STS, 13 de Marzo de 2012

Por la representación de Sociedad Anónima para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia, y de la Confederación Intersindical Gallega, se interpuso demanda que tuvo entrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante escrito del Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Relaciones Laborales, de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba solicitando: "..se declare: a) Que sea nula de pleno derecho la decisión de la empresa Sociedad Anónima para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia, notificada a los trabajadores mediante carta de 19 de julio de 2010, consistente en una reducción de un cinco por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, con efectos de 1 de junio de 2010. b) Que los trabajadores de la Sociedad Anónima para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia tienen derecho a ser repuestos en las condiciones retributivas que venían disfrutando con anterioridad a la decisión empresarial de reducir un cinco por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, con efectos de 1 de junio de 2010".

Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto de juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Con fecha 4 de noviembre de 2010 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aclarada por Auto de fecha 5 de noviembre de 2010 y en lo que afecta a su parte dispositiva, literalmente dice: "Estimamos la demanda de conflicto colectivo promovida por D. Celestino

, en representación del Comité de Empresa de la Sociedad Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, y por el Letrado Sr. López de Castro Ruiz, en representación de la Confederación Intersindical Galega, asistiendo además al Comité de Empresa, a la que se han adherido el Sindicato Unión General de Trabajadores, representado por la Letrada Sra. Liste López y el Sindicato Comisiones Obreras, representado por la Letrada Sra. De La Iglesia Aza, contra la Sociedad Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, representada por el Letrado de la Xunta de Galicia, Sr. Abuin Flores, declarando nula de pleno derecho, la decisión de la Sociedad Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, notificada a los trabajadores mediante carta de fecha 19 de julio de 2010, consistente en una reducción de un 5% en las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, con efectos de 1 de junio de 2010 y declarando que los trabajadores de la Sociedad Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, tienen derecho a ser repuestos en las condiciones retributivas que venían disfrutando con anterioridad a la decisión empresarial de reducir en un 5% de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, con efectos de 1 de junio de 2010".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos, cuya transcripción es copia literal del razonamiento jurídico primero del auto de aclaración dictado el 5 de noviembre de 2010:

" 1. En fecha 6 de julio de 2010, el Director Gerente de la "Sociedad Anónima para el Desenvolvemento Comarcal de Galicia" (en adelante SODECO), dirige carta al Comité de empresa, con el fin de tener una reunión a día siguiente para (citamos literalmente el contenido de la comunicacion) "...levar a cabo as consultas previstas no artigo 41.4º do ET, respecto a modificación sustancial de condicions de traballo dos traballadores que se relacionan no anexo, quedando aberto desde a recepción da presente carta o periodo de consultas e discusión por término de 15 días, de acordo co disposto no artigo 41.4º do ET...".

2. La medida cuya procedencia se debate en este proceso, consiste en la práctica, con efectos de 1 de junio de 2010, de una reducción salarial de un 5% de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina de todos los trabajadores de la citada entidad, por aplicación de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo y de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 3/2010, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el año 2010.

3. Existe conformidad entre las partes intervinientes en el presente conflicto en el hecho de que la medida afecta aproximadamente a ciento cinco trabajadores de SODECO, repartidos en diecisiete centros de trabajo ubicados en los siguientes Concellos: Malpica de Bergantines, Ordes, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Palas de Rei, Viveiro, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Castro Caldelas, Celanova, Robra de Trives, Ribadavia, Cambados, A Cañiza, A Estrada y Lalín.

4. Ninguno de los trabajadores afectados por la medida, tiene la condición de personal laboral directivo.

5. SODECO, es una Sociedad Mercantil Pública, cuyo capital social pertenece en su integridad a la Administración Autonómica de la Xunta de Galicia.

6. En fecha 15 de julio de 2010, Don Jaime, Presidente del Comité de Empresa de SODECO y en representación del mismo, dirige a la Sociedad, una comunicación en la que expresa, que en reunión del Comité de Empresa, de fecha 12 de julio, se acordó, por unanimidad, que el periodo de consultas del artículo

   41.1 ET abierto para la aplicación de la modificación sustancial de condición de trabajo consistente en la reducción salarial del 5%, con efectos de 1 de junio de 2010, por aplicación de la normativa antes citada, es nulo de pleno derecho.

