Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • El ideario educativo constitucional? inclusivo

    Este texto analiza el sentido y alcance del concepto de «ideario educativo constitucional» del art. 27.2 CE desde el punto de vista de la doctrina y de la jurisprudencia, y lo contrasta con su aplicación real en las escuelas. Se examinan los cuatro escenarios judiciales en los que ha sido necesario su uso: límite del ideario de las escuelas privadas, enseñanza en casa, asignatura «Educación para la ciudadanía» y enseñanza diferenciada por género. Se concluye que debe educarse en clase para la democracia, pero también que toda la escuela debe organizarse democráticamente a partir del concepto de educación inclusiva

  • La financiación de la educación en el Estado Autonómico y su coherencia con la distribución de competencias educativas

    La Constitución española de 1978 otorga a las Cortes Generales una amplia competencia para determinar qué aspectos de la educación han de ser comunes para todos los españoles. A partir de ese mínimo común, que ha de definir el Parlamento estatal, las Comunidades Autónomas pueden establecer algunas peculiaridades y, sobre todo, mejoras en la prestación. No obstante, para que este diseño constitucional funcione adecuadamente en un derecho como el de la educación, con una faceta claramente prestacional, debe existir una coherencia entre las competencias educativas y su financiación, de manera que los ciudadanos podamos distinguir las distintas responsabilidades. A lo largo de este artículo se analiza el sistema de distribución competencial en la prestación educativa para, a continuación, valorar su congruencia con la financiación de la misma. En primer lugar, se hace un recorrido histórico de la distribución de competencias en materia educativa. A continuación, se hace un análisis de la distribución de competencias educativas en la Constitución de 1978, para concretar, seguidamente, las competencias asumidas por el legislador estatal y las autonomías en esta materia. Con el objetivo de analizar la congruencia entre esta distribución de competencias y su financiación, se analiza la responsabilidad financiera en las principales partidas educativas, así como las mejoras prestacionales incluidas en los presupuestos autonómicos y los programas estatales en el marco de las relaciones intergubernamentales. Se concluye que, mientras no parecen muy justificadas las diferencias curriculares entre autonomías, la diversidad autonómica en un ámbito como el educativo cobra todo su sentido en mejoras prestacionales como la financiación de material escolar o de la educación infantil de primer ciclo. No obstante, la forma de incluir las partidas en sus presupuestos y su diferente contabilización impide una valoración precisa de las mismas. Por otra parte, también se considera que materias financiadas hoy por los presupuestos autonómicos debieran de financiarse por los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el alto grado de centralización normativa. En aras a una mayor claridad en la asunción de responsabilidades se aboga por una gestión centralizada de ayudas financiadas completamente por el Estado. También se propone una interpretación amplia en torno a la capacidad de las Comunidades Autónomas para crear su propia política de becas

  • La (in)trascendencia constitucional de la perspectiva de género: Reflexiones a partir de las dos decisiones del Comité CEDAW condenatorias de España

    Las dos decisiones en las que el Comité CEDAW ha exigido responsabilidades al Estado español, la primera en 2014 y la más reciente de febrero de 2020, plantean diversas cuestiones jurídicas que inciden en la protección efectiva de la igualdad de género. Además de la ausencia de un instrumento procesal que permita ejecutar dichas decisiones, los dos casos, relacionados con distintas manifestaciones de la violencia machista, nos plantean retos jurídicos como la superación del concepto legal de violencia de género o la necesaria formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos. De manera singular, nos interpelan sobre cómo el TC interpreta la transcendencia constitucional de los recursos de amparo y hasta qué punto dicho Tribunal tiene integrada la perspectiva de género en su función de garante de los derechos fundamentales

  • La 'desparlamentarización' del sistema político español. De parlamentarismo excesivamente racionalizado a un Parlamento diluido

