La información y la asistencia en la administración tributaria dentro del nuevo marco de relaciones entre la Administración y el ciudadano
| Autor | Irene Rovira Ferrer |
| Cargo del Autor | Profesora de Derecho Financiero y Tributario (UOC) |
| Páginas | 27-33 |
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La Administración Pública ha sido, desde su aparición, una de las piezas centrales de nuestro sistema de organización social, por lo que, como tal, posee un fuerte y marcado carácter histórico. Así, no es de extrañar que los grandes cambios que han experimentado sus funciones, su modelo organizativo y su forma de actuar hayan estado íntimamente ligados a las transformaciones sociales que han ido teniendo lugar, y es que, como señala Martínez Marín, su proceso evolutivo
ha estado marcado por las tres importantes revoluciones vividas en los tres últimos siglos: la francesa (donde apareció y se limitó al Estado de derecho), la industrial (en la que nació la Administración del Estado del bienestar) y la tecnológica (donde nos encontramos actualmente y en la que se avanza hacia el asentamiento de la Administración electrónica)1.
De este modo, desde la separación definitiva del poder ejecutivo de las manos del Príncipe, la Administración se ha visto a cargo de diferentes funciones e inspirada por diferentes principios que han condicionado su conceptualización, aunque bien es cierto que su esencia en cuanto a brazo ejecutivo del gobierno sigue manteniéndose completamente intacta.
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El punto clave en el que se han visto reflejados todos estos cambios y que se ha adoptado como referencia a la hora de tratar su evolución ha sido la relación que dicha institución ha ido manteniendo con la ciudadanía, la cual pasó de ser prácticamente inexistente a uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Administración actual. Por ello, como señala Cerrillo, es posible distinguir tres modelos administrativos diferentes con base en el papel que se ha ido confiriendo a los ciudadanos: la Administración burocrática, la Administración recepticia y la denominada Administración en red2.
Así pues, aquella Administración inicial cuya única misión era la estricta aplicación del ordenamiento jurídico fue ampliando, poco a poco, sus funciones a raíz de las fuertes reclamaciones ciudadanas derivadas del Estado Social, cuya principal exigencia era la prestación administrativa de servicios y la orientación de su actividad al servicio de la ciudadanía. De este modo, el velar para que todos los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos fundamentales en las mejores condiciones pasó a convertirse en el reto principal del poder ejecutivo, lo que vino acompañado de la necesidad de abrir y flexibilizar el tradicional modelo burocrático. En consecuencia, los administrados dejaron de entenderse como una realidad contrapuesta y subordinada a la Administración para pasar a ser los clientes directos de la misma, lo que comportó la necesidad de intensificar sus relaciones tanto comunicativas como prestacionales.
En este sentido, la Administración se encontró con la exigencia de conocer todas las reclamaciones y demandas ciudadanas para poder establecer los intereses generales en los que centrar su actividad, y es que, como bien señala rodríguezarana, debía encontrar un equilibrio fundamentado en la generalidad a la hora de dar respuesta a los diferentes requerimientos sociales3. Por ello, la única forma de poder elaborar las políticas públicas era a través de la potenciación de la comunicación entre la Administración y la ciudadanía, y más teniendo en cuenta que el carácter compacto, directo y garante de certezas que las normas poseían hasta el momento fue dando paso a conceptos jurídicos indeterminados y a grandes esferas de discrecionalidad. Además, la pérdida de unilateralidad y de carga dogmática que hasta entonces había sido propia del ordenamiento jurídico también comportó que la aplicación estricta y directa de la normativa como mecanismo para controlar la corrección de la actividad administrativa resultara insuficiente,
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de modo que el nuevo método de legitimación debía basarse en su difusión a todos los ciudadanos para que éstos pudieran valorar su adecuación.
No obstante, todos estos nuevos y complejos retos debían afrontarse con la misma cantidad de recursos públicos (los cuales ya resultaban insuficientes en el modelo de funcionamiento tradicional), por lo que, a pesar de procurar aumentar la eficacia administrativa potenciando la coordinación y cooperación de todos los órganos, la viabilidad del nuevo sistema no llegó hasta que se consideró a los ciudadanos como posibles portadores de medios. Así, y dado que cada vez tenían más conocimientos, se empezó a tomar conciencia de que los administrados podían resultar actores eficientes del sistema, de modo que, dejando atrás su papel pasivo y aumentando aún más los niveles de relación, pasaron a convertirse en coadministradores.
Sin embargo, este crecimiento de la comunicación se ha visto nuevamente potenciado a raíz del pluralismo social, cultural, político y económico que ha derivado de la incorporación de las nuevas tecnologías, y es que la complejidad y diversidad de las nuevas necesidades y el crecimiento exponencial de los nuevos intereses sociales han...
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