escrito solicitando aplazamiento

IVA. En el sistema del IVA tienen derecho a rectificar sus facturas, y por ello la base imponible, aquellos acreedores que no hayan recibido el pago de las cuotas repercutidas, siempre que, con posterioridad al devengo, se declare al deudor en concurso de acreedores. La entrega de pagarés a la orden sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados. El tenedor de un pagaré puede

RETA. INCAPACIDAD TEMPORAL. La Sala IV casa y anula dicha sentencia para denegar el derecho, por entender, ante la cuestión de si la mera solicitud por parte del asegurado de aplazamiento del pago de las cotizaciones debía ser considerada o no cumplimiento de tal requisito, que no cabe entender que la mera solicitud de aplazamiento de pago pueda generar el efecto inmediato y automático de...

• La suspensión de los juicios orales especial atención a sus causas y tratamiento procesal

MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDENCIA DE APREMIO. IMPROCEDENCIA. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. En ningún momento ha existido riesgo de impago sino todo lo contrario, el contribuyente dentro del periodo voluntario de pago, solicitó la suspensión con ofrecimiento de garantía. Prueba de la ausencia de riesgo alguno para el crédito tributario es que finalmente, la suspensión fue concedida, si bien ya en el...

• Derecho e Iglesia en los tiempos del Covid. Respuestas jurídicas de la Iglesia católica y el Estado

• Tarjetas y créditos revolving o rotativos: la usura y el control de transparencia

• Anuario de Historia del Derecho Español

El nuevo sistema político sancionado en las Cortes de Cádiz produjo en Filipinas una serie de trastornos que afectaron a todos los grupos sociales. Entre febrero de 1809 y febrero de 1815 hubo insurgencia campesina, conflictos entre naturales y chino-mestizos y antagonismos entre clero regular y secular. Las tensiones entre «hijos del país» y peninsulares se visualizan en las elecciones a las...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Continuando con el propósito de intentar una interpretación evolutiva de la Ley 13/2015 y su repercusión sobre los principios hipotecarios de nuestro sistema registral, nos ocupamos en este segundo artículo de tratar las repercusiones geográficas sobre el principio de legalidad, manifestado a través de la calificación registral, que denominaremos gráfica. Y ello porque tras la entrada en vigor...

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Tanto en las actas como en cada uno de los dos acuerdos de liquidación que fueron objeto de notificación, a quien se identifica como obligado tributario es a la entidad y el procedimiento inspector tuvo como objeto la comprobación de obligaciones tributarias generadas por esta última sociedad, circunstancia esta que pudo dar lugar a que en alguno de los documentos...

INSPECCIÓN FISCAL. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. El acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras ha de producirse con anterioridad a que finalice el plazo inicial de doce meses, sin tener en cuenta las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al contribuyente durante esos doce meses pues entendemos que es correcta la apreciación de la sentencia de la Sala de instancia de 28...

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Grupo Ros Casares S.L. Ejercicios 1997 a 2000. Sanciones. Sentencia de instancia anulatoria de las sanciones impuestas. Recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado: falta de motivación de la sentencia de instancia: no hay falta de motivación. El requisito de la culpabilidad: inexistencia. Confirmación de la sentencia recurrida.

TASAS. La Administración considera los enormes perjuicios que se ocasionarían a la CMT que no posee liquidez suficiente para afrontar las ejecuciones provisionales de las sentencias recurridas Y que se mencionan en su escrito. Hay que determinar si la situación que se crea con la ejecución provisional consistente en el pago de cantidad líquida es irreversible o genera un perjuicio de difícil...

RECAUDACIÓN EJECUTIVA. EMBARGO DE BIENES. DEUDOR. En un procedimiento de apremio en el que esté constituida una hipoteca en garantía del aplazamiento del pago de la deuda, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, habrá de proseguirse sin más trámite el procedimiento de apremio, en el que los órganos de recaudación procederán en primer lugar a ejecutar...

FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

Por lo que se refiere a la alegación relativa al principio rebus sic stantibus, el mismo se desestima puesto que la mercantil recurrente incumplió de forma injustificada los compromisos de inversión, para el segundo año de vigencia, derivados del pliego de cláusulas administrativas particulares. Por otro lado, la pretensión de revisión de la convicción del juzgador no es atendible en el seno de...

INTERESES DE DEMORA. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. A efectos del Impuesto sobre sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendiendo a su naturaleza exclusivamente...

ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Se...

• Anuario de Historia del Derecho Español

La consolidación de la Diputación navarra en el siglo xvi fue un largo proceso iniciado a comienzos de siglo. Historiadores navarros del siglo xix hacían referencia a diputaciones compuestas por representantes de los tres brazos en 1450 y 1501. En el siglo xx, las monografías sobre las Cortes navarras y la Diputación destacaban un auto de Cortes de 1569, parcialmente inaplicado, o la creación de...

SOCIEDADES. DÉFICIT PRESUPUESTARIO. Aunque el legislador hubiera podido optar por otra forma de afrontarlo, ninguna dificultad hay en reconocer que la decisión política que ha plasmado en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997 descansa en unos hechos indubitados de los cuales resulta sin dificultad la muy singular posición de la recurrente y la diferencia que la distingue de...

COMPRAVENTA. IVA. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. La única explicación lógica es la existencia de un acuerdo previo entre dicho señor y la entidad de ahorro, para llevar a cabo esta operación, de forma que el importe del IVA de la operación de compraventa de fincas realizada se destinase finalmente a pagar el importe del préstamo que a título personal le había sido concedido, aun cuando

• Rito, ceremonia y protocolo. Espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia

• Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)

DESALOJO DE VIVIENDA CON MENORES. OCUPACIÓN ILEGAL. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo establece que el Juez deberá comprobar la existencia de medidas de protección establecidas previamente a autorizar el desalojo de una vivienda cuando residan menores en ella. De esta forma, al probar que existen medidas que protejan a las personas más vulnerables se asegura el

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. El obligado tributario no presentó las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración Tributaria pudiera practicar la liquidación, ni presentó la optativa autoliquidación, existiendo requerimiento previo de la Administración a la citación para la presente inspección para regularizar su situación tributaria. Se estima la casación.

CONFLICTO COLECTIVO. La incorrección del despido colectivo por infracción de la obligación informativa vendrá determinada, en consecuencia, por la negativa de la empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación, siempre que la solicitud esté justificada puesto que no se puede imponer al empresario la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente...