STS, 25 de Septiembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 25 Septiembre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Quinta por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 515/2004 interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra la Sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Segunda, en recurso 2232/97, sobre denegación de licencia de derribo y nueva edificación.
Ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Segunda, se ha seguido el recurso 2232/97 interpuesto por la mercantil Volúmenes 2, S.L. y Doña María del Pilar contra el Acuerdo del pleno de 7 de agosto de 1997 del Ayuntamiento de Tarragona, por el que se denegó a la parte recurrente licencia de derribo y nueva construcción de edificio.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 3 de febrero de 2004, estimando el recurso interpuesto. Contra la citada sentencia el Ayuntamiento de Tarragona interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina dando traslado a la parte recurrida para su oposición, formalizándose la misma y se elevaron las actuaciones al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.
Elevadas la actuaciones por providencia de 1 de diciembre de 2004 de la Sección Primera de esta Sala se formó el presente rollo de casación para la unificación de doctrina, remitiéndose a la Sección Quinta. Por providencia de 25 de enero de 2005 quedó pendiente de señalamiento para su votación y fallo, señalándose al efecto el día 23 de septiembre, fecha en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. María del Pilar Teso Gamella, Magistrada de la Sala
La sentencia impugnada estima el recurso contencioso administrativo nº 2232/97 interpuesto por la mercantil Volúmenes 2, S.L. y Doña María del Pilar contra el Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tarragona de 7 de agosto de 1997, que denegó la licencia de derribo y nueva construcción de inmueble sito en 17 bajada de la Pescadería.
El presente recurso de casación para la unificación de doctrina se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, siendo de apliación la disposición transitoria tercera , apartado 1, de la misma, toda vez que la Sentencia impugnada, de fecha 3 de febrero de 2004, se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
También hay que precisar que el acto recurrido, que emana de una Entidad local se encuentra incluido en el artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional, en redacción establecida por Ley Orgánica 18/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales -como es el caso de autos, referido a la denegación de la demolición de unas obras y nueva edificación- están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, -artículo 10.2 -.
La cuestión a resolver, atendidas las circunstancias expuestas en el fundamento anterior, es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuya competencia corresponda, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y que la disposición transitoria primera, apartado 1, de la misma preceptúa continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como aquí ha ocurrido.
Pues bien, a esas sentencias, y por ello a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, es doctrina consolidada de esta Sala (Autos de 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 2000, entre otros) que debe aplicárseles la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede -artículo 86.1 - contra las recaídas en única instancia, y dicha previsión, (como ya dijo esta Sala por Sentencia de 28 de mayo de 2003 ) es igualmente aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 y 2 de la vigente Ley de esta Jurisdicción que solo prevé dicho recurso contra las sentencias dictadas en "única instancia".
Es cierto que el apartado 1 de la disposición transitoria primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, guarda silencio al respecto, el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos" -dice-, expresión que permite entender comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la disposición transitoria primera -la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998 - y es difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor - disposición transitoria tercera -, plena aplicación que comporta que sólo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la nueva Ley de esta Jurisdicción.
Procede, por tanto, la inadmisión del recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.7 en relación con el artículo 95.1, de la Ley Jurisdiccional, así como la imposición de las costas a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la citada Ley.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina nº 515/2004 interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra la Sentencia de 3 de febrero de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Segunda, en recurso 2232/97. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Excma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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