Información jurídica inteligente
 España | 900 649 672

Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Número de Revista

Últimos documentos

  • La paulatina constitucionalización del derecho al recurso

    No es evidente que la interposición de recursos contra resoluciones judiciales deba ser objeto de un derecho fundamental. Existen multitud de regulaciones constitucionales en el mundo, muy diferentes entre sí, siendo que unas lo reconocen expresamente, otras lo dan por supuesto y un tercer grupo simplemente no menciona el tema. Las tendencias de los países suelen reflejar su trayectoria histórica, pese a que existen casos verdaderamente curiosos en este sentido. Realmente, se ha hecho de todo con la primitiva appellatio del Derecho Romano. En este artículo se repasan las regulaciones constitucionales a nivel mundial, no distinguiendo por regiones geográficas propiamente, sino por las tendencias antes mencionadas. Asimismo, se tratan los recursos ante tribunales supranacionales, allí donde existen, siendo un caso destacable el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que de hecho se ha normalizado como una especie de último remedio, muy excepcional, pero realmente efectivo. También se dedica atención al modelo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y se trata asimismo el muy reciente caso del Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que convendrá vigilar en el futuro. Tras todo ese análisis descriptivo y crítico a la vez, se concluye que a los efectos de garantizar una mejor protección a los ciudadanos, convendría que el derecho al recurso fuera expresamente constitucionalizado. Con ello se eliminarían dudas, se reflejaría al mismo tiempo una tradición jurídica muy arraigada en el mundo, y finalmente se podría acabar poniendo freno al habitual formalismo en la admisión de los medios de impugnación

  • El Consejo General del Poder Judicial en Perspectiva: análisis, desafíos y propuesta de reforma

    El presente trabajo aborda la coyuntura actual que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial, llevando a cabo un examen exhaustivo de su estructura, funciones y modalidad de designación de los vocales y funciones esenciales. De esta manera, se identifican los desafíos a los que se enfrenta dicho órgano, en especial debido a su politización, analizando el notorio carácter presidencialista, la merma de competencias y la distribución de los vocales entre los partidos políticos en base a distintas cuotas, lo que ha resultado en el actual estancamiento en su renovación. La afectación a la independencia judicial, y en particular a la imagen del Poder Judicial, se muestra evidente. La libertad otorgada por el legislador constituyente en el modelo de designación de los doce vocales provenientes del ámbito judicial ha generado inquietudes sobre su verdadera autonomía. En este sentido, se plantean reflexiones destinadas a una reforma del modelo de designación de los vocales del Consejo, retornando al modelo corporativista, con el objetivo primordial de fortalecer su independencia y legitimidad

  • La inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía

    El trabajo se inicia con una delimitación jurídica del concepto de amnistía, y su panorámica jurídica en la actualidad. Se realiza un análisis de la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía atendiendo singularmente a la posible vulneración de los principios constitucionales

  • ¿Qué significa y para qué sirve la reserva de Constitución?

    Reserva de Constitución significa, además de establecer un límite entre Poder Constituyente y poderes constituidos que no puede ser materialmente traspasado, la afirmación de la incumbencia exclusiva de la Constitución sobre determinadas cuestiones. Se trata de cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y la organización del poder que precisan del acuerdo de la mayoría social que soporta en términos de cultura política la existencia misma de la Constitución. Como refleja Eloy García en esta nueva entrega de nuestra TRIBUNA CONSTITUCIONAL, las implicaciones de esta idea son enormes. (1) Para empezar, supone el absoluto respeto al contenidos normativos establecidos por la Constitución que no pueden ser enmendados, sobrepasados o alterados por el legislador posterior más que acudiendo a la reforma constitucional. (2) Además significa entender que los órganos de supremacía constitucional, directamente creados y definidos por la Constitución, no pueden asumir más funciones que las estipuladas estrictamente por la propia Constitución, lo que equivale a poner en duda tanto la capacidad del legislador ordinario para atribuir nuevas capacidades a los poderes del Estado, cuanto la posibilidad de rediseñar vía interpretativa el cometido constitucional de órganos que como el Tribunal Constitucional, desde el primer momento de su gestación legislativa y a través de figuras creativas como el bloque de la constitucionalidad, ha venido ultrapasando claramente los límites de la reserva constitucional. (3) Al mismo tiempo significa revalidar y potenciar la naturaleza política de los órganos de supremacía constitucional en orden a la realización de la Forma de Gobierno, lo que entraña una revitalización de la dimensión nacional de la democracia que limite la tendencia desconstitucionalizadora de las clausulas de apertura que permiten que organizaciones y pactos internacionales de estructura incontrolable asumen atribuciones que la Constitución reserva al autogobierno de la política. (4) Finalmente también evidencia la reserva de Constitución la diferente posición que la Constitución confiere a los poderes y competencias del Estado, de las propias de las Comunidades Autónomas que contra lo que se ha dicho y fallado no pueden asumir el papel Constitucional del Estado so pena de desnaturalizar la propia arquitectura del poder Constituyente en la que a fin de cuentas descansa existencialmente la supervivencia de la comunidad política

  • La autonomía del Rey en la democracia del 78: alcance de sus funciones y el necesario equilibrio entre las voluntades regia y refrendante

    Este trabajo se propone estudiar la posición y funciones del rey en el ordenamiento constitucional español realizando una lectura adecuada al entendimiento democrático de la monarquía parlamentaria. En especial, a la luz de las normas y principios constitucionales, pero también de la práctica en democracia, se analizará el margen de autonomía en las distintas intervenciones regias y el alcance del refrendo. A tales efectos, se concluirá realizando una clasificación de los actos del rey en la que se distinguirán, principalmente, entre actos formalmente regios, actos formal y materialmente regios e intervenciones duunvirales o complejas. En ellas, se verá cómo el refrendo jugará un papel no sólo como un mecanismo para la transmisión de la responsabilidad jurídica y política, que comporta la transferencia del poder de decisión -allí donde el rey lo tuviera-, sino como un instrumento de contrapeso o control político-institucional que tiene que resultar compatible con el respeto de la autonomía funcional del jefe del Estado

  • La protección de datos a escala europea en la compraventa de espacios publicitarios en internet: combinación de la información

    La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido profundizando en cómo la combinación de información fragmentaria sobre el usuario por operadores económicos diferentes, puede dar lugar a la composición de los datos personales del usuario, cuyo tratamiento es objeto de protección por el Derecho de la Unión, particularmente en relación con la compra-venta de espacios publicitarios en Internet

  • El fin del voto rogado y su limitado impacto en las elecciones de 2023

    La Ley Orgánica 2/2011 modificó la LOREG para introducir la exigencia de la solicitud de voto para los españoles residentes en el extranjero para acabar con la sombra de duda del fraude electoral. Esta reforma gozó de amplio aval técnico pero provocó un indeseado efecto: la drástica caída en la participación del voto del exterior. La Ley Orgánica 12/2022 suprimió la obligación de solicitud del voto e introdujo medidas para facilitar el ejercicio del voto y preservar las garantías electorales de seguridad, secreto y fiabilidad a fin de impedir el fraude electoral. Esta reforma electoral constituyó una clamorosa exigencia de todos los sectores sociales, políticos, institucionales y académicos. Apenas detectados los efectos letales en la participación electoral de los ciudadanos del exterior existió una reivindicación unánime dirigida a suprimir el voto rogado. La reforma de 2022 no solo ha suprimido el voto rogado sino que ha incorporado múltiples novedades dirigidas a facilitar y promover el sufragio desde el exterior pero sumando garantías para preservar la identificabilidad del elector a través de la presencialidad del voto o la justificación documental de la identidad. Garantías que, como se ha demostrado en los comicios de 2023, no han ido en perjuicio de una gestión y desarrollo eficientes del proceso electoral pues no se detectaron problemas reseñables. Sin embargo, el incremento de la participación en las elecciones generales de 2023 no ha resultado suficientemente satisfactorio puesto que todavía queda muy lejos de los umbrales tradicionales. La causa del mantenimiento de esta baja participación del voto exterior puede encontrarse en el efecto desmovilizador que han provocado las penosidades y frustraciones que durante una larga década han sufrido los compatriotas del exterior para ejercer su derecho de sufragio

  • La institucionalidad política en el Perú tras el fallido golpe de estado a la Constitución de 1993