    Pocos podían vaticinar que la crisis que se inició en 2007 y que daría lugar al movimiento del 15M en 2011 y a la aparición de partidos de nuevo cuño, además de poner a prueba el bipartidismo imperante en España, iba a provocar una situación de inestabilidad política como la producida a partir de las elecciones de diciembre de 2015. Desde entonces han sucedido cosas inéditas en nuestra reciente historia constitucional: dos disoluciones anticipadas por falta de acuerdo para investir a un Presidente del gobierno; candidatos que renuncian a someterse a la investidura, como fue el caso de Mariano Rajoy o, candidatos que tras la primera votación fallida, no se someten a una segunda, probablemente por el miedo a salir investidos cuando preferían segundas elecciones. También hemos asistido a la paradoja de cinco presupuestos aprobados en una misma legislatura y a la prórroga de varios de ellos. Una moción de censura que ha prosperado por primera vez, un uso inimaginable del veto gubernamental a las iniciativas legislativas con repercusiones presupuestarias y el uso de los escaños para impedir la renovación de órganos constitucionales fundamentales. Aunque esto último no es tan nuevo. En las páginas que siguen vamos a analizar el efecto que todo esto ha provocado en la posición y funciones del Parlamento, órgano central de nuestro sistema constitucional, dado su carácter de único órgano legitimado democráticamente de manera directa. Nos vamos a centrar en el período que abarca desde finales de 2015 hasta diciembre de 2019, en las Legislaturas XI, XII y XIII

  • El filibusterismo precloture en el Senado estadounidense (1789-1917)

    El filibusterismo, modalidad estadounidense del obstruccionismo parlamentario, ha jugado y juega un papel capital en el sistema político norteamericano, siendo un elemento identificador del Senado y explicativo en buena parte de la trascendencia de éste. Plasmado esencialmente en la táctica de los discursos irrestrictos, basados en el principio de libertad de palabra, históricamente también tuvo otros mecanismos de plasmación tales como las reiteradas comprobaciones de quorum o los llamados quorum evanescentes. El artículo analiza la evolución del filibusterismo en la Cámara Alta estadounidense hasta la aprobación del cloture o cierre del debate en 1917, distinguiéndose tres períodos: el del Senado primitivo (1789-1820), en el que únicamente hay fenómenos muy esporádicos que solo difícilmente pueden ser calificados como de filibusterismos stricto sensu; el del Senado clásico (1820-1880), marcado por las tensiones que conducirían al conflicto civil y las inmediatas consecuencias del mismo; y el del auge del filibusterismo (1880-1917), en el que el fenómeno se multiplica exponencialmente hasta dar lugar a la reacción de 1917 con la aprobación de la Regla XXII, que estableció la posibilidad de cerrar el debate si así lo aprobaban dos tercios de los senadores presentes. No obstante, la aprobación de la referida Regla no supuso el fin del filibusterismo, siendo rara vez empleado el cierre del debate en el período que transcurre hasta la década de los sesenta. Así, las peculiaridades del Senado norteamericano y del rol jugado por sus integrantes, en contraste con lo sucedido en otros parlamentos del mundo, explicarían su supervivencia hasta nuestros días

  • Un Tribunal Constitucional para el Siglo XXI: los retos de la jurisdicción constitucional en España

    Actualmente se ha universalizado el modelo jurisdiccional de justicia constitucional y, al mismo tiempo, se ha venido produciendo un incremento de sus funciones. Ello ha generado la «objeción contramayoritaria» de algunos sectores doctrinales que cuestionan una supuesta falta de legitimidad democrática de los órganos de justicia constitucional. A pesar de que nuestro Tribunal Constitucional gozó en origen de un alto grado de aceptación por parte de todos (en buena medida por el hecho de haberse establecido, al igual que el Tribunal de Garantías de la II República, tras un periodo de dictadura) en la última década ha tenido que enfrentar la campaña de descredito orquestada contra él por parte de la clase política independentista catalana, la falta de prudencia (también en la redacción de votos particulares) que recientemente han mostrado algunos magistrados, la desnaturalización que supuso las funciones a él atribuidas por la L.O 15/2015, el agravamiento de algunos problemas de configuración que arrastra desde su origen (entre los que destaca el colapso que, de sus medios personales y materiales, genera el tratamiento de todos los recursos de amparo que, incluso después de la aprobación de la L.O 6/2007, siguen registrándo

  • Análisis crítico de la retención policial en torno a las pruebas de detección alcohólica desde una perspectiva constitucional

    A pesar de que la figura sobre la retención policial no está reconocida como tal en el ordenamiento jurídico procesal español, y, consecuentemente, suscita una evidente polémica en torno a ella por el evidente conflicto de derechos, consideramos que muchas de estas situaciones fácticas —que, sin constituir detención, supongan una privación de libertad—, tienen cabida y, por lo tanto, son legítimas desde una perspectiva constitucional. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad vial, suscita aún más controversia, en concreto en aquellas diligencias policiales consistentes en trasladar a dependencias policiales al conductor de un vehículo a fin de practicarle la prueba de detección alcohólica. Para mayor abundamiento a este respecto, hemos de señalar que tampoco existe ninguna norma con rango de ley que contemple esta controvertida figura jurídica que la ampare, al menos, en materia de investigación sobre los delitos contra la seguridad vial. Este conflicto jurídico y de evidentes consecuencias prácticas, no es para nada baladí, en cuanto que este proceder genera actuaciones completamente irregulares o atípicas que pudieren ocasionar actuaciones excesivamente discrecionales. A tenor de la exposición realizada, nos vemos en la obligación de adentrarnos en el estudio de la naturaleza jurídica de la retención policial, que va a consistir en analizar, desde un punto de vista crítico y según el prisma constitucional, aquellos aspectos que legitimen, de algún modo, esta controvertida figura jurídica relacionada con la prueba de detección alcohólica

  • Los valores y principios constitucionales como límites a la actuación de los poderes del Estado y la Función Pública

    El éxito de la Constitución de cualquier Estado reside, más allá de su legalidad como norma escrita, tanto en el grado de adhesión de sus ciudadanos, como en qué medida sus instituciones y función pública promueven y defienden la legitimidad de sus principios y valores constitucionales, fruto del pacto constitucional en el que ese mismo pueblo como verdadero poder constituyente, ha ejercido su soberanía. La Constitución y el bloque constitucional desempeñan la función normativa de lealtad constitucional bajo el presupuesto de su supremacía. Si el derecho pretende ser válido y no quedar relegado a una mera construcción ideal, debe buscar la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico mediante la lealtad constitucional de todas las instituciones y funcionarios públicos a los principios estructurales de nuestra Carta Magna. La previsión expresa del artículo 168 CE de posible revisión total de su texto, sin existir cláusula alguna de intangibilidad, conducen tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo a la negación del carácter militante de nuestra democracia, interpretando el 9.1 como un deber de lealtad constitucional equiparable a la sujeción, sin hallar diferencia alguna entre deber acatamiento y deber de fidelidad a la Constitución y ello ni aún en el propio acto del juramento a nuestra Carta Magna, dado que considerando que carece de significado alguno de sujeción a la Constitución, en la finalidad de dicho juramento no estaría contemplada la vinculación interna a la Constitución. De este modo, el acatamiento de los principios y valores de nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico es considerado como una simple actitud exterior meramente formal, sin que lamentablemente pueda interpretarse como concepto estricto de fidelidad del funcionario y adhesión interna de conciencia e identidad con esos principios y valores constitucionales. El reconocimiento de nuestra democracia como procedimental abre la puerta a todas las ideas y todos los programas políticos como legítimos, con el único requisito de métodos democráticos, y ello aún buscando perseguir fines contrarios a los valores básicos del constitucionalismo. En este contexto, el planteamiento sobre la legitimidad de la actuación del funcionario bajo instrucciones del gobierno de turno, conduce a la necesaria existencia de una necesidad pública superior y una actividad de servicio. El funcionariado es indispensable para el Estado administrativo moderno, no solo desde la perspectiva del Estado y sus funciones, sino también desde el punto de vista del ciudadano y sus expectativas de que la justicia, libertad y eficacia estén garantizados por el Estado. La neutralidad positiva encomienda a los poderes y a la función pública a adoptar una postura activa en la defensa y promoción del ideario constitucional y los valores democráticos que definen el Estado constitucional y frente a ellos, ni la Administración ni la función pública pueden permanecer indiferentes. Ni la objetividad ni la imparcialidad justifican la insuficiente defensa de nuestros valores constitucionales

  • La Teoría pura del Derecho y la separación conceptual entre las funciones administrativas, jurisdiccionales y de gobierno, en la evolución del sistema alemán de protección jurídica del individuo

