Responsabilidad parental en Navarra

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario


La denominada patria potestad está regulada en la Ley de Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (Ley 1/1973, de 1 de marzo) normativa vigente hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive.

El 16 de octubre de 2019 entró en vigor la nueva redacción y en parte nueva numeración de las Leyes dadas por la LEY FORAL 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo y se sustituyó el termino patria potestad por el de responsabilidad parental.

Por ello, en este tema hay dos apartados:

I. Normas de la responsabilidad parental a partir del 16 de octubre de 2019, inclusive.

II. Normas de la patria potestad hasta el 15 de octubre de 2019 y jurisprudencia

Conviene advertir que la expresión incapacitado a que se refieren los textos que luego se citan ha quedado sin aplicación literal después de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha entrado en vigor el 3 de septiembre de 2021.

Contenido
  • 1 La responsabilidad parental. Normas a partir del 16 de octubre de 2019
    • 1.1 Denominación y concepto
    • 1.2 Contenido
    • 1.3 Garantías y límites a la administración
    • 1.4 Ejercicio de la responsabilidad parental
    • 1.5 Suspensión
    • 1.6 Prórroga
  • 2 Patria potestad hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive
  • 3 Recursos adicionales
    • 3.1 En doctrina
    • 3.2 Esquemas procesales
  • 4 Legislación básica
  • 5 Legislación citada
  • 6 Jurisprudencia citada
La responsabilidad parental. Normas a partir del 16 de octubre de 2019

La LEY FORAL 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo modifica diversas Leyes del Fuero Nuevo y se suprime la expresión patria potestad que pasa a denominarse responsabilidad parental; com o dice la Exposición de Motivos:

la Patria Potestad» que pasa al término «Responsabilidad Parental» sin dejar de referirse a la misma institución regulada en el Fuero Nuevo de forma propia y tendencialmente completa. Razones de paridad lingüística fundamentan la nueva terminología que se corresponde con la igualmente utilizada en el ámbito del derecho europeo sin por ello quedar afectada la configuración y contenido de la regulación foral que en esta materia ha tenido importantes especialidades.

En concreto, la regulación es la siguiente:

Denominación y concepto

LEY 64

Se denomina responsabilidad parental al conjunto de deberes y facultades que corresponden a los progenitores sobre sus hijos menores de edad o, en su caso, sobre aquellos cuya capacidad haya sido judicialmente modificada, con la finalidad de procurar su pleno desarrollo de acuerdo a su personalidad e interés superior y con respeto a sus derechos y a su integridad.
Titularidad. La responsabilidad parental corresponde conjuntamente a ambos progenitores.
Contenido

LEY 65

La responsabilidad parental comprende los siguientes deberes y facultades:
1.- Velar por ellos y tenerlos en su compañía tanto en el ejercicio del cuidado diario como en el tiempo en que se desarrollen los contactos y las estancias temporales.
2.- Procurarles todo lo necesario para su alimentación, vestido, habitación, educación y formación integral y asistencia física, psíquica y emocional. 3.-Enmendar razonable y moderadamente las conductas de los hijos con pleno respeto a su dignidad y en aras a su debida formación.
4.- Representarlos en cuantos actos les afecten y no puedan realizar por sí mismos de conformidad con las leyes reguladoras de la capacidad.
5.- Administrar y disponer de sus bienes con las siguientes excepciones:
a.- Los que hayan sido objeto de liberalidad, cuando quien la otorgue excluya la administración de los padres, en cuyo caso se estará al régimen establecido por el otorgante.
b.- Los adquiridos “mortis causa” cuando uno de los progenitores o ambos no pudieron adquirirlos por incapacidad a causa de indignidad, en cuyo caso serán administrados por el otro progenitor y, en su defecto, por un administrador judicialmente designado.
6.- Corresponde también a los progenitores la defensa de los intereses y expectativas de los hijos concebidos y no nacidos.
Deberes de los hijos. Mientras permanezcan bajo su responsabilidad parental y convivan con la familia, los hijos deberán:
1.- Obedecer a sus progenitores y respetarlos.
2.- Contribuir al sostenimiento de la familia mediante la aportación de los frutos de los bienes de los que sean titulares. Con la finalidad de cumplir con esta contribución, los progenitores, en el ejercicio de su administración, podrán aplicar dichos frutos a las atenciones familiares en la proporción adecuada y una vez cubiertas las necesidades de los hijos a quienes pertenezca su propiedad. Se exceptúan de tal facultad los bienes excluidos de la administración parental a que se refiere el número 5 del apartado anterior.
Garantías y límites a la administración

LEY 66

Cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el juez, a petición de parte interesada o del Ministerio Fiscal, podrá exigir a aquellos garantía adecuada, o tomar otras medidas para la seguridad de los bienes, e incluso privarles de la administración y nombrar un administrador.
Al término de la administración, los hijos, el administrador judicial o el Ministerio Fiscal podrán pedir a los progenitores, en el plazo de los tres años siguientes, rendición de cuentas de aquella y exigir el resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios que en su caso proceda.
Disposición. Los progenitores no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares, ni enajenar, gravar o garantizar de cualquier forma bienes inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles, o sus elementos esenciales u objetos de valor extraordinario, sin la previa autorización judicial, oído el Ministerio Fiscal. No será necesaria esta autorización para la cancelación de hipoteca u otra garantía real consecuente al cobro del crédito asegurado, para la retroventa por ejercicio de un derecho de retracto legal o voluntario, ni para cualesquiera actos de disposición que hayan de cumplirse en virtud de disposiciones legales y resulten beneficiosas para el menor.
Los progenitores podrán aceptar por sí...

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