    El pasado 7 de diciembre de 2022 fracasó un golpe de Estado perpetrado por el propio jefe de Estado. Sin embargo, la oposición política no está de acuerdo con la sucesión presidencial. Un grupo de vándalos y desórdenes públicos en la capital produjeron varias víctimas entre ciudadanos y policías. Por su parte, la nueva presidenta, Dina Boluarte, manifestó durante su primer discurso la voluntad de adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias. El Congreso de la República no aprobó la iniciativa de reforma constitucional para hacerlo posible. Los presidentes de Argentina, Colombia, México y Venezuela deciden no reconocer al nuevo presidente y deploran la detención del expresidente Pedro Castillo en la cárcel con condiciones especiales como Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Evo Morales de Bolivia movió al sur del país a quejarse contra el gobierno. López Obrador en México aprobó asilo a esposa e hijos de Castillo. Petro en Colombia rompe relaciones con Perú. Además, la Comisión Internacional de Derechos Humanos publicó un polémico informe sobre los derechos y libertades en el Perú (abril 2023). El trabajo contiene más de una inexactitud sobre los hechos y causas de la crisis política, además de argumentos parciales utilizando únicamente periódicos, diarios y entrevistas de la oposición política sin contrastar las posiciones del oficialismo y otros medios. Hoy, la presidenta Boluarte carece de aprobación. Las consecuencias del fracaso de las políticas durante la presidencia de Castillo afectaron la economía, la seguridad y el aumento de la corrupción en torno a la administración pública. Los analistas dicen que necesita cambiar de Gabinete y de primer ministro en unas semanas para conseguir estabilidad y gobernabilidad. El trabajo quiere hacer una explicación utilizando las disposiciones y antecedentes constitucionales para argumentar la legitimidad de la sucesión presidencial y las principales reformas para preparar las próximas elecciones de 2026

  • La relevancia del voto CERA: ¿puede el voto CERA afectar al resultado de las elecciones?

    Las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, a pesar de darse en un contexto de fatiga electoral tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo, han sido un hito relevante por muchos motivos, pero especialmente para el alcance del voto de los españoles en el extranjero. Los resultados electorales has sido tan ajustados que la gobernabilidad ha quedado en mano de siete votos en la sesión de investidura. Estas circunstancias han hecho que se enfoque con interés la relevancia y el valor del voto de los españoles residentes en el extranjero, el denominado voto CERA. Los días siguientes al de las elecciones la clase política y, por supuesto, la ciudadanía asistió con expectación al resultado del recuento pues era posible que de esos votos de los españoles residentes en el extranjero dependiera el futuro de la iniciada XV Legislatura. La proclamación de los resultados por la Junta Electoral Central, cambió el último escaño en Madrid, suscitó más de un debate y provocó el consiguiente recurso ante el Tribunal Supremo y un recurso ante el Tribunal Constitucional

  • El tránsito de la Administración digital hacia una Administración pública algorítmica en la era de la Inteligencia Artificial: la necesidad de un ordenamiento jurídico constitucional y legal garantista en la prestación de servicios públicos en el Perú

    El nacimiento de la administración digital - parte componente de la denominada cuarta revolución industrial - ha generado, sin duda alguna, cambios trascendentales que han revolucionado el desarrollo de las administraciones públicas a nivel mundial, mediante el uso masivo y cada vez más constante de las tecnologías de la información y del conocimiento (TIC´s), intensificando su impacto durante la pandemia de la Covid 19 y después de ella, lo cual ha tenido sin duda enormes ventajas para evitar el confinamiento de las funciones y servicios públicos, pero que a su vez ha traido importantes desafíos frente a ciertas aristas negativas para el ciudadano, surgidas de su implementación y generalización, como las llamadas brechas digitales, la exclusión a grupos vulnerables, la vulneración de la privacidad de los datos, etc. La introducción de estas tecnologías disruptivas ha traído consigo la creciente masificación de los chatbots, asistentes virtuales conversacionales, insertos en las interfaces de las Administraciones públicas, que permiten automatizar diversas tareas sin necesidad de intervención humana directa, liberando al funcionario o servidor público de ellas para poder ofrecer tareas de mejor calidad. Sin embargo, la regulación de estos aspectos debe acompañar y ofrecer un entramado legal y constitucional que permita no solamente su utilización sino también una debida ponderación entre los beneficios que aporta a la administración pública y la protección de los derechos ciudadanos, en particular los que carecen de los medios y capacidades para adaptarse a esta nueva realidad. Resulta necesario proveer un entramado constitucional y legal más preciso, que deje abierta la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse en entornos virtuales que pone a disposición la administración pública, de un modo amigable e inclusivo, siempre que se garantice el derecho fundamental a la reserva de humanidad, en su manera de vincularse con la administración o con ocasión de las decisiones automatizadas, si es que el uso obligado pudiera poner en riesgo o afectar sus derechos fundamentales, su dignidad o se perciba discriminación o sesgos, tanto por brechas digitales de uso, como de infraestructura. Constituye un reto para la doctrina y la jurisprudencia constitucional, así como para los operadores del derecho, que una vez sean reconocidos todos estos derechos a nivel constitucional y legal, poder aplicar "in abstracto", el llamado "test de proporcionalidad" (también denominado test de ponderación), a través de sus tres sub principios, tal y como el TC peruano los denomina y reconoce: idoneidad, necesidad y ponderación

Documentos destacados

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR