ATS, 8 de Febrero de 2018
| Ponente | ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER |
| ECLI | ES:TS:2018:1985A |
| Número de Recurso | 3025/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
A U T O
Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Fecha Auto: 08/02/2018
Recurso Num.: 3025/2017
Fallo/Acuerdo :
Procedencia: T.S.J. NAVARRA SALA SOCIAL
Ponente Excmo. Sr. D.: Angel Blasco Pellicer
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Reproducido por: CLA/R
Recurso Num.: 3025/2017
Ponente Excmo. Sr. D.: Angel Blasco Pellicer
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
A U T O
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO SOCIAL
Excmos. Sres.:
Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea, Dª. Rosa María Virolés Piñol, D. Angel Blasco Pellicer
En la villa de Madrid, a ocho de Febrero de dos mil dieciocho.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer,
Por el Juzgado de lo Social N.º 3 de los de Pamplona/Iruña se dictó sentencia en fecha 12 de mayo de 2017 , en el procedimiento n.º 920/2016 seguido a instancia de D. Ángel Daniel contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y Caixabank SA, sobre prestación por desempleo, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en fecha 5 de julio de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 26 de julio de 2017, se formalizó por la procuradora D.ª Elena Díaz Álvarez de Maldonado en nombre y representación de D. Ángel Daniel y bajo la dirección letrada de D. Francisco Fajardo Luna, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y en dicho escrito se designó a la procuradora D.ª Marta Sanagujas Guisado.
Esta sala, por providencia de 17 de noviembre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16 de julio de 2013 (R. 2275/2012 ), 22 de julio de 2013 (R. 2987/2012 ), 25 de julio de /2013 (R. 3301/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 302/2012 ), 15 de octubre de 2013 (R. 3012/2012 ), 23 de diciembre de 2013 (R. 993/2013 ), 29 de abril de 2014 (R. 609/2013 ) y 17 de junio de 2014 (R. 2098/2013 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14 de mayo de 2013 (R. 2058/2012 ), 23 de mayo de 2013 (R. 2406/2012 ), 13 de junio de 2013 (R. 2456/2012 ), 15 de julio de 2013 (R. 2440/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 2366/2012 ), 3 de octubre de 2013 (R. 1308/2012 ), 4 de febrero de 2014 (R. 677/2013 ) y 1 de julio de 2014 (R. 1486/2013 ).
El recurrente prestó servicios para Banca Cívica SA desde el 9 de enero de 1984. El 25 de mayo de 2016 solicitó las prestaciones de desempleo contributivo. El 6 de junio de 2012 la empresa y los representantes de los trabajadores habían alcanzado un acuerdo en el que se preveían prejubilaciones, bajas indemnizadas y suspensiones de contrato. El 3 de julio de 2012 el ahora recurrente y Banca Cívica suscribieron un acuerdo de extinción del contrato de trabajo "por mutuo acuerdo" y el acceso a un sistema de prejubilaciones en las condiciones económicas pactadas el 6 de junio de 2012. En los ficheros automáticos de la TGSS figuraba como causa del cese del trabajador la dimisión/baja voluntaria u otra causa de baja, pero la Dirección Provincial de Navarra acordó de oficio modificar la causa del cese para indicar la de "despido colectivo".
En la demanda origen de las presentes actuaciones el actor solicitaba el reconocimiento del derecho a percibir la prestación de desempleo en la cuantía reglamentaria, durante 24 mensualidades. Desestimada en la instancia, la sentencia recurrida ha confirmado dicha resolución asumiendo el criterio de que la solicitud fue extemporánea y la prestación está consumida. Concretamente la sala razona que si bien el cese del actor fue involuntario, la solicitud se presentó transcurridos más de 15 días desde la extinción del contrato de trabajo y la consecuencia es que el trabajador no tiene derecho a prestación alguna porque se han consumido todos los días que le correspondían. La sentencia señala también que el reconocimiento por la TGSS de que la baja se debió a un despido colectivo no abre un nuevo plazo de 15 días para solicitar la prestación pues este se cuenta desde que se produce la situación legal de desempleo, en el caso el 10 de julio de 2012, fecha del cese en el trabajo.
El recurrente alega como sentencia de contraste la del Tribunal Supremo Sala Cuarta de 30 de abril de 1996 (rcud 2128/1995 ), del Pleno, en la que se debate cuándo se produce el hecho causante de la situación legal de desempleo, si en la fecha del acto de conciliación o resolución judicial de despido improcedente, o en la del cese empresarial a efectos de decidir la normativa aplicable para fijar la cuantía de la prestación. O sea, si se tomaba como hecho causante el despido del trabajador, en esa fecha estaría en vigor la Ley 31/1984, pero si se estaba a la fecha del acto de conciliación entonces ya había entrado en vigor el RD Ley 1/1992 (en el caso enjuiciado el despido fue de 7 de abril de 1992, y la conciliación ante el CEMC se celebró el 10 de abril de 1992). La sala unifica doctrina en el sentido de que la situación legal de desempleo se define por la calificación del despido mediante un acto formal de reconocimiento, sea conciliación, sentencia o auto en incidente de no readmisión. Pero el momento en que se considera extinguida la relación laboral es la fecha del despido, produciéndose una discrepancia entre la fecha de producción real de la situación de desempleo y la fecha de su reconocimiento formal que la sentencia resuelve siguiendo la doctrina respecto del concepto material de hecho causante de las prestaciones de incapacidad permanente. Por lo tanto, «[...] una vez reconocida formalmente la situación protegida [...], puede entenderse que la situación se produjo ya en el momento del despido [...] ». La sentencia de contraste desestima el recurso del INEM que propugnaba una fecha posterior a la vigencia de las medidas urgentes sobre protección de desempleo.
La contradicción alegada no puede apreciarse porque los hechos y las cuestiones respectivamente debatidas son diferentes al igual que las pretensiones y sus fundamentos. En la sentencia recurrida se pretende el reconocimiento de la prestación contributiva de desempleo en la cuantía máxima reglamentaria solicitada casi cuatro años después de extinguirse la relación laboral con la empresa. El fundamento es un cambio en los archivos informáticos de la TGSS que inicialmente le había dado al cese la clave 51, "dimisión/baja voluntaria" y tras un procedimiento de oficio acuerda modificar la causa del cese indicando la de "despido colectivo", clave 77, siendo entonces cuando el actor se inscribe como demandante de empleo. En la sentencia se discute si la petición es o no extemporánea y si en su caso se han consumido todos los días de prestaciones. En la sentencia de contraste el trabajador fue despedido el 7 de abril de 1992 y el siguiente 10 de abril las partes se conciliaron con avenencia, reconociendo la empresa que el despido era improcedente. La controversia se produce en cuanto a los días de prestación según se aplique una normativa u otra, lo que dependía de cuándo se considerase causada la prestación de desempleo. La Sala Cuarta resuelve en los términos expuestos anteriormente, por remisión al concepto material del hecho causante en las prestaciones de incapacidad permanente.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la procuradora D.ª Elena Díaz Álvarez de Maldonado, en nombre y representación de D. Ángel Daniel , bajo la dirección letrada de D. Francisco Fajardo Luna y representado en esta instancia por la procuradora D.ª Marta Sanagujas Guisado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 5 de julio de 2017, en el recurso de suplicación número 243/2017 , interpuesto por D. Ángel Daniel , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Pamplona/Iruña de fecha 12 de mayo de 2017 , en el procedimiento n.º 920/2016 seguido a instancia de D. Ángel Daniel contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Caixabank SA, sobre prestación por desempleo.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
