Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Editorial:
Colegio de Registradores de la Propiedad
Fecha publicación:
2008-09-01
ISBN:
0210-0444

Últimos documentos

  • ¿Es necesario reconocer personalidad jurídica a las comunidades de propietarios organizadas en régimen de propiedad horizontal?

    En Derecho español, ninguna norma reconoce personalidad jurídica a las comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal. Sin embargo, se plantea si tal reconocimiento facilitaría la gestión de este tipo de comunidades y su actuación en el tráfico jurídico. Los supuestos concretos que pueden ser problemáticos han sido regulados específicamente: la actuación de estas comunidades en procedimientos judiciales, las inscripciones de derechos reales a su favor en el Registro de la Propiedad, la celebración de contratos que guardan relación con la comunidad. Sin embargo, esta cuestión se plantea más rotundamente en relación al acceso de estas comunidades a la financiación para la realización de obras de conservación, rehabilitación y mejora de la accesibilidad de los edificios, cuestión que, junto a las anteriormente referidas, es abordada en este trabajo. Se trata, en definitiva, de argumentar y discurrir acerca de si es conveniente o necesario el reconocimiento de personalidad jurídica a favor de las comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal

  • La representación en la junta general de las sociedades de capital familiares: Representación voluntaria y representación legal

    La asistencia a la junta general en las sociedades de capital familiares es un derecho de los socios que puede ejercitarse personalmente o a través de representante voluntario, o, cuando proceda, mediante representante legal. En estos casos, el régimen jurídico aplicable a la representación en la junta general de la empresa familiar es común a cualquier otra empresa, sin perjuicio de las implicaciones de naturaleza propiamente familiar que puedan presentarse. Mediante el presente estudio se abordan las diversas cuestiones que en el ámbito de la representación voluntaria puede suscitar la aplicación de la normativa societaria contemplada en la Ley de Sociedades de Capital en función de la forma adoptada por la sociedad familiar: limitada o anónima. Por su parte, la representación legal tiene sus características propias y se regula en el Código Civil español, Cuerpo legal que ha sido objeto de una importante modificación en esta materia tras la reforma operada por la Ley 8/2021 de 2 de junio. En particular, se abordará la representación legal de los menores de edad no emancipados y de las personas con discapacidad a las que se haya provisto de la curatela representativa, medida de apoyo que, aunque prevista con carácter excepcional, va a estar muy presente en una sociedad envejecida en la que la edad va a determinar el aumento de las personas con discapacidad que van a precisar apoyos continuos. Posteriormente, se analizará la especial incidencia de estos supuestos de representación legal en el funcionamiento de las juntas generales de las sociedades de capital de responsabilidad limitada y anónimas, y, por tanto, de las empresas familiares cuando adopten esas formas societarias

  • Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
  • La solidaridad familiar y su relación con la indignidad como causa de la desheredación y con la revocación de donaciones por ingratitud

    En Derecho el principio de solidaridad tiene su máxima expresión en el ámbito de la solidaridad familiar. Apoyo, respaldo, ayuda, protección, son manifestaciones de la solidaridad intergeneracional realizadas a través de actos para beneficiar a un miembro familiar o del círculo socioafectivo sin esperar recibir nada a cambio, especialmente en aquellos casos de vulnerabilidad, necesidad o de riesgo. Nuestro ordenamiento jurídico basado en el sistema de valores gira en torno al principio fundamental de la dignidad de la persona (art. 10 CE), como germen o núcleo fundamental de derechos constitucionales y su proyección en el Derecho de Familia como fundamento del contrato de donación, y como cauce de reconocimiento de derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante. Si esa solidaridad desaparece, por haber incurrido el hijo en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley, es lícita la extinción o privación de la prestación alimenticia, o la consideración del maltrato como causa de desheredación, o como causa de ingratitud en la revocación de donaciones porque no es equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares, así como al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales

  • La renta vitalicia como instrumento económico de protección para las personas mayores y discapacitadas

    Una sociedad española cada vez más envejecida, una situación de crisis económica con una tendencia inflacionista de los precios que implica una pérdida del poder adquisitivo, un incremento del valor de la vivienda unida al hecho que España es un país de propietarios y que la cuantía de la pensión de jubilación y en su caso, por discapacidad no llegan en este contexto a cubrir las necesidades vitales y los gastos aparejados al envejecimiento determina la búsqueda de nuevas formas de ahorro y financiación que complementen tales pensiones. Entre estos instrumentos podemos destacar la hipoteca inversa, la venta de la nuda propiedad, la venta con alquiler garantizado, el seguro de rentas vitalicias, el contrato de alimentos y la renta vitalicia entre otros. El presente estudio por razone de espacio que va a centrar en el análisis de la renta vitalicia en todo lo que implica su dimensión jurídica

  • El interdicto de obra nueva y sus diferencias con las acciones para la tutela sumaria de la posesión

    El otrora interdicto posesorio nació —y así continúa— como una acción rápida y sumaria recuperatoria sin prejuzgar ni entrar a analizar el título en virtud del cual se poseía frente al despojante. Es/era una acción eminentemente posesoria, bastando el poseer y ser perturbado o privado en la posesión para interponerla y recuperar la posesión pacífica. Cuando la perturbación en la posesión se debe a una obra o construcción, se plantea si es procedente interponer un interdicto de retener o un interdicto de obra nueva. Analizamos a la luz de la jurisprudencia más reciente sus diferencias y tratamos de resolver esa cuestión. Igualmente, nos detenemos en el examen de los distintos presupuestos entre el interdicto de obra nueva y el de obra ruinosa

  • Consentimiento informado, derecho a la integridad física y psíquica o moral y responsabilidad civil médica

    La falta o defectuosa prestación de consentimiento informado en el ámbito sanitario puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por infracción de uno de los deberes esenciales de la lex artis, que tal y como recoge nuestra jurisprudencia es el conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades aplicables, en este caso, a la profesión médica y en particular al tratamiento o intervención de que se trate. La vulneración en este caso lo será del derecho de autodeterminación del paciente que, a su vez, tiene como fundamento otros derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y psíquica o moral reconocidos en los textos internacionales y en las Constituciones de los diversos Derechos internos. Del mismo modo, parece encontrar cabida en su fundamento el derecho a la vida privada y familiar, aunque en este último caso de manera indirecta

  • La prescripción de la responsabilidad de administradores derivada de deudas sociales ex. art. 367 LSC en la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2023, responsabilidad legal y Derecho Común aplicable ante la laguna mercantil

    El Tribunal Supremo entiende que el plazo de prescripción es el mismo plazo de prescripción que tiene la obligación garantizada con el mismo dies a quo lo que implica atender a la naturaleza de la responsabilidad legal así como determinar el Derecho Común aplicable ante la laguna mercantil

  • La aprobación por silencio de los proyectos de reparcelación: limitaciones administrativas y registrales

    La resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de octubre de 2023 se ocupa de la inscripción de un proyecto de reparcelación aprobado por silencio conforme admite la legislación autonómica para rechazar que pueda tener lugar en base a la interpretación contraria realizada al respecto por el Tribunal Supremo por considerar que su reconocimiento supone la transferencia al particular solicitante de facultades relativas al servicio público, por los efectos neutralizadores que, pese al transcurso del plazo legalmente previsto, se desprenden de la oposición de la Administración a su reconocimiento cuando resulta contrario al planeamiento urbanístico y, en fin y como objeción estrictamente registral, por el impedimento que supone la inexistente acreditación administrativa, ya fuera expresa o presunta, de la aprobación

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