7. El 19 de julio de 2010, SODECO comunica individualmente la medida a los trabajadores de la empresa, a los que dirige un comunicado del siguiente tenor literal "ante la necesidad de efectuar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa, abierto el periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores .... se acordó conforme a lo exigido en el artículo

   41.4 del ET, sobre las causas que obligan a adoptar la mencionada decisión, que concluido el periodo de consultas, éste finalizó sin acuerdo, y que mediante el presente escrito, como trabajador afectado, le notifico que la empresa tiene la necesidad de modificar las siguientes condiciones de trabajo: Con efectos de 1 de junio de 2010, reducción en un 5% las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina. La modificación de condiciones que se le comunica surtirá efectos a partir de los treinta días siguientes a la recepción de la presente carta ....".

8. Promovido el presente conflicto colectivo, por Don Celestino, en representación del Comité de Empresa de SODECO y por Don Héctor López de Castro Ruiz, en representación de la Confederación Intersindical Galega (en adelante, CIG), en fecha 5 de agosto de 2004 tuvo lugar una comparecencia ante la Dirección Xeral de Relacions Laborais da Conselleria de Traballo e Benestar, concluyendo sin acuerdo el intento de conciliación entre las partes. 9. La demanda de conflicto colectivo se ha promovido ante esta Sala de lo Social, por D. Celestino, en representación del Comité de Empresa de SODECO y por el Letrado D. Héctor López de Castro Ruiz, en representación de la C.I.G., asistiendo al Comité de Empresa, contra SODECO, UGT y CCOO. UGT y CCOO se adhirieron a la demanda en el acto del juicio".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de SODECO.

Por providencia de esta Sala de fecha 15 de febrero de 2011 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerar procedente el recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 17 de enero de 2012. En dicho acto, el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez señaló que no compartía la decisión mayoritaria de la Sala y que formularía voto particular, por lo que se encomendó la redacción de la ponencia al Excmo. Sr. Magistrado D. Jesus Gullon Rodriguez. Se han cumplido en la tramitación del presente recurso las exigencias legales, salvo la relativa al plazo para dictar sentencia dada la complejidad y transcendencia del presente asunto.

El presente recurso de casación común combate la sentencia de conflicto colectivo dictada en instancia por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia el 4 de noviembre de 2010 (autos nº 15/10). El conflicto, promovido inicialmente por el Comité de Empresa y por la Confederación Intersindical Gallega (CIG), al que luego, en el acto del juicio, se adhirieron los codemandados Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), tenía por objeto la declaración de nulidad de la decisión empresarial de reducir en un 5 por 100 las cuantías de los conceptos retributivos que integraban la nómina de los trabajadores afectados, con efectos de 1 de junio de 2010.

La sentencia recurrida estima la demanda, declara nula de pleno derecho la precitada decisión de la entidad pública mercantil SODECO ("Sociedad para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia, SA"), cuyo capital social pertenece en su integridad a la Junta de Galicia (hecho probado 5º), y reconoce que los trabajadores afectados por el conflicto colectivo tienen derecho a ser repuestos en las condiciones retributivas que venían disfrutando con anterioridad a aquella reducción. Según explica de modo literal la Sala gallega, "la cuestión a la que se ciñe el debate es (...) si a través de un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, puede practicarse una reducción salarial a todos los trabajadores de SODECO". La Sala entiende, en esencia, que la Disposición Adicional Novena del RD-Ley 8/2010 establece con claridad que la reducción no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación; y como quiera que la empresa demandada, con amparo en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, ha llevado a cabo un período de consultas que concluyó sin acuerdo, adoptando unilateralmente la decisión reductora, no ha cumplido la previsión legal porque, a su entender, ese "periodo de consultas" no constituye la "negociación" a la que aluden tanto la norma estatal (Disp. Adic. 9ª del RD-L 8/2010) como la autonómica (Disp Adic. 6ª de la Ley 3/2010, de 23 de diciembre, que modificó la Ley 9/2009, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Galicia) y, por ello, termina acogiendo favorablemente la pretensión.

El recurso de la entidad condenada articula dos motivos diferenciados de casación. En el primero, amparado en el art. 205.d) de la LPL y con remisión a los documentos unidos a los folios 216 y 217 de los autos (Acta de la reunión del 7 de julio de 2.010 celebrada entre la empresa y los representantes unitarios de los trabajadores) insta la adición al primero de los hechos probados, tal y como quedaron definitivamente redactados mediante el Auto de aclaración del 5 de noviembre de 2.010, trascrito en su integridad en los antecedentes de la presente resolución, del siguiente párrafo: "Abierto el período de consultas, se celebró el 7 de julio de 2010, una reunión entre la representación de la empresa y de los trabajadores, sobre la forma de aplicación de la reducción salarial prevista en la disposición adicional sexta de la Ley Gallega 3/2010, de 23 de junio ".

Este primer motivo de casación ha de ser favorablemente acogido porque el texto propuesto concuerda con el documento hábil en el que se sostiene y además porque permite entender mejor la actitud empresarial con relación al problema de fondo que se debate en el proceso y por ello, desde esa perspectiva de una mejor comprensión del litigio, tiene utilidad su inclusión en el primero de los hechos probados, al margen de que, como ponen de relieve los sindicatos demandantes en sus respectivos escritos de impugnación, esa adición no resulte muy relevante, pues ciertamente la existencia de esa reunión y el infructuoso resultado de las consultas, se deducen con facilidad del propio relato judicial de instancia cuando, por un lado, describe la carta que la empleadora dirigió el 6 de julio de 2.1010 al Comité de empresa (hecho probado 1º) y, por otro, da cuenta de la consideración que, como "nulo de pleno derecho", tuvo el Comité de empresa respecto al "período de consultas del artículo 41.4 ET abierto para la modificación sustancial de condiciones de trabajo ..." (hecho probado 6º) y de las consecuentes comunicaciones individuales que sobre ese mismo asunto efectuó la empresa (hecho probado 7º).

1.- El segundo motivo del recurso se construye sobre la letra e) del art. 205 de la Ley de Procedimiento Laboral y en él se denuncia la infracción de la Disposición adicional sexta de la Ley 3/2010, de 23 de junio, del Parlamento de Galicia, por la que se modificó la Ley autonómica 9/2009, de Presupuestos Generales de aquella Comunidad para 2010, en relación con la adicional novena del Real Decreto Ley 8/2010 (BOE 24-5-2010), por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en todo el ámbito estatal, y con el art. 41, apartados 1 º, 3 º y 4º, del Estatuto de los Trabajadores, alegando igualmente la infracción de la doctrina jurisprudencial establecida por esta Sala en sus sentencias de 9 de diciembre de 1.995 (recurso 532/95 ) y 22 de marzo de 2.004 (recurso 152/03 ), juntamente con la sentencia 58/1985, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional .

En síntesis, la entidad recurrente sostiene que el nuevo marco normativo (tanto la Disposición adicional 9ª del RD-L 8/2010, como la adicional sexta de la Ley autonómica de Galicia 3/2010) impone sin ningún genero de duda que sus costes de personal se tienen que reducir necesariamente un 5 por cien y que "este requisito y condición se sobrepone a cualquier previsión de tipo convencional o pactada". Y como debe partirse de que la ley prima sobre el convenio y tiene fuerza para modificarlo, la cuestión, a su entender, queda reducida a interpretar lo que el legislador gallego quiso decir cuando se remitió a lo que las partes acordasen "a través de la negociación colectiva", llegando a la conclusión de que dicha expresión habrá de entenderse de modo amplio, incluyendo en ella el proceso de consultas al que alude el art. 41 del ET cuando de modificaciones sustanciales se trate.

2. - Desde la perspectiva que de la cuestión de fondo proporciona tanto la demanda que dio origen a las presentes actuaciones como la sentencia recurrida y el propio recurso de casación que ahora resolvemos, el punto de partida necesario, el elemento clave para decidir sobre la licitud de la media de reducción salarial acordada se encuentra en la Disposición adicional novena del Real Decreto Ley 8/2010 .

Bajo el enunciado de "Normas especiales en relación con determinadas entidades del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este Real Decreto-ley con efectos 1 de junio de 2010", la referida norma dice que:

"Lo dispuesto en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley en lo relativo a la reducción salarial, no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno.g) del art. 22 de la citada Ley ni al personal laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".

Por su parte, resulta relevante también transcribir la Disposición Adicional Sexta de la Ley 3/2010, por la que se modifica la Ley 9/2009 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2.010 que desde la rúbrica "Entidades instrumentales" establece lo siguiente:

"de conformidad con la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, la reducción salarial prevista en la presente Ley no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles. Sin embargo, la Consellería de Hacienda fijará los costes del personal de dichas sociedades con una reducción del 5%, a los efectos de que, a través de la negociación colectiva, o por aplicación directa respecto al personal no sometido a convenio que no se encuentre recogido en el artículo 16 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, se llegue a la aplicación del criterio de progresividad y homogeneidad de la reducción de las retribuciones del conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia....".

La norma autonómica por tanto parte de la disposición adicional novena del RDL 8/2010 para afirmar que la reducción salarial de que se trata no resultaría de aplicación directa al personal laboral común o no directivo de "las sociedades mercantiles", sin perjuicio de que la reducción del 5% en los costes de personal de esas sociedades se llevase a cabo de forma progresiva y homogénea "a través de la negociación colectiva".

En aplicación de ambas disposiciones, debemos comenzar por afirmar que en ningún momento se ha planteado o discutido en el procedimiento o en el recurso que la Sociedad Anónima para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia -SODECO- es una sociedad mercantil pública cuyo capital social pertenece en su integridad a la Administración Autonómica de la Junta de Galicia, y que le resultan de aplicación las dos normas transcritas por estar incluida en sus previsiones, esto es, en el apartado Uno. g) del art. 22 de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que se refiere a las "sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación" . Sobre éste último punto, el relativo a que las aportaciones públicas tengan el destino de cubrir déficit de explotación, nada consta en las actuaciones ni nadie ha invocado la inaplicabilidad de la excepción contenida en las normas desde esa perspectiva, sino que, por el contrario, la propia Administración demandada sostiene, con los argumentos que antes hemos resumido, que en principio SODECO estaría incluida en esas excepciones legales a la reducción retributiva, pero que sin embargo se ha llevado a cabo la negociación colectiva que exigen aquéllas disposiciones para una efectividad de la reducción acordada de manera unilateral que resultase ajustada a derecho. No cabe por tanto extraer de ello la conclusión de que la ausencia de datos en el proceso sobre el destino de las aportaciones públicas efectuadas en SODECO equivale a su exclusión de los supuestos legales de aplicación de las disposiciones, cuando, como se ha dicho, la propia recurrente no impugna tal aplicabilidad, ni hay base en las actuaciones para sostener lo contrario.

1.- De lo anterior se desprende que resulta aplicable a la empresa SODECO la excepción a la reducción retributiva que analizamos. La literalidad de la adicional novena del RDL 8/2010 no puede ser más expresiva. Si partimos del propio enunciado vemos que se refiere al establecimiento de "normas especiales en relación con determinadas entidades del sector público a efectos de la reducción salarial ..." y a continuación dentro de esas "normas especiales" se afirma con absoluta rotundidad que esa reducción salarial no será de aplicación al personal laboral común, no directivo, de una serie de sociedades mercantiles. A algunas, como Aena, Adif o Renfe las menciona de manera expresa, y a otras, como la que hoy nos ocupa, a través de la excepción de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno g) del artículo 22 de la Ley 26/2009, a las que antes hicimos referencia.

No hay rastro en la exposición de motivos del RDL 8/2010 de las razones por las que en esa norma se tomó la decisión de excluir a las referidas sociedades de la minoración retributiva, pero cuales quiera que fueran, la redacción literal de la excepción es contundente y no deja lugar a dudas. Así lo ha visto esta Sala, aunque de manera indirecta en el caso de la reducción retributiva parcial que aplicó AENA únicamente a quienes entendía que realizaban también de manera parcial algunas funciones de "directivo", resolviéndose que al resultarles aplicable su propio Convenio colectivo, no cabía atribuirle la condición de "directivos" ni reducir determinados complementos retributivos, por impedirlo de modo expreso la DA 9ª del RD-L 8/2010 ( STS 28 de noviembre de 2.011, recurso 12/11 ).

Desde esa interpretación literal de los preceptos ha de entenderse entonces que la empresa SODECO, sociedad mercantil pública, estaba excluida de la minoración retributiva, salvo que, como se dice literalmente de nuevo en la disposición adicional novena, "por negociación colectiva las partes decidan su aplicación". En esta expresión legal se contienen el resto de las claves para resolver la cuestión planteada. Nótese que la norma no se refiere a la realización de negociaciones o consultas, sino que el término "negociación colectiva" lo vincula con una decisión que ha de ser tomada por las partes, no por una de ellas en desacuerdo con la otra. Son por ello los negociadores colectivos quienes de mutuo acuerdo han de decidir su aplicación.

2. - La empresa recurrente cuando denuncia la infracción de las disposiciones tantas veces citadas, afirma que resultaría exigible que se llevara a cabo por esta Sala una interpretación "lo más amplia posible" del concepto negociación colectiva, para dar cabida de esa forma como tal al proceso que se siguió a instancias de la empresa y desde el 6 de julio de 2.010 para canalizar a través del artículo 41.4º del Estatuto de los Trabajadores la modificación sustancial consistente en la reducción en un 5% en la retribuciones de los trabajadores. Consta que se abrió el periodo de consultas y que en él se llevó a cabo el 7 de julio de 2010 una reunión entre la representación de la empresa y de los trabajadores, sobre la forma de aplicación de la reducción salarial prevista en la disposición adicional sexta de la Ley Gallega 3/2010, periodo de consultas que terminó sin acuerdo porque los representantes de los trabajadores se negaron a participar en el mismo, produciéndose después, el 19 de julio, la medida empresarial de reducción que dio origen al presente procedimiento. No se trata entonces de analizar si concurrieron las condiciones legales para imponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo a través del artículo 41.1 y 4 ET, sino si ese proceso que se siguió equivale a lo que la D.A. novena del RDL 8/20110 y la D.A. sexta de la Ley Gallega 3/2010 denominan "negociación colectiva".

3. - Ciertamente que la negociación colectiva configurada en el artículo 37.1 CE como un derecho en primer término y como una garantía de la fuerza vinculante del producto de esa negociación. En la primera de esas dos facetas se trata de la actividad o proceso encaminado a la consecución del resultado pactado; en ese sentido podría entenderse en el puro terreno teórico que esas negociaciones se podrían identificar en distintos supuestos o situaciones en los que de las mismas no se ha producido un resultado visible, un convenio, siempre y cuando se hubiesen llevado a cabo por los sujetos legitimados en los términos previstos en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, porque en otro caso no podría considerarse como un proceso de negociación colectiva.

Pero sucede que una vez más la expresión legal que se contiene en la repetida disposición adicional novena del RDL 8/2010 no se refiere al cumplimiento de un requisito de posible adopción de acuerdos, sino que vincula el concepto de negociación colectiva a un resultado, como es el de que "ambas partes decidan su aplicación" . Y en este sentido es manifiesto que en el caso que resolvemos, al margen de que en ningún momento se puso en conocimiento de los representantes de los trabajadores esa intención de iniciar una "negociación colectiva", el mero desarrollo del periodo de consultas en el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo previsto en el artículo 41 ET en absoluto puede equivaler, como argumenta con acierto la sentencia recurrida, a la negociación colectiva a que se refiere el RDL 8/2010, que contiene además de la referencia al instrumento o procedimiento concreto de adopción del acuerdo, una referencia a su contenido final, que habría de ser la aplicación de la reducción retributiva prevista en aquélla norma.

La conclusión de todo lo precedentemente razonado es que la decisión adoptada por la Sociedad Anónima para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia en fecha 19 de julio de 2.010, consistente en reducir en un 5% las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina de sus trabajadores, con efectos de 1 de julio de 2.010 no fue ajustada a derecho, tal y como resolvió la sentencia recurrida, que de esta forma no infringió ninguno de los preceptos que se denuncian en el recurso de casación formulado por la representación de la empresa recurrente SODECO, lo que determina la necesidad de desestimar el recurso de casación por ella interpuesto, sin que haya lugar a la imposición de costas conforme a lo previsto en el art. 233.2 LPL .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.