    El objetivo general se encuentra dirigido a determinar, a partir del análisis racional propuesto por KELSEN y la Escuela de Viena, ¿cuáles son los elementos que determinan la ubicación constitucional de la administración pública y sus relaciones con la jurisdicción y el gobierno? Analizaremos la teoría de la libre evaluación, como criterio de delimitación entre las funciones administrativa, jurisdiccional y de gobierno y valoraremos las propuestas de delimitación de las funciones administrativas y jurisdiccionales y su eventual relación con la garantía de protección jurídica del individuo, en base al criterio de la relación jurídica. Como resultado, podemos afirmar que, el elemento de la protección jurídica individual constituye un criterio adecuado para llevar a cabo una clasificación de las funciones del Estado a partir de su diversa naturaleza. Los conceptos de interés individual y de interés general son determinantes del distinto ámbito de evaluación, esto es, del espacio de libre juego que queda a partir de la norma superior y, funcionan al mismo tiempo como punto de referencia a las fuentes de legitimación democrática y del Estado de derecho, de lo que es propio de la opinión pública y la voluntad general o de la esfera de libertad del individuo, por lo que finalmente, permiten distinguir entre las materias a que se refieren las diversas funciones del Estado y de sus relaciones de dependencia, independencia o coordinación. En cuanto a la identidad material entre la función administrativa y jurisdiccional, observamos que, el elemento que permite delimitar entre tales funciones deriva de la naturaleza del bien jurídico protegido. En resumen, las funciones jurisdiccionales civiles y penales y la función administrativa se encuentran referidas a relaciones jurídicas en las que, por una parte, se afecta un interés jurídico individual, pero por otra parte, tienen una justificación diversa, que reside en la protección de un interés individual, en la primera y de un interés general en las dos últimas. Desde el punto de vista de la afectación del interés individual, que constituye un elemento de todas estas funciones, no existe una justificación material de su distinta ubicación constitucional, especialmente en su relación con respecto a la función de gobierno. En nuestro criterio, no sólo los asuntos sometidos a la competencia de los jueces, sino toda actuación del Estado que produzca una afectación de intereses individuales debe encontrarse protegido por el principio de sujeción sólo a la ley y por la garantía de independencia frente al gobierno

  • El acceso individual a la justicia constitucional en Lituania: el potencial dentro del modelo recientemente establecido del recurso constitucional individual

    El 1º de septiembre de 2019 entraron en vigor las enmiendas a la Constitución de la República de Lituania, que establecen por primera vez en el sistema jurídico lituano el derecho de una persona a recurrir directamente al Tribunal Constitucional. Lituania ha optado por el modelo limitado de recurso constitucional individual. La Constitución sólo permite el examen de la constitucionalidad de los actos sobre la base de las cuales se ha adoptado una decisión individual, lo que posiblemente constituya una violación de los derechos y libertades constitucionales de una persona física o jurídica. En consecuencia, el acceso individual directo al Tribunal Constitucional es una medida extraordinaria de defensa de los derechos y libertades constitucionales y sólo es posible tras el agotamiento de todos los recursos jurídicos efectivos, mientras que las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales ordinarios no son objeto de control constitucional. En el artículo se llega a la conclusión de que las condiciones previas de una justicia constitucional individual efectiva se crean mediante los siguientes elementos del recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, una definición amplia de los sujetos capaces de interponer un recurso de inconstitucionalidad, que constituyen las personas físicas y todas las personas jurídicas de derecho privado y público. En segundo lugar, una definición amplia del objeto de la revisión, es decir, todas las leyes y otros actos que entran en el ámbito del control de constitucionalidad efectuado por el Tribunal Constitucional (actos normativos e individuales; todos los actos aprobados no sólo por el Parlamento, el Presidente, el Gobierno, sino también por referéndum). En tercer lugar, el efecto retroactivo inter partes de las sentencias adoptadas tras el examen de los recursos constitucionales individuales. En el artículo se llega a la conclusión de que, aunque todavía no se han formulado conclusiones sostenibles sobre la eficacia del mecanismo recientemente establecido, se espera que el recurso constitucional individual se convierta en una medida interna eficaz de último recurso para la protección de los derechos humanos y la libertad con respecto a las prácticas basadas en actos inconstitucionales

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