La regulación jurídica del derecho a la protección de datos

AutorJuana Mª Serrano García
Páginas13-15
LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA NEGOCIACIÓN ...
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2. La regulación jurídica del derecho a la protección
de datos
El art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
ya consagraba que “toda persona tiene derecho a la protección de los
datos de carácter personal que la conciernan, en el mismo sentido, se
pronuncia el art. 39 del Tratado de la Unión Europea y el art. 16 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Carta ha creado
una nueva base jurídica, que permite la elaboración de una normativa
de la Unión Europea global y coherente en materia de protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos per-
sonales y a la libre circulación de éstos. Esta base jurídica autoriza, en
particular, a la Unión a regular la protección de datos por medio de un
único instrumento jurídico.
La tendencia de Europa ha sido buscar una regulación cada vez más
uniforme del derecho a la protección de datos en el marco de una
sociedad, también, cada vez, más globalizada. La Comisión Europea
lanzó el 4 de noviembre de 2010 su Comunicación titulada “Un enfo-
que global de la protección de los datos personales en la Unión Euro-
pea”, que constituirá el germen de la posterior reforma producida en el
marco de la Unión Europea.
El último avance de interés que se produjo en el derecho derivado fue
con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos per-
sonales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así
como la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físi-
cas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de
las autoridades competentes para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que
se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

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