La política penal en Cataluña
| Autor | Cristina Zackseski |
| Cargo del Autor | Profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, editora de la Revista Latinoamericana de Criminología (RELAC) y coordinadora del Núcleo de Estudios sobre Violencia y Seguridad (NEVIS/CEAM) |
| Páginas | 49-65 |
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La Política Penal en Cataluña
1. Autonomía en materia penitenciaria
en Cataluña e inversiones en
el sistema penitenciario
En Cataluña hay especificidades porque esta Comunidad Au-
tónoma asumió la competencia en materia de servicios penitencia-
rios el 1 de enero de 1984 –Real Decreto 3492/1983– y es la única en
España que es responsable de coordinar y supervisar la implementa-
ción de la política penitenciaria.
Se transfirieron funciones y servicios; y los correspondien-
tes medios personales, materiales y presupuestarios. Es
como se sabe la única de las Comunidades Autónomas que
recogen en sus Estatutos el posible traspaso por el Estado
de los servicios penitenciarios que tiene efectivamente asu-
midas tales competencias (Los otros tres Estatutos que reco-
gen esa posibilidad son los son los de Andalucía, País Vasco
y Navarra). (Bermudo Castellano, 2019, p. 89, nota 7).
De acuerdo con los Gestores 4 y 5, otras regiones podrían ha-
ber hecho lo mismo en ese momento, pero solo Cataluña consiguió
hacerlo, ya que la aplicación de la ley penal es un área sensible13. Es-
13 Al mismo tiempo, el País Vasco también solicitó competencias en este
ámbito, pero por conflictos con ETA se le negó esta atribución. (Pujol i
Soley, 2017, p. 2), pero antes de la publicación de este libro, el País Vasco
obtuvo el compromiso del Gobierno español de tener la administración
penitenciaria a partir del 1 de octubre de 2021. (https: //www.vozpopuli.
com/espana/gobierno-vasco-prisiones.html - consultado el 12/05/2021.
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Coleção Criminologia, Direito Penal e Política Criminal
La tecnología es la nueva prisión: evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónica
CRISTINA ZACKSESKI
tas son consideraciones importantes porque la seguridad pública y
la privación de libertad son temas realmente impopulares para los
gobiernos, exigen mucho valor, pueden ocurrir errores o algunas ac-
ciones pueden interpretarse como errores, dando lugar a narrativas
que pueden traer prejuicios políticos de larga duración14.
El Informante 3 relata que, a partir de ese momento, hubo una
gran inversión en estructura y personal penitenciario. Preguntado
por las posibles diferencias entre la política criminal española y ca-
talana, ha explicado que no ha habido ningún cambio en la política
penal desde que Cataluña asumió la competencia en el ámbito de
la ejecución penal, pero que han ido desarrollando paulatinamente
su estilo de trabajo, dentro de las posibilidades. y el aumento de la
infraestructura, perfeccionando los programas de tratamiento, indi-
vidualizando las sentencias, como lo exige la ley. El problema, según
dice, fue la crisis de los años 2010/11, que afectó lo que estaba mar-
cha. Se estaba considerando la implementación de una central de 24
horas y esto no sucedió debido a la falta de un presupuesto compa-
tible. También habría un aumento en el número de tobilleras, pero
no lo hubo por la misma razón, la recesión económica, por lo que
aumentó el uso del artículo 86.4. sin control electrónico.
Estas declaraciones fueron corroboradas por el Gestor 4, quien
incluso mencionó datos que respaldan la declaración, y agregó ele-
mentos para la distinción entre las condiciones que disponen la ad-
14 Un prejuicio político de larga duración en Brasil es el caso de la na-
rrativa sobre la explosión de violencia en los morros cariocas, que ha-
bría comenzado con las políticas demasiado permisivas del Gobierno
de Brizola (PDT) en el campo de la seguridad pública. Nunca más Río
tuvo un gobierno de izquierda, y tampoco se resolvió nada en el cam-
po de la violencia. La fuerza de las narrativas mediáticas se puede ver
muy bien en este caso, debido a la histórica lucha de Brizola con la
Rede Globo de Telecomunicações.
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