STS 541/2002, 31 de Mayo de 2002

1.- El Procurador D. José Julio Navarro Fuentes, en nombre y representación de D. Luis Pablo y Dª Inmaculada , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra D. Bruno , D. Gerardo y D. Víctor y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se declare la titularidad preferente a favor de mis mandantes, de las fincas número NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad número cinco de Murcia, se proceda a la cancelación de las cargas, gravámenes y embargos inscritos con posterioridad al embargo preventivo que motivó el juicio ejecutivo 1020/85, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Murcia; así como la nulidad de las adjudicaciones que de dichas fincas puedan producirse en el procedimiento hipotecario número 243/90, del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid; y asimismo, ante el gravísimo perjuicio que pudiera tener mi mandante, y a fin de garantizar el mismo, es por lo que se interesa de este Juzgado, que libre exhorto al Juzgado de Primera Instancia nº 32 a fin de que con relación al procedimiento judicial 243/90 de la sección tercera, a resultas del resultado de la subasta celebrada, se proceda a la retención de cantidad total que debía entregarse al demandado en dicho procedimiento D. Bruno , y en concreto en la cantidad mínima de 9.300.000 pesetas, que corresponde a la cantidad reclamada por el mismo el procedimiento hipotecario, siendo 6.000.000 de principal, más 1.500.000 de intereses y 180.000 de gastos y costas; y con expresa condena en costas al demandado por ser preceptivas.

2. - El Procurador D. José Antonio Luna Moreno, en nombre y representación de D. Bruno y D. Gerardo contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia íntegramente desestimatoria de la pretensión de la parte actora, a la que le tendrían que ser impuestas las costas procesales.

3. - El codemandado D. Víctor fue declarado en rebeldía por haber transcurrido el plazo sin haber comparecido en autos.

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. La Ilma. Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia, dictó sentencia con fecha 12 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. José Julio Navarro Fuentes, en nombre y representación de D. Luis Pablo y Dª Inmaculada , respecto a los codemandados D. Bruno y D. Gerardo debo declarar y declaro que el dominio sobre las fincas registrales número NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad número cinco de Murcia pertenece a los demandantes a virtud de la escritura pública de compraventa de fecha 19 de enero de 1989 y de subsanación de fecha 19 de diciembre de 1990 otorgadas por D. Víctor y Dª María Cristina ante el Notario D. Manuel Giner Gascón, condenando a los citados demandados a que pasen por esta declaración, decretando la cancelación de las cargas posteriores sobre ambas fincas que hayan surgido con posterioridad al procedimiento ejecutivo 1020/85 seguido en este mismo Juzgado, a cuyo solo efecto se extiende la condena al codemandado D. Víctor , y de entre las cuales a la fecha de esta sentencia se ha derivado la inscripción de dominio por título de adjudicación en subasta judicial de por mitad y proindiviso en favor de los Sres. BrunoGerardo que ha de ser cancelada. Todo ello con expresa imposición de costas a los codemandados Sres. Bruno y Gerardo y sin imposición de costas respecto al también demandado Sr. Víctor .

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de D. Bruno y D. Gerardo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, dictó sentencia con fecha 22 de octubre de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Bruno y D. Gerardo contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia nº 2 debemos revocar y revocamos dicha resolución, dictando otra por la que desestimamos íntegramente la demanda formulada por Luis Pablo y Inmaculada , a los que se imponen las costas de la primera instancia, sin hacer pronunciamiento sobre las causadas en esta alzada.

1.- La Procuradora Dª Marta Sanz Amaro, en nombre y representación D. Luis Pablo y Dª Inmaculada , interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, citándose como infringida la doctrina expuesta en la sentencia de este Tribunal de 30 de noviembre de 1967. SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, citándose como infringida la doctrina expuesta en las sentencias de este Tribunal de 24 de febrero de 1995, de 19 de noviembre de 1992, de 23 de abril de 1992 y las que en el cuerpo de las mismas se citan. TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, citándose como infringida la doctrina expuesta en las sentencias de este Tribunal de 24 de febrero de 1995 y 7 de enero de 1992 y las que en el cuerpo de las mismas se citan. CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate en relación con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria . QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate en relación con lo dispuesto en el artículo 42.2º de la Ley Hipotecaria y con lo dispuesto en los artículos 71, 97 y 107,9º de la misma ley y 1923,4º del Código civil, en relación con los artículos 40, 82 y 132 de la Ley Hipotecaria y el artículo 1511 del Código civil.

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Cesáreo Hidalgo Senen, en nombre y representación de D. Bruno y D. Gerardo presentó escrito de impugnación al mismo.

3. - Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 21 de mayo del 2002, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

Se ha ejercitado en el presente litigio una acción declarativa de propiedad sobre dos fincas registrales; acción que no debe confundirse con una tercería de dominio y que no debe resolverse atendiendo exclusivamente a preceptos hipotecarios, sino que, como toda acción declarativa de dominio, cuyo objeto es la declaración de propiedad con los pronunciamientos derivados que en el presente caso se interesan, se fundamenta en el artículo 348 del Código civil.

La litis se centra en la demanda declarativa del derecho de propiedad adquirido por compraventa en escritura pública (1989) inscrita en el Registro de la Propiedad (en 1990) frente al derecho sobre las mismas fincas adquirido por los demandados por Auto aprobando la ejecución de hipoteca (de 1992) inscrito en el Registro de la Propiedad (en 1993). La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Murcia, de 12 de marzo de 1996 estimó la demanda; cuya sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial, Sección 2ª, que la desestimó. Los demandantes en la instancia han formulado el presente recurso de casación en cinco motivos, el primero de los cuales ha sido inadmitido por Auto de esta Sala de 28 de octubre de 1997. Sobre los demás, es preciso analizarlos, pero conviene, para su comprensión, hacer el planteamiento cronológico de los distintos actos y negocios jurídicos, el planteamiento jurídico exponiendo las posturas encontradas de las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial y el planteamiento que hace esta Sala.

PLANTEAMIENTO CRONOLOGICO:

Sobre el embargo

· 14 febrero 1986, se anota en el Registro de la Propiedad el embargo trabado (el 11 de diciembre anterior) en juicio ejecutivo seguido por D. Víctor (demandado, declarado en rebeldía) contra D. Javier y su esposa Dª Inmaculada .

· 11 febrero 1988, se dicta Auto aprobando el remate de la subasta (celebrada el 7 de diciembre anterior) a favor de D. Víctor .

· 19 de enero de 1989, tras ser requeridos (artículo 1514, antes de la reforma de 1992, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) D. Javier y Dª Inmaculada otorgan escritura de venta a favor de D. Víctor .

· 19 de enero de 1989, el mismo día que la anterior, D. Víctor vende a D. Luis Pablo y Dª Inmaculada (ésta es hija de aquellos ejecutados) que son los demandantes.

· 16 de febrero y 9 de mayo de 1990, se cancela por caducidad la anotación de embargo.

Sobre la hipoteca:

· 22 de junio de 1987, D. Javier y D.ª Inmaculada (los ejecutados en aquel juicio ejecutivo) otorgaron escritura pública de emisión de obligaciones hipotecarias, que se inscribió en el Registro de la Propiedad el 7 de septiembre de 1987.

· 12 de enero de 1990, certificación registral en que consta subsistente la anotación del embargo y es entregada al letrado de los demandados.

· 15 de febrero de 1990, se incoa el procedimiento del artículo 131 de la L.H. por D. Bruno y D. Gerardo , tenedores de las obligaciones hipotecarias.

· 17 de abril de 1990, se practica el requerimiento de pago (regla 5ª del artículo 131 de la L.H.) a los propietarios D. Javier y Dª Inmaculada .

· 9 de mayo de 1990, el Registro de la Propiedad libra la certificación de titularidad y cargas a que se refiere la regla 4ª del artículo 131 y no consta la anotación de embargo, por haber sido cancelada.

Sobre ejecución de embargo y de hipoteca:

· 2 de junio de 1990 y 11 de diciembre de 1990, se inscriben en el Registro de la Propiedad las compraventas de D. Javier y Dª Inmaculada a D. Víctor y de éste a las demandantes D. Luis Pablo y Dª Inmaculada .

· 27 de mayo de 1992, se dicta Auto aprobando el remate a favor de los demandados D. Bruno y D. Gerardo en la tercera subasta en el procedimiento del artículo 131.

· 1 de junio de 1992, en el mismo procedimiento se dicta Auto ordenando cancelar las compraventas a favor de los demandantes D. Luis Pablo y Dª Inmaculada , según la regla 17ª del artículo 131 L.H.

· 31 de julio de 1992, se anota en el Registro de la Propiedad la demanda origen del presente proceso, que había sido presentada el 12 de marzo de 1992.

· 18 de febrero de 1993, se practica en el Registro de la Propiedad el asiento de cancelación de las compraventas a favor de los demandantes y se inscribe la adjudicación a favor de los demandados.

PLANTEAMIENTO JURIDICO:

Posición de la sentencia del Juzgado de 1ª instancia:

· Cuando los demandantes D. Luis Pablo y Dª Inmaculada , adquirieron las fincas (19 de enero de 1989), no había obstáculo para ello; se había constituido hipoteca (7 de septiembre de 1987) y cuando ésta se ejecuta, (15 de febrero de 1990) aquéllos ya eran propietarios, cuya propiedad fue inscrita más tarde (2 de junio y 11 de diciembre de 1990).

· Cuando se cancela por caducidad la anotación de embargo (16 de febrero y 9 de mayo de 1990) ya se había adquirido el derecho de propiedad por los demandantes (en 1989) que no se inscribió hasta más tarde (en 1990): a la fecha de cancelación por caducidad de la anotación de embargo, la adquisición del derecho de propiedad por los demandantes ya se había producido.

Posición de la sentencia de la Audiencia Provincial:

· La escritura se contiene en el fundamento tercero de la misma, que dice: de lo anteriormente expuesto se deduce que los actores Luis Pablo y Inmaculada compraron las fincas NUM000 y NUM001 el 19 de enero de 1989, fecha en la que constaba en el Registro de la Propiedad anotados los embargos de la letra b) en base al cual se habían subastado y aprobado el remate en el juicio ejecutivo 1020/85 pero no llegaron a inscribir tal compraventa hasta el 11 de diciembre de 1990, en cuya fecha ya habían sido cancelados por el Registrador aquellos embargos que le daban preferencia (lo que tuvo lugar el 11 de febrero y 9 de mayo de 1990) y al mismo tiempo aparecía inscrita la escritura pública de emisión de obligaciones hipotecarias desde el 7 de septiembre de 1987, en base a la cual se habían seguido el procedimiento del artículo 131 a instancia de Bruno y Gerardo contra Javier y Inmaculada (padres de la actora y suegros del actor).

· Por ello (fundamento sexto), al haberse dejado caducar la anotación preventiva del embargo inicial antes de la inscripción de la compraventa de los demandantes, perdió su prioridad a favor de la inscripción de hipoteca anterior aquélla.

PLANTEAMIENTO DE LA SALA:

En 1989 los demandantes D. Luis Pablo y Dª Inmaculada adquieren el derecho de propiedad sobre las fincas por título, que es el contrato de compraventa que procede de la ejecución de un embargo, que había sido anotado en el Registro de la Propiedad en 1986, y modo, traditio ficta, que es la escritura pública, que se inscribe en 1990. En 1992 los demandados D. Bruno y D. Gerardo adquieren las mismas fincas por Auto que aprueba el remate de la tercera subasta en procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que se inscribe en el Registro de la Propiedad en 1993.

De lo que se deduce que no se trata de una cuestión de prioridad registral entre el embargo y la hipoteca, sino de que cuando los demandados adquieren las fincas, éstas ya eran propiedad de los demandantes, que habían, incluso, inscrito su derecho. El problema fue que, antes de su adquisición, había caducado en el Registro de la Propiedad la anotación preventiva de embargo de que traía causa la compraventa. Tal cancelación no puede ser decisiva, por cuanto la cuestión no es la preferencia de embargo o hipoteca, sino la posible adquisición a non domino por los demandados: esto lo contempla la sentencia de primera instancia, que la rechaza, y lo ignora la de segunda que se fija sólo en la cancelación, por caducidad, del embargo. Cuya adquisición a non domino no puede ser mantenida, por falta de la buena fe que exige el artículo 34 de la Ley Hipotecaria; buena fe en el sentido de conocimiento de la situación real (como expone con detalle la sentencia de 17 de julio de 1999, que destaca que nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño): las demandadas tuvieron conocimiento -así consta en autos- del embargo que dio lugar a la adquisición por los demandantes, desde enero de 1990.

El recurso de casación que ha interpuesto la parte demandante en la instancia, debe ser estimado. Se estiman los motivos segundo y cuarto, perdiendo interés los restantes, fundados en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Se considera infringida la jurisprudencia que cita (sentencias de 23 de abril de 1992, 19 de noviembre de 1992 y 24 de febrero de 1995) sobre la naturaleza del embargo (motivo segundo) y el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en el sentido de que los demandados no son terceros hipotecarios (motivo cuarto).

El embargo, desde el punto de vista procesal, es la traba sobre un bien que desemboca en su adquisición, a los efectos de realización de valor para cumplir la obligación dineraria que fue objeto del proceso donde se produjo el embargo. Desde el punto de vista registral, es una garantía que constituye, en perjuicio de posteriores adquirentes del bien embargado, una afección de tipo hipotecario en seguridad de la obligación que dio lugar al mismo, responde a la antigua hipoteca judicial; como tal asiento registral, carece de carácter constitutivo.

En el presente caso, la adquisición del derecho de propiedad sobre las fincas por los demandados se produce (en 1989) estando vigente la anotación del embargo de que trae causa. Después de tal adquisición se cancela el embargo (en 1990), que ya no tenía sentido ni debía tener vigencia, pues ya se había ejecutado. A su vez, la constitución de hipoteca es anterior (en 1987), pero la ejecución hipotecaria (se inicia en 1990) es posterior a la adquisición por los demandados. La adquisición por éstos es también posterior (en 1992). La inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición por los demandantes (en 1990) es muy anterior a la de los demandados (en 1993). Todo el problema se plantea en que tras la adquisición por los demandantes y su inscripción en el Registro de la Propiedad se había cancelado por caducidad el embargo: caducidad evidente, como se ha dicho, pues aquél se había ejecutado por la adquisición por los demandantes. Tal cancelación por caducidad en modo alguno, puede dar lugar a que se pretenda la ineficacia de la compraventa que consumó el embargo. Esto es lo que ha hecho la sentencia de la Audiencia Provincial, infringiendo la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza del embargo.

Por otra parte, la adquisición, en virtud de la ejecución hipotecaria, de las fincas por los demandados (en 1992) se produce cuando éstas ya habían sido adquiridas por los demandantes (en 1989). Podría ser una adquisición a non domino mantenida por mor del principio de fe pública registral que proclama el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Pero, como se ha dicho, no puede aplicarse porque los mismos tenían conocimiento y así consta, desde antes (desde 1990) del embargo que dio lugar a la adquisición por los demandantes. Con lo que la solución que da la sentencia de la Audiencia Provincial infringe el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

En consecuencia, al estimarse los dos motivos (segundo y cuarto) del recurso de casación, carece de interés el análisis de los restantes y procede, tal como dispone el artículo 1715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Y, como se desprende de lo expuesto hasta ahora, procede confirmar lo resuelto por la sentencia de primera instancia.

En cuanto a las costas, se mantiene el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia; no se hace condena en la segunda instancia; tampoco, conforme al mismo artículo 1715.2, en las de este recurso en que cada parte satisfará las suyas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español