La inviolabilidad del Rey en el constitucionalismo español
| Fecha | 01 Septiembre 2023 |
| Autor |
147
© UNED. Revista de Derecho Político
N.º 118, septiembre-diciembre, 2023, págs. 145-175
Fecha recepción: 01.02.2023
Fecha aceptación: 18.04.2023
LA INVIOLABILIDAD DEL REY
EN EL CONSTITUCIONALISMO
ESPAÑOL
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA1
Profesor Titular de Derecho constitucional
Universidad de Cantabria
Hay en cada ser humano algo sagrado.
Pero no es su persona
Simone Weil
1. INTRODUCCIÓN2
El art. 56.3 de la Constitución española señala que «la persona del Rey es invio-
lable y no está sujeta a responsabilidad». Estamos ante una disposición asertiva y que
se presenta como una regla constitucional cuya conversión en norma, sin embargo,
depende en gran medida de una operación interpretativa de difícil concreción3. El
presente ensayo, por lo tanto, debe considerarse esencialmente exploratorio en la
medida en que aborda la dimensión conceptual de la inviolabilidad, es decir, su
origen histórico, fundamento intelectual y semántica jurídica teniendo en cuenta
1 Profesor Titular de Derecho constitucional. Edicio de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros, 56. 39005 Santander.
ORCID: 0000-0002-6933-9972. Email: jesusmaria.demiguel@unican.es.
2 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación «La neutralidad
institucional en el Estado constitucional» (PID2019 -106043GB - I00) y del Proyecto «La recuperación
del consenso constituyente como presupuesto y garantía de eventuales reformas: perspectivas de éxito
y desafíos pendientes» (PID2021-123730OB-I00), ambos concedidos por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
3 Deudores, es evidente, del trabajo clásico de Crisafulli, V. (1984). Lezioni di diritto costituzionale.
II, CEDAM: Padua, p. 39 y ss.
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las opiniones doctrinales previas que se han hecho sobre la prerrogativa. Mientras
el poder de reforma constitucional no actúe, lo aquí desarrollado tendrá como desti-
natarios a los operadores jurídicos con facultades interpretativas, va de suyo. No es
poco teniendo en cuenta las comprometidas situaciones que el anterior titular de la
jefatura del Estado ha ofrecido a la Corona y a la sociedad española.
Dicho esto, conviene, antes de tratar un tema tan complejo, hacer unas conside-
raciones previas que pueden, en nuestra opinión, explicar en gran medida el punto
de vista de quien se ocupa de la inviolabilidad del rey. Para empezar, la inviolabili-
dad del monarca estuvo en el centro del primer constitucionalismo europeo. En el
discurso ofrecido a la Asamblea Nacional el 14 de julio de 1791, Robespierre armó
que «el crimen que permanece legalmente impune es una repelente monstruosidad
en el orden social, o más bien, es el trastorno del mismo orden social cuando ha sido
cometido por el primer funcionario público»4. Una vez destituido como monarca,
Luis XVI quedó en un limbo jurídico porque al haber sido denido como sagrado e
inviolable por la propia Constitución de 1791, cuando fue destronado ya no podía
ser considerado como un ciudadano con derechos procesales comunes: siempre había
estado al margen del contrato social5. Lo que se ventilaba, en realidad, en el famoso
y terrible juicio realizado por la Convención en 1792, nos lo explicó Albert Camus
en El hombre rebelde: si el cimiento más sólido de la Revolución era la losofía, había
que decidir entre gracia o justicia, entre privilegio o igualdad6. Por eso, la determi-
nación del signicado de la inviolabilidad del rey es una operación, aún hoy en día,
que oculta no pocas veces el debate sobre la forma republicana o monárquica de la
jefatura del Estado.
En noviembre de 1931, las Cortes Constituyentes de la II República condenaron
a Alfonso XIII por alta traición a perder sus bienes y sus títulos al «haber ejerci-
tado los poderes de su magistratura contra la Constitución»7. El conde de Roma-
nones defendió que la inviolabilidad que la Constitución de 1876 otorgaba al rey,
impedía cualquier tipo de enjuiciamiento posterior. Los diputados constituyentes
consideraron por el contrario que los actos públicos y privados del monarca podían
ser enjuiciados más allá de la responsabilidad moral que recayera históricamente
sobre la dinastía borbónica. El ejemplo nos sitúa, de nuevo, ante la realidad de una
garantía cuya desnudez material puede desencadenar —por activa o por pasiva—
acontecimientos vinculados con el fenómeno de la justicia política8. La criminalidad
4 En Robespierre, M. (1992). La revolución jacobina, Península: Barcelona, pp. 30-33.
5 Esteve Pardo, J. (2020). Hay jueces en Berlín. Un cuento sobre el control judicial del poder, Marcial
Pons: Madrid, p. 41.
6 Camus, A. (2022). El hombre rebelde, Penguin Random House: Barcelona, pp. 146 y 147.
7 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 77, 19/11/1931, p. 2524.
8 Kirchheimer, O. (2001). Justicia política. Empleo del procedimiento legal para nes políticos, Comares:
Granada. Es bien conocido que el gran descubrimiento de Kirchhemier fue hallar en el contexto de las
democracias constitucionales mayores instrumentos para criminalizar al enemigo político que durante
el tiempo de las monarquías constitucionales. Sin embargo, no puede dejar de tenerse en cuenta que
Kirchheimer vivió el proceso por injurias que la jurisdicción ordinaria realizó al presidente de la
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