STS 13/10, 27 de Septiembre de 2010

Con fecha 11 de junio de 2007 el Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Desestimo las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva y estimo la demanda formulada por Dª Araceli, frente a la empresa Banco de Sabadell, S.A., Basabadell Pensions, E.G.F.P., S.A., Comisión de Control del Plan de Pensiones de los Empleados del Banco de Sabadell y Comisión de Control del Fondo de Pensiones de los Empleados del banco de Sabadell, y declaro la titularidad y el derecho de la actora a movilizar el Plan de pensiones individual que la actora designe, de la totalidad de sus derechos consolidados (lo que incluye la totalidad de provisión matemática y el margen de solvencia constituidos) en el Plan de Pensiones de los Empleados del Banco de Sabadell existentes en la fecha de extinción de la relación laboral (el 01-03-01), lo que incluye no sólo la parte imputada fiscalmente, que ascendía a 408,80 euros, y que ya ha sido objeto de movilización, sino también la que no le fue imputada fiscalmente, que asciende a 28.413,20 euros, con más la rentabilidad estimada de los Fondos de Pensiones, ésto es el 4,5% y el sistema de capitalización financiera individual desde 1 de marzo de 2001 hasta la fecha de la movilización o de su percibo, condenando a todas las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones y el abono de las cantidades mencionadas".

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "PRIMERO: La parte actora Dª Araceli, mayor de edad, con DNI núm. NUM000, prestó servicios por cuenta y orden de la empresa BANCO DE SABAELL, S.A. con antigüedad desde el 01-04-1978 y categoría profesional Jefe de 6ª A. SEGUNDO: La actora solicitó excedencia voluntaria que le fue concedida por ANCO DE SABADELL, S.A., con efectos 20-02-1996 y de duración de cinco años. Una vez transcurrido dicho plazo la demandante no reingresó. TERCERO: En fecha 17-09-1990 la empresa y las representaciones sindicales mayoritarias crearon un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo acogido a la Ley 8/1987 . El plan de pensiones del Banco de Sabadell se rige por el Reglamento aprobado por la Comisión Promotra el 17-09-1990. CUARTO : Como empleada del Banco de Sabadell, S.A., la actora adquirió la condición de partícipe del referido Plan de Pensiones suscribiendo el Boletín de adhesión, y como ingresó en la empresa antes del 08-03-1980 quedó adscrita al colectivo A del mismo, de prestación definida para todas las contingencias, excepto la jubilación que, en determinados supuestos, es de aportación definitiva. QUINTO: En el caso del colectivo "A", son a cargo exclusivamente del Promotor las aportaciones necesarias paa la financiación de las prestaciones derivadas de la cobertura de las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez; paa el colectivo "B", de naturaleza voluntaria, su financiación se realiza con aportaciones de los empelados, la reversión de las aportaciones empresariales no imputadas fiscalmente y los devengados correspondientes a las mismas liberados por cesde de un partícipe del colectivo "A". SEXTO: El Plan de Pensiones se encuentra adscrito al fondo Multifondo 2000. El depositario y promotor de dicho fondo es el Banco de Sabadell en virtud de escritura pública de 26-6-1990 y es gestionado por la demandada Basabadell Pensiones, E..F.P., S.A., segrún contrato de fecha 17-09-1990. SÉPTIMO: El artículo 16.2 del Reglamento establece que cuanto un partícipe del Grupo A causa baja del Plan por cese en la relación laboral con el Banco, se le reconocerán como derecho consolidado únicamene la parte de la provisión matemática constituida con aportaciones empresariles imputadas fiscalmene, neta de gastos. Es decir, no se reconoce como propiedad del partícipe la provisión matemática constituida por la capitalización de las aportaciones empresariales imputadas fiscalmene. Por el contrario, los participes del colectivo B, en el indicado supuesto de baja, tienen derecho a movilizar ínteramente sus derechos consolidados. En ambos casos, los derechos consolidados deben ser movilizados obligatoriamente al Plan de Pensiones que se indique por el asalaiado cesante en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la finalización contractual. OCTAVO: El Plan de Pensiones es supervisado por una Comisión de Control constituida por 19 miembros: 10 elegidos por participes, 1 por los beneficiarios y 8 por el promotor del Plan. NOVENO: El fondo de pensiones Multifondo 2000 tiene entre sus organismos rectores una comisión de control que tiene como funciones, entre otras, la autorización paa el traspaso de cuenas de posición a oros fondos (art. 10 de las normas de funcionamiento del Multifondo 2000 ). DÉCIMO: La demandada Basabadell Pensiones EGFP, S.A., determina los saldos de las cuentas de posición y de los derechos y obligaciones derivados de cada plan de pensiones inerado, cursando las instrucciones pertinentes paa los traspasos de cuenta y de la cuenta de posición movilizable a otro Fondo de Pensiones, cuando así lo solicite el correspondiene Plan o los participes. UNDÉCIMO: Cuando un partícipe causa derecho a una prestación en el plan, Banco de Sabadell, S.A., comunica a la Comisión de Conrol del Plan de Pensiones ese extremo y la fecha a partir de la cual los beneficiarios tienen que recibir la prestación (art. 21 del Reglamento ) y la Comisión mencionada lo pone en conocimiento de Basabadell Pensiones EGFP, S.A., como entidad gestora (art. 13 de los Esatutos de funcionamiento de Multifondo 2000, fondo de pensiones). DUODÉCIMO: Mediante documento fechado en juno 2003 Bansdabadell Pensions comunica a la actora lo siguiente: "D'acord amb el que estableix el nou Reglament dels Empeats del banc Sabadell i amb motiu de la seva baixa com a empleat de L'empresa promotora, li comuniquem que ha de mobilitzar, al mes aviat posible, els seus drets consolidats a un altre pla de pensiones". DECIMOTERCERO: En fecha 01-07-03 la actora solicitó la movilización de sus derechos consolidados, que ascendian a la cantidad de 408,80 euros. DECIMOCUARTO: En el caso de empleados en situación de excedencia laboral, el Reglamento del Plan de Pensiones, en su art. 7.1 establece que adquieren la condición de partícipes en suspenso del Plan, causando baja en esta situación una vez concluye el período de excedencia sin reingreso (art. 7.2 b del Reglamento ), momento a partir del cual pueden proceder a la movilización de sus derechos consolidados (art. 6 e) del Reglamento). DECIMOQUINTO : El importe de los derechos consolidados correspondientes a la actora antes de la situación de excedencia laboral asciende a 18.597,45 euros, de los que 265,14 euros constituyen derechos consolidados derivados de aportaciones empresariales imputadas fiscalmene. El importe de los derechos consolidados en fecha 1/3/01 (fecha de la finalización de la excedencia sin reincorporación) asciende a

28.822,18 euros. DECIMOSEXTO: Según datos publicados por Iverco a 31-12-2006, la rentabilidad media anual obtenida por los planes de pensiones de empleo es del 4,59% en los últimos 5 años. DECIMOSÉPTIMO: Presentada papeleta de conciliación ante la SC en fecha 20-02-06, se celebró acto conciliatorio el día 14-3-06, finalizando sin efecto por incomparecencia de la parte demandada." TERCERO.- La citada sentencia fué recurrida en suplicación por las entidades, Banco de Sabadell, S.A. y Bansabadell Pensions, Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A. dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencia con fecha 4 de mayo de 2009, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando los recursos interpuestos por las codemandadas BANCO DE SABADELL, S.A., la COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO DE SABADELL, BANSABADEL PENSIONS ENTITAT GESTORA DEL FONS DE PENSION, S.A. y la COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO DE SABADELL contra la sentencia de 11 de junio de 2007 dictada por el Juzgado de lo Social 8 de Barcelona en los autos 276/2006, seguidos a instancia de Dª Araceli debemos revocar y revocamos la citada resolución, absolviendo a los demandados del petitum deducido en su contra en la demanda origen de las presentes actuaciones. Reintégrese a los recurrentes el depósito constituido y procédase a la devolución de las consignaciones efectuadas, firme que sea la presente resolución".

El letrado D. Andrés Pérez Subirana, en nombre y representación de Dª Araceli, mediante escrito presentado el 17 de julio de 2009, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comundiad Valenciana de fecha 25 de septiembre de 2000 (recurso nº 3808/1997 ). SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 8.4 y 8.7 de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones (actualmente refundida en el RDLeg. 1/2002 de 30 de noviembre), en relación con el art.

20.1b) RD 1307/1988, todo ello relacionado con el art. 41 CE .

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar la procedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 9 de marzo de 2010. Dada la importancia de los asuntos a tratar se traslada para votación y fallo en Sala General de 14 de julio de 2010, suspendiéndose de nuevo y volvíendose a llevar a la Sala General del día 22 de septiembre de 2010, en que tuvo lugar.

Conforme a los hechos declarados probados: a) la reclamante había prestado servicios para el «Banco de Sabadell, S.A.» desde el 1/04/78 y hasta que el 20/2/96 pasó a excedencia voluntaria, sin volver a reintegrarse, habiendo sido partícipe en el colectivo "A" del PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO DE SABADELL (en adelante, PPEBS) desde el 1/11/90 y hasta la fecha en que finalizó su relación laboral, en la que estaba vigente el Reglamento de Pensiones aprobado por la Comisión Promotora en 17/09/90 ; a la actora únicamente se le autorizó -por la entidad demandada- la movilización de la provisión matemática de las aportaciones empresariales imputadas fiscalmente.

La actora presentó demanda sobre reconocimiento de derecho y cantidad relativa a los derechos derivados del PPEBS, solicitando se le reconociese "la titularidad y consecuentemente el derecho a movilizar al Plan de Pensiones Individual que la actora designe, la totalidad de los derechos consolidados (lo que incluye la totalidad de provisión matemática y el margen de solvencia constituidos) en el PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO DE SABADELL existentes a la fecha de extinción de su relación laboral, lo que incluye no solo la parte imputada fiscalmente, que ascendía a 408,80 euros y que ya fue objeto de movilización en su momento, sino también la que no le fue imputada fiscalmente", que concreta en el acto del juicio en la cantidad de 28.413,20 euros.

El núcleo de la contradicción se centra, por tanto, en determinar si la actora, que fue partícipe en el colectivo "A" del PPEBS, una vez finalizada su relación laboral, tiene derecho a movilizar el total de la provisión de dicho Plan o, si, por el contrario, sólo lo tiene a la parte de la provisión matemática constituida por aportaciones empresariales imputadas fiscalmente, en base a lo dispuesto en el art. 16 del Reglamento de 17 de septiembre de 1990 que rige dicho Plan de Pensiones.

La sentencia de instancia había estimado íntegramente la reclamación de la actora y declarado su derecho a movilizar «la totalidad de los derechos consolidados consistente en la totalidad de la provisión matemática y margen de solvencia constituidos ... más la rentabilidad estimada del Fondo de Pensiones en poder de la entidad demandada al 4,5 % .

La STSJ Cataluña 04/05/08, dictada en el recurso de suplicación 730/08, revocó en parte la pronunciada por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Barcelona el 11/6/07 y excluyó de la movilización de los derechos consolidados que a la actora le correspondía en el Fondo de Pensiones del Banco de Sabadell, la parte de provisión matemática constituida por la capitalización de las aportaciones no imputables fiscalmente.

Se formula recurso de casación para la unificación de doctrina por la actora, señalando como sentencia contradictoria la STSJ Comunidad Valenciana 25/09/00 [recurso de suplicación 3808/97 ] y denunciando la infracción del art. 8 [apartados 4 y 7] de la Ley 8/1987, en relación con el art. 20.1.b RD 1307/1988 y con el art. 41 CE .

Concurre el requisito de la contradicción (art. 217 LPL ) por cuanto en ambas resoluciones se trata de partícipes en el Plan de Pensiones de Empleados del Banco de Sabadell, incluidos en el colectivo "A", que a la extinción del vínculo laboral con dicho banco reclaman la movilización a otro Fondo de Pensiones de sus derechos consolidados, y en tanto la decisión recurrida excluye la provisión matemática de las aportaciones empresariales no imputadas fiscalmente, la decisión referencial considera que el derecho a la movilización ha de alcanzar a todas las aportaciones, haya sido o no objeto de imputación fiscal. Desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos la controversia es también la misma, pues se trata de determinar si el art. 16.2 del PPEBS es contrario o no al art. 8.7 y 8 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 y al art.

20.1, b) de su Reglamento de desarrollo, en cuya infracción se concreta la censura jurídica formulada en el recurso.

Conforme a los hechos declarados probados: a) el reclamante había prestado servicios para el "Banco de Sabadell, S.A." desde el 1/04/78 y hasta que el 20/2/96 pasó a excedencia voluntaria, sin volver a reintegrarse, habiendo sido partícipe en el colectivo "A" del PPEBS desde el 1/11/90 y hasta la fecha en que finalizó su relación laboral, en la que estaba vigente el Reglamento de Pensiones aprobado por la Comisión Promotora en 17/09/90 ; al actor únicamente se le autorizó -por la entidad demandada- la movilización de la provisión matemática de las aportaciones empresariales imputadas fiscalmente.

La cuestión ha sido ya objeto de casación unificadora por las sentencias de esta Sala de 13 de octubre de 2009 (R. 3568/08 ) y de 21 de octubre de 2009 (R. 200/08 ). En la primera de ellas se establece literalmente:

"Si la relación laboral del reclamante con el "Banco de Sabadell, S.A." (por extinción voluntaria) se produjo en 23/11/98, es precisamente esta fecha -como la propia del hecho causante- la que determina la legislación aplicable en orden a fijar el importe de los derechos consolidados y a sus posibilidades de movilización. Y a la referida datación temporal la materia se regía por la LPFP/87, el RPFP/88, la OM 21/07/90 y el citado Reglamento del PPEBS, que ofrece -como hemos señalado- una regulación discrepante de la legal entonces vigente (no contradice, sin embargo los actuales Texto Refundido y Reglamento de 2004 ).

"3.- En efecto, como se evidencia en la reproducción normativa que antes hemos realizado, aunque la LPFP nada precisa respecto de los conceptos que integran los "derechos consolidados" y se limita en su art.

8.7 a efectuar una previsión abstracta sobre su concepto ("la reserva que le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial utilizado"), muy contrariamente el Reglamento si contiene una clara precisión de su contenido al incluir en ellos -sin condicionamiento expreso alguno- la cuota parte de las "provisiones matemáticas", del "fondo de capitalización" y de "las reservas patrimoniales que integran el margen de solvencia" (art. 20.1 .b); mandato este último que reitera el artículo octavo de la OM 21/07/90 ("El derecho consolidado movilizable estará integrado, en su caso, por las provisiones matemáticas determinadas conforme al párrafo anterior, atendiendo a la valoración de la correspondiente cuenta de posición, e incluirá la cuota parte que corresponda al partícipe en las reservas patrimoniales que constituyan el margen de solvencia"). Determinación de contenido que difiere ostensiblemente del Reglamento del PPEBS, cuyo art.

16.2 reduce el contenido de los derechos consolidados de los partícipes del colectivo "A" a la cuota parte de la "provisión matemática" constituida con aportaciones empresariales imputadas fiscalmene", disponiendo que las "no imputadas fiscalmente" reviertan al colectivo "B". La previsión, ciertamente, es de una claridad meridiana y con la misma nitidez contradice la previsión legal, en términos que atentan al principio de legalidad y determinan la nulidad de la divergencia con la norma (art.6.3 CC )."

"4.- La precedente conclusión no es desvirtuada por las objeciones que la impugnación del recurso hace. En primer lugar, la frase "que le corresponda" utilizada por el art. 8.7 LPFP en manera alguna permite -en su amplitud- que sea la negociación colectiva la que fije la forma de cuantificar los derechos consolidados, como los impugnantes sostienen, siendo así que la dicción se completa con el inciso "de acuerdo con el sistema actuarial utilizado" (no con los pactos colectivos) y que el desarrollo de la Ley corresponde -salvo previsión en contrario de la misma- a la normativa reglamentaria, que en este caso está compuesta por tan referidos RPFP/88 y OM 21/07/90, cuyas precisiones al respecto son contundentemente opuestas -en este punto- a las previsiones del Reglamento del PPEBS. En segundo término, la circunstancia de que el Reglamento del Plan hubiese sido fruto -se dice- de la negociación colectiva no altera las afirmaciones anteriores, pues con independencia de que el argumento se sustenta en una afirmación que no tiene acogida en el relato de hechos probados, lo cierto es que tal circunstancia sería en todo caso irrelevante, desde el punto y hora en que al propio Convenio Colectivo alcanza el obligado "respeto a las leyes" (arts. 7 CE y 85.1 ET), por lo que cualquier previsión contraria a ellas carecería de eficacia y poder vinculante; como tampoco lo es la justificación ofrecida respecto de las diferencias de tratamiento entre los colectivos "A" y "B" de los Partícipes del plan de Pensiones, que ni está acreditada ni tendría eficacia para excluir los efectos propios de la nulidad pro infracción legal. Y ni que decir tiene que tampoco esa nulidad puede ser sanada por la necesaria adhesión individual al Plan de Pensiones (la voluntad de las partes contraria a la ley no produce efectos, de acuerdo al ya citado art. 6.3 CC ) ni por su aprobación por la Dirección General de Seguros".

La Sala no encuentra razones suficientes para modificar la doctrina unificada expuesta, que consecuentemente se ratifica y reitera, ya que entiende que estamos ante una contingencia configurada como de prestación definida -no parece estar incluida la actora en el art. 17.5 del Reglamento del Plan -, y en todo caso dentro de un Plan Mixto, por lo que sus derechos consolidados serian los establecidos en el art. 20.1,b) del Reglamento Estatal de los Planes de Pensiones aprobado por RD 1304/88, que han sido indebidamente recortados por la entidad demandada.

Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -con el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la recurrida ha de ser casada y anulada. Con los pronunciamientos accesorios relativos al depósito (art. 226 LPL ) y a la imposición de costas (art. 233.1 LPL ).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.