Presentación
| Autor | Alberto Palomar Olmeda/Ramón Terol Gómez/José Rodríguez García |
| Páginas | 17-19 |
PRESENTACIÓN
A P O,
R T Gómez
J R G
La publicación de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el
dopaje en el deporte (LOCD) es la tercera de las opciones legislativas que se han dictado
desde el momento en que la represión del dopaje se desgajó de la normativa deportiva
estrictamente considerada.
Para quienes utilizan y aplican diariamente el Derecho público como forma de análisis
del Derecho se trata de una norma de la que, con carácter general, se proyecta una enorme
inseguridad. Primero, fue la consideración de la salud pública el eje de la regulación. Más
tarde, se fue abandonando la salud pública para centrarse en el deporte, pero haciendo
como hizo la Ley Orgánica anterior un corte personal entre los deportistas de relevancia
internacional de los que no tenían esta relevancia. El tercero de los proyectos normativos
que acaba de culminarse suma confusión a la confusión y nos sitúa en un momento de
una profunda refl exión centrada en la necesidad de la presencia del Estado en este ámbito.
La intervención pública en una materia se justifi ca en aquellos supuestos en los que
se trata de asegurar el correcto funcionamiento de una institución, de ordenar la vida de
terceros y, en general, de obtener una solución de los confl ictos que sea de mejor calidad
que la que se obtiene en el mundo privado o en las negociaciones inter-partes.
Esta LOCD ha abdicado del concepto salud pública como eje matriz de la actuación
pública y se centra únicamente en la actividad deportiva. Este primer cambio es el que hace
pensar en si la presencia legislativa y organizativa del Estado resulta tan precisa como en
los momentos anteriores, cuando lo que está en juego y lo que se preserva es únicamente
una regla de juego. La pregunta es ¿está justifi cado un aparato tan enorme para un fi n
socialmente tan pequeño? Recordemos que es la práctica deportiva ofi cial, es decir, para
no más de un 20% de deportistas que realizan esta actividad.
Este debate sobre la publifi cación no es un debate menor y está, en estos momentos,
en el propio meollo del Proyecto de Ley del Deporte que destinado a sustituir a la vigente
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte (LD), ha intentado reconfi gurar la intervención
pública, aunque, realmente, haya creado más problemas que los que intentaba solventar.
El tiempo dirá si el legislador consigue armonizar el Proyecto y éste se convierte en una
ley con capacidad de ordenar, transformar y modernizar las estructuras deportivas. Pero,
tiempo habrá para enjuiciar este esquema.
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