro de la teoría del abuso del derecho". En efecto, la sentencia recurrida expresa que "a mayor abundamiento hay que indicar que de todos los que integran la Comunidad (103 viviendas), sólo se opusieron en la Junta de 27 de noviembre de 1993 al cerramiento el hijo del aquí actor y otro más, y sólo impugnó el acuerdo a través de la presente demanda el Sr. Pedro Antonio , supeditándose aquella oposición en la citada Junta a la condición de que previamente se liquidaran las deudas. Por ello, su conducta ha de ser encuadrable dentro de la teoría del abuso del derecho, pues por un lado se opuso al acuerdo ejercitando así antisocialmente su derecho y en contra del parecer mayoritario de todos los propietarios de la comunidad que en definitiva es la máxima beneficiaria del cerramiento". Tal argumentación y tal calificación del Juzgador de instancia, conforme resulta de sus secuencias no se erige en la "ratio decidendi" de la sentencia sino que constituye un razonamiento paralelo y complementario del principal ( "a mayor abundamiento), lo que significa, en otras palabras, que por su propia naturaleza no puede tener eficacia casatoria, aunque sirva para ilustrar las motivaciones de las partes y las conclusiones de la sentencia que compartimos. Por tanto, se desestima el motivo.
Finalmente, los motivos primero y segundo por incongruencia (motivo primero, artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, infracción del artículo 359 de la misma y por inobservancia de las reglas sobre la carga de la prueba) (motivo segundo, artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento civil citada, infracción del artículo 1.214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se refieren, ambos, a la cuestión del declarado abuso de derecho habido en la conducta del demandante, que como ya se ha dicho no constituye la "ratio decidendi", no otra que una interpretación judicial, a la luz de la jurisprudencia, de los preceptos que rigen las reglas de funcionamiento de la Junta y las exigencias de mayoría o unanimidad para la formación de los acuerdos. Se afirma la existencia de incongruencia, porque la Sala "a quo" decide sobre una cuestión no alegada, empero debe sostenerse que la calificación de conducta abusiva del derecho o ejercicio antisocial del mismo, son derivaciones que se infieren, directamente, de los hechos enjuiciados y alegados y, por ello, constituyen legítimas apreciaciones que corresponden al oficio de juzgar. Tampoco se vulnera la carga de la prueba, puesto que a la valoración de la conducta enjuiciada se llega en virtud del principio de adquisición procesal determinante del conocimiento de los datos en que se apoya. En definitiva, ambos motivos perecen.
La desestimación de todos los motivos, acarrea la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Pedro Antonio contra la sentencia de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, en autos, juicio de menor cuantía número 891/93 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de Alicante por el recurrente contra la Comunidad de Propietarios del Edificio Don Juan de Alicante, con imposición a dicho recurrente de las costas causadas en el presente recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- ANTONIO GULLON BALLESTEROS.- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
SAP Jaén 120/2005, 30 de Mayo de 2005
...que por alterar la situación general prevista en el título constitutivo excede los limites de un simple acto de administración ( S.T.S. 3 de marzo de 2003 R.J. 2003/2160 ). En otro supuesto similar el Alto Tribunal mantiene el mismo criterio porque la instalación del nuevo elemento no va a ......
-
SAP Segovia 91/2015, 8 de Junio de 2015
...en la demanda como motivo de oposición al acuerdo. Y en este sentido de la regla de la mayoría, más clarificadora aún resulta la STS 218/2003 de 3 de marzo, cuando dispone que: "En efecto, la cuestión relativa a la aplicación o no de la regla de la unanimidad para la validez en la adopción ......
-
STS 971/2011, 10 de Enero de 2012
...Indica que la sentencia recurrida es contraria, entre otras a la jurisprudencia contenida en las SSTS de 6 de julio de 2005 , 3 de marzo de 2003 , 6 de abril de 2006 , conforme a la cual para llevar a cabo cerramientos en urbanizaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal es sufici......
-
SAP Vizcaya 198/2015, 22 de Octubre de 2015
..."unanimidad" en el acuerdo para aprobar su realización, siendo por tanto suficiente la mayoría. Criterio admitido en más reciente STS de 3 de marzo de 2003, favorable dado el alcance la obra ( instalación de una verja de cerramiento ) a la no aplicación de la regla de la unanimidad, señalan......
-
Sentencias Tribunal Supremo
...de hechos pertenecientes al ámbito privado de las personas, aun que tales hechos sean ciertos (STS de 30 de julio de 1997). (STS de 3 de marzo de 2003; no ha HECHOS.-Un periodista interpone demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, por entender que las declaraciones efectuadas en rueda ......
-
Sentencias
...abiertos según las normas legales y reglamentarias que regulen esta materia (ssTs de 5 de diciembre de 1989, 30 de enero de 1996 y 3 de marzo de 2003). propiedad horizontal. Adopción de acuerdos perjudiciales para un comunero. Abuso de derecho.– El Tribunal supremo recuerda que no se puede ......
-
Estudio de la figura del agente consignatario de buques y de su evolución. Especial referencia a la sentencia del tribunal supremo de 26 de noviembre de 2007
...de Barcelona de 3 de julio de 1998. También nos encontramos algunas sentencias del Tribunal Supremo que apoyan esta tesis: - STS de 3 de marzo de 2003 - STS de 26 de mayo de 2003 (RJ 2003/7154) - STS de 28 de julio de 2000 (RJ 2000/6204) - STS de 19 de abril de 2001 (RJ 2001/6884) - STS de ......