ATS, 14 de Junio de 2017
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2017:6319A |
| Número de Recurso | 4087/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 14 de Junio de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil diecisiete.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Por el Juzgado de lo Social N.º 1 de los de Huelva se dictó sentencia en fecha 23 de febrero de 2015 , en el procedimiento n.º 84/2014 seguido a instancia de D.ª Pura contra la Universidad de Huelva, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 16 de junio de 2016 , que estimaba en parte el recurso interpuesto y en consecuencia revocaba parcialmente la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 17 de octubre de 2016, se formalizó por el letrado D. Alberto López García en nombre y representación de D.ª Pura , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 24 de abril de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La sentencia impugnada -de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 16 de junio de 2016 (Rec. 1531/2015 )- con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por la demandada Universidad de Huelva, revoca parcialmente la sentencia de instancia manteniendo sus pronunciamientos en cuanto a la nulidad del despido que declara y sus consecuencias, salvo en lo tocante al salario diario que fija en la cantidad de 79,55 €/día.
La demandante ha prestado servicios para la Universidad de Huelva, como becaria entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2010 y a continuación en virtud de contratos temporales para obra o servicio determinado, con la categoría profesional de Titulada de Grado Medio y realizando funciones de apoyo informático al servicio de investigación de la Universidad.
La empleadora comunicó la finalización del contrato con efectos de 31 de diciembre de 2013. La Universidad de Huelva, que ostentaba más de trescientos trabajadores, procedió a cesar entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de enero de 2014 a 96 trabajadores.
La sentencia de instancia estimó la demanda de la actora declarando la nulidad del despido de que había sido objeto por traspasar los umbrales del despido colectivo que señala el artículo 55.1 de Estatuto de los Trabajadores . Previamente declara que la antigüedad de la actora es de la del inicio de la relación que se considera laboral, aunque fue formalmente contratada como becaria y considera fraudulenta tal contratación y las siguientes que suscribieron bajo la modalidad de obra o servicio determinado.
En suplicación y en lo que ahora interesa en relación con la cuestión casacional, la empresa sostiene que en aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, le corresponde a la actora un salario de 79,55 € diarios dado que ostenta la categoría laboral de Titulado de Grado Medio, por lo que la sentencia de instancia infringe la tabla salarial del Convenio de aplicación al haber establecido un salario de 84,57 €. Cuestión a la que se le da respuesta positiva al ser aquel salario el establecido para la categoría señalada.
Acude la trabajadora en casación para la unificación de doctrina, denunciando que la sentencia recurrida admite el salario propuesto de contrario sin indicar la razón.
En el presente recurso no existe cita ni fundamentación de la infracción legal. No existe en todo el cuerpo del escrito de formalización del recurso mención alguna que de forma clara e indubitada haga referencia al precepto o preceptos que el recurrente considere vulnerados por la sentencia que se impugna, ni menos aún existe el imprescindible razonamiento en orden al fundamento o por qué de la infracción atribuida.
Es sabido que el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ha señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» [ SSTS, entre otras, 22/04/2013 (R. 1048/2012 ), 02/12/2013 (R. 3278/2012 ) y 14/01/2014 (R. 823/2013 ) y 04/02/2015 (R. 3207/2013 )].
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 (R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
Tampoco concurre la contradicción con la sentencia invocada de contraste, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha de 25 de octubre de 2013 (rec. 145/13 ), que con revocación de la de instancia estima la demanda y declara la improcedencia del despido disciplinario del actor de fecha 2/3/2012, fijando el salario diario en 50,21 €. En relación con la fijación del salario, resulta que la sentencia de instancia no recoge o fija ninguno, señalando en el hecho probado tercero que lo percibido por el actor sin contabilizar deducciones, desde marzo 10 a febrero 12, son 30.509,46 €, a lo que se añaden las liquidaciones de marzo 2011 a marzo 2012, a cuyo contenido se remite. En el recurso el actor tampoco alude al tema, y se limita a interesar que se estime su demanda, en la que indica una retribución mensual de 1.527'32 € mensuales, cálculo que dice efectuado conforme a la media de sus retribuciones, que tienen un componente fijo y otro variable. La empresa sin aludir tampoco a ese tema en el escrito de impugnación, se limita a oponerse al recurso y solicitar la confirmación. La Sala de suplicación analiza el visionado del acto de juicio, en el que resulta que el actor se ratificó en su demanda, que la demandada se opuso pero no adujo nada sobre el salario, y no fue hasta el trámite de conclusiones cuando la empresa, que intervenía primero por tratarse de despido, dijo que el salario era de 22'45 € día, ya que lo percibido en las 12 últimas nóminas fue la cantidad de 8.156'06 € y el trabajador contestó diciendo que era extemporánea la fijación de salario distinto en conclusiones y que, en todo caso, la suya era correcta.
La sentencia referencial no acepta la cantidad que postula la empresa pues se indicó extemporáneamente en conclusiones, impidiendo que durante el juicio se pudiera contestar por el actor. Por ello la sentencia parte de los 30.509'46 € declarados probados como percibidos en las 24 últimas nóminas por el Juzgador y dividimos entre 24, resultan 1271'22, que multiplicados por 12 y dividimos entre 365, ya da un diario de 41'79 €, mucho más próximo a los 50'21 € que resulta del mensual indicado por el actor, que los 22'45 € que la empresa adujo en conclusiones y sin ajustarse al criterio legal de cálculo. Añade que además, habría que tener en cuenta las liquidaciones a que se remite el Juzgador y, dado que la Sala no debe entrar en aquello que las partes no han pormenorizado, fija el salario en la cantidad alegada por la parte actora y no combatida adecuadamente.
La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos de hecho, las pretensiones ejercitadas y la razón de decidir, planteándose la determinación del salario regulador desde diferentes perspectivas. Así, en el caso de autos, la sentencia de instancia considera la relación de la trabajadora laboral desde el inicio aunque fue formalmente contratada como becaria, declarando la misma fraudulenta y las siguientes que se suscribieron bajo la modalidad de obra o servicio determinado, fijando el salario diario en 84,57 € y como categoría la de Titulado de Grado Medio. Es de aplicación a la relación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. La sentencia de suplicación analiza la denuncia de la empresa de infracción de la tabla salarial del Convenio y que es estimada, fijando el salario en 79,55 € diarios puesto que es el que la norma paccionada establece para la categoría de la trabajadora. Sin embargo, nada semejante acontece en la sentencia de contraste, en la que resulta que la sentencia de instancia no fija ningún salario, señalando únicamente la cuantía percibida por el trabajador en un determinado periodo. En el recurso de suplicación el actor tampoco alude al tema, limitándose a interesar que se estime su demanda y en ésta indica una retribución mensual de 1.527'32 € mensuales. La sentencia no admite la cantidad indicada por la empresa en conclusiones ya que la misma se indicó extemporáneamente, concluyendo que dado que la empresa no ha combatido adecuadamente el salario alegado por la actora, acepta el indicado por ésta de 50,21 €.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Alberto López García, en nombre y representación de D.ª Pura , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 16 de junio de 2016, en el recurso de suplicación número 1531/2015 , interpuesto por la Universidad de Huelva, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Huelva de fecha 23 de febrero de 2015 , en el procedimiento n.º 84/2014 seguido a instancia de D.ª Pura contra la Universidad de Huelva, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
