ATS, 21 de Junio de 2017
| Ponente | ROSA MARIA VIROLES PIÑOL |
| ECLI | ES:TS:2017:6365A |
| Número de Recurso | 3730/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil diecisiete.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
Por el Juzgado de lo Social N.º 4 de los de Jaén se dictó sentencia en fecha 30 de diciembre de 2015 , en el procedimiento n.º 64/2015 seguido a instancia de D.ª Consuelo contra Tecnología y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC) y la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de Jaén de la Junta de Andalucía, sobre cesión ilegal, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 21 de julio de 2016 , que desestimaba el recurso interpuesto y en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 3 de noviembre de 2016, se formalizó por el letrado D. José María Serrano Armenteros en nombre y representación de D.ª Consuelo , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 21 de abril de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ) y 17/06/2014 (R. 2098/2013 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 21 de julio de 2016 (R. 710/2016 ), que desestimó el recurso interpuesto por la trabajadora y confirmó la sentencia de instancia, desestimatoria de la de demanda en la que se insta que se declare la existencia de cesión ilegal de trabajadores, absolviendo a los demandados Tecnología y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC) y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La actora fue contratada por la empresa Tecnología y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC), prestando sus servicios en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén desde el 23 de marzo de 2006, con la categoría profesional de Ingeniero Técnico Agrícola.
La relación laboral se apoya en el contrato de trabajo temporal para obra o servicio determinado, a tiempo completo, identificándose la obra como "Análisis y control de alegaciones al régimen de asignación provisional de derechos de pago único". El 1 de julio de 2007 se suscribió una adenda al contrato en la que se modifica su objeto, pasando a ser: "Apoyo técnico a los trabajos de gestión de los derechos de pago único previstos en el Rº (CE) 1782/2003, expte. NUM000 ".
El Convenio Colectivo aplicable el Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.
Desde la orden de 23 de junio de 2005 de la Consejería de Agricultura y Pesca se encarga a la empresa pública TRAGSATEC la realización de los trabajos para la gestión del sistema integrado de ayudas y de los derechos de pago único previstos en el Reglamento (CE) 1728/2003; dicho encargo se ha reiterado cada año.
La actora, hasta abril de 2015 prestaba sus servicios en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, como Ingeniero Técnico Agrícola, realizando trabajos de apoyo de Sistema Integrado de Ayudas de la PAC, usando para ello el material propio de la delegación, teléfono, ordenador, mobiliario de oficina, correo electrónico, con la expresión que se asigna al personal que no es funcionario, ni laboral; si bien en el desarrollo de sus funciones seguía las indicaciones de TRAGSATEC.
La actora acudía a la Delegación Provincial en diferente horario de trabajo que el personal de ésta, pues la jornada de éste era de 40 horas semanales, por lo que también acudía dos tardes a la semana para completar dicha jornada; no fichaba ni era objeto de control alguno por parte del personal de la delegación, y en el desarrollo de su labor diaria era TRAGSATEC quien controlaba el trabajo que el actor realizada por medio de los informes mensuales que realizaba éste, así como controles de asistencia al trabajo, por fichas mensuales de control de presencia, así como cualquier incidencia relativa a la prestación servicial, así vestuario con el que el actor acude al trabajo, kilometraje, concreción horaria, comunicación de ausencias por labor sindical; siendo TRAGSATEC quien le compensaba las horas extra realizadas.
En un principio, el personal de TRAGSATEC compartía espacio físico con el resto de personal del Departamento de Gestión de Ayudas de la Delegación Provincial; posteriormente, el personal de TRAGSATEC pasó a ocupar un espacio físico diferente al del personal funcionario y laboral de la Consejería demandada, delimitándose la zona por ellos ocupada mediante mamparas.
En abril de 2015 TRAGSATEC traslada a todo el personal que prestaba servicios en la Delegación a un nuevo centro de trabajo, sito en la carretera de la Guardia s/n.
La actora percibe su salario de TRAGSATEC y a dicha entidad tiene que justificar cualquier incidencia que surja, tales como ausencias al trabajo o enfermedad. Tiene días de permisos distintos a los del personal de la delegación, así días libres por festividad de San Isidro, conforme a convenio colectivo de empresa, no disfrutando de días de feria, a diferencia del personal funcionario de la Delegación. Las vacaciones son aprobadas por TRAGSATEC, que posteriormente las pone en conocimiento de la delegación provincial y la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva es realizada por TRAGSATEC.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén emitió informe respecto del centro de trabajo de TRAGSATEC, sito en la Carretera de la Guardia s/n de Jaén "con objeto de constatar la efectiva prestación de servicios de los trabajadores en dicho centro de trabajo, proponiendo la imposición a TRAGSATEC de la sanción de 15.000 euros por la comisión de una infracción en materia de relaciones laborales, por haber efectuado modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin respetar el plazo establecido y sin concretar las razones económicas, productivas y organizativas exigidas por el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/995.
La Sala manifiesta que ya se ha pronunciado sobre la misma cuestión en muchas sentencias respecto de otros trabajadores, e incluso cita la misma sentencia que aquí se aporta de contraste, en la que declaró la existencia de cesión ilegal, manifestando que los hechos tenidos como probados son en parte distintos, lo que justifica la disparidad de pronunciamientos.
En cuanto a la solicitud de cesión ilegal que postula la trabajadora, la sentencia concluye que ninguna dependencia hay del actor respecto de la Consejería demandada, y por remisión a las mismas circunstancias constatadas en otra sentencia porque los hechos probados evidencian que la selección y contratación de la actora se realizó por la empresa TRAGSATEC con apoyo en la encomienda de gestión y TRAGSATEC es entidad real con estructura organizativa propia, que abona el salario a la trabajadora y a quien ésta tiene que justificar cualquier incidencia que surgiera, tales como ausencia o enfermedad; concede vacaciones a la trabajadora al margen de las vacaciones de funcionarios y personal laboral de la delegación, sin que la actora esté sujeta a control alguno por parte del personal de la delegación provincial, sino por TRAGSATEC quien le fija horario y le compensa las horas extra, quien le abona kilometraje.
Concluye la sentencia, siempre por remisión a otras anteriores, que se cumplen los requisitos para considerar que no nos encontramos ante una empresa ficticia, y que el hecho del traslado de todo su personal a un nuevo centro de trabajo donde la actora siguió realizando las mismas funciones y en el mismo régimen de horario y condiciones laborales, y por el que a TRAGSATEC le fue propuesta un sanción por la Inspección de Trabajo, no sólo no aporta dato que avale la cesión ilegal, sino que denota de manera patente la condición de empleadora de TRAGSATEC, porque evidencia su poder de dirección ejercitado como empleadora, que ya se había exteriorizado antes cuando procedió a la reducción de jornada y salario.
Recurre en casación para la unificación de doctrina la parte actora insistiendo en su pretensión, invocando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de marzo de 2013 (R. 293/2013 ).
En el caso resuelto por dicha sentencia la trabajadora también había prestado servicios en la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, desde el 21 de febrero de 1994, con la categoría profesional de ingeniero técnico agrícola, en virtud de sucesivos contratos temporales (hasta nueve) celebrados con la empresa TRAGSA, hasta que el 1 de mayo de 2002 la relación se convirtió en indefinida. La trabajadora desarrollaba su trabajo con los medios materiales (correo electrónico, medios informáticos) proporcionados por la Consejería, con arreglo al horario fijado por TRAGSA, y de acuerdo con las instrucciones de trabajo dadas por la jefatura de la Junta de Andalucía, siendo la cuestión debatida también es ese caso la existencia de cesión ilegal. La sentencia estima el recurso y declara que la trabajadora estaba sometida a cesión ilegal a la vista de los hechos relatados, y de que, en definitiva, estaba incluida dentro del ámbito de organización y dirección de la Administración demandada.
Lo expuesto evidencia que la contradicción no puede ser apreciada.
Así, se revela como dato fundamental a efectos de apreciar la contradicción la diferencia existente entre los supuestos comparados en orden al sujeto que ejercía el poder de dirección de la actividad laboral, pues en la sentencia recurrida consta que la trabajadora, en el desarrollo de sus funciones seguía las indicaciones de TRAGSATEC; que era la empresa TRAGSATEC quien en el desarrollo de su labor diaria controlaba el trabajo de la actora por medio de los informes mensuales que realizaba éste, así como controles de asistencia al trabajo, por fichas mensuales de control de presencia, así como cualquier incidencia relativa a la prestación servicial, así vestuario con el que el actor acudía al trabajo, kilometraje, concreción horaria, comunicación de ausencias por labor sindical; siendo TRAGSATEC quien le compensaba las horas extra realizadas. Sin embargo, en la sentencia de contraste esto no se produce, constando que la trabajadora desarrollaba sus tareas de acuerdo con las instrucciones de trabajo dadas por la jefatura de la Junta de Andalucía, y eso justifica sobradamente que se alcancen fallos diferentes en orden a la apreciación de la cesión ilegal.
En sus alegaciones la recurrente insiste en su pretensión y en la contradicción alegadas, intentando relativizar las diferencias expuestas y que justifican, a juicio de esta Sala, la falta del presupuesto legal de contradicción. En cuanto a lo que la recurrente alega sobre la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que se derivaría de la inadmisión del recurso, conviene recordar que es doctrina constitucional conocida por reiterada que el principio pro actione se encuentra modulado en sede de recursos, y que una resolución razonada y no arbitraria sobre la inadmisión, con base en el incumplimiento de los requisitos y presupuestos legales del recurso también satisface el referido derecho fundamental.
De conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José María Serrano Armenteros, en nombre y representación de D.ª Consuelo , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 21 de julio de 2016, en el recurso de suplicación número 710/2016 , interpuesto por D.ª Consuelo , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Jaén de fecha 30 de diciembre de 2015 , en el procedimiento n.º 64/2015 seguido a instancia de D.ª Consuelo contra Tecnología y Servicios Agrarios SA y la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de Jaén de la Junta de Andalucía, sobre cesión ilegal.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
