Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Editorial:
Colegio de Registradores de la Propiedad
Fecha publicación:
2008-09-01
ISBN:
0210-0444

Últimos documentos

  • La imprecisión del vencimiento anticipado como exclusión de la mora del deudor por un incumplimiento relativo

    Este trabajo examina la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado. La jurisprudencia europea, emitida en la Sentencia de 26 de marzo de 2019 y en los Autos de 3 de julio de 2019, establece la posibilidad de integrar legalmente dicha cláusula en aras de la máxima conservación del contrato, pues lo contrario expone al consumidor a la restitución de las prestaciones derivada de la retroactividad máxima por la nulidad del contrato. El Tribunal Supremo ha adoptado esta doctrina en su Sentencia de 11 de septiembre de 2019, ampliándola con unas orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso. Asimismo, ha extendido parcialmente esta doctrina a los préstamos personales en sus Sentencias de 12 y 19 de febrero de 2020.

  • Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado 'testamento digital'

    El presente estudio se va a centrar en el análisis del testamento digital tal como se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, haremos oportuna referencia a su tratamiento en la Ley 10/2017, de 27 de junio de voluntades digitales de Cataluña y en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 17 de enero de 2019 en lo relativo a la constitucionalidad o no de la norma. En fin, aludiremos a aquellas normativas extranjeras cercanas a nuestro entorno que también desarrolla esta figura.

  • Acuerdos novatorios sobre cláusulas suelo y renuncia de acciones a la luz de la última doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo

    Tras la STS de 9 de mayo de 2013 muchas entidades bancarias comenzaron a desarrollar políticas de renegociación y novación de las cláusulas suelo incorporadas en sus contratos de préstamo hipotecario. Son estos acuerdos o contratos novatorios el objeto de este estudio; y particularmente, la doctrina jurisprudencial que sobre su validez o eficacia se ha ido desarrollando en los últimos años, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que una vez más ha debido pronunciarse a raíz de varias cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado español. Se analizará críticamente la evolución de esa doctrina desde la STS número 558/2017, de 16 de octubre, que vino en cierto modo contradicha poco después por la STS número 205/2018, de 11 de abril (que cuenta con un voto particular), hasta las más recientes SSTS números 580/2020 y 581/2020, de 5 de noviembre, y número 589/2020, de 11 de noviembre, dictadas con posterioridad a la STJUE de 9 de julio de 2020 (XZ e Ibercaja, C-452/18) que ha marcado las pautas de ese control y enjuiciamiento de la validez y eficacia de esos «acuerdos» novatorios y las renuncias en ellos incluidas.

  • Incertidumbre causal y cálculo probabilístico del daño por pérdida de oportunidad

    La aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad carece de sustento normativo, pero tiene pleno reconocimiento jurisprudencial. Se aplica, en lo que a la responsabilidad médico-sanitaria se refiere, en la jurisdicción civil y especialmente en la contencioso-administrativa, como técnica para salvar serias dificultades de la prueba del nexo causal y para evitar la solución a que conduce el modelo causal tradicional del «todo o nada». A la determinación daño antijurídico, de difícil concreción, se suma el cálculo probabilístico, en ambos casos, sobre un escenario hipotético. Analizamos los distintos escenarios donde se aplica y damos cuenta de la dificultad que entraña determinar y cuantificar la privación de esa «expectativa frustrada» del paciente. En ocasiones, se altera el margen de seguridad jurídica, con pronunciamientos dispares, ante supuestos similares.

  • El principio de continuación de la actividad del concursado vs. la par condicio creditorum en la aprecia ción del daño en las acciones de reintegración concursal

    Las acciones de reintegración durante el proceso de insolvencia tienen una eficiencia limitada debido al nuevo principio rector del proceso concursal que se añade a la par condicio creditorum. Este nuevo principio es el mantenimiento de la actividad empresarial. La interpretación dada por los tribunales al daño, el cual se necesita para conceder la reintegración, ha armonizado ambos principios atenuando parcialmente este inconveniente. Finalmente, debe resaltarse que la eficiencia de estas acciones es fundamental para la protección del crédito.

  • Afrontando el reto de la eficiencia energética en edificios a través de las cooperativas de viviendas

    Una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea es el ahorro energético en el parque inmobiliario residencial, dictándose políticas públicas e incentivos económicos encaminados a reducir el consumo de energía eléctrica, en uno de los sectores más contaminantes y consumidores, la edificación, en pro de frenar el cambio climático pues afecta a todos los ciudadanos. España es uno de los países con mayor consumo de energía eléctrica en edificios residenciales, contando con un parque inmobiliario precario e ineficiente energéticamente; se presenta, por tanto, un desafío, dar solución a un problema de índole económico y social. En este escenario, analizamos cómo las cooperativas, que han demostrado con éxito su participación en procesos de rehabilitación urbana, pueden ayudar a reducir el impacto negativo que genera el excesivo consumo energético en edificios. Para ello, se propone a estas organizaciones como una fórmula asociativa apropiada para hacer realidad los procesos de ahorro energético en edificios, puesto que contribuyen a la cohesión económica, social y territorial en el marco de un desarrollo urbano sostenible. En este trabajo se pone de manifiesto la inexcusable necesidad de dar respuesta a la eficiencia energética, analizando las recientes iniciativas comunitarias y nacionales en esta materia que dotan de un marco jurídico al sector de la edificación, y proponiendo a las cooperativas de viviendas para optimizar la eficiencia energética de los edificios, pues se rigen por principios de cohesión solidaria y transparencia que permiten de forma directa mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante parámetros económicos y sociales.

  • El innecesario requisito de crédito preexistente al contrato simulado como presupuesto de la acción de simulación contractual concursal

    La exigencia como requisito para el ejercicio de la acción de simulación contractual en el concurso de acreedores de un crédito preexistente al contrato simulado implica una indebida equiparación de esta acción de simulación a la acción pauliana.

  • Las cláusulas de extensión objetiva de la hipoteca: fundamento y alcance

    El crédito hipotecario se constituye en una figura económica y jurídica que, manifiestamente, ha sido cimiento del progreso económico y social de las últimas décadas. La doctrina legal y la doctrina científica han sido profusas en el análisis de su tratamiento legislativo, aunque centrándose básicamente en el elemento principal del mecanismo, situándose a su sombra la garantía hipotecaria constituida por bienes inmuebles que, desde su constitución hasta la eventual ejecución, continúan en el tráfico económico y social con las alteraciones materiales y jurídicas que su conservación y aprovechamiento pueda generar. Este aspecto dinámico también se somete a los criterios legales y, esencialmente, a la convención de las partes mediante cláusulas de extensión objetiva que plantean cuestiones relativas a su fundamento primordial y alcance práctico.

  • La inscripción de la división y segregación de fincas por antigu?edad

    Análisis de los requisitos para la inscripción de las divisiones y segregaciones de fincas que no cuentan con habilitación administrativa pero respecto de las cuales hubieran transcurrido los plazos previstos para el restablecimiento de la legalidad infringida.

  • La atribución judicial del uso de la vivienda familiar en los casos de crisis matrimonial y sus repercusiones registrales. Primera parte

    Nuestro Código civil («CC») no define la vivienda familiar y ha sido la doctrina y la jurisprudencia las que han ido perfilando su concepto. La STS de 16 de diciembre de 1996 define la vivienda familiar como el reducto donde se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc…) y protección de su intimidad (privacidad), al tiempo que, cuando existen hijos, es también auxilio indispensable para el amparo y educación de estos. Entre la escasa regulación que el Código civil dedica al régimen jurídico de la vivienda familiar y a su protección, destacan, por un lado, los artículos 1320 y 96, párrafo cuarto, que establecen determinadas restricciones a la libre disposición, en los casos de normalidad o convivencia matrimonial y en los casos de crisis matrimonial, respectivamente, y, por otro lado, los concretos preceptos relativos a la vivienda familiar en las particulares situaciones de crisis matrimonial: artículos 90-1, c); 91; 96; 103.ª; 104 y 106; todo ello complementado con los artículos 91-1, 96-2 y 144-5 del Reglamento Hipotecario («RH»). El presente trabajo, dividido en dos partes, debido a su extensión y amplitud, se basa en la protección del hogar familiar y de la parte con interés familiar prevalente en los casos de crisis matrimonial y, en concreto, en la atribución judicial del uso de la vivienda familiar en los procesos de nulidad, separación o divorcio, prescindiendo, así, de la protección del hogar familiar y del uso y disposición de la vivienda familiar en las situaciones de normalidad o convivencia matrimonial. En esta primera parte del estudio, tras una previa teorización acerca del concepto y caracteres de la vivienda familiar, analizamos con profundidad la naturaleza del peculiar derecho de uso de la vivienda familiar, pues ha sido un tema nada pacífico en la doctrina de los autores, en la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado («DGRN») —hoy, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública («DGSJFP»)— y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales menores, que han ido zigzagueando entre considerarlo como una simple facultad de ocupación y nada más, un derecho personal, un derecho real, un derecho «sui generis» y, últimamente, un derecho familiar que no impone más restricciones que la limitación de disponer impuesta al cónyuge propietario por el artículo 96, párrafo cuarto, del Código civil e inscribible en el Registro de la Propiedad. Y conviene tener en cuenta que, del prisma con que se enfoque la naturaleza de este derecho de uso, dependerá una cuestión tan delicada como es la oponibilidad del uso frente a terceros y su eficacia «erga omnes», así como el alcance de esa oponibilidad y eficacia, con sus consiguientes repercusiones registrales. Examinamos también el uso de la vivienda familiar en cada una de las tres fases de los procesos de nulidad, separación o divorcio: las medidas provisionalísimas o previas, las medidas provisionales o coetáneas (durante la tramitación del proceso matrimonial) y las medidas definitivas. Dentro de ellas, desgajamos el convenio regulador del artículo 90 del Código civil, adoptado, de común acuerdo, por los cónyuges y, en su defecto, o en caso de no aprobación judicial del mismo, las medidas decretadas subsidiariamente por el juez. Además, se hace una breve y somera referencia (pues no es objeto de desarrollo en el presente trabajo) al convenio regulador en los expedientes de separación o divorcio formulados ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Por último, concluimos la primera parte estudiando los aspectos registrales de la mentada atribución judicial (con los requisitos exigidos para su registración), así como las repercusiones registrales de los actos dispositivos voluntarios (con los consentimientos requeridos), de los actos dispositivos forzosos, en particular, de la ejecución de una hipoteca o de un embargo (y la adquisición forzosa de la vivienda familiar por un tercero como consecuencia de la ejecución de dichos gravámenes), y de los actos dispositivos por ejercicio de la «actio communi dividundo» (en el caso de vivienda familiar perteneciente en «pro indiviso» a los dos cónyuges y adquisición de la misma por un tercero como consecuencia de la división de la cosa común), frente al derecho de uso del cónyuge no propietario sobre la vivienda familiar